nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y COMPIN

Antofagasta, a quince de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

La comparecencia de nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) por el rechazo de calificación de enfermedad profesional y licencias médicas, solicitando se deje sin efecto la Resolución Exenta N°R-01-UME-57753-2026 de fecha 26 abril 2026, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social; y ordenar a la recurrida que proceda a calificar su patología y enfermedades diagnosticadas como de origen profesional, conforme a la Ley N°16.744, asimismo, autorizar, tramitar y pagar íntegramente las licencias médicas rechazadas y todas aquellas que se emitan en el futuro por estas mismas patologías y otorgarle acceso a todas las prestaciones de salud, económicas y sociales que por ley le corresponden, restableciendo el imperio del derecho y asegurar la debida protección de mis garantías constitucionales vulneradas, con costas.

La recurrida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, evacuó el informe al tenor del recurso interpuesto.

La recurrida Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) alegó la extemporaneidad del recurso, lo que fue rechazado, y en subsidio sostuvo la improcedencia de la acción de protección; e informó también en subsidio sobre el fondo, pidiendo el rechazo del recurso, con costas.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el actor indica que se ha desempeñado laboralmente durante 21 años en el rubro minero, ingresando a prestar servicios con fecha 16 de julio de 2024 para la empresa Serving Consultores Ltda. bajo el contrato N°4600027273, desarrollando sus funciones en las instalaciones de Codelco División Chuquicamata, en el área de Prevención de Riesgos. Añade que, en dicho puesto, estuvo expuesto en forma continua, prolongada y directa a agentes de riesgo tales como: polvo, ruido, carga física, posturas forzadas, agentes químicos, calor extremo y, muy relevantemente, a riesgos psicosociales y organizacionales graves; condiciones todas inherentes a su labor y que su empleadora no controló ni mitigó adecuadamente, incumpliendo su deber de protección del artículo 184 del Código del Trabajo.

Destaca que antes del inicio de esa relación laboral, se encontraba en perfectas condiciones de salud física y psicológica, como acreditan los exámenes que refiere.

Indica que por causa de dichas condiciones laborales y de la exposición a los riesgos descritos, ha desarrollado diversas patologías, debidamente diagnosticadas por profesionales de la salud, que le afectan gravemente, enfermedad psíquica, a saber:

“- Dra. nombre reservado (Médico Psiquiatra) - 22.08.2025: Trastorno adaptativo, acoso laboral, sobrecarga laboral, estrés crónico y mal clima organizacional.

-nombre reservado (Psicóloga) - 02 Septiembre 2025: La persona presenta un cuadro de acoso laboral caracterizado por sobrecarga de tareas, descalificaciones reiteradas y críticas no fundamentadas, lo que ha derivado en una sintomatología emocional (estrés, deterioro de la autoestima, inseguridad personal y frustración e irritabilidad) y física (alteraciones del sueño), generando trastorno adaptativo de tipo laboral.

- Dr. nombre reservado (Médico Psiquiatra) - 08.01.2026:

Cuadro de alto nivel de estrés derivado directamente de la situación laboral vivida.

- nombre reservado (Psicóloga) - 11.09.2025: Sintomatología desencadenada por tratos vejatorios, hostigamiento y acoso por parte de la jefatura, generando daño emocional grave, ansiedad y afectación en la vida diaria y laboral.

- Dr. nombre reservado (Médico Psiquiatra) - 17.02.2026: Síntomas anímicos adaptativos severos en contexto de estresores laborales, requiriendo reposo médico obligado.

- Dr. nombre reservado (Médico Psiquiatra) - 06.03.2026: Cuadro ansioso reactivo a conflictos laborales persistentes, alteraciones del sueño y angustia que no ceden pese al tratamiento farmacológico y terapéutico.

- Dr. nombre reservado (Médico Cirujano) - 14.01.2025:

Diagnóstico de Hernia Inguinal Derecha, derivada de los esfuerzos físicos y cargas de botellas de agua.

- nombre reservado (Psicóloga) - 22.05.2026:

Cuadro ansioso y depresivo severo, con origen y mantenimiento exclusivamente en el ámbito laboral”.

Señala que lo anterior diagnosticado por profesionales de la salud, patología que afecta gravemente su organismo, integridad física y psíquica y que ha disminuido su capacidad funcional y laboral debiendo renunciar a su trabajo.

Explica que según la Ley N°16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, solicitó ante la COMPIN la calificación de origen de su patología, así como la autorización y pago de sus licencias médicas asociadas a dichas dolencias médicas (N°125178441, N°124430180, N°12388365, y dicha instancia administrativa emitió su pronunciamiento rechazando su solicitud, calificando erróneamente sus dolencias como de origen común.

Destaca que su patología tiene relación de causalidad directa y nexo causal innegable entre los riesgos a los que estuvo expuesto y la enfermedad que hoy padece.

