nombre reservado con BANCO SANTANDER CHILE S.A

Dpp/ Antofagasta, a once de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece Daniela Nicole Dubo López, abogada, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de Banco Santander Chile, por haber incurrido en omisiones ilegales y arbitrarias consistentes en no informar de forma veraz, suficiente y oportuna sobre la modificación legal respecto de las acreencias bancarias inmovilizadas de partícipes fallecidos y su posterior destinación a la Junta Nacional de Bomberos de Chile. Considera que dicha actuación es ilegal y arbitraria, atendido que la recurrida tenía conocimiento del impedimento que afectaba el cobro de estas acreencias y debía informar oportunamente sobre los cambios normativos que las afectarían, vulnerando, con ello, los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, garantizados por la Constitución Política de la República, por lo que solicita se dejen sin efecto los rescates efectuados y se ordene la devolución de los fondos o, subsidiariamente, se permita reservar el dinero en una cuenta bancaria a nombre de los herederos.

Informa el recurrido, al tenor del recurso interpuesto en su contra.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente expone que es nieta putativa y heredera testamentaria, junto a otros comuneros, de nombre reservado, quien falleció el 3 de agosto de 2014 en Calama. El causante era partícipe de dos cuentas en fondos mutuos Santander renta a corto plazo inversionista (sic) en el Banco Santander Chile: la cuenta número 00 por $32.267.186 y la cuenta número 1 por $7.217.448.

Tras el fallecimiento, la recurrente informó del deceso a las ejecutivas de la unidad servicio al cliente de la sucursal Calama, quienes hicieron entrega del certificado de acreencias bancarias por las sumas mencionadas. Estas acreencias fueron expresamente consignadas en el inventario solemne confeccionado durante la tramitación judicial de la posesión efectiva testamentaria, causa-rol V-591-2014, ante el Segundo Juzgado de Letras de Calama.

Otorgada la posesión efectiva testamentaria en 2015, la recurrente se presentó en la sucursal bancaria en su calidad de heredera solicitando el pago de las acreencias. Sin embargo, reiteradamente se le impidió cobrar estas acreencias o resguardarlas en una cuenta bancaria nueva a nombre de la comunidad hereditaria, debido a que no pudo contactar ni acceder a la autorización de los herederos de nombre reservado, última pareja y heredera del partícipe difunto, quien falleció en julio de 2015 en Arica.

Desde 2015, la recurrente solicitó insistentemente el pago de las acreencias bancarias inmóviles, exponiendo el impedimento legal para realizar el rescate de las cuentas bancarias. No obstante, ninguna de las diversas ejecutivas bancarias que tomaron conocimiento del caso entregó una solución ante la problemática, insistiendo con un procedimiento de cobro más gravoso y no previsto en la ley. Especialmente relevante resulta que la jefa de la unidad servicios a clientes debió conocer la modificación a la Ley General de Bancos de 2022, que ponía en peligro el patrimonio de la recurrente e informarla en sus visitas de 2023 y 2024.

El 3 de junio de 2025, la actora concurrió a la sucursal solicitando copia del certificado de sus acreencias bancarias. Tras diversos errores y demoras en la entrega de la información, el 17 de junio de 2025, la ejecutiva nombre reservado la contactó telefónicamente señalando que las acreencias bancarias inmovilizadas estaban caducadas y habían sido remitidas a la Junta Nacional de Bomberos de Chile a fines de 2024.

Posteriormente, el 23 de junio se le hizo entrega de dos copias de las solicitudes y comprobantes de rescates de fondos mutuos Santander renta a corto plazo, indicando el supuesto rescate, pago y destino de sus acreencias bancarias. Se le comunicó que no podría realizar otras gestiones al respecto en el Banco Santander Chile. La recurrente solicitó información a la Tesorería General de la República el 24 de junio de 2025, recibiendo como respuesta que cualquier solicitud de devolución debía gestionarse ante la entidad bancaria. Finalmente, presentó reclamo ante la Comisión para el Mercado Financiero el 30 de junio de 2025, sin que se haya pronunciado.

