nombre reservado con JUZGADO GARANTIA

Dpp/ Antofagasta, veintisiete de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Que, comparece don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado. Las Parinas, Antofagasta, quien interpone acción de protección en contra del Juzgado de Garantía de Antofagasta y del Servicio de Registro Civil e Identificación, por el acto arbitrario e ilegal consistente en no omitir la anotación penal por violencia intrafamiliar en el Registro Civil y certificado de antecedentes, solicitando se disponga la eliminación de la anotación prontuarial en cuestión.

Informaron las recurridas al tenor del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente señala que la causa RIT N°5449-2013 no ha sido eliminada, no obstante estar haciendo el trámite desde el año 2019.

Refiere que su abogado defensor hizo petición de eliminación, pero no ha sido efectuada, además que también hizo el trámite en el Servicio de Registro Civil y tampoco ha recibido respuesta.

Menciona que hace pocos días ingresó a la página virtual del Registro Civil y lo tienen bloqueado, no pudiendo sacar documento de antecedentes.

Indica sentirse vulnerado y discriminado por el sistema ya que fue condenado sin tener un juicio, no fue notificado en dicha causa, su hermano no se presentó a las audiencias y aun así fue condenado y sus antecedentes están sin corregir, lo que lo perjudica ya que le impide encontrar trabajo. Agrega que es padre soltero, jamás ha estado privado de libertad y ha hecho todo lo que está a su alcance para que le eliminen los antecedentes.

Finalmente, dice que lo último que le queda es ir directamente a Santiago a la Corte Suprema, ya que en Antofagasta desde el año 2019 no le dan solución.

Solicita se elimine prontamente una anotación por violencia intrafamiliar que no debería tener ni existir ya que cumplió con todo lo que el sistema solicitó para eliminar dicha anotación en el Registro Civil y en el certificado de antecedentes.

SEGUNDO: Que informa la juez titular del Juzgado de Garantía de Antofagasta, Marisol Melgarejo Altura, quien a modo de contexto señala que en causa RIT 5449-2013 del Juzgado de Garantía de Antofagasta, con fecha 30 de abril de 2013, se dictó sentencia condenatoria en contra de nombre reservado por el delito de lesiones y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, a dos penas de 61 días de presidio menor en su grado mínimo accesorias del artículo 9 letra a y b de la ley N°20.066 y accesorias legales, otorgándosele la pena sustitutiva de remisión condicional por el término de un año, sin costas.

Destaca que en la misma sentencia se reconoce que concurre atenuante del 11 N°6 del Código Penal.

Refiere que luego, con fecha 10 de diciembre de 2019 se tuvo por cumplida la pena y finalmente el 10 de junio de 2025 la defensa del condenado acompañó extracto de su representado y pidió expresa aplicación del artículo 38 de la Ley N°18.216, a lo que el tribunal accedió, ordenando que se oficiara al Registro Civil comunicando lo resuelto. Lo anterior, se mandató teniendo especial consideración que el sentenciado gozaba de irreprochable conducta anterior por tanto le resultaba aplicable el reconocimiento de la citada norma.

Sostiene que el tribunal no ha vulnerado los derechos del sentenciado porque accedió a lo solicitado por su defensor, que, con anterioridad, no lo había pedido conforme se advierte de la causa.

TERCERO: Que informó nombre reservado, nombre reservado del Servicio de Registro Civil e Identificación, al tenor del recurso.

En cuanto a los antecedentes del recurrente, registra las siguientes anotaciones penales:

1.- Causa RIT N°5.449-2013; RUC N°1.300.428.793-7 del Juzgado de Garantía de Antofagasta como autor de lesiones y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, previstos y sancionados en los artículos 399 y 296 N°3 del Código Penal en grado consumado. Por sentencia de fecha 30 de abril de 2013, es condenado a 61 días de presidio menor en su grado mínimo, más las accesorias de las letras a y b del artículo 9 de la Ley N°20.066 por los dos delitos, pena según resolución de fecha 10 de diciembre de 2019, del Juzgado de Garantía de Antofagasta, informa que, con fecha 06 de diciembre de 2019, se dio cumplimiento a las dos penas, mediante pena sustitutiva de remisión condicional. Habiendo transcurrido el periodo de las dos sanciones accesorias contempladas en las letras a y b de la Ley N°20.066, téngase por cumplidas las penas impuestas.

