nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL- COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ

Dpp/ Antofagasta, veintinueve de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia de Rodrigo Acevedo Torrejón, cédula de identidad N°RUT reservado, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, Consultorio Jurídico Norte de Antofagasta, en representación de nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpuso recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), en virtud de un acto arbitrario e ilegal consistente en una resolución que confirma el rechazo del pago de licencias médicas válidamente emitidas por médico tratante, que ha perturbado y amenazado los derechos consagrados en los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando Informó la recurrida instando por el rechazo del arbitrio constitucional.

Asimismo, atendidos los hechos expuestos, se requirió informe a COMPIN Región Metropolitana, el que fue evacuado al tenor del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente indica que se recurre en contra de la RESOLUCIÓN EXENTA N°R-01-UJU-81378-2025, de fecha 11 de junio de 2025, emitida por la SUSESO, que resolvió confirmar el rechazo del pago de las licencias médicas Nºs RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 60 días, a contar del día 24 de enero de 2025, Resolución exenta que, en lo pertinente, señala, que, requerida la citada COMPIN, informó el 14 de mayo de 2025, que no se adjunta escritura pública, ni IVAS para acreditar solvencia del empleador. Y en el punto 4, señala, que la COMPIN, rechazó efectuar el pago del subsidio de las licencias médicas de que se trata, por no acreditarse la calidad de trabajador dependiente del reclamante, ni la solvencia de la empresa.

Señala que el recurrente el día 2 de septiembre de 2024 firmó contrato con su empleador LIBERSTORM SpA, RUT RUT reservado, representada legalmente por nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, ambos domiciliados en la comuna de Las Condes, donde se estableció, en la cláusula primera, que: “PRIMERO: El trabajador se compromete y obliga a prestar servicios como SUPERVISOR, cumpliendo las funciones específicas en REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL C-201, según OC N° 4801023831, Cliente PUERTO ABIERTO S.A., UBICADO EN domicilio reservado, pudiendo también prestar sus servicios en alguna de las sucursales de la empresa u otro lugar donde la empresa le solicite sus servicios, sin perjuicio de la facultad del Empleador de encomendarle cualquier trabajo similar y de modificar por causa justificada, el sitio o recinto en que han de prestarse los servicios, con la sola limitación de que el nuevo sitio o recinto quede dentro de la misma ciudad. Por lo que dichos traslados en ningún caso generarán menoscabo al trabajador”.

Dice que en la segunda cláusula se establece la jornada de trabajo de 4x4, y en la cláusula tercera se estipula que: “El trabajador por las labores realizadas será remunerado en la siguiente forma: Sueldo: Se pagará un sueldo base de: $1.563.860-.

Asignación de colación: $160.000 pesos.

Asignación de Movilización: $120.000 pesos.

Gratificación: la que se pagara mensualmente sobre la base de un 25% de las remuneraciones mensuales del trabajador con tope en la doceava parte de 4.75 ingresos mínimos mensuales, conforme lo establece el artículo 50 del Código del Trabajo. El tope de gratificación se reducirá proporcionalmente a los días trabajados en el caso de licencias médicas, sean estas de índole laboral o común.

Las remuneraciones convenidas mediante el presente instrumento se pagarán y liquidarán por periodos mensuales vencidos, en dinero efectivo o preferentemente a través de transferencia o depósito bancario en la cuenta BANCO ESTADO, CUENTA RUT, RUT reservado.

El pago de la remuneración se realizará el último día hábil del mes o a más tardar los primeros cinco días del mes siguiente.”

Refiere que, en el mes de enero de 2025, producto de un esguince y torcedura de tobillo, sufrió lesión y le dieron licencia médica por 11 días, desde el 13 de enero al 23 de enero de 2025, la cual fue pagada sin inconvenientes. Luego, producto de fractura del calcáneo, facultativo médico le otorga licencia médica desde el 24 de enero al 22 de febrero de 2025, por un total de 30 días, y posteriormente del 23 de febrero al 24 de marzo de 2025, por 30 días más.

