Protección contra Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama

Dpp/ Antofagasta, a veintiséis de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece Rodrigo Esteban Vergara Toledo, abogado, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama, por haber dictado el acto administrativo denominado Reservado N° 78, de 23 de junio de 2025, mediante el cual declara la vacancia del cargo de la recurrente por incompatibilidad de su salud. Considera que dicha actuación es ilegal y arbitraria, atendido a que carece de la debida motivación y fundamentación, en circunstancias que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez declaró que la salud de la funcionaria es recuperable, vulnerando, con ello, los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19, números 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se acoja el recurso, revocando el acto administrativo impugnado.

Informa la recurrida, al tenor del recurso interpuesto en su contra.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente funda su acción exponiendo que se desempeña como funcionaria titular del cargo de planta grado 15, de la planta de profesionales del Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama, específicamente, en el laboratorio clínico como tecnólogo médico con mención en banco de sangre, hematología y química clínica, especializada en microbiología y epidemiología. Ingresó a prestar servicios en dicho establecimiento el 11 de abril de 2016, habiendo desempeñado su cargo siempre con excelencia, encontrándose constantemente en lista 1 de distinción, según las calificaciones otorgadas por sus superiores jerárquicos.

Refiere que desde el 7 de febrero de 2024 la funcionaria comenzó a hacer uso de licencias médicas debido a un cuadro médico originado en un contexto de vulnerabilidad emocional, agravado significativamente por su entorno laboral. El diagnóstico inicial correspondió a "trastorno de estrés post-traumático con episodio depresivo moderado comórbido", encontrándose actualmente bajo el diagnóstico de "trastorno ansioso con estrés post-traumático en remisión parcial". Además de los acontecimientos de la vida personal que derivaron en dicho cuadro, la situación se ha visto agravada por decisiones administrativas de su jefatura directa.

Señala que el 27 de junio de 2025, en reunión sostenida con la asistente social del Hospital, se comunica a la recurrente la decisión del director de aplicarle el artículo 151 del Estatuto Administrativo, entregándosele el acto administrativo denominado Reservado N° 78, el que establece la aplicación del mencionado artículo del Estatuto Administrativo, fundamentando la decisión en que la funcionaria registra más de 180 días de ausentismo laboral en un período de 2 años, y que, en uso de sus facultades como jefe superior del servicio, considera que presenta un estado de salud incompatible con el desempeño del cargo tras haber hecho uso de licencias médicas en un lapso superior a 6 meses en los últimos 2 años.

Argumenta que el acto administrativo es arbitrario e ilegal, por cuanto carece de la motivación requerida, limitándose a informar la decisión sin contener fundamento alguno que la sustente. El acto se basa únicamente en haber hecho uso de licencias médicas por un lapso superior a 6 meses en los últimos 2 años, y en información de salud y antecedentes laborales actuales que no se conocen ni se citan, siendo que la única información fehaciente es la resolución de la Compín que declara la salud como recuperable.

Invoca jurisprudencia de la Corte Suprema que establece que, si bien la decisión de la Compín no es vinculante, su contenido impone el deber de justificar razonadamente cualquier decisión que se aparte de su contenido.

Indica que el acto es arbitrario al pretender transformar en objetivo un requisito al que el legislador no le ha entregado esa naturaleza. Sostiene que la autoridad asocia indebidamente el ejercicio de la facultad de declarar la salud como incompatible al mero hecho de haber usado licencias médicas por un plazo superior a seis meses, lo que resulta ilegal. Refiere que el ordenamiento jurídico no considera el transcurso del plazo como un requisito objetivo habilitante, requiriendo necesariamente fundar y explicar cómo y bajo qué circunstancias la salud recuperable resulta incompatible con las funciones del cargo.

Alega que el acto infringe los artículos 11, inciso segundo y 41 de la Ley N° 19.880, que establecen que los actos que afecten derechos de particulares deben expresar siempre los hechos y fundamentos de derecho, y que las resoluciones deben ser fundadas. Sostiene que la autoridad debió cumplir con los dictámenes de la Contraloría General de la República que señalan que no basta la mera referencia formal a los motivos invocados, sino que debe conocerse el raciocinio para arribar a la decisión.