Causa con beneficio de omisión para todo tipo de certificado de antecedentes penales de acuerdo al artículo 38 de la Ley N°18.216.

2.- Causa RIT N°765-2012 RUC N°1.201.159.115-7 del Juzgado de Garantía de Licantén, autor de la falta contemplada en el artículo 495 N°21 del Código Penal, el delito de lesiones menos graves, el delito de amenazas simples contra personas y propiedades, el delito de violación de morada y el delito de daños simples, todos estos en grado de desarrollo consumado. Por el delito de lesiones menos graves, violación de morada y amenazas. Por sentencia de fecha 03 de junio de 2014 es condenado a la pena única de 100 días de presidio menor en su grado mínimo.

Pena remitida y a la accesoria establecida en el artículo noveno letra b) y c) de la Ley N°20.066.

Pena Cumplida. Penas accesorias del artículo 9 letra b) y c) de la Ley N°20.066 se cumplió satisfactoriamente.

Causa con beneficio de omisión para certificado de antecedentes penales para Fines Especiales y Fines particulares de acuerdo al artículo 21 de la Ley N°19.628.

3.- Causa RIT N°6.646-2019 RUC N°1.800.721.653-6 del Juzgado de Garantía de Antofagasta como autor de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar consumado. Por sentencia de fecha 14 de octubre de 2019 es condenado a 61 días de presidio menor en su grado mínimo. Reclusión parcial nocturna domiciliaria.

Pena cumplida. Accesoria de violencia intrafamiliar artículo 9 letra b) por el término de dos años.

Causa con beneficio de omisión para certificado de antecedentes penales para Fines Especiales y Fines particulares de acuerdo al artículo 21 de la Ley N°19.628.

Luego indica el Servicio que se pudo determinar que en el Catastro de órdenes de Aprehensiones o Contra Órdenes de Detención el recurrente no registra órdenes de detenciones y/o aprehensiones vigentes y no registra anotaciones en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.

Por otra parte, menciona que el recurrente registra solicitud de evaluación de beneficios N°541 del año 2018, en la oficina de Antofagasta del Servicio de Registro Civil e Identificación, la que fue respondida en los siguientes términos mediante Carta F. P. ORD N°80.628 de 26 de diciembre de 2018:

“En causa 5449-2013 del Juzgado de Garantía de Antofagasta.- Usted ya cuenta con beneficio de omisión en todo tipo de certificados, de acuerdo al artículo 38 inciso 2ro de la Ley 18.216, sobre Pena Sustitutivas a las Penas Privativas o Restrictivas de Libertad.

En causa 765-2012 del Juzgado de Letras y Garantía de Licantén.- Se otorgó beneficio de omisión de antecedentes penales en certificados para fines particulares y para fines especiales, en virtud del artículo 21 de la Ley 29.628 sobre Protección de la Vida Privada.

Por tratarse de materias de Violencia Intrafamiliar y para que se analicen sus antecedentes, deberá presentar una nueva solicitud, dirigida a Registros Especiales de este Servicio”.

Posteriormente, en relación al marco legal, se refiere a la Ley N°20.603 que modifica la Ley N°18.216, citando el artículo 38 incisos 3 y 4, que dispone que:

“El cumplimiento satisfactorio de las penas sustitutivas que prevé el artículo 1° de esta ley por personas que no hubieren sido condenadas anteriormente por crimen o simple delito, en los términos que señala el inciso primero, tendrá mérito suficiente para la eliminación definitiva, para todos los efectos legales y administrativos, de tales antecedentes prontuariales. El tribunal que declare cumplida la respectiva pena sustitutiva deberá oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación, el que practicará la eliminación.

Exceptúanse de las normas de los incisos anteriores los certificados que se otorguen para el ingreso a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y a Gendarmería de Chile, y los que se requieran para su agregación a un proceso criminal.”