Señala que apeló contra lo resuelto por COMPIN ante la SUSESO autoridad competente y última instancia administrativa para revisar estas materias, según el artículo 18 de la Ley N°16.395 y el 26 de abril 2026 la SUSESO dictó la Resolución Exenta N°R-01-UME-57753-2026, mediante la cual confirmó íntegramente el rechazo de su solicitud, manteniendo la calificación de enfermedad común y, ratificando la negativa al pago, tramitación y cobertura de sus licencias médicas y prestaciones de salud, resolución que constituye la única, definitiva y terminal decisión administrativa que se impugna en esta sede judicial.

Afirma que dicha resolución adolece de graves vicios de ilegalidad y arbitrariedad, al no valorar ni siquiera mencionar la abundante prueba médica y laboral presentada, basando su rechazo en apreciaciones abstractas y en una evaluación de condiciones de trabajo realizada de forma remota y sin inspección en terreno, lo cual carece de todo rigor científico y seriedad técnica para una faena minera.

Explica que según el artículo 18 de la Ley N°16.395, lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social constituye la última instancia administrativa, y contra sus decisiones solo procede recurso administrativo en el plazo perentorio y fatal de 5 días hábiles contados desde su notificación, pero en la especie, dicho plazo legal de 5 días hábiles está totalmente vencido, expirado y extinto, pues, no interpuso recurso ni acción administrativa alguna dentro de dicho plazo legal, por lo que la Resolución Exenta N°R-01-UME-57753-2026 de fecha 26 abril 2026, dictada por SUSESO, quedó firme, ejecutoriada y tiene carácter definitivo, no existiendo más instancias, recursos o autoridades en la vía administrativa a las cuales pueda acudir para reclamar sus derechos, pues, la vía administrativa está totalmente agotada, cerrada y concluida.

Indica que al negarse injustificadamente el origen profesional de su enfermedad y rechazarse sus licencias médicas y prestaciones asociadas, las recurridas han incurrido en un acto ilegal y arbitrario que vulnera gravemente sus derechos fundamentales consagrados en el Artículo 19 N°1, 3 – debió haber dicho N°2 - y 16 de la Constitución Política de la República, añadiendo que lo actuado por las recurridas contraviene abiertamente lo dispuesto en la Ley N°16.744 y sus reglamentos, así como los principios protectores del trabajo y de la seguridad social, configurando una decisión caprichosa, sin base técnica y contraria a la ley.

Termina solicitando acoger el recurso en todas sus partes, dejando sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-UME-57753-2026 de fecha 26 abril 2026, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social; y ordenar a la recurrida que proceda a calificar su patología y enfermedades diagnosticadas como de origen profesional, conforme a la Ley N°16.744; asimismo, autorizar, tramitar y pagar íntegramente las licencias médicas rechazadas y todas aquellas que se emitan en el futuro por estas mismas patologías y otorgarle el acceso a todas las prestaciones de salud, económicas y sociales que por ley le corresponden, restableciendo el imperio del derecho y asegurar la debida protección de sus garantías constitucionales vulneradas, con costas.

SEGUNDO: Que nombre reservado, presidenta de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de Antofagasta, señaló que el recurrente se encuentra afiliado al sistema previsional de Salud de ISAPRE CONSALUD e interpuso acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y COMPIN Antofagasta, por haber rechazado las reclamaciones contra su entidad previsional en el procedimiento administrativo de tramitación de sus licencias médicas curativas.

Refiere que el detalle de las licencias médicas que fueron tramitadas en esa COMPIN es el siguiente:

1.- N°3-123888365 desde el 22-09-2025 hasta el 01-10-2025, por 11 días, por diagnóstico F41.9 con estado rechazada.

2.- N°3-124430180 desde el 02-10-2025 hasta el 22-10-2025, por 21 días, por diagnóstico F32.1 con estado rechazada.

3.- N°3-125178441 desde el 23-10-2025 hasta el 12-11-2025, por 21 días, por diagnóstico F32.1 con estado rechazada.

Precisa que dichas licencias médicas, se emitieron por diagnóstico de índole urológica, “Trastorno de ansiedad” (F 41.9), “Episodio depresivo moderado” (F32.1) y el recurrente interpuso reclamación en contra su entidad previsional de salud ante esa Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

Indica que COMPIN, es un órgano técnico y fiscalizador cuya función es velar, según la ley, por el cumplimiento de normas médico legales, actuando como garante de la fe pública en la certificación de estados de salud, desarrollar prestaciones médico-administrativas para constatar, evaluar, la capacidad de trabajo o recuperabilidad de los estados patológicos permanentes o transitorios, avalado por Decreto Supremo N°3 de 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba el “Reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional”, y Decreto N°7, de fecha 26-02-2013, del Ministerio de Salud, “Reglamento sobre Guías Clínicas referenciales, relativa a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas.”

