nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y COMPIN

Antofagasta, a cinco de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

La comparecencia de doña nombre reservado, Run RUT reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección contra la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) por el acto que estima ilegal y arbitrario, el cual vulnera las garantías constitucionales del artículo 19 numerales 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando se declare que la Resolución Exenta NºR-01-UME-59122-2026 es ilegal y arbitraria, ordenando a la recurrida que dicte un pronunciamiento que disponga la inmediata autorización y el pago íntegro de la totalidad de las cuatro licencias médicas continuas reclamadas bajo el Código FUI 1339015, correspondientes a los N°s 112091635-8, 113342456-K, 115730708-4 y 117161723-1, que cubren el período del 21 de diciembre de 2024 al 18 de julio de 2025, por parte de la entidad pagadora que en derecho corresponda, ya sea la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana o el organismo de salud competente.

Atendido los hechos en que se basa el recurso, se solicitó informe a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, el que fue evacuado al tenor del recurso.

La recurrida Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) alegó improcedencia de la acción de protección; e informó en subsidio sobre el fondo, pidiendo el rechazo del recurso, con costas.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente señala que es una mujer adulta mayor de 64 años, que se desempeña como asistente de sala en un supermercado, labor que le exige estar de pie durante toda la jornada laboral y realizar esfuerzos físicos de carga y a raíz de una severa patología de columna, ha debido someterme a tres cirugías mayores consecutivas en el Hospital de Calama (en los años 2021, febrero de 2024 y abril de 2024) siendo una cirugía lumbar (17/02/2021) de intervención de hernia del núcleo pulposo (HNP) L4-L5 derecha y foraminotomía L5-S1, realizada por el Dr. nombre reservado tras diagnóstico de lumbociatalgia severa. Asimismo, una cirugía cervical el (06/02/2024) por la aparición de HNP cervical C5-C6-C7 y estenosis de receso lateral, para descomprimir estructuras nerviosas cervicales, buscando mejorar la movilidad y el dolor irradiado hacia la extremidad superior; y una cirugía lumbar de re-intervención (30/04/2024) por el daño funcional severo evidenciado por paresia y alteración de la marcha, se realizó una discectomía de HNP L5-S1.

Refiere que, tras esas tres cirugías, las cuales lamentablemente fracasaron, dejándole como secuela un diagnóstico de "Síndrome de Espalda Fallida" y "Radiculopatía L5" y debido a la gravedad de ese daño funcional, el propio Estado de Chile, por Dictamen de Discapacidad N°RUT reservado de fecha 30-10-2024, le reconoció oficialmente un 46% de discapacidad física, obligándole actualmente al uso de andador y muletas para desplazarse.

Añade que el 28 de abril de 2026, la Superintendencia de Seguridad Social dictó la Resolución Exenta NºR-01-UME-59122-2026, la cual le fue notificada por correo electrónico y a través de ese acto administrativo, el órgano recurrido confirmó el rechazo de sus licencias médicas N°s 112091635-8 y 113342456-K, las cuales daban cobertura a una fracción de su reposo equivalente a 90 días continuos a contar del 21 de diciembre de 2024. Hace presente la grave omisión e incongruencia en que incurre la recurrida, pues, el reclamo administrativo ante la SUSESO fue interpuesto formalmente de manera integral por un bloque cronológico continuo de cuatro licencias médicas que sumaban un total de 210 días de reposo (cubriendo desde el 21 de diciembre de 2024 hasta el 18 de julio de 2025) y sin embargo, la resolución impugnada omitió de manera absolutamente arbitraria e injustificada pronunciarse respecto de dos de las licencias reclamadas, parcelando la pretensión y dictando un acto incompleto que le deja en la más absoluta indefensión, resolución que reproduce.

Indica que al igual que Compin en sus rechazos, el fundamento de la autoridad SUSESO para decretar dicho rechazo radica en que el tiempo de reposo autorizado, supera los 590 días por la misma patología y los antecedentes médicos evaluados, concuerdan en que la afección que la afiliada presenta, es de curso crónico, la que por tiempo transcurrido y su persistencia a pesar del tratamiento, le produce algún grado de incapacidad no modificable con el reposo, razón por la cual no corresponde acoger nuevas licencias médicas, pues el reposo ya no contribuye a la recuperación ni se orienta el reintegro laboral de la paciente. Agrega que bajo ese criterio estrictamente mecánico y burocrático, sin sustento ni criterio médico, la SUSESO asumió que la concurrencia de un tiempo prologando extingue automáticamente el derecho a percibir subsidios por incapacidad laboral posteriores bajo la premisa de una supuesta "irrecuperabilidad", forzando además una acumulación de días por tratarse de la "misma patología", dictamen que la deja en la más absoluta indefensión, privándole de su único sustento alimentario y forzándole a una situación de desamparo que afecta directamente su salud.