Explica que en 2022 se dictó la Ley N° 21.433, que introdujo el artículo 38 bis a la Ley General de Bancos, disponiendo que las cuotas de fondos mutuos de partícipes fallecidos que no hayan sido registradas a nombre de los respectivos herederos dentro del plazo de diez años contado desde el fallecimiento, serán rescatadas por la administradora y entregadas a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile. Asimismo, la Comisión para el Mercado Financiero dictó la Norma de Carácter General N° 488 de 21 de noviembre de 2022, que estableció la obligación de las administradoras de informar en forma veraz, suficiente y oportuna a los partícipes sobre los efectos de dicha ley, dentro del plazo de 30 días de emitida la normativa, indicando que hasta el 18 de marzo de 2023 podrían reclamar estos derechos.

Sostiene que la NCG N° 488 establecía una obligación precisa para las entidades bancarias de informar a los herederos y legatarios de algún partícipe fallecido sobre la entrada en vigencia de esta ley, pues la comunicación no podría estar orientada al partícipe fallecido sino necesariamente a aquellos terceros con legítimo interés en estas acreencias. Argumenta que las ejecutivas bancarias de la sucursal Calama tenían conocimiento sobre el impedimento impuesto arbitrariamente por el propio banco que trabó la posibilidad de realizar el cobro de estos fondos, aun cuando la recurrente y sus comuneros poseían la calidad de herederos testamentarios desde 2015.

Sostiene que resulta arbitrario y discriminatorio que no hayan informado oportunamente a la recurrente, quien es cliente del Banco Santander Chile desde 2005, mantiene vigentes diversas cuentas bancarias, ha conservado vigente su casilla de correo electrónico y número telefónico desde hace 12 años, y es acreedora legítima de estas acreencias bancarias inmovilizadas. Agrega que, aunque los fondos de inversión establecen en sus reglamentos internos que los medios de publicidad son sus sitios web, el cambio de normativa no es idóneo para considerar este medio como forma suficiente de informar al interesado de manera oportuna y veraz.

Respecto de las garantías constitucionales vulneradas, invoca el artículo 19, N° 2 de la Constitución Política, relativo a la igualdad ante la ley, sosteniendo que como heredera testamentaria del partícipe y parte de una comunidad hereditaria, ha asumido una posición jurídica idéntica al partícipe fallecido, debiendo ser informada oportunamente de los cambios normativos que pudiesen afectarle. Argumenta que Banco Santander Chile debió advertir sobre el cambio normativo que afectaría estas acreencias inmovilizadas, indicar que tenía un plazo perentorio para presentar la solicitud de rescate y evitar perjudicar el patrimonio de esta comunidad hereditaria, quienes debían recibir el trato igualitario a un cliente partícipe. Asimismo, invoca el artículo 19, N° 24 de la Constitución, referente al derecho de propiedad en sus diversas especies sobre bienes corporales e incorporales, explicando que el derecho real de herencia constituye una cosa incorporal protegida por la garantía constitucional de la propiedad, conforme al artículo 583 del Código Civil y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Finalmente, solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se dejen sin efecto las dos solicitudes y comprobantes de rescate de fondos mutuos por las sumas de $32.267.186 y $7.217.448 respectivamente; se condene a la recurrida a hacer devolución inmediata de los fondos ilegalmente retenidos equivalentes a la suma de $39.484.634; subsidiariamente, se permita reservar el dinero de estas acreencias en una cuenta bancaria a nombre de los herederos, otorgándose un plazo prudente para realizar las gestiones administrativas y judiciales tendientes a liquidar la comunidad hereditaria; y se dicten las demás medidas que se estimen pertinentes para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que evacúa informe el Banco Santander-Chile, quien solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto.