Señala que respecto de las licencias médicas 3-123888365 y 3-124430180, éstas fueron emitidas por distintos profesionales y ambas por diagnósticos de índole psiquiátrica, las que fueron rechazadas por la Isapre Consalud y en primera instancia, al evaluar las licencias modificadas por la entidad previsional de salud, contraloría médica de COMPIN, ratificó la decisión de la Isapre, por la siguiente causal: “Reposo prolongado, paciente no concurre a peritaje”. Añade que la entidad previsional adjunta comprobante de inasistencia a peritaje del recurrente en que se lee: “Por medio de la presente certifico que nombre reservado RUT RUT reservado no concurrió a la citación enviada por su Isapre Consalud, para realizar una entrevista con el doctor AYLWIN JENSCHKE WILLIAM el día 02/10/2025 14:00 Hrs., para un mejor resolver de la licencia 3-123888365”. Mismo antecedente se adjunta para licencia médica 3-124430180.

Expresa que el recurrente presentó reclamos contra la Isapre para cada una de las licencias médicas, en las que COMPIN ratifica el rechazo de éstas, entregando certificado de médico tratante, Dr. nombre reservado sin fecha de emisión y tras la revisión de los antecedentes aportados por el recurrente, contraloría médica de COMPIN rechazó el reclamo, considerando que la información presentada y de acuerdo a los antecedentes, el reposo no se encuentra justificado de acuerdo al artículo 21 del DS N°3 del 1984, ya que “informe de especialista insuficiente, informe no es claro en cuanto a énfasis de recuperabilidad y/o fecha probable de alta, ya que no cumple rol terapéutico en el contexto clínico evaluado”.

Hace presente que el recurrente presentó recursos de reposición por las licencias médicas reclamadas, aportando Certificado Psicológico de fecha 11.09.2025 emitido por Ps. nombre reservado, Informe Psicológico de fecha 02.09.2025 emitido por Ps. nombre reservado, Informe Médico de fecha 22.08.2025 emitido por Dra. nombre reservado, Certificado médico emitido por Dr. nombre reservado sin fecha de emisión, Certificado médico emitido por Dr. nombre reservado sin fecha de emisión. Añade que Contraloría médica, revisó los antecedentes, rechazando cada uno de los recursos de reposición, considerando que, la información presentada y por antecedentes previos, no justifican el período de reposo, de acuerdo al artículo 21 del DS N°3 del 1984. Informe de especialista insuficiente, informe no es claro en cuanto a énfasis de recuperabilidad y/o fecha probable de alta.

Destaca que el recurrente interpuso recurso de reclamación ante la Superintendencia de Seguridad Social en contra del rechazo emitido por esa Comisión médica respecto de las licencias médicas mencionadas en el recurso, recibiéndose la Resolución Exenta N°R-01-UME-02794-2026 de fecha 09.01.2026, que reproduce, indicando que la Superintendencia de Seguridad Social confirmó lo resuelto por esta Comisión Médica con relación al rechazo de las licencias médicas folio N°3-123888365-9, 3-124430180-7.

Explica que respecto a la licencia médica 3-125178441, ésta fue emitida por diagnóstico de índole psiquiátrica, la que fue rechazada por la Isapre Consalud, enfatizando que cada dos licencias médicas, el recurrente cambia de médico especialista.

Añade que, en primera instancia, al evaluar la licencia modificada por la entidad previsional de salud, contraloría médica de COMPIN, ratifica la decisión de la Isapre, por la siguiente causal: “Paciente no acude al peritaje” considerando contraloría que el reposo es prolongado y no se encuentra justificado y la entidad previsional adjuntó comprobante de inasistencia a peritaje anteriores de fecha 02.10.2025 y 13.10.2025.

Indica que el recurrente presentó reclamo contra la Isapre para la licencia médica, en las que COMPIN ratifica el rechazo de ésta, entregando certificado de médico psiquiatra, Dr. nombre reservado, sin fecha de emisión y tras la revisión de los antecedentes aportados por el recurrente, contraloría médica de COMPIN rechaza el reclamo, considerando que la información presentada y de acuerdo con los antecedentes, el reposo no se encuentra justificado en función del artículo 21 del DS N°3 del 1984, ya que Informe del especialista se observa insuficiente, es decir, el informe no es claro en cuanto a énfasis de recuperabilidad y/o fecha probable de alta, ya que no cumple con el rol terapéutico en el contexto clínico evaluado.