Menciona que el acto lesiona el derecho a la integridad física y psíquica consagrado en el artículo 19, N° 1, al generar una aflicción moral que ha afectado gravemente a la funcionaria producto de la declaración de vacancia, especialmente considerando que parte de las causas de los cuadros que motivaron la licencia médica provienen de las condiciones laborales al interior del mismo servicio. Asimismo, sostiene la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19, N° 2, al establecer una discriminación arbitraria e ilegal en comparación con otros funcionarios que se encuentran en similares circunstancias. Finalmente, alega la vulneración del derecho de propiedad del artículo 19, N° 24, concretado en su empleo y remuneración asociada, al ser despojada ilegal y arbitrariamente del cargo que detentaba mediante el ejercicio abusivo de la discrecionalidad administrativa.

Finalmente, solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se enmiende conforme a derecho la decisión arbitraria e ilegal del director del Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama, contenida en el acto administrativo denominado Reservado N° 78, de 23 de junio de 2025, revocándola y decretando los actos que estime pertinentes para el restablecimiento del derecho.

SEGUNDO: Que evacúa informe el Hospital Carlos Cisternas de Calama, quien expone que la actora es funcionaria titular grado 15 de la planta de profesionales del Hospital Carlos Cisternas de Calama, quien ingresó en abril de 2016 a prestar funciones en la unidad de laboratorio en jornada diurna. Asimismo, señala que los últimos años cumplió funciones específicas en microbiología, hasta julio de 2023 cuando fue designada transitoriamente a jornada de turno para el reemplazo de una licencia maternal, percibiendo durante dicho período la asignación de cuarto turno, debiendo retornar a su jornada diurna habitual una vez concluido el reemplazo.

Respecto al ausentismo laboral, informa que desde el 30 de julio de 2023 hasta la fecha del informe, la recurrente presenta un ausentismo de 558 días, encontrándose con licencias médicas de manera ininterrumpida desde el 7 de febrero de 2024 por enfermedad de origen común, específicamente por "trastorno de estrés post traumático con episodio depresivo moderado comórbido", diagnóstico que posteriormente se modificó a "trastorno ansioso con estrés post-traumático en remisión parcial".

Detalla que la actora efectuó una denuncia ante el director del Hospital Carlos Cisternas, amparada en la Ley N°21.643, denunciando a la jefatura de su unidad de laboratorio y alegando, entre otras situaciones, la disminución de sus remuneraciones, cambio de jornada sin notificación previa y malos comentarios respecto del mal uso de licencia médica. Como consecuencia de dicha denuncia, el hospital instruyó un proceso disciplinario mediante Resolución Exenta N°13, de 6 de enero de 2025 para determinar eventuales responsabilidades. Posteriormente, por medio de la Resolución Exenta N°1525, de 22 de mayo de 2025, se dispuso el sobreseimiento de la investigación sumaria, toda vez que de la prueba recopilada no existían antecedentes suficientes que permitieran establecer responsabilidad administrativa.

Informa que la funcionaria, el 7 de abril de 2025, ingresó a la Mutual de Seguridad invocando la Ley N°21.643, solicitud que fue rechazada, obteniendo una calificación de enfermedad común, conforme consta en resolución de calificación del origen de los accidentes y enfermedades Ley N°16.744, N°5826776, de 4 de mayo de 2025.

Argumenta que el documento denominado Reservado N°78, de 23 de junio de 2025, constituye una misiva meramente informativa, carente del mérito legal exigido para declarar la vacancia del cargo por salud incompatible en los términos del artículo 151 del Estatuto Administrativo. En este sentido, enfatiza que el párrafo cuarto de dicha misiva aclara expresamente que tras la notificación se procederá a iniciar el trámite administrativo en Contraloría General de la República para el cese de funciones por salud incompatible con el cargo, precisando que el cese será efectivo solo una vez completada la tramitación de la toma de razón, manteniéndose mientras tanto la calidad funcionaria de la recurrente.

Fundamenta su actuación en la Resolución Exenta N°154, de 21 de enero de 2025, que aprueba el Protocolo de Gestión del Ausentismo Laboral del Servicio de Salud de Antofagasta, el cual establece como objetivos específicos implementar acciones para analizar, monitorear y reducir los índices de ausentismo por licencias médicas, además de apoyar y acompañar integralmente a funcionarios afectados en su salud desde una perspectiva biopsicosocial.