Indica que fue contratado en el mes de septiembre de 2024 hasta el mes de enero de 2025, fecha en que le dieron licencia médica, recibía normalmente el sueldo de parte de su empleador y recibía normalmente el pago de sus cotizaciones previsionales y de salud de parte del empleador.

Dice que el asombro fue grande cuando la COMPIN determinó que por las dos licencias reclamadas Nºs RUT reservado y RUT reservado, no tenía derecho a subsidio.

Afirma que las decisiones de rechazo carecen de fundamento, limitándose a indicar que no habría acompañado escritura pública de la empresa y los IVAS para acreditar solvencia del empleador, situación que, a su juicio, no le corresponde al reclamante. Se añade que no se acreditó la condición de trabajador, lo cual no es efectico, ya que se acompañaron las liquidaciones de sueldo y certificado de pago de cotizaciones y de salud.

Reitera que la primera licencia médica por 11 días fue pagada sin reparo y además la COMPIN puede acceder a PREVIRED y constatar el pago de las cotizaciones.

Sostiene que la resolución recurrida de la SUSESO es ilegal en el sentido que es contrario al ordenamiento jurídico que establece que deben pagarse licencias médicas a trabajadores dependientes y no puede exigirle al trabajador que acredite la solvencia o escritura de constitución del empleador, y en este sentido, el contrato de trabajo, las liquidaciones de sueldo y los certificados de cotizaciones previsionales son antecedentes para acreditar la existencia de la relación laboral con su empleador, en calidad de trabajador dependiente.

Sin perjuicio de que acreditar la solvencia económica del empleador es un acto ilegal, acompaña modificación de sociedad por acciones de sociedad LIBERSTORM, y estatuto actualizado.

También aduce que el acto de la SUSESO es arbitrario ya que carece de fundamento, limitándose a indicar que no existen preceptos que la habiliten para pronunciarse sobre asuntos de vínculo laboral y respaldado una decisión de la COMPIN donde la motivación es escueta y carente de veracidad.

Indica que el no pago de las licencias médicas ha significado la imposibilidad de hacer frente a distintas obligaciones, lo cual ha gatillado un estado emocional complejo, vulnerable y anímicamente deteriorado, lo que vulnera el derecho a la vida e integridad física y psíquica, el derecho a la seguridad social y el derecho de propiedad, consagrados en los numerales 1, 18 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita se ordene se apruebe y ordene el pago, por quién corresponda, de los subsidios por incapacidad laboral temporal derivado de las licencias médicas Nºs RUT reservado y RUT reservado, extendidas a favor del recurrente, o bien la declaración que se sirva efectuar en tal sentido, sin perjuicio de adoptar todas las medidas necesarias tendientes a restablecer el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que, evacuó informe la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región Metropolitana, señalando que autorizó las licencias médicas N°RUT reservado y RUT reservado, por un total de 60 días a contar del 24 de enero de 2025, pero sin derecho a pago de subsidio.

Indica que, al analizar los sistemas informáticos de la COMPIN R.M., quedó ingresada en el expediente administrativo, y en el sistema SIF, que luego de cursar las licencias médicas individualizadas anteriormente, al Sr. nombre reservado, le fueron efectivamente autorizadas por esta repartición, pero la razón del por qué al Sr. nombre reservado se le autorizaron las licencias médicas, pero esto sin tener derecho a subsidio, corresponde a que no logró acreditarse la calidad de trabajador dependiente del reclamante para con la empresa, ni la solvencia de la misma para solventar la remuneración indicada en los antecedentes.

Refiere que esto se concluyó debido a que con fecha 4 de marzo del presente año, le solicitó al recurrente que aclarara si tiene o no participación en la empresa empleadora LIEBERSTORM SPA, a través de escritura pública, o que acreditara la renta de aquella empresa a través de sus IVAs, no habiendo acompañado estos antecedentes contables que lograran acreditar la mencionada solvencia económica o si tenía efectivamente participación o no en la empresa, ya que solamente acompañó contrato de trabajo y anexo de este, no adjuntando lo solicitado.