Afirma que ese dictamen es manifiestamente arbitrario e ilegal, porque la recurrida califica erróneamente su proceso de rehabilitación postquirúrgica activa como una “cronicidad inútil”, sosteniendo infundadamente que su reposo y terapia médica ya no contribuyen a recuperar su capacidad de trabajo ni a permitir su reincorporación a la vida laboral y con ello la autoridad desconoce flagrantemente los informes de su neurocirujano tratante y actúa con una indolencia absoluta frente a su 46% de discapacidad física debidamente certificada.

Sostiene, que el actuar arbitrario e ilegal de la Superintendencia de Seguridad Social se torna aún más evidente al constatar una grave vulneración al principio de congruencia y de exhaustividad que debe regir a todo acto administrativo, ya que, según consta de manera fehaciente en su “Formulario de Reclamo Web MiPortal” de fecha 03/03/2026, bajo el Código FUI: 1339015, solicitó formalmente la revisión, revocación y pago de un bloque cronológico continuo compuesto por cuatro licencias médicas extendidas a consecuencia de su crítico estado de salud, a saber:

1. Licencia N° 112091635-8: Desde el 21/12/2024 al 19/01/2025 (30 días).

2. Licencia N° 113342456-K: Desde el 20/01/2025 al 20/03/2025 (60 días).

3. Licencia N° 115730708-4: Desde el 21/03/2025 al 19/04/2025 (30 días).

4. Licencia N° 117161723-1: Desde el 20/04/2025 al 18/07/2025 (90 días).

Indica que no obstante haber sometido a conocimiento de la autoridad la totalidad de ese periodo que totaliza 210 días de reposo médico justificado de forma continua, la resolución recurrida, reitera, incurre en una grave omisión formal al pronunciarse de manera restrictiva únicamente sobre las licencias médicas N°s 112091635-8 y 113342456-K. Agrega que la SUSESO no puede parcelar o silenciar los componentes de un reclamo integral; al hacerlo, su dictamen deviene en un acto nulo, ilegal y caprichoso.

Seguidamente aludió a las garantías constitucionales que estima vulneradas principiando por la del artículo 19 numerales 1 de la Constitución Política de la República, precisando que en cuanto a la dimensión de la “Integridad Física” y el riesgo de daño definitivo, al confirmar el rechazo de sus licencias médicas, la SUSESO le privó de forma arbitraria del reposo absoluto que sus médicos especialistas ordenaron de manera estricta para proteger su columna tras tres cirugías mayores, y con ese acto la autoridad administrativa la empujó y obligó a retornar a sus labores como asistente de reposición en el supermercado, generando un riesgo inminente de daño irreversible o parálisis definitiva, siendo las consecuencias de ese retorno forzado en julio de 2025 no hipotéticas, pues, el daño ya se consumó, añadiendo que reside en un segundo piso y los dolores provocados han destruido su diario vivir.

Agrega que, en cuanto a la dimensión de la Integridad Psíquica y el menoscabo al Mínimo Vital, dicha integridad fue fracturada de manera dolosa por el actuar de la recurrida, al ser sometida a una encrucijada inhumana, tener que decidir, bajo una presión económica irresistible, entre cuidar su salud para evitar quedar inválida o trabajar bajo dolor para poder comer y solventar sus gastos básicos.

Explica que el subsidio por incapacidad laboral representa el sustituto del salario y el único medio de subsistencia para un trabajador enfermo, por lo que, al negársele el pago de los meses de diciembre de 2024 a marzo de 2025, la SUSESO le arrastró a sufrir profundas miserias económicas, provocándole un cuadro de angustia, desesperación y menoscabo emocional permanente. Agrega que someter a una trabajadora de 64 años con un 46% de discapacidad física certificada, a la humillación de la indigencia económica y al desamparo institucional mientras se debate en un fracaso postquirúrgico, constituye un trato cruel y degradante que espera se subsane.