Indica que si bien el artículo 29 inciso 2°, tal como repite el artículo 38 de la Ley N°18.216, contempla en su texto el concepto de eliminación definitiva, éste debe entenderse referido siempre al beneficio de omisión de antecedentes penales porque el inciso final de ambos artículos mantiene la obligaciones para el Servicio de informar la anotación penal tratándose de los certificados que se requieran para su agregación a un proceso criminal, documento que sería el Extracto de Filiación y Antecedentes Penales, por lo tanto, si se eliminara una vez cumplida la pena sustitutiva sería imposible dar cumplimiento a esta obligación, además que pretender lo contrario implicaría que cada vez que una persona cumple su condena procedería de inmediato la eliminación de la causa de su prontuario, norma que vulneraría el Decreto Supremo N°64 de 1960 en su artículo 8 y 9, que establece las causales de eliminación de anotación prontuarial, así como todo mecanismo regulado en el Decreto Ley 409 de 1932 del Ministerio de Justicia. Agrega que esta interpretación fue recogida y sustentada por el Dictamen N°64.821 de 2009 de la Contraloría General de la República y luego hace presente fallo de la Excma. Corte Suprema en causa Rol N°36.689-2017.

En lo relativo al marco normativo del Registro Especial de Condenas por Actos de Violencia Intrafamiliar, menciona el artículo 4 de la Ley N°19.477, Ley N°20.066 sobre Violencia Intrafamiliar en sus artículos 12 y 13 y Ley N°18.216 en su artículo 38, haciendo presente respecto de esta última norma que por tratarse de una norma especial no se puede aplicar por analogía las normas de eliminación de antecedentes que son utilizadas regularmente para dejar sin efecto asientos registrales presentes en el Registro General de Condenas.

Ahora bien, en relación con la solicitud del recurrente, sostiene que la condena por violencia intrafamiliar en causa RIT N°5449-2013 fue omitida del Registro General de Condenas, mientras que en el Registro Especial de Actos de violencia intrafamiliar la omisión tuvo lugar el 07 de julio de 2025, por lo que fue omitida de los siguientes certificados: Certificados de Hoja de vida de conductor, certificado de antecedentes requeridos para postular a la administración pública, certificado de antecedentes para fines particulares y certificado de antecedentes para fines especiales.

No obstante, la anotación no puede ser eliminada completamente y va a subsistir en los siguientes documentos: Extracto de Filiación de Antecedentes Penales, Certificado de Antecedentes del Conductor y Certificados requeridos para el ingreso a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, a Gendarmería de Chile y a aquellos que deban ser incorporados a un proceso penal.

Alude que las anotaciones que registra el recurrente sólo podrán ser eliminadas de su prontuario penal a través de los beneficios del Decreto Ley 409 de 1932, concurriendo para ello a Gendarmería de Chile más cercana a su domicilio para someterse a control voluntario de firmas por el término de 5 años, debido a que registra en su prontuario penal más de una anotación.

Finalmente, agrega que el actor puede obtener un certificado libre de anotaciones penales para fines laborales, sosteniendo que no ha incurrido en discriminación al aplicar las normas.

CUARTO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que, el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, conforme las alegaciones formuladas en la presente acción cautelar, el recurrente de protección pretende que se haga efectiva la omisión de su condena por violencia intrafamiliar en causa RIT 5449-2013 en el “Registro Civil y certificado de antecedentes”.

SÉPTIMO: Que, previo a entrar al fondo del asunto, es conveniente reseñar el marco normativo aplicable en la materia.

El artículo 38 de la Ley N°18.216 establece que: “La imposición por sentencia ejecutoriada de alguna de las penas sustitutivas establecidas en esta ley a quienes no hubieren sido condenados anteriormente por crimen o simple delito tendrá mérito suficiente para la omisión, en los certificados de antecedentes, de las anotaciones a que diere origen la sentencia condenatoria. El tribunal competente deberá oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación al efecto.

Para los efectos previstos en el inciso precedente no se considerarán las condenas por crimen o simple delito cumplidas, respectivamente, diez o cinco años antes de la comisión del nuevo ilícito.

El cumplimiento satisfactorio de las penas sustitutivas que prevé el artículo 1° de esta ley por personas que no hubieren sido condenadas anteriormente por crimen o simple delito, en los términos que señala el inciso primero, tendrá mérito suficiente para la eliminación definitiva, para todos los efectos legales y administrativos, de tales antecedentes prontuariales. El tribunal que declare cumplida la respectiva pena sustitutiva deberá oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación, el que practicará la eliminación (…)”.