Señala que en su rol de ente fiscalizador, es su deber supervisar y vigilar el buen uso de los recursos destinados al pago de los subsidios de incapacidad laboral, y que no solo la presentación de antecedentes administrativos laborales, previsionales y contables demuestran la veracidad de la relación laboral contractual entre trabajador y empleador, ya que el vínculo entre empleador y trabajador, necesario en toda relación laboral, debe comprobarse mediante la constatación de huellas materiales y concretas que den cuenta del desarrollo efectivo de las labores, no bastando para estos efectos la sola exhibición de documentos formales, tales como contrato de trabajo, certificado otorgado por la propia empleadora, registros de asistencia, liquidaciones de remuneración o comprobantes de pago de cotizaciones previsionales.

TERCERO: Que, asimismo, informó la recurrida Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), al tenor del recurso.

En primer término, alega la improcedencia de la acción de protección, con costas, por cuanto la materia sobre la que versa dice relación con materias de seguridad social, establecida en el número 18 del artículo 19 de la Constitución, que no se encuentra amparada por la acción cautelar que motiva los autos. Ello, porque la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del D.F.L. Nº1 de 2005 y el Decreto Supremo Nº3 del año 1984, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas, ambos del Ministerio de Salud; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), y el pago del subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), son materias que pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran excluidas del ámbito de la acción de protección.

Luego, en subsidio de lo anterior, informó en cuanto al fondo del asunto, refiriendo que el recurrente mediante presentación de 14 de mayo de 2025, recurrió ante la SUSESO reclamando en contra de la COMPIN Región Metropolitana que no le ha pagado el subsidio de las licencias médicas, se recabaron los antecedentes, para lo cual COMPIN informó que no se adjuntó escritura pública ni IVAs para acreditar solvencia del empleador, por lo que mediante Resolución Exenta N°R-01-UJU-81378-2025, de fecha 11 de junio del año 2025, dictaminó, en lo pertinente, “4.- Que, la COMPIN rechazó efectuar el pago del subsidio de las licencias médicas de que se trata, por no acreditarse la calidad de trabajador dependiente del reclamante, ni la solvencia de la empresa.

5.- Que, finalmente, se debe hacer presente que la jurisprudencia vigente de este Servicio, establece que no existen preceptos que le habiliten para pronunciarse sobre asuntos de vínculo laboral, debiendo, en caso de existir dudas al respecto, someterse el asunto al conocimiento de los Tribunales de Justicia”.

Para luego agregar en su parte resolutiva: “Esta Superintendencia cumple con informar los resultados de la fiscalización de vínculo laboral efectuada por la COMPIN Región Metropolitana, reiterando que la jurisprudencia vigente de este Servicio, establece que no existen preceptos que le habiliten para pronunciarse sobre asuntos de vínculo laboral, debiendo, en caso de existir dudas al respecto, someterse el asunto al conocimiento de los Tribunales de Justicia.”

Sostiene que la intervención en el caso del recurrente ha estado exenta de vicios de ilegalidad o arbitrariedad que hayan vulnerado derechos garantizados constitucionalmente.

Seguidamente, se refiere al marco jurídico–normativo que regula la materia de la presente acción de protección, mencionando las incapacidades laborales temporales y permanentes, haciendo mención al D.L. N°3.500 de 1980, al D.F.L. N°1 del año 2005 y al D.S. N°3 del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, sosteniendo que la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Finalmente, se refiere a las facultades de la SUSESO en esta materia, a la ausencia de ilegalidad y arbitrariedad en su actuar y a la ausencia de derechos vulnerados.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, primeramente, frente a la alegación de la SUSESO en orden a la improcedencia del recurso por tratarse éste de las materias contenidas en el artículo 19 N°18 de la Constitución Política de la República, cabe desde ya rechazar dicha aseveración, puesto que se desprende del mérito de la acción constitucional impetrada que, dentro de las garantías constitucionales que pretende infringidas la recurrente, se contempla aquellas contenidas en los numerales 1 y 24 de la Carta Fundamental, la cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, está comprendida en el amparo de la acción constitucional de protección en comento.

SÉPTIMO: Que, ahora bien, en lo que respecta al fondo del asunto, de la narración fáctica de la acción y de los documentos acompañados, se desprende que por su intermedio se persigue que se deje sin efecto la resolución de la SUSESO, ordenado el pago de las licencias médicas al recurrente, cuestionando la decisión denegatoria de las recurrida.