Arguye que no obsta a la procedencia de esta acción constitucional, ni justifica el dictamen de la SUSESO, el hecho que cuente con una declaración de incapacidad del 46% dictada con anterioridad en octubre de 2024, porque dicho dictamen configura una invalidez parcial, condición que legal y fácticamente le faculta y obliga a continuar desempeñando labores residuales para su propia subsistencia, por lo que las licencias médicas objeto de autos N°112091635-8, N°113342456-K, N°115730708-4 y N°117161723-1 extendidas por un total de 210 días a contar del 21 de diciembre de 2024, si bien son cronológicamente posteriores a dicha declaración de incapacidad, no pretenden subvencionar una cronicidad estática e inalterable, sino que se fundan estrictamente en la reagudización y empeoramiento clínico agudo de mi diagnóstico de Síndrome de Espalda Fallida y Radiculopatía L5. Añade que el carácter arbitrario de la resolución recurrida se evidencia al constatar el nexo causal entre el rechazo administrativo y el detrimento de su salud por el no pago de este periodo de reposo de diciembre de 2024 a julio de 2025, viéndose sumida en una absoluta asfixia y desprotección económica, lo que le coaccionó de forma irresistible a intentar un reintegro laboral forzado en julio de 2025 sin contar con una alta médica de curación, como acredita el Informe Médico de su Neurocirujano Tratante, Dr. nombre reservado, pues, su retorno a su puesto de trabajo fue motivado “estrictamente por razones económicas y no por una remisión total de la sintomatología”, provocando un fracaso clínico rotundo debido a las altas exigencias de su labor como auxiliar de reposición en el supermercado.

Expresa que el argumento de la recurrida relativo a la acumulación de más de 590 días de reposo bajo una “misma patología” resulta del todo desacertado, reduccionista y carente de rigor clínico y legal, porque la autoridad administrativa pretende agrupar de forma ciega todo su historial bajo una sola etiqueta diagnóstica, soslayando que ha sido sometida a tres operaciones mayores de columna consecutivas, pero clínica y legalmente, cada intervención quirúrgica se considera un acto médico independiente y un evento nuevo, sin importar si se realizan para corregir la misma patología, tal como dictaminan los criterios rectores de la autoridad sanitaria nacional contenidos en el documento de FONASA que acompaña, ya que, la normativa de dicho fondo público define cada entrada a pabellón (con anestesia) de manera explícita como un “acto médico-quirúrgico integral”.

Señala que ese errado y mecánico criterio administrativo adolece de una absoluta falta de perspectiva de vulnerabilidad, al omitir de forma flagrante que la suscrita es una adulta mayor de 64 años. Añade que la Superintendencia recurrida pretende evaluar su capacidad de retorno al trabajo bajo un estándar genérico y estandarizado, ignorando que los procesos de regeneración celular, cicatrización y recuperación neuromuscular de una persona mayor tras tres cirugías consecutivas de columna son sustancialmente más lentos y complejos que los de una persona joven, resultando un acto manifiestamente arbitrario que la autoridad administrativa pretenda extinguir su derecho a la protección de la seguridad social, pues como bien señala su facultativo especialista en el informe acompañado: “no es jurídicamente procedente rechazar licencias por "irrecuperabilidad" cuando el sistema médico aún estaba intentando la rehabilitación activa y la paciente mostró voluntad de trabajo”, ya que sostener lo contrario implicaría validar un desamparo institucional que claudica en su deber preferente de protección hacia un grupo de especial vulnerabilidad, privando a una trabajadora adulta mayor de su único sustento alimentario temporal mientras se agrava críticamente su salud, vulnerando de forma directa su derecho a la integridad física y la igualdad ante la ley.

Finalmente, y tras referirse a las garantías de los numerales 24 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política, termina solicitando declarar que la Resolución Exenta NºR-01-UME-59122-2026 es ilegal y arbitraria, ordenando a la recurrida dictar un pronunciamiento enmendatorio que disponga la inmediata autorización y el pago íntegro de la totalidad de las cuatro licencias médicas continuas reclamadas bajo el Código FUI 1339015, correspondientes a los N°s 112091635-8, 113342456-K, 115730708-4 y 117161723-1, que cubren el periodo del 21 de diciembre de 2024 al 18 de julio de 2025, por parte de la entidad pagadora que en derecho corresponda, ya sea la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana o el organismo de salud competente.

