Protección contra Corporación de Fomento de Producción

Antofagasta, a dos de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia de Diego Ogass Cáceres, abogado, cédula de identidad N°RUT reservado, en representación de Asociación Atacameña de Regantes y nombre reservado (ARASPA), del giro de su denominación, RUT RUT reservado, representada legalmente por nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, nombre reservado, Región de Antofagasta, quien dedujo acción de protección de garantías constitucionales en contra del Corporación de Fomento de Producción (nombre reservado), RUT RUT reservado, representada legalmente por nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la negativa a las peticiones formuladas en reunión de fecha 09 de junio de 2025, llevada a efecto en la comuna de nombre reservado, en el contexto del proceso de consulta indígena, respecto de cuatro borradores de contratos, cuyas negativas se refieren principalmente a dos materias: ampliar la consulta a más cláusulas de los referidos borradores y consensuar una metodología conforme a la cual se va a llevar a cabo la fase de diálogo de la consulta indígena.

De conformidad a lo dispuesto en el numeral 13º del Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acumuló a los presentes autos la causa de protección Rol 1288-2025 deducido por la Comunidad Atacameña de Coyo en contra de la Corporación de Fomento de la Producción.

Asimismo, se hizo parte a los autos la Comunidad Indígena Atacameña de Solor, en calidad de tercero coadyuvante.

Por su parte, informó la recurrida, instando por el rechazo del arbitrio constitucional.

Igualmente, se le solicitó informe a Codelco, SQM y CONADI, quienes informaron al tenor del presente recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, señala el recurrente que la Asociación Atacameña de Regantes y nombre reservado, en adelante “ARASPA”, corresponde a una entidad indígena constituida conforme a la Ley N°19.253 y materialmente es una organización indígena que tiene antecedentes centenarios, dedicada a la práctica ancestral de la agricultura, de la cual es partícipe, y representa el uso del agua en torno a ella y la regulación que el propio pueblo indígena le daba para su práctica, por lo que es un reflejo del derecho de los pueblos indígenas que representa al mantener prácticas consuetudinarias que a la vez operacionaliza el balance del ecosistema del oasis de nombre reservado y del Salar de Atacama.

Indica que es una de las pocas participantes en el proceso de consulta indígena que tiene derechos de aprovechamiento de agua, los que se encuentran inscritos en el Conservador de Bienes Raíces, Comercio y Archivero Judicial de la Provincia El Loa, en el Registro Aguas a fojas 46, número 45 de 1999, y consisten en 870 litros por segundo sobre el río nombre reservado, y de otros ríos, pero de menor tamaño.

Menciona que actualmente se está llevando a cabo el proceso de consulta indígena realizada por nombre reservado en relación a los denominados borradores de las modificaciones de los contratos para el Proyecto en el Salar de Atacama y de nombre reservado de Pertenencias Mineras OMA, suscritos el 17 de enero de 2018 entre nombre reservado y SQM Salar S.A. y otros, que surtirían efectos desde el año 2025 hasta el 2030, y respecto de los borradores de los Contratos de nombre reservado de Pertenencias Mineras en el Salar de Atacama y de Proyecto en el Salar de Atacama, que tendrían efectos desde el año 2031 y hasta el 2060.

En este proceso de consulta fue convocado a participar ARASPA, reconociendo su derecho a ser parte del Proceso de Consulta a Pueblos Indígenas (PCPI), tanto en la Res Ex. 1361 de 9 de noviembre de 2023 de la nombre reservado sobre "Distribución de nombre reservado Salar de Atacama", así como en la Res. Ex. 347 de 23 de abril de 2024 de la nombre reservado, que inició el PCPI por los denominados "Contratos Salar de Atacama”, el cual se encuentra en etapa de Diálogo del proceso convocado, conforme las normas contenidas en el Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; y el Decreto Supremo N°66, de fecha 15 de noviembre de 2013, del Ministerio de Desarrollo Social, que aprueba el Reglamento que Regula el Procedimiento de Consulta.

