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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 1306-20236 jun 2023

nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES

Fecha
6 de junio de 2023
Corte
Corte de Apelaciones de Antofagasta
Sala
Segunda
Resultado
Acogida
Cita
Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rol N° 1306-2023, sentencia de 6 de junio de 2023

Resumen

Se acoge el recurso de protección y se ordena a las recurridas devolver los dineros descontados de las remuneraciones del recurrente, al no acreditar el cese de los descuentos ni la restitución anunciada.

Texto íntegro

Antofagasta, a seis de junio de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana; y, en contra Empresa Minera Pacoll Ingeniería Y Compañía Limitada, con domicilio en domicilio reservado, a fin de adoptar las medidas tendientes a cautelar el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 Nº 3 y 24, y artículo 20 de la Constitución Política de la República, solicitando se ordene a las recurridas el reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas, con los reajustes e intereses que correspondan, y se abstenga de realizar descuentos en sus remuneraciones, con costas.

Informó la recurrida solicitando el rechazo de la acción.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda su recurso señalando que, el 3 abril del año 2017 solicitó un crédito a la Caja De Compensación De Asignación Familiar Los Andes, por la suma de $ 2.663.762.- pago que se pactó en 50 cuotas mensuales, cuyo primer vencimiento correspondía al 5 de julio del 2017, y la última el en julio 2021. Señala que pago de las cuotas N°1 a la N°12 entre las fechas del 5 julio del 2017 al 10 de julio del 2019 y, la cuota N°13 fue pagada el 10 abril del 2023. Respecto de las demás cuotas, se encuentran en procedimiento de cobranza judicial.

Luego, en diciembre del año 2017 solicitó un nuevo crédito, el que fue otorgado por la suma de $3.170.888, pago que se pactó en 56 cuotas mensuales. Señala que las cuotas del mes de marzo a mayo de 2019, correspondientes a las cuotas N°1 a la N°3, se pagaron durante el periodo de 10 de mayo al 10 de julio de 2019 y la cuota N°4 del mes de junio 2018 se pagó con fecha 10 de abril de 2023. Respecto de las cuotas N°5 a la N°56 del mes de julio del 2018 a octubre del 2022, se encuentran en procedimiento de cobranza judicial.

Afirma que la recurrida, ha ejercido dos acciones tendientes a cobrar los créditos, lo que consta en causas ROL C-2720-2018 y C-2721-2018 del 2° Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta, ambas interpuestas en el año 2018; sin embargo, ambas en causas el tribunal no dio curso a la tramitación de la causa y se archivaron con fecha 04 y 10 de octubre del 2018, respectivamente. Deudas que a juicio del recurrente, se encontrarían prescritas de acuerdo al artículo 98 en relación al artículo 107 de la ley 18.092.

Agrega que la recurrida después de transcurrido más de 5 años desde la celebración del crédito en el año 2017, comenzó a realizar descuentos en su remuneración en el mes de febrero y marzo del 2023; actuando de manera caprichosa y arbitraria al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la ley N° 18.833 concede a las cajas de compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales, que en la especie, tal beneficio resulta improcedente; considerando el extenso lapso transcurrido entre el año 2017 al 2023, sin que se hubieren llevado a cabo por la acreedora acciones efectivas tendientes a cobrar el crédito.

Señala que, con fecha 22 de noviembre del año 2022, informó a su empleador Empresa Minera Pacoll Ingenieria Y Cia. Ltda, la situación en que se encontraba con la recurrida; solicitando no realizar descuentos por planilla ya que estos serían arbitrarios e ilegales y vulnerarían sus derechos a la propiedad como lo es su sueldo; refiriendo los artículos 57 y 58 del Código del Trabajo. Sin embargo, su empleador realiza descuentos por planilla por las sumas de $562.182 por concepto del crédito personal CCAF en el mes de febrero 2023 y, en el mes marzo del presente por la suma de $326.937, correspondiente a la primera cuota de 50, respecto del crédito personal del año 2017. Todo lo anterior sin su autorización.

Hace presente que, mediante correo adjunto el Sr. nombre reservado, ejecutivo de la recurrida, manifiesta que las deudas son consideradas como previsionales; lo cual contradice lo establecido en el artículo 2 del Estatuto que establece: “La Caja es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, que se regirá por el Estatuto General de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, contenido en la Ley número dieciocho mil ochocientos treinta y tres, de mil novecientos ochenta y nueve, sus reglamentos, los presentes Estatutos Particulares y, supletoriamente, por las disposiciones del Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil”.- Por todo lo antes expuesto, los actos arbitrarios e ilegales de la recurrida, han vulnerado su derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, privándolo de sus beneficios económicos amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política De La República. Atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 del mismo texto legal, solicita se disponga el reintegro de las sumas descontadas de sus remuneraciones y, asimismo, se ordene a la recurrida abstenerse de realizar por sí o por terceros, especialmente por parte de su empleador “EMPRESA MINERA PACOLL INGENIERIA Y CIA” descuentos de sus remuneraciones.