A su turno, el Decreto Supremo N°64 de 1960 del Ministerio de Justicia, que reglamenta la eliminación de prontuarios penales, de anotaciones, y el otorgamiento de certificados de antecedentes, dispone en su artículo 8 –en lo pertinente- lo siguiente:

“Se eliminará una anotación prontuarial: (…) g) Cuando se trate de personas sancionadas por cuasidelito, simple delito o crimen, con multa o con pena corporal o no corporal hasta de tres años de duración y hayan transcurrido diez años, a lo menos, desde el cumplimiento de la condena en los casos de crimen, y cinco años o más, en los casos restantes”.

El inciso 3° agrega que: “En todos los casos relacionados con las letras f), g) y h) se otorgará el beneficio por resolución fundada, sólo a aquellas personas que acrediten irreprochable conducta anterior, mediante los antecedentes que el Director exija, y siempre que la anotación de que se trate sea la única que exista en el prontuario del interesado”.

A su vez, el artículo 10 del referido cuerpo legal consigna que: “La eliminación de anotaciones prontuariales y de prontuarios se hará a petición de parte. Sin embargo, si los Tribunales o autoridades pertinentes no hubieren transcrito al Servicio las resoluciones correspondientes, o por cualquiera otra causa no dispusiere de los antecedentes necesarios para efectuar la eliminación, el interesado podrá requerirla, acompañando los certificados que la justifiquen, por medio de una solicitud dirigida al Director y presentada en el Gabinete local del lugar de su domicilio”.

Seguidamente, también es atingente citar lo previsto en el Decreto Ley N°409 de 1932 del Ministerio de Justicia, cuyo artículo 1° dispone: “Toda persona que haya sufrido cualquier clase de condena y reúna las condiciones que señala esta ley, tendrá derecho después de dos años de haber cumplido su pena, si es primera condena, y de cinco años, si ha sido condenado dos o más veces, a que por decreto supremo, de carácter confidencial, se le considere como si nunca hubiere delinquido para todos los efectos legales y administrativos y se le indulten todas las penas accesorias a que estuviere condenado.”

OCTAVO: Que, al tenor de las disposiciones analizadas, la adecuada resolución del presente arbitrio exige distinguir entre la omisión y la eliminación de antecedentes penales, tal como lo ha señalado la Excelentísima Corte Suprema en sentencia de 19 de mayo de 2020, en causa Rol N°37.573-2019, la que en su considerando quinto, ha establecido que: “la omisión de antecedentes no conlleva la destrucción permanente de las anotaciones prontuariales o del prontuario, sino que opera exclusivamente al momento de solicitar el interesado un certificado de antecedentes penales, y permite que el documento no contenga una o más anotaciones prontuariales, las que seguirán existiendo en el prontuario penal. Por su parte, la eliminación de antecedentes no es definida en el Decreto Supremo N°64, sino que en el artículo 2 letra h) de la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada de las Personas, como “la destrucción de los datos almacenados en registros o bancos de datos, cualquiera fuere el procedimiento empleado para ello”. En este sentido, ya sea que la eliminación se refiera a una anotación judicial o a la destrucción íntegra del prontuario, es patente que la acción de eliminar o destruir tiene efectos permanentes en los antecedentes de la persona, puesto que ellos desaparecen”.

Es preciso subrayar que el Decreto Supremo N°64 emplea indistintamente los términos “destruir”, eliminar” o “borrar”, por lo que debe entenderse que su significado y efectos son equivalentes. Asimismo, se debe distinguir entre el prontuario penal y el certificado de antecedentes, tal como razonó el máximo Tribunal en la causa Rol N°31.861-2019 al señalar que: “(…) el prontuario penal es un documento público que da fe de la identidad de una persona y de sus anotaciones judiciales, mientras que el certificado de antecedentes es un instrumento público que acredita si una persona determinada registra anotaciones judiciales en su prontuario (art. 11 D.S. N°64). El legislador distingue entre cuatro tipos de certificados de antecedentes: a) Certificado de antecedentes para conducir vehículos motorizados; b) Certificado de antecedentes para ingresar a la Administración Pública, Municipal, Semifiscal, Instituciones de Administración Autónoma, Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones y Servicios de Prisiones; c) Certificado de antecedentes para fines particulares; y d) Certificado de antecedentes para fines especiales (art. 12 D.S. N°64). Este último certificado deberá contener copia íntegra del prontuario penal del solicitante y se otorgará en el evento que leyes especiales o reglamentos exijan que el postulante a algún beneficio que ellos contemplen deba acreditar su conducta anterior (art. 12 letra d) D.S. N° 64).”