Refiere que esta etapa de Diálogo comenzó el 09 de junio de 2025 a través de la primera reunión plenaria, donde se concretaron los actos objeto de este recurso, el cual tiene por objeto señalar las vulneraciones de derechos constitucionales realizados durante el proceso de consulta, específicamente la negativa recibida en la reunión de 9 de junio de 2025, ante la consulta realizada por varias comunidades indígenas y ARASPA, mediante la cual solicitaron, en función del principio de buena fe, ampliar la consulta y consensuar una metodología, las cuales fueron negadas por los representantes de nombre reservado, que es la entidad que lleva adelante el proceso de consulta en representación del Estado.

Destaca la relevancia del principio de buena fe que debe informar el proceso de consulta indígena, el cual se encuentra regulado en el artículo 6.2 del Convenio OIT N°169, principio que es profundizado por el Reglamento de Consulta Indígena del D.S. 66/2013 del Ministerio de Desarrollo Social, en su artículo 9°, que cita.

Expresa que es en virtud de este principio, y con la finalidad de propiciar un acuerdo, que, en la consulta, de manera transparente y clara, efectuó las solicitudes respectivas en base a una serie de apreciaciones sobre el proceso en general, para que fueran corregidos a la brevedad, a fin de salvaguardar la legalidad del proceso de consulta, cumpliendo de buena fe los estándares aplicables.

Indica que las peticiones fueron hechas una vez que concluyó la etapa de Información, donde se le entregó a las organizaciones que fueron convocadas a la consulta las copias de los borradores de contratos que incluyen las cláusulas que nombre reservado busca consultar, y una vez finalizada la etapa de Deliberación, donde las organizaciones pueden analizar los antecedentes a fin de hacer las observaciones fundadas en la información entregada durante la primera etapa en relación a los contrarios que se buscan consultar. Fue precisamente a partir de dicho análisis informado, el cual se materializó en un documento formal que fue presentado a nombre reservado, donde se concluye que existe un conjunto de cláusulas que no se incluyeron en la consulta, pero que por su contenido y conforme a lo establecido en la legislación vigente sí deben serlo, pidiendo que fueran incorporadas.

Cuenta que, en la primera sesión de la fase de Diálogo, llevada a cabo el día 9 de junio de 2025 en la comuna de nombre reservado, se señaló la negativa a esa petición por los representantes de nombre reservado. Asimismo, y frente al hecho que nombre reservado informó en la misma sesión del día 9 de junio la forma como se pretendía llevar adelante la etapa de Diálogo, se indicó expresamente la necesidad que esto no fuera una imposición, sino que debía ser materia de un consenso con las organizaciones que fueron convocadas a la consulta, lo que también fue rechazado, imponiendo nombre reservado su opción.

Alega que la principal ilegalidad y arbitrariedad con relación a la consulta es que resulta parcial y no abarca todos los temas sobre los cuales se deberían realizar la misma, de hecho, la consulta no recae sobre la totalidad de los “Contratos del Salar de Atacama”, sino que se refiere más bien a determinadas cláusulas específicas reseñadas en el “Contenido Borradores de Contratos y Cláusulas Comunes”.

Alude que la obligación de realizar la consulta se basa en el Convenio 169 de la OIT, en sus artículos 6 y 7, junto con el artículo 7 del Reglamento de Consulta DS 66, en los cuales se indica que cada vez que se provea adoptar cualquier medida que sea “susceptible de afectar directamente” a los pueblos indígenas es necesaria realizar la consulta, por lo que el énfasis está puesto en la posibilidad de la afectación, en la predicción y prevención, más que en la afectación misma, sobre todo en su caso que tiene derechos de aguas inscritos y teme justificadamente que mayores extracciones de salmuera puedan perjudicarlos, tanto en sus derechos como en el ejercicio de los mismos.

Agrega que nombre reservado es un servicio público descentralizado creado por la Ley N°6.640, y en base al artículo 4 del Reglamento DS 66 se le aplica tal normativa, pero no es a toda medida administrativa a la que se aplica, sino a aquellas que “sean causa directa de un impacto significativo y específico sobre los pueblos indígenas en su calidad de tales, afectando el ejercicio de sus tradiciones y costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales o espirituales, o la relación con sus tierras indígenas”.