SEGUNDO: Que nombre reservado, presidenta de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de Antofagasta, señaló que la recurrente está afiliada al sistema previsional de Salud de FONDO NACIONAL DE SALUD –FONASA- y el detalle de las licencias médicas mencionadas en el presente recurso y que fueron tramitadas por esta COMPIN es el siguiente:

1.- Licencia N°3-112091635 desde el 21-12-2024 hasta el 19-01-2025 por 30 días, con diagnóstico G55.2 y estado rechazada.

2.- Licencia N°3-113342456 desde el 20-01-2025 hasta el 20-03-2025 por 60 días, con diagnóstico G55.2 y estado rechazada.

3.- Licencia N°3-115730708 desde el 21-03-2025 hasta el 19-04-2025 por 30 días, con diagnóstico G55.2 y estado rechazada.

4.- Licencia N°3-117161723 desde el 20-04-2025 hasta el 19-07-2025 por 90 días, con diagnóstico G55.2 y estado rechazada.

Precisa que las licencias médicas se emitieron por diagnóstico de índole traumatológica, específicamente por diagnóstico de “compresiones de las raíces y plexos nerviosos”.

Refiere que COMPIN, es un órgano técnico y fiscalizador cuya función es velar, según la ley, por el cumplimiento de normas médico legales, actuando como garante de la fe pública en la certificación de estados de salud, desarrollar prestaciones médico-administrativas para constatar, evaluar, la capacidad de trabajo o recuperabilidad de los estados patológicos permanentes o transitorios, avalado por Decreto Supremo N°3 de 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba el “Reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional”, y Decreto N°7, de fecha 26-02-2013, del Ministerio de Salud, “Reglamento sobre Guías Clínicas referenciales, relativa a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas.”

Explica que, en revisión de historial de tramitación de licencias médicas de la recurrente, esta presenta reposo médico entre los años 2011 al 2025, de manera discontinua por un total de 1.882 días, es decir, más de 5 años de licencias médicas, por diversas patologías, las que detalla.

Indica que según la revisión de la tramitación de las licencias por parte de contraloría médica todas son rechazadas en primera instancia por la causal “Sin causa médica que justifique el reposo; reposo prolongado para patología”. Añade que la recurrente realiza procesos de apelación adjuntando antecedentes médicos clínicos y tras la revisión de contraloría médica se mantiene el rechazo por La misma causal mencionada en el párrafo anterior; además contraloría médica refiere las siguientes conclusiones: “adjunta episodio clínico de enero de 2025, donde se describe procedimiento de foraminotomía de L4-L5 realizada en abril de 2024, se considera que el informe médico no menciona pronostico recuperabilidad ni fecha de reintegro laboral; asimismo, el informe kinésico de marzo de 2024 describe múltiples procedimientos quirúrgicos que no favorecen mejoría ni cambio significativos en la sintomatología”.

Expresa que del análisis de los informes médicos se concluye que la trabajadora cuenta con más de 500 días de reposos por la misma patología, evidenciándose el curso crónico de la enfermedad, la que no se modificaría con la indicación de reposos médico, por lo que el uso de la licencia ya no cumple un rol terapéutico.

Destaca que esa Comisión Médica ha efectuado las acciones descritas en el artículo 21 del Decreto Supremo N°3 de 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba el “Reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional”, en el que se señala que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”

Añade que ello por cuanto en el proceso de tramitación de las licencias médicas de la recurrente, Contraloría Médica de COMPIN solicitó antecedentes médicos a profesional tratante para reportar antecedentes médicos que respalden y justifiquen la continuidad del reposo más allá del ya autorizado por esta Comisión Médica, acción que se enmarca en las letras d) y e) del art. 21 del D.S N°3 de 1984, agregando que la recurrente interpuso recursos de reclamación ante la Superintendencia de Seguridad Social en contra de los rechazos pronunciados por esta COMPIN respecto de sus licencias médicas y de esa forma se recibieron las siguientes Resoluciones desde SUSESO:

a) Resolución exenta N°R-01-UME-135785-2025 de fecha 01.10.2025.

b) Resolución exenta N°R-01-DC-177904-2025 de fecha 22.12.2025.

c) Resolución exenta N°R-01-UME-59122-2026 de fecha 28.04.2026.

Hace presente que la Superintendencia de Seguridad Social confirma lo resuelto por esa Comisión médica, en relación con el rechazo de las licencias Folios N°3-112091635 y N°3-113342456.