NOVENO: Que, atendidas las consideraciones precedentes, no es posible soslayar que el régimen establecido en el artículo 38 de la Ley N°18.216 es especial, al resultar procedente sólo respecto de aquellas personas que han sido sometidas a penas sustitutivas, siendo autónomo frente al sistema general de omisión y eliminación de antecedentes, contenido en el Decreto Ley N°409 y en el Decreto Supremo N°64.

En consecuencia, tanto la omisión como la eliminación definitiva de los antecedentes prontuariales establecida en los incisos 1º y 3° del artículo 38 de la Ley N°18.216, al ser especial y autónoma respecto de la reglamentación contenida en el Decreto Ley 409 y en el Decreto Supremo N°64, no lleva consigo necesariamente la destrucción del prontuario, por lo que la regla contenida en el inciso final del mismo precepto legal sigue teniendo plena aplicación para los casos allí consignados, rigiéndose por los artículos 9 y 10 del Decreto Supremo N°64 de 1960. Sin embargo, el Servicio de Registro Civil e Identificación está obligado a dar cumplimiento a la orden de omisión y/o eliminación de antecedentes penales que los Tribunales con competencia penal le impartan, conforme a la primera de las normas citadas.

DÉCIMO: Que, revisados, entonces, lo antecedentes de estos autos, se coligen los siguientes hechos:

1.- En causa RIT N°5449-2013, RUC N°1.300.428.793-7, del Juzgado de Garantía de Antofagasta, el recurrente fue condenado por el delito de lesiones y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, mediante sentencia de fecha 30 de abril de 2013.

2.- En causa RIT N°765-2012, RUC N°1.201.169.115-7, del Juzgado de Garantía de Licantén, el actor fue condenado por el delito de lesiones menos graves, amenazas simples contra personas y propiedades, violación de morada y daños simples, mediante sentencia de 03 de junio de 2014.

3.- En causa RIT N°6.646-2019, RUC N°1.800.721.653-6 del Juzgado de Garantía de Antofagasta, el actor fue condenado por el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, mediante sentencia de 14 de octubre de 2019.

4.- El Servicio recurrido refiere que en las tres anotaciones las penas se encuentran cumplidas.

5.- Respecto de la anotación penal objeto del presente recurso, correspondiente a la causa RIT N°5449-2013, el Servicio señaló que se encuentra omitida del Registro Especial de Actos de Violencia Intrafamiliar, del Registro General de Condenas y de los siguientes certificados: certificado de hoja de vida del conductor y certificados de ingreso a la Administración Pública, como así también en los certificados de antecedentes para fines particulares o especiales, sin perjuicio de seguir figurando en su prontuario penal (extracto de filiación).

UNDÉCIMO: Que, de conformidad a lo asentado precedentemente, no se advierte el proceder ilegal o arbitrario por parte de las recurridas, tanto porque el Juzgado de Garantía accedió a dar aplicación al artículo 38 de la Ley N°18.216, oficiando al Servicio de Registro Civil para dicho efecto, y porque el Servicio recurrido ya dispuso la omisión de la anotación penal del actor de los certificados de antecedentes que se expidan, la que no pueden ser eliminada del prontuario penal, conforme se ha razonado en esta sentencia.

DUODÉCIMO: Que, en consecuencia, atendido lo razonado en los motivos anteriores, el presente recurso de protección será rechazado, según como se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra del Juzgado de Garantía de Antofagasta y del Servicio de Registro Civil e Identificación Regístrese y comuníquese.

Rol 1306– 2025 (Protección)