Detalla las acciones de apoyo implementadas, señalando que la unidad de ausentismo realizó seguimiento de las licencias médicas de la recurrente, proporcionándole entre el 18 de abril de 2024 y el 1 de abril de 2025 un total de 32 atenciones con psicóloga. Además, cuando la actora manifestó ser víctima de acoso laboral, se concretaron reuniones con el director del Hospital, quien además de instruir el procedimiento disciplinario de rigor, le ofreció un cambio de servicio a la unidad de medicina transfusional para facilitar su retorno laboral, propuesta que fue rechazada.

Respecto al protocolo de gestión de ausentismo, explica que para funcionarios titulares cuya salud es declarada recuperable por la Compín, se debe comunicar dicha evaluación mediante diversos medios, incluyendo visitas domiciliarias, contacto telefónico y correo electrónico, debiendo enviarse además una misiva por carta certificada como respaldo físico.

Niega la existencia de arbitrariedad e ilegalidad, argumentando que el documento Reservado N°78 constituye un acto meramente informativo, debidamente protocolizado, que no declara la vacancia del cargo por salud incompatible. Por consiguiente, sostiene que no ha cesado el cargo de la funcionaria por causa de discrecionalidad abusiva de la autoridad hospitalaria, toda vez que el acto administrativo afecto a toma de razón no ha sido dictado ni se ha iniciado tramitación alguna.

Niega en todas sus partes las infracciones a las garantías constitucionales alegadas, especialmente la supuesta vulneración de la garantía constitucional dispuesta en el artículo 19, N°24 de la Constitución Política de la República, argumentando que la recurrente mantiene su calidad de funcionaria del Hospital Carlos Cisternas de Calama y no ha sido despojada ilegal ni arbitrariamente de su cargo.

Finalmente, solicita tener por evacuado el informe y rechazar el recurso interpuesto con expresa condena en costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados afectados por actos ilegales y/o arbitrarios.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en la especie, se dirige la acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, consistente en la dictación del Reservado N° 78, de 23 de junio de 2025, emitido por nombre reservado, director del Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama, el que, en sus aspectos medulares, se transcribe a continuación:

“Junto con saludar, a través del presente se notifica a usted la Aplicación del Artículo N° 151 del Estatuto Administrativo, Ley N° 18.834, lo anterior responde al proceso de evaluación de Salud Irrecuperable Funcionario Público realizado por el COMPIN, tras usted registrar más de 180 días de ausentismo laboral en un periodo de 2 años, comprendido entre el 26/12/2022 al 26/12/2024. Se resuelve que usted presenta un estado de salud Recuperable.

Que, en el uso de mis facultades como Jefe Superior del Servicio, considero que: usted presenta un estado de salud incompatible con el desempeño del cargo, tras haber hecho uso de licencias médicas en un lapso (continuo o discontinuo) superior a 6 meses en los últimos 2 años.

Cabe destacar que esta toma de decisión ha sido evaluada en base a información de salud y antecedentes laborales actuales de su caso, teniendo presente, además el haber informado a su asociación gremial con fecha 23/06/2025, día en que comunico y reafirmo esta toma de decisión.

Tras la notificación se procederá a iniciar trámite administrativo en Contraloría General de la República para el cese de sus funciones por salud incompatible con el cargo. Cabe mencionar que el cese de funciones será a la total tramitación de la toma de razón por la CGR, por lo cual la fecha de cese de sus funciones será notificada al término del acto administrativo correspondiente, por ende, mientas no sea notificada de la toma de razón de Contraloría usted sigue siendo funcionaria del establecimiento, pudiendo mientras dure este trámite hacer uso de su feriado legal, licencias médicas y/o reincorporarse”.

SEXTO: Que, para revolver la presente controversia, se debe tener en especial consideración que el acto recurrido no corresponde a uno que pueda calificarse de terminal, que haya concluido con la declaración de vacancia en el cargo respecto de la recurrente y, en consecuencia, con el cese de sus funciones, por cuanto tales efectos sólo se producirán una vez notificado el trámite de toma de razón efectuado por Contraloría General de la República.