Así, el impacto significativo de esta medida viene a darse por los efectos que conlleva sobre los pueblos indígenas que viven en esta zona, y en particular, por el impacto que viene a dar sobre el ecosistema del oasis de nombre reservado en base al recurso hídrico superficial y subterráneo, la agricultura y la silvicultura que lo sustenta.

Añade que el ejercicio de la Consulta Indígena no tiene por finalidad lograr un mero cumplimiento formal de los requisitos del proceso, sino que, como lo prescribe el DS 66 artículo 11, el PCPI debe llevarse a cabo con la debida antelación y entregar al pueblo indígena afectado “la posibilidad de influir de manera real y efectiva en la medida que sea susceptible de afectarle directamente.”, lo que se condice con la idea de que el procedimiento de consulta tiene la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento como dice el artículo 9 del DS 66, para lo cual la OIT señala que deben existir “verdaderos esfuerzos para alcanzar acuerdos o lograr el consentimiento”, inclusive aunque en definitiva no se logre.

Hace presente que ARASPA es una organización inserta en el Área de Desarrollo Indígena Atacama la Grande que son “espacios territoriales en que los organismos de la administración del Estado focalizarán su acción en beneficio del desarrollo armónico de los indígenas y sus comunidades. Para su establecimiento deberán concurrir los siguientes criterios:

a) Espacios territoriales en que han vivido ancestralmente las etnias indígenas;

b) Alta densidad de población indígena;

c) Existencia de tierras de comunidades o individuos indígenas, d) Homogeneidad ecológica, y e) Dependencia de recursos naturales para el equilibrio de esos territorios, tales como manejo de cuencas, ríos, riberas, flora y fauna.”

Agrega que el estatuto especial de protección de las aguas Atacameñas se manifiesta también en el Decreto 70 de 10 de marzo de 1997 emanado del entonces Ministerio Planificación y Cooperación que resolvió la creación del Área de Desarrollo Indígena “Atacama La Grande”, que cita.

Expone que los borradores de los contratos ya referidos señalan que se aplican sobre las pertenencias mineras de la cual nombre reservado es dueño, ubicadas en el Salar de Atacama, las que entrega en arriendo a terceros para su explotación. El impacto como tal resulta de los contratos señalados en su conjunto; los que establecen un estatuto para una explotación minera que se extiende en el tiempo hasta el año 2060, además de aumentar sustantivamente las cuotas de explotación vigentes. Así, es el impacto del aumento de las cuotas de explotación de litio, que impacta el uso del agua, teniendo la susceptibilidad de afectación directa, precisamente, por afectar el balance hídrico del sistema que sustenta la cuenca del Salar de Atacama y el río nombre reservado, del cual le termina afectando directamente dado que son una Asociación Indígena con derechos de aprovechamiento de aguas inscritos, todo el río, desde sus nacientes hasta que las aguas se hunden en el Salar de Atacama, que es una cuenca endorreica. Con lo cual la consulta es parcial en diferentes aspectos, sin siquiera consultar con relación al impacto que conlleva, o incluso estos aspectos cruciales.

Arguye que la consulta se somete a los siguientes aspectos en base al temario adjunto en la propia metodología, que consiste en:

A. Implementación del proyecto y tecnología B. Ambiental C. Pertenencias Mineras con Fines de Protección D. nombre reservado adicionales.

Afirma que las organizaciones convocadas a la Consulta Indígena, y en particular, la Asociación recurrente, no participaron de forma efectiva en la construcción de esta metodología que excluyó las cláusulas que a nombre reservado le pareció, no hubo un procedimiento apropiado en la entrega de información preliminar, y no se ha cumplido, por lo tanto, el artículo 16 del ya citado DS 66.

Así, no se consulta nada con relación a lo central, como es el aumento de cuota por ejemplo y el impacto que esto podría tener en el pueblo indígena atacameño. Tampoco se consulta el capítulo de “definiciones”, donde se hacen las conceptualizaciones fundamentales en materia ambiental, de tecnologías de extracción, fuerza