Señala que el recurrente presentó recursos de reposición por la licencia médica reclamada, aportando certificado psicológico de fecha 11.09.2025 emitido por Ps. nombre reservado, e informe médico de fecha 03.12.2025 emitido por Dr. nombre reservado. Contraloría médica, revisa los antecedentes, rechazando el recurso de reposición, considerando que, la información presentada y por antecedentes, no justifican el período de reposo, de acuerdo con el artículo 21 del DS N°3 del 1984, además, refiere que el informe no es claro en cuanto a énfasis de recuperabilidad y/o fecha probable de alta, menciona Crisis de ansiedad por cuidados de madre, sin mayores detalles.

Enfatiza que el recurrente interpuso recurso de reclamación ante la Superintendencia de Seguridad Social en contra del rechazo emitido por esta Comisión médica respecto de las licencias médicas mencionadas en el recurso, recibiéndose la Resolución Exenta N°R-01-UME-43369-2026 de fecha 29.03.2026, que reproduce.

Manifiesta que la Superintendencia de Seguridad Social confirma lo resuelto por esa Comisión Médica con relación al rechazo de la licencia médicas folio N°3-125178441.

Por otro lado, señala que en el punto N°5 de la acción de protección, el recurrente señala: “Que, conforme a la Ley N°16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, solicité ante la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN) la calificación de origen de mi patología, así como la autorización y pago de mis licencias médicas asociadas a dichas dolencias médicas ( N° 125178441 , N° 124430180 , N° 12388365, Dicha instancia administrativa emitió su pronunciamiento rechazando mi solicitud, calificando erróneamente mis dolencias como de origen común” y al efecto es dable señalar que según la Ley 16.744, que establece el Seguro Social obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, dicha normativa determina que la calificación de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional corresponde a los Organismos Administradores del Seguro, quienes emiten la Resolución de Calificación que indica si el accidente o la enfermedad es de origen común o laboral y en el segundo caso, aplicará la cobertura del seguro, y de igual forma el trabajador(a) el empleador o cualquier interesado tienen un plazo de 90 días, para reclamar el resultado de la RECA ante la Superintendencia de Seguridad Social en www.suseso.cl y por ello no corresponde a COMPIN atender un reclamo respecto de la Resolución de una patología calificada como no laboral por un organismo administrador del seguro.

Seguidamente aludió a la normativa aplicable señalando que la recurrida da estricto cumplimiento a los plazos establecidos para la tramitación de las licencias, contemplado en el Reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN e instituciones de salud previsional, ISAPRES, aprobado por el Decreto Supremo Nº3 de 1984 del Ministerio de Salud, reproduciendo su artículo 1 e indicando que de dicha disposición se desprende que la licencia es un derecho al reposo con fines terapéuticos, del cual goza un trabajador dependiente o independiente de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un periodo de tiempo en cumplimiento de una indicación otorgada por un médico, dentista o una matrona; derecho que acredita que un trabajador está temporalmente incapacitado para trabajar e indica una cantidad de días de reposo total o parcial, es decir por un tiempo determinado, por lo que es de la naturaleza de la licencia médica la recuperabilidad del trabajador, por consiguiente, la finalidad de esta es su reinserción laboral, en este sentido, su continuada prórroga no hace más que degenerar su finalidad y desvirtuar la misma.

Finalmente, indicó que la Circular N°3751 de la Superintendencia de Seguridad Social de fecha 27.06.2023, y que dejó sin efecto la Circular N°2434 de fecha 04.02.2008, imparte instrucciones sobre la procedencia y requisitos que deben cumplir los recursos de reposición interpuestos por personas naturales y jurídicas ante las COMPIN, SUBCOMISIONES y UNIDADES DE LICENCIAS MÉDICAS y respecto de la Reclamación en general interpuesta ante la Superintendencia de Seguridad Social, en su calidad de Organismo Técnico de control, establece que: “Las personas o instituciones a quienes afecte la resolución dictada por COMPIN, ya sea que se trate de trabajadores afiliados a FONASA o ISAPRE, recaída sobre una licencia médica, podrán recurrir de reposición ante la misma entidad que la dictó, acompañando los nuevos antecedentes en que funde su petición”. Agrega que dicha circular especifica el plazo para interponer los recursos y los medios digitales disponibles, refiriéndose por último a las patologías de ámbito mental conforme al Decreto N°7/2013 del Ministerio de Salud que examina.

TERCERO: Que Andrea Cisternas Tiemann, abogada, en representación de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, alegó la extemporaneidad de la acción, lo que fue rechazado y luego, la improcedencia del recurso y en subsidio informó sobre el fondo, pidiendo el rechazo de la presente acción constitucional, con costas.

Refiere que la controversia planteada no recae sobre un derecho indubitado, sino que supone necesariamente la revisión y ponderación de antecedentes clínicos y laborales, lo que excede manifiestamente el ámbito cautelar y de cognición limitada del recurso de protección, el cual no constituye una instancia de revisión del mérito de decisiones administrativas adoptadas en ejercicio de competencias técnicas, por lo que la pretensión del recurrente importa sustituir el criterio técnico de la autoridad competente, lo que resulta improcedente en esta sede constitucional.