SEGUNDO: Que evacuó informe don nombre reservado, en representación de la recurrida, Caja de Compensación Los Andes, solicitando el rechazo del recurso.

Señala que el 03 de abril del 2017, otorgó al recurrente un crédito por la suma de $2.663.762.- pagadera en un plazo de 50 meses, con una cuota de $91.110.-, cuyo primer vencimiento correspondió el 30 de junio de 2017. Que, las cuotas de junio del 2017 al 10 de julio de 2019 y la cuota del mes de junio de 2018, N°13, se pagó con fecha 10 de abril de 2023. Las cuotas de julio del 2018 a julio del 2021 (N|14 a N°50), se encuentran en cobranza judicial.

Que, en diciembre de 2017, se otorgó al actor un crédito por la suma de $3.170.888.- pagadero en un plazo de 56 meses. Su primera cuota ascendía a la suma de $100.942.- cuyo primer vencimiento correspondió el 31 de marzo de 2018. En cuanto a las cuotas del mes de marzo a mayo de 2019 (N°1 a N°3), se pagaron durante el periodo comprendido entre el 10 de mayo de 2019 al 10 de julio de 2019. La cuota del mes de junio de 2018 (N°4), se pagó con fecha 10 de abril de 2023. Respecto a las cuotas del mes de julio de 2018 a octubre de 2022 (N°5 a N°56), se encontrarían en cobranza judicial.

Indica que los descuentos, para el pago de cuotas de crédito social, son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, que establece que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Refiere que, por otro lado, su representada se encuentra efectuando el cobro de una deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita, agrega que la prescripción de las acciones está tratada por los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, de cuya lectura se desprende -con toda claridad-, que la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente, y que no opera de pleno derecho. Así, la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que esta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella. De tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible. A lo anterior se debe agregar el hecho de que, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos. Por ende, mal puede la recurrente pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene para con su representada a través del ejercicio de una acción constitucional; en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad. Este, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento. De este modo, esta parte rechaza haber efectuado actuación ilegal o arbitraria alguna que hubiese infringido, perturbado o amenazado alguna garantía constitucional del recurrente.

No obstante, lo anterior y sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente; afirma que ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente, pero advierte que las planillas de descuentos son generadas los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivos los descuentos. Sin embrago asegura que dispondrá la devolución de toda suma que sea recibida en el intertanto, solicitando el rechazo de la acción de protección incoada por cuanto ha perdido oportunidad, toda vez que ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución solicitados.

TERCERO: Que con fecha 26 de mayo del presente, se hizo efectivo el apercibimiento contenido en el numeral 15 del Auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de recurso de protección; prescindiendo del informe que debía evacuar la recurrida, Empresa Minera PACOLL Ingeniería y Compañía Limitada .

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran; mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica; es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que en la especie, la recurrente dirige su acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, consistente en efectuar descuentos improcedentes en su remuneración provenientes de créditos sociales cuya acción de cobro se encontraría prescrito.

SEPTIMO: Que es un hecho no controvertido que la recurrida efectuó descuentos de la remuneración del actor. Ello, a raíz de una obligación existente entre las partes, en virtud de dos créditos otorgados por la Caja de compensación los Andes al actor, por la suma de $2.663.762, otorgado en abril y el segundo por la suma de $3.170.888, de diciembre; ambos del año 2017.

OCTAVO: Que el acto arbitrario e ilegal que la recurrente reclama, consiste en los descuentos efectuados desde sus remuneraciones, en relación con los créditos otorgados por la recurrida en abril y diciembre del año 2017.

NOVENO: Que como se adelantó, la recurrida ha manifestado haber cesado en los descuentos sobre la remuneración de la recurrente, indicando que se dispondrá la restitución de aquellas sumas que ya han sido descontadas y recibidas por la recurrida; pero no acompaña antecedentes que den fe de lo señalado.

Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, sin costas el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar los Andes y, contra la Empresa Minera Pacoll Ingeniería Y Compañía Limitada. En consecuencia se ordena a las recurridas disponer que los dineros descontados desde las remuneraciones del recurrente, sean devueltos a la misma, dentro de quinto día hábil, desde la notificación del presente fallo.

Regístrese y comuníquese.

ROL 1306-2023 (PROT)