OCTAVO: Que, en este sentido, se debe tener presente que el otorgamiento de licencia médica está regulado por el D.F.L. N°3 de 1981 del Ministerio de Salud, que “Fija Normas para el Otorgamiento de Prestaciones y Beneficios de Salud, por Instituciones de Salud Previsional”; y por el D.S. N°3 del mismo Ministerio que “Aprueba Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Compin e Instituciones de Salud”. En este último, se define licencia médica como: “el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano dentista o matrona "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda.”

NOVENO: Que, en la especie, y analizada la Resolución Exenta de fecha 11 de junio de 2025 dictada por la SUSESO, objeto de la presente acción, consta que la COMPIN, si bien autorizó las licencias médicas, rechazó efectuar el pago del subsidio por no acreditarse la calidad de trabajador dependiente del recurrente, ni la solvencia de la empresa, ya que no se adjuntó escritura pública ni IVAs que lo acreditaran.

Se indica en la resolución que el vínculo entre empleador y trabajador, necesario en toda relación laboral, debe comprobarse mediante constatación de huellas materiales y concretas que den cuenta del desarrollo efectivo de las labores, no bastando para estos efectos la sola exhibición de documentos formales, tales como contrato de trabajo, certificado otorgado por la propia empleadora, registros de asistencia, liquidaciones de remuneración o comprobantes de pago de cotizaciones previsionales.

Finalmente, hace presente que la jurisprudencia vigente del Servicio establece que no existen preceptos que la habiliten para pronunciarse sobre asuntos de vínculo laboral, debiendo, en caso de existir dudas al respecto, someterse el asunto al conocimiento de tribunales de justicia.

DÉCIMO: Que, por su parte, informando COMPIN Región Metropolitana, señaló que con fecha 04 de marzo del presente año le solicitó al recurrente que aclarara si tiene o no participación en la empresa empleados o que acreditara la renta de aquella a través de sus IVAs, no habiendo acompañado antecedentes contables que lograran acreditar la solvencia económica ni si tenía participación en la empresa o no.

UNDÉCIMO: Que, cabe señalar que la facultad de la recurrida para revisar la existencia del vínculo laboral entre el trabajador y su empleador, en el contexto del otorgamiento de licencias médicas, se encuentra respaldada por el artículo 2° letra b), de la Ley N°20.585, que faculta a la Superintendencia de Seguridad Social para fiscalizar la evaluación y calificación de la incapacidad laboral, cualquiera sea su origen, así como la revisión de las licencias médicas conforme a las normas legales y reglamentarias. A su vez, el Decreto Supremo N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Licencias Médicas, establece en su artículo 11 que, cuando existan dudas sobre la procedencia de una licencia médica o de su financiamiento, la COMPIN deberá verificar los antecedentes laborales y previsionales del trabajador, pudiendo incluso requerir información adicional al empleador o a la respectiva entidad previsional. De esta forma, si bien no le corresponde declarar la existencia de un vínculo laboral con efectos jurídicos generales, sí se encuentra legalmente habilitada para evaluarlo con el objeto de determinar la procedencia del pago del subsidio por incapacidad laboral.

DUODÉCIMO: Que, en la especie, en virtud de los antecedentes expuestos, consta que lo que se cuestiona para el pago de las licencias médicas dice relación con el vínculo laboral que el recurrente tendría con su empleador, cuestión que no corresponde a esta corte determinar y que excede el ámbito de aplicación de esta acción constitucional, pues, como lo han indicado reiteradamente los Tribunales Superiores de Justicia, el recurso de protección no es una instancia de declaración de derechos, ni menos aún para discutir hechos determinados.

DÉCIMO TERCERO: Que, en consecuencia, habiendo actuado los organismos pertinentes dentro del ámbito de sus atribuciones, y atendida la naturaleza jurídica de la presente acción constitucional, sólo procede el rechazo del recurso.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por el abogado Rodrigo Acevedo Torrejón, en representación de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

Regístrese y comuníquese.

Rol 1296-2025 (Protección)