Añade que la calificación de una enfermedad como de etiología común o laboral corresponde al procedimiento de reclamaciones previsto en los artículos 77 y 77 bis de la Ley N°16.744, tratándose de materias que pertenecen al ámbito de la seguridad social y cuya resolución ha sido confiada por el legislador a un órgano técnico especializado.

Señala que, además, la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al Sistema de Seguridad Social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos, y por ello pide declarar su improcedencia.

En subsidio, informa en cuanto al fondo señalando que la Superintendencia de Seguridad Social debe cumplir con el mandato constitucional de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, según el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, añadiendo que la Ley N°16.395, modificada por la Ley N°20.691, establece la organización y funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, estableciendo en su artículo primero que es un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por intermedio de la Subsecretaría de Previsión Social, mientras que el artículo 2° establece las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, las que detalla, añadiendo que el artículo 3° del ya citado cuerpo legal dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro de su competencia”.

Explica que para cumplir con esa finalidad, el cuerpo legal en comento establece en su artículo 3° que la Superintendencia de Seguridad Social se organiza funcionalmente en una Fiscalía y las Intendencias de Beneficios Sociales y de Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo ésta última el control y fiscalización del cumplimiento de las normas que regulan el Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, por lo que a esa Superintendencia le corresponde, según el artículo 30 de la Ley Nº16.395, la fiscalización de las instituciones que administran el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales que se rige por la Ley N°16.744 y sus reglamentos.

Afirma que la materia de autos, esto es, la calificación de una enfermedad como profesional o común, según se cumplan o no los presupuestos contemplados en la definición del siniestro denominado “enfermedad profesional” contemplada en el artículo 7° de la Ley N°16.744, las prestaciones médicas y económicas que contempla la cobertura del mismo, de resultar procedente, las eventuales secuelas que puede dejar en un trabajador o trabajadora y las prestaciones económicas que de ello se deriven, se insertan dentro del sistema de protección o seguridad social creado por el referido cuerpo legal.

Añade que en cuanto al Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales la Ley Nº16.744, creó el Seguro Social Obligatorio Contra Riesgos De Accidentes Del Trabajo y Enfermedades Profesionales y las contingencias cubiertas por este Seguro Social son los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, en los términos que están definidos por el legislador en los artículos 5º y 7º, respectivamente de la Ley Nº16.744. Agrega que las personas protegidas por ese seguro social están señaladas, principalmente, en los artículos 2º y 3º de dicho cuerpo legal, contemplando, entre otros, a todos los trabajadores por cuenta ajena o dependientes, y la administración de ese seguro social corresponde, entre otros, según el artículo 11 de la Ley Nº16.744 al Instituto de Seguridad Laboral, como sucesor del Instituto de Normalización Previsional y éste del ex Servicio de Seguro Social, y a las Mutualidades de Empleadores, respecto de los trabajadores dependientes de las entidades empleadoras adheridas a éstas.

Señala que, por su parte, el inciso quinto del artículo 12 de la Ley N°16.744, dispone que: “Las Mutualidades estarán sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, la que ejercerá estas funciones en conformidad con sus leyes y reglamentos orgánicos.”, por lo que la materia sobre la que versa la presenta acción, esto es, la calificación de una enfermedad profesional y la determinación del sistema que debe otorgar en definitiva las prestaciones médicas, es materia regulada, en cuanto al fondo, por el artículo 5° de la Ley 5 N°16.744, que creó el Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y sus disposiciones reglamentarias y como se explica en los dictámenes que resolvieron el caso del Sr. nombre reservado (sic) la determinación de la etiología u origen de una afección, esto es, si tiene origen laboral o común, dependerá si en el caso concreto se cumplen o no los presupuestos contemplados en la definición del siniestro denominado “Enfermedad Profesional”, establecida en el ya citado artículo 7° del también ya citado cuerpo legal y por ello resulta conveniente hacer una breve referencia a los siniestros cubiertos por este seguro social, siendo las de carácter obligatorio los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, en los términos que están definidos por el legislador en los artículos 5º y 7º, respectivamente de la Ley Nº16.744.

Hace presente que según el artículo 5º de la Ley 16.744, se entiende por accidente del trabajo “toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte.” y según lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N°16.744, las enfermedades profesionales son las “causadas de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produce incapacidad o muerte” y de ese concepto se infiere que debe existir una relación causal directa entre el quehacer laboral y la patología que provoca una incapacidad, sea ésta temporal o permanente. Añade que el artículo 16 del D.S. N°109, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en complemento del precepto legal antedicho dispone que, para que “una enfermedad se considere profesional es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo, aun cuando éstos no se estén desempeñando a la época del diagnóstico”.