En este sentido, resulta indispensable para el acceso positivo al recurso, que aquellos que recurren cuenten con un derecho indubitado, que amerite la intervención de esta Corte para efectos de su cautela, en atención a la naturaleza autónoma y de urgencia de la acción de protección, teniendo en especial consideración la carencia de una etapa probatoria destinada a que cada parte logre acreditar sus aseveraciones, a diferencia de lo que ocurre en un procedimiento de lato conocimiento, máxime cuando no estamos en presencia de un acto terminal, sino que de un acto trámite dictado por autoridad competente.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, no resulta posible establecer, a partir de los presupuestos fácticos que aporta el recurrente, la existencia de un acto o omisión ilegal o arbitrio que implique una vulneración de las garantías constitucionales que invoca.

OCTAVO: Que, si se estimara que existe una amenaza a las garantías constitucionales alegadas por el recurrente, por la mera dictación del Reservado N° 78, debe destacarse la normativa aplicable en la especie.

Así, el artículo 146 de la Ley N°18.834 del Estatuto Administrativo, refundida por el D.F.L. N°29, establece que: “El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: c) Declaración de vacancia”. Asimismo, el artículo 150 del referido cuerpo legal señala cuándo procede esta causal de término, indicando que: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo”.

A su vez, sobre el fundamento invocado por la resolución impugnada por esta vía, el artículo 151 del mismo cuerpo normativo, establece que: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Titulo II, del Libro II, del Código del Trabajo. El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Continúa el artículo 152 del mismo cuerpo legal indicando que: “Si se hubiere declarado irrecuperable la salud de un funcionario, éste deberá retirarse de la Administración dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que se le notifique la resolución por la cual se declare su irrecuperabilidad. Si transcurrido este plazo el empleado no se retirare, procederá la declaración de vacancia del cargo.

A contar de la fecha de la notificación y durante el referido plazo de seis meses el funcionario no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones correspondientes a su empleo, las que serán de cargo del empleador”.

NOVENO: Que, del análisis precedente, se advierte que la vacancia será declarada de conformidad al inciso 1° del artículo 151 previamente citado, esto es, “vacancia de cargo por salud incompatible”, sin mediar declaración de salud irrecuperable, lo que, per se, no permite acreditar ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la recurrida, advirtiéndose, por el contrario, que la decisión se encuentra debidamente fundada y que ha sido adoptada en base a la normativa vigente, cumpliendo los requisitos establecidos para proceder a dictar la vacancia del cargo de conformidad a lo dispuesto en los artículos 150 y 151 del Estatuto Administrativo.

DÉCIMO: Que, asimismo, debe considerarse la aplicación del principio de servicialidad que impone a los jefes de los servicios, el deber de velar por la continuidad de la prestación de los mismos para la satisfacción de las necesidades colectivas que justifican su existencia, razón por la cual, no mediando abuso o desviación de poder, no es ilegal ni arbitraria la declaración de vacancia de un cargo por salud incompatible de quien lo sirve, considerando que, en el caso de marras, la especialidad y criticidad del cargo que ostentaba la recurrente, permite justificar la decisión de la recurrida, atendido el prolongado ausentismo y la necesidad de contar con personal disponible que permita atender las necesidades de los usuarios del sistema.

DÉCIMO PRIMERO: Que, en consecuencia, atendido lo analizado en los considerandos precedentes, el acto administrativo recurrido no es ilegal ni arbitrario, pues emana de la autoridad competente y sus fundamentos se ajustan a la ley, desde que la declaración de vacancia de un cargo por salud incompatible de empleado público sólo requiere estar con licencia médica por más de 180 días en el plazo de dos años, lo que sucedió en la especie, no siendo relevante para estos efectos que la salud se pueda recuperar o no, porque en uno u otro caso la conclusión es la misma, con la única salvedad que si la salud es irrecuperable, debe aplicarse el procedimiento del artículo 152 del Estatuto Administrativo, situación diversa de la indicada en el artículo anterior, por lo que deberá rechazarse el arbitrio constitucional.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Rodrigo Esteban Vergara Toledo, en representación de nombre reservado, y en contra del Hospital Dr. Carlos Cistenas de Calama.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1301-2025 (Protección)