Seguidamente aludió a la normativa aplicable señalando que la recurrida da estricto cumplimiento a los plazos establecidos para la tramitación de las licencias, contemplado en el Reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN e instituciones de salud previsional, ISAPRES, aprobado por el Decreto Supremo Nº3 de 1984 del Ministerio de Salud, reproduciendo su artículo 1 e indicando que de dicha disposición se desprende que la licencia es un derecho al reposo con fines terapéuticos, del cual goza un trabajador dependiente o independiente de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un periodo de tiempo en cumplimiento de una indicación otorgada por un médico, dentista o una matrona; derecho que acredita que un trabajador está temporalmente incapacitado para trabajar e indica una cantidad de días de reposo total o parcial, es decir por un tiempo determinado, por lo que es de la naturaleza de la licencia médica la recuperabilidad del trabajador, por consiguiente, la finalidad de esta es su reinserción laboral, en este sentido, su continuada prórroga no hace más que degenerar su finalidad y desvirtuar la misma.

Finalmente, indicó que la Circular N°3751 de la Superintendencia de Seguridad Social de fecha 27.06.2023, y que dejó sin efecto la Circular N°2434 de fecha 04.02.2008, imparte instrucciones sobre la procedencia y requisitos que deben cumplir los recursos de reposición interpuestos por personas naturales y jurídicas ante las COMPIN, SUBCOMISIONES y UNIDADES DE LICENCIAS MÉDICAS y respecto de la Reclamación en general interpuesta ante la Superintendencia de Seguridad Social, en su calidad de Organismo Técnico de control, establece que: “Las personas o instituciones a quienes afecte la resolución dictada por COMPIN, ya sea que se trate de trabajadores afiliados a FONASA o ISAPRE, recaída sobre una licencia médica, podrán recurrir de reposición ante la misma entidad que la dictó, acompañando los nuevos antecedentes en que funde su petición”. Agrega que dicha circular especifica el plazo para interponer los recursos y los medios digitales disponibles.

TERCERO: Que Roberto Barraza Saavedra, abogado, en representación de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, alegó la improcedencia del recurso y en subsidio informó sobre el fondo, pidiendo el rechazo de la presente acción constitucional, con costas.

Refiere que la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al Sistema de Seguridad Social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos, y por ello pide declarar su improcedencia.

En subsidio, informa en cuanto al fondo del asunto que motiva la acción constitucional de autos, señalando que en el expediente administrativo que se acompaña a su informe consta que la Sra. nombre reservado recurrió ante esa Superintendencia, por presentación de 3 de marzo de 2026, reclamando porque la COMPIN Región de Antofagasta, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s112091635-8 y 113342456-K extendidas por un total de 90 días a contar del 21 de diciembre de 2024, por reposo no justificado, y por ello su parte estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 112091635-8, 113342456-K, no se encontraba justificado, conclusión que se basa en que el tiempo de reposo autorizado, el que supera los 590 días por la misma patología y los antecedentes médicos evaluados, concuerdan en que la afección que la afiliada presenta, es de curso crónico, la que por tiempo transcurrido y su persistencia a pesar del tratamiento, le produce algún grado de incapacidad no modificable con el reposo, razón por la cual no corresponde acoger nuevas licencias médicas, pues el reposo ya no contribuye a la recuperación ni se orienta el reintegro laboral de la paciente.

Añade que para hacer uso de licencia médica es necesario que el trabajador esté impedido de trabajar por razones de salud de forma temporal, existiendo la posibilidad real y cierta de que recuperará la capacidad de trabajo y quedará en condiciones de reincorporarse a la vida laboral, es decir, que, no corresponde autorizar licencias médicas en que la mantención del reposo no tendrá como efecto la recuperación de capacidad de trabajo y reincorporación a la vida laboral, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N°R-01-UME-59122-2026, de fecha 28 de abril de 2026.

Destaca que, en atención a los antecedentes médicos y administrativos aportados al expediente de la recurrente, los facultativos de este Organismo informaron: “DR. nombre reservado. FICHA MÉDICA (…) FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN: MUJER DE 62 AÑOS, EXTENSO HISTORIAL DE LICENCIAS MEDICAS, MÁS DE 590 DIAS AUTORIZADOS CON DG DE HNP LUMBAR, RECLAMA 60 DIAS A CONTAR DEL 21/12/2024 POR EL MISMO DG; INFORMES INDICAN IRRECUPERABILIDAD Y NO ACREDITA NINGUNA MEDIDA ORIENTADA AL REINTEGRO; REPOSO NO JUSTIFICADO, IRRECUPERABLE”.