Agrega que las personas protegidas por este Seguro Social están señaladas en los artículos 2º y 3º de dicho cuerpo legal, contemplando, entre otros, a todos los trabajadores por cuenta ajena o dependientes, mientras que la administración de ese seguro social corresponde, de acuerdo con el artículo 8º de la Ley Nº16.744 al ex Servicio de Seguro Social (que en la actualidad corresponde al Instituto de Seguridad Laboral), al ex Servicio Nacional de Salud, al cual le sucedieron los Servicios de Salud y, en la actualidad, esta referencia debe entenderse hecha, además, a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley Nº19.937, que modificó el D.L. N°2.763, de 1978, y que regula la nueva Autoridad Sanitaria; y de las Mutualidades de Empleadores, respecto de los trabajadores dependientes de las entidades empleadoras adheridas a éstas.

Enfatiza que el seguro de que se trata se financia, según el artículo 15 de la Ley Nº16.744, mediante una cotización básica general de un 0,90% de las remuneraciones imponibles de cargo del empleador y a eso se debe agregar una cotización extraordinaria de un 0,05% fijada transitoriamente por ley; y la cotización adicional diferenciada en función de la actividad y riesgo de la empresa o entidad empleadora, la que no puede exceder de un 3,4% de las remuneraciones imponibles que también son de cargo del empleador, siendo otras fuentes de financiamiento las multas que aplican los Organismos Administradores, las utilidades o rentas obtenidas de la inversión de los fondos de reserva y por los cobros a los que se refieren en los artículos 56 y 69 de la Ley Nº 16.744.

Seguidamente aludió latamente a las Prestaciones contempladas por el Seguro Social de la Ley N°16.744 según las normas que cita.

En cuanto a la revisión del caso del Sr. nombre reservado, por la Superintendencia de Seguridad Social, señala que en el contexto legal que se ha expuesto precedentemente, y según las normas de la Ley N°16.744, la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social se puede resumir en lo siguiente:

Con fecha 5 de septiembre de 2025, el Sr. nombre reservado, concurrió ante esa Superintendencia reclamando en contra de la ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD, discrepando de la calificación de origen común asignada a la patología de salud mental que presentó y por la cual se sometió a estudio de enfermedad profesional, con DIEP de fecha 28 de abril de 2025 y esa Superintendencia para resolver la presentación, solicitó un informe y los antecedentes médicos/laborales del caso a la citada Mutual; luego, la citada Mutual informó mediante Carta GG.070.202509121136.2025, de 15 de septiembre de 2025, en relación a la situación de señor don nombre reservado. C.I. N°RUT reservado:

“El Sr. nombre reservado ingresó a nuestras dependencias médicas, el 28 de abril de 2025, para estudio por posible neurosis laboral, que atribuye a las labores que realiza como asesor en prevención para Servicios de Ingeniería Asesorías Obrasc.

Sobre el particular cumplimos con adjuntar copia de la Ficha Clínica del Sr. nombre reservado, el Informe sobre Fundamentos de la Calificación de Patología, la Resolución de Calificación, el Estudio de Puesto de Trabajo (EPT), y la DIEP, antecedentes de los cuales se desprende que el Sr. nombre reservado padece un trastorno adaptativo de origen común.

Dicha calificación se sustenta en que no se evidenciaron factores de riesgo en su puesto de trabajo, negando que el trabajador haya recibido un trato inadecuado, hostil o denigrante por parte del par señalado, no pudiendo establecer causalidad directa requerida por la Ley N° 16.744 entre su afección y el desempeño de sus funciones.

Por consiguiente, en virtud del artículo 7° de la Ley 16.744 se estimó que a don nombre reservado no le corresponde la cobertura señalada en el mismo cuerpo legal, criterio que solicitamos ratificar”.

Explica que esa Superintendencia señaló que, los profesionales médicos procedieran al análisis de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, y que quedó plasmada en el informe de fecha 26 de abril de 2026, elaborado por la especialista doña nombre reservado, que reproduce, al igual que los fundamentos de la resolución: “Caso 156544-2025”.