En primer término, alega la extemporaneidad del recurso de protección, toda vez que la recurrida establece que los hechos denunciados por la actora datan del año 2015, conforme a sus propios dichos, mientras que las fechas posteriores señaladas en el año 2025 constituyen meras comunicaciones de un hecho ya consumado y conocido por la recurrente desde hace una década.

Subsidiariamente, opone excepción de falta de legitimación activa, fundada en la circunstancia de que la recurrente carece de la calidad jurídica necesaria para ejercer la presente acción constitucional. Explica que, según consta en el certificado de informe de inscripción en el registro de posesiones efectivas, los herederos testamentarios del causante nombre reservado son cuatro personas: nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado. No obstante, destaca que nombre reservado falleció en julio de 2015 en la ciudad de Arica, circunstancia que configuró una nueva comunidad hereditaria respecto de los bienes que correspondían a esta heredera fallecida.

Consecuentemente, arguye que la actora no posee legitimación para actuar en nombre de la totalidad de la comunidad hereditaria, toda vez que requiere la autorización de los herederos de nombre reservado para disponer de las acreencias bancarias reclamadas. Esta situación, según expone, impide que la recurrente pueda ejercer válidamente la acción constitucional, dado que no cuenta con los poderes necesarios para representar los intereses de todos los comuneros hereditarios involucrados.

En subsidio, solicita el rechazo del recurso por inexistencia de acto u omisión arbitraria o ilegal. Fundamenta esta defensa en el estricto cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la materia, particularmente el artículo 44 de la Ley N° 16.271, que establece las condiciones para la entrega de dineros de una persona fallecida. Señala que dicha norma ordena a las instituciones financieras entregar los recursos de un causante únicamente cuando los herederos acrediten su calidad de tales, que los bienes consten en el inventario correspondiente y que se haya pagado o garantizado el pago de las contribuciones de herencias respectivas.

Asimismo, invoca el artículo 25 de la misma ley, que dispone que el heredero no puede disponer de los bienes de la herencia sin que previamente se haya inscrito la resolución que otorga la posesión efectiva. En este contexto, argumenta que, hasta la fecha de interposición del recurso, la recurrente no ha acreditado la existencia de la posesión efectiva de nombre reservado, del inventario correspondiente ni del respectivo pago de impuestos, elementos todos indispensables para proceder a la entrega de las acreencias reclamadas.

Adicionalmente, invoca las disposiciones del artículo 156 del DFL 3, que fija el texto refundido de la Ley General de Bancos, el cual establece el sistema de caducidad de los depósitos y acreencias bancarias. Conforme a esta normativa, transcurridos dos años desde que una cuenta no haya tenido movimiento o no haya sido cobrada la acreencia por el titular, la institución bancaria debe formar una lista en el mes de enero siguiente. Posteriormente, transcurridos tres años desde dicho mes de enero, la acreencia caduca y se extinguen todos los derechos del titular, debiendo la institución financiera traspasar de pleno derecho las cantidades correspondientes a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile.

En tal sentido, sostiene que al no finalizar la comunidad hereditaria los trámites necesarios para dar curso a la entrega de las acreencias bancarias, el Banco Santander-Chile cumplió con lo preceptuado por la normativa legal citada, lo que revela la ausencia absoluta de arbitrariedad o ilegalidad en su actuación. Destaca que la transferencia de los fondos a la Junta Nacional de Bomberos de Chile a fines del año 2024 constituyó el cumplimiento de una obligación legal imperativa, derivada del transcurso del plazo de caducidad establecido en la ley.

Argumenta que no se ha configurado quebrantamiento alguno de los derechos de la recurrente, ni tampoco resulta posible identificar cuáles serían las garantías constitucionales que habría vulnerado el banco recurrido. Sostiene que su actuación se ha ceñido estrictamente al ordenamiento jurídico vigente, sin que exista amenaza o perturbación actual de garantía constitucional alguna tutelada por el recurso de protección.