Indica que hay que esclarecer cual es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección, pues, en nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad y tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, ella puede ser permanente o transitoria, y para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N°3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones, mientras que en el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS). Añade que respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado Licencia Médica, regulado en el citado D.F.L. Nº1, del año 2005, y en el D.S. Nº3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

Enfatiza que, en estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo. Agrega que el derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N°18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto; asimismo, aludió al artículo 156 del mencionado D.F.L. y al artículo 1º del Decreto Supremo Nº3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas.

Afirma que la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral y sin perjuicio de las facultades que establece el artículo 21º del Decreto Supremo Nº3, de 1984, del Ministerio de Salud, los profesionales médicos de esa Superintendencia analizaron los elementos del caso en concreto, concluyendo que estos por si solos son más que suficientes para formarse una convicción médica, sin ser indispensable para su decisión la solicitud nuevos informes médicos, por lo que la actuación de esa Superintendencia, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

Expresa que a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, según el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Añade que el artículo 3º de la Ley N° 16.395, que regula su funcionamiento orgánico, dispone que “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia” y el inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones”, mientras que el artículo 27 de la Ley Nº16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Hace presente que la pretensión de la recurrente, para que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 y en el caso de la recurrente claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de esa Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

Asevera que no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencia, tampoco ha existido, en la especie, vulneración o amenaza al derecho a la vida e integridad física y psíquica, ni menos se ha infringido o vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocidos a todas las personas en el artículo 19 N°s 1 y 24 de la Constitución Política de la República, como tampoco ningún otro derecho garantizado por la referida Carta Fundamental y a mayor abundamiento, el solo otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso, pues, según el D.S. Nº3, de 1984 y DFL. Nº44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los requisitos que refiere.

Termina solicitando que la acción constitucional sea desestimada en todas sus partes con costas.

Finalmente, complementó su informe e indicó que el Folio N°1339015, fue resuelto por Resolución Exenta N°R-01-UME-59122-2026, cuya copia y expediente fue acompañado a autos en conjunto con el informe evacuado por su parte, con fecha 30 de junio del presente año.

Indica que respecto a las licencias médicas N°s 115730708-4 y N°117161723-1, esa Superintendencia no emitió pronunciamiento, porque según al estudio del expediente administrativo de la recurrente, no se adjuntó copia de las resoluciones de la COMPIN por la que se mantiene el rechazo de las licencias médicas en comento. Añade que toda persona trabajadora, afiliada a FONASA, que es objeto del rechazo o reducción de una licencia médica debe interponer ante la misma entidad un recurso de reposición, con antecedentes fundantes, y sólo si dicha entidad mantiene la resolución de rechazo o reducción podrá apelar ante la Superintendencia de Seguridad Social, acompañando dicha resolución y los antecedentes clínicos respectivos.

Destaca que la Superintendencia de Seguridad Social, en el marco del derecho a licencia médica, solo actúa como instancia subsidiaria de reclamación, respecto de su rechazo o modificación por parte de la COMPIN o ISAPRE, según el artículo 2° letra c) de la Ley N°16.395, lo que acredita que la Sra. nombre reservado, al momento de ingresar su reclamo ante la Superintendencia no había agotado la vía administrativa dispuesta al efecto.

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, en relación con la alegación sobre la improcedencia del recurso, formulada por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, porque en su concepto la presente acción constitucional versa sobre un derecho perteneciente al sistema de Seguridad Social, contenido en el artículo 19 N°18 de la Constitución Política, cabe rechazar dicha aseveración, puesto que se desprende del mérito de la acción constitucional impetrada, que en ella se esgrimen como garantías eventualmente infringidas aquellas contenidas en los numerales 1, 2, y 24 de la Carta Fundamental, las cuales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, están comprendidas en la acción constitucional de protección en comento.

SÉPTIMO: Que, debe tenerse presente que el otorgamiento de licencia médica está regulado por el Decreto Fuerza de Ley N°3 de 1981 del Ministerio de Salud, que “fija Normas para el Otorgamiento de Prestaciones y Beneficios de Salud, por Instituciones de Salud Previsional”; por el Decreto Supremo N°3 del mismo Ministerio que “aprueba Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Compin e Instituciones de Salud”. En este último, se define a la licencia médica como: “el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda.”