Refiere que tras el estudio de los antecedentes, copia de la ficha clínica, informe médico y estudio de puesto de trabajo realizado bajo las normas de protocolo de esa Superintendencia, al igual que los antecedentes aportados por el trabajador, entre los que se encuentran informes médico psiquiátricos y psicológicos, junto a otros documentos de carácter clínico y administrativo, por los especialistas, la Superintendencia de Seguridad Social emitió la Resolución Exenta N°R-01-UME-57753-2026, de 26 de abril de 2026 que reproduce, añadiendo que la intervención de esa Superintendencia en el caso del Sr. nombre reservado, ha estado exenta de vicios de ilegalidad o arbitrariedad, que hayan vulnerado derechos garantidos constitucionalmente y a mayor abundamiento en los casos como de la especie, en que se discute una cuestión de hecho que se refiere a una materia de orden médico (como puede ser la etiología u origen de una afección determinada o el grado de invalidez que una enfermedad provoca), el procedimiento general de reclamo previsto en el citado artículo 77 de la Ley N°16.744, norma que establece que la SUSESO resuelve esas reclamaciones con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, por lo que es evidente que la materia controvertida se inserta dentro del ámbito propio de la seguridad social y de competencias técnicas que han sido confiadas por el legislador a esta Superintendencia, por lo que la discrepancia del recurrente con lo resuelto no configura ilegalidad ni arbitrariedad, sino únicamente una disconformidad con el resultado de un procedimiento administrativo tramitado conforme a derecho.

Seguidamente aludió a las imputaciones del recurrente, las que estima son vagas e infundadas y luego a las garantías constitucionales que la recurrente estima vulneradas, las que controvierte, afirmando que la situación del recurrente fue conocida por esa Superintendencia en el ejercicio de sus facultades legales, resolviéndose sus presentaciones mediante actos administrativos debidamente fundados, dictados por autoridad competente y conforme a la normativa vigente, particularmente a las disposiciones de la Ley N°16.744 y de la Ley N°19.880, no siendo efectivo que esa Superintendencia haya omitido pronunciarse sobre la situación del recurrente, sino que, por el contrario, ha emitido decisiones expresas dentro del ámbito de sus atribuciones, abordando la materia sometida a su conocimiento conforme a los antecedentes disponibles y a las reglas que rigen el sistema de seguridad social.

Sostiene, en cuanto a la supuesta ilegalidad del acto impugnado, que no concurre desde que la Superintendencia de Seguridad Social actuó dentro del ámbito de sus atribuciones legales, en su calidad de organismo fiscalizador del seguro establecido en la Ley N°16.744 y la parte recurrente, pese a afirmar la existencia de una actuación contraria a derecho, no identifica norma legal o reglamentaria alguna que haya sido efectivamente infringida, limitándose a manifestar su disconformidad con la calificación efectuada, mientras que su parte ha actuado en cumplimiento de su función legal de interpretar y aplicar, entre otras, las disposiciones contenidas en los artículos 7° y 77 de la Ley N°16.744, determinando el origen de la afección conforme a criterios técnicos y dentro del marco de sus competencias.

Señala que es válido preguntarse si por el hecho de aplicar una norma legal en un sentido determinado que no es aquel que pueda interesar al recurrente, hace que dicho actuar sea ilegal y arbitrario siendo la respuesta, claramente, no, máxime si constan los informes tanto médicos como administrativos de las entidades fiscalizadas por su parte indispensables para la dictación fundada del dictamen impugnado y además, el conflicto de relevancia jurídica que se ha generado, dice relación con el sentido y alcance que debe dársele a una determinada norma legal, sin duda alguna, escapa del ámbito de aplicación de esta acción cautelar y más es propia de un juicio de lato conocimiento en el que un juez este llamado a interpretar en definitiva la norma de que se trate.

Finalmente, respecto de la materia de la acción de protección de autos, hace presente que la pretensión del recurrente, de que se modifique la calificación del origen de la patología que padeció, fuera de no tener fundamento fáctico de orden médico - laboral, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, añadiendo que en el caso del recurrente claramente su pretensión jurisdiccional dice relación con establecer un derecho de seguridad social concreto, derivado la calificación de la patología que padece, en el marco de la Ley N°16.744, y no de amparar un derecho preexistente y ello de ser reclamado judicialmente, debe ser materia de un procedimiento ordinario declarativo ante el tribunal que resulte competente de acuerdo con nuestra legislación, proceso judicial en que las partes tengan oportunidad de hacer valer sus puntos de vista y ofrecer y presentar las probanzas que estimen pertinentes, citando jurisprudencia.

Termina solicitando que la acción constitucional sea desestimada en todas sus partes, con costas.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en relación con la alegación sobre la improcedencia del recurso, formulada por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, porque en su concepto la presente acción constitucional versa sobre un derecho perteneciente al sistema de Seguridad Social, contenido en el artículo 19 N°18 de la Constitución Política, cabe rechazar dicha aseveración, puesto que se desprende del mérito de la acción constitucional impetrada, que en ella se esgrimen como garantías eventualmente infringidas aquellas contenidas en los numerales 1, 2, 16 y 24 de la Carta Fundamental, las cuales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, están comprendidas en la acción constitucional de protección en comento.

SEXTO: Que, debe tenerse presente que el otorgamiento de licencia médica está regulado por el Decreto Fuerza de Ley N°3 de 1981 del Ministerio de Salud, que “fija Normas para el Otorgamiento de Prestaciones y Beneficios de Salud, por Instituciones de Salud Previsional”; por el Decreto Supremo N°3 del mismo Ministerio que “aprueba Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Compin e Instituciones de Salud”. En este último, se define a la licencia médica como: “el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda.”