Finalmente, solicita tener por evacuado el informe ordenado y, en definitiva, rechazar el recurso de protección interpuesto, con costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, de acuerdo fluye del texto de la acción de protección deducida, la omisión y el acto que, respectivamente, se tildan de ilegales y arbitrarios consisten en no informar de manera veraz, suficiente y oportuna sobre la modificación legal respecto de las acreencias bancarias inmovilizadas de partícipes fallecidos, y su posterior destinación a la Junta Nacional de Bomberos, estimando que dichas acreencias bancarias son parte del patrimonio de la recurrente y sus comuneros testamentarios.

SEXTO: Que, en relación con la alegación de extemporaneidad, ésta no será acogida en los términos planteados por la entidad recurrida, ya que del recurso interpuesto se constata que los hechos denunciados no son meras comunicaciones de un hecho del año 2015.

No obstante lo anterior, y sin compartir los fundamentos esgrimidos por la recurrida, sí se declarará la extemporaneidad del recurso, únicamente en relación con la supuesta obligación de informar que operaba sobre la entidad bancaria recurrida, por cuanto, y de acuerdo con lo señalado por la propia recurrente, existiendo un plazo perentorio hasta el 18 de marzo de 2023 para solicitar el rescate de acreencias inmovilizadas, la obligación de informar debía verificarse antes de esa fecha, encontrándose, en consecuencia, vencido el plazo para recurrir de protección en relación con esa omisión. En cambio, no se declarará la extemporaneidad del recurso deducido en cuanto al acto consistente en la destinación de fondos a la Junta Nacional de Bomberos, toda vez que, de acuerdo con lo señalado por propia la recurrente, tuvo conocimiento del referido acto el 17 de junio de 2025, no habiendo transcurrido el plazo de 30 días contemplado en el auto acordado pertinente, por lo que la acción deducida, en relación con este punto, se encuentra dentro de plazo.

SÉPTIMO: Que, en este caso, de acuerdo con lo informado por el recurrente y recurrido, y el mérito de los antecedentes que se han acompañado, resulta apreciable que existe discrepancia en cuanto a la procedencia de la devolución de la suma señalada por la actora, la que, sostiene, le corresponde recuperar según reclama en este arbitrio. En tanto, Banco Santander Chile afirma que, aplicando lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley General de Bancos, dichas acreencias se encuentran definitivamente caducadas, extinguiéndose por el ministerio de la ley todos los derechos del titular, lo que haría improcedente la devolución solicitada, redundando, ello, en una ausencia de arbitrariedad e ilegalidad.

Asimismo, la parte recurrida alegó falta de legitimación activa, por cuanto no existiría autorización o poder de los herederos de nombre reservado para cobrar o percibir dineros, circunstancia, esta última, que no se encuentra controvertida y que es reconocida por la propia recurrente, indicando que no pudo contactar ni acceder a la autorización de los herederos de la causante referida y que, a la fecha de presentación del recurso, no cuenta con antecedentes de estos herederos.

OCTAVO: Que atendido lo reflexionado precedentemente, y no pudiendo calificarse como indubitado el derecho que se estima conculcado, especialmente considerando que la legislación bancaria establece un sistema específico de caducidad de acreencias regulado en el artículo 156 de la Ley General de Bancos, que opera de pleno derecho transcurridos los plazos legales establecidos, y que las eventuales controversias sobre la aplicación de dicha normativa requieren de un análisis de fondo que excede la competencia propia de una acción cautelar como la presente, resulta innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que se dicen vulneradas.

NOVENO: Que, por último, habida consideración a las peticiones concretas efectuadas por la recurrente, y al hecho consistente en que los fondos reclamados ya fueron transferidos por parte del recurrido a la Junta Nacional de Bomberos de Chile, se estima que el conocimiento del asunto, en general, y el reintegro reclamado, en particular, deben ser objeto de un juicio de lato conocimiento, en virtud del cual se podrá determinar, o no, la responsabilidad civil que le cabe al Banco Santander Chile en esta materia.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por Daniela Nicole Dubó López, abogada, en representación de nombre reservado, en contra de Banco Santander Chile.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1309-2025 (Protección)

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