A su turno, el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, indica: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Asimismo, la Ley N°16.395, modificada por la Ley N°20.691, señala en su artículo segundo, entre las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social: “c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia” y en su artículo tercero del mismo cuerpo legal, dispone : “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.

La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones”.

OCTAVO: Que la recurrente sostiene la arbitrariedad de la Resolución Exenta N°R-01-UME-59122-2026 de fecha 28 de abril de 2026, porque la SUSESO asumió que la concurrencia de un tiempo prolongado de reposo, extingue el derecho de percibir subsidios por incapacidad laboral, destacando asimismo, que su reclamo versó sobre el rechazo de cuatro licencias médicas, pero la recurrida solo se pronunció de manera restrictiva sobre las licencias N°1122091635-8 y N°113342456-K omitiendo pronunciarse sobre el rechazo de las licencias médicas N°115730708-4 y N°117161723, lo que vulnera el debido proceso administrativo.

NOVENO: Que de los antecedentes que obran en autos, se advierte que la actora, con fecha 3 de marzo de 2026, mediante Código FUI: 1339015 ingresó reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social, por cuatro licencias médicas continuas que le fueron rechazadas, a saber: N°112091635-8; N°113342456-K; N°115730708-4 y N°117161723-1.

Asimismo, se observa que en la parte considerativa de la Resolución Exenta N°R-01-UME-59122-2026 de 26 de abril de 2026, se indicó sic: ”Que, ha recurrido con fecha 03 de marzo de 2026 a esta Superintendencia doña nombre reservado, RUN RUT reservado, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 112091635-8, 113342456-K, extendidas por un total de 90 días a contar del 21 de diciembre de 2024, por reposo no justificado”, lo que a todas luces es inexacto, por cuanto como se dijo, el reclamo de la actora contempló las cuatro licencias médicas rechazadas.

DÉCIMO: Que, la omisión de pronunciamiento en relación con el reclamo respecto de las licencias N°115730708-4 y N°117161723-1 constituye un acto arbitrario al carecer de la debida razonabilidad, no resultando lógico, que la autoridad administrativa emitiera su pronunciamiento de forma parcializada, lo que refleja, además, un estudio incompleto de todos los antecedentes, más aún cuando en el reclamo se especificaron las cuatro licencias médicas rechazadas.

La arbitrariedad también se grafica con la incongruencia que fluye de los antecedentes allegados por COMPIN, por cuanto en ellos se advierte que la recurrida SUSESO emitió tres Resoluciones Exentas respecto de las mismas licencias médicas, a saber, la Resolución Exenta N°R-01-UME-135785-2025 de 1 de octubre de 2025; N°R-01-DC-177904-2025 de 22 de diciembre de 2025; y N°R-01-UME-59122-2026 de 28 de abril de 2026, únicamente referidas, como se dijo, a las licencias médicas rechazadas N°112091635-8 y N°113342456-K.

En este sentido, lo señalado por la Superintendencia de Seguridad Social en su informe complementario, no resulta atendible, pues, la actora en su reclamo ingresado ante la SUSESO bajo el Código FUI: 1339015, como se dijo, aludió al rechazo de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez respecto de cuatro licencias médicas, por lo que si la autoridad recurrida mentada requería - para emitir pronunciamiento - las copias de las resoluciones de la COMPIN por las que se mantiene el rechazo de las licencias médicas de la actora, pudo requerir dichos antecedentes directamente a la COMPIN, o bien, conferir un plazo prudente a la actora, para que ésta acompañara las copias de las resoluciones requeridas, a la luz de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 19.880.

UNDÉCIMO: Que, por las razones indicadas se acogerá el recurso de protección, en la forma que se dirá en la parte resolutiva.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) solo en cuanto la mentada recurrida deberá pronunciarse, dentro de treinta días corridos desde la dictación de esta sentencia, sobre el reclamo presentado por la actora relativo al rechazo de sus licencias médicas N°115730708-4 y N°117161723-1, debiendo, para tal efecto, requerir directamente a la COMPIN las copias de las resoluciones pertinentes y conferir, en su caso, un plazo prudente a la actora para que ésta allegue los antecedentes requeridos por la autoridad recurrida.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1307-2026 (Protección)