A su turno, el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, indica: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Asimismo, la Ley N°16.395, modificada por la Ley N°20.691, señala en su artículo segundo, entre las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social: “c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia” y en su artículo tercero del mismo cuerpo legal, dispone : “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.

La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones”.

Por su parte, el artículo 30 de la Ley 16.395 dispone: “Artículo 30° El Seguro Social contra Riesgos del Trabajo y Enfermedades Profesionales que se rige por la ley N°16.744 y sus reglamentos, y la fiscalización de las instituciones que a él se dediquen, corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social.”

Finalmente, el artículo 7 de la Ley 16.744 señala: “Artículo 7°- Es enfermedad profesional la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte.

El Reglamento enumerará las enfermedades que deberán considerarse como profesionales. Esta enumeración deberá revisarse, por lo menos, cada tres años.

Con todo, los afiliados podrán acreditar ante el respectivo organismo administrador el carácter profesional de alguna enfermedad que no estuviere enumerada en la lista a que se refiere el inciso anterior y que hubiesen contraído como consecuencia directa de la profesión o del trabajo realizado. La resolución que al respecto dicte el organismo administrador será consultada ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que deberá decidir dentro del plazo de tres meses con informe del Servicio Nacional de Salud”.

SÉPTIMO: Que el recurrente sostuvo la arbitrariedad de la resolución administrativa dictada por la SUSESO, Resolución Exenta N°R-01-UME-57753-2026 de fecha 26 de abril de 2026 que rechazó su reclamo por calificación de origen de enfermedad, señalándose en dicha resolución que no procede otorgar cobertura del Seguro Social de la Ley 16.744 por tratarse de una patología de origen común.

Asimismo, reclamó por el rechazó de las licencias médicas N°125178441; N°124430180 y N°12388365 porque a su juicio, su patología tiene causalidad directa entre los riesgos a los que estuvo expuesto y la enfermedad que hoy padece.

OCTAVO: Que de los antecedentes que obran en autos, no se vislumbra un acto ilegal ni arbitrario por parte de las recurridas. En efecto, Compin al rechazar las licencias médicas N°125178441, N°124430180 y N°12388365 mediante las respectivas Resoluciones Exentas N°201-25-030812, N°201-25-030823 y N°201-25-030800 que ratificaron la decisión de Isapre Consalud, obró conforme al marco legal y reglamentario que establece sus atribuciones y facultades, fundando sus decisiones. A su turno, las correspondientes Resoluciones Exentas N°R-01-UME-43369-2026 y N°R-01-UME-02794-2026 dictadas por la SUSESO, que confirmaron el rechazo de las licencias médicas, porque los antecedentes médicos y administrativos evaluados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los días de reposo ya autorizados por la misma patología; también se ajustaron al marco legal y reglamentario que establece sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, con arreglo al carácter técnico que ostenta, dejándose constancia, en las referidas resoluciones exentas y actos administrativos, de cada uno de los fundamentos y antecedentes médicos que se tuvieron a la vista para decidir el rechazo de los pagos reclamados, de acuerdo a los antecedentes clínicos tenidos a la vista, precisando las razones para establecer que los reposos no se justificaron.

Por otro lado, tampoco se advierte ilegalidad o arbitrariedad en la dictación de la Resolución Exenta N°R-01-UME-57753-2026 de 26 de abril de 2026 que resolvió rechazar el reclamo por calificación de origen de enfermedad, añadiéndose que no procede otorgar cobertura del Seguro Social de la Ley 16.744 por tratarse de una patología de origen común; por cuanto, dicha decisión, está suficientemente fundada y se condice con las conclusiones de la profesional doña nombre reservado quien señaló tras el estudio de los antecedentes, sic: “El cuadro clínico es de carácter reactivo y se vincula temporalmente a la situación laboral descrita, sin embargo, el estudio de puesto de trabajo, metodológicamente ajustado a la normativa vigente, no acredita la presencia de factores de riesgo en el ambiente laboral. Los criterios de causalidad no se cumplen en el presente caso. Lo anterior orienta la calificación del cuadro clínico hacia un origen común”.

NOVENO: Que, por último, es dable indicar que tratándose las recurridas de organismos técnicos en la materia, y habiéndose impugnado las resoluciones dictadas por éstas, claramente se vislumbra que en la especie el recurso interpuesto ha excedido el marco de esta acción cautelar de urgencia, pues, la controversia refleja la existencia de derechos controvertidos o dubitados, todo lo cual basta para rechazar el recurso interpuesto según se dirá en la parte resolutiva.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

Regístrese y comuníquese.

Rol 1320-2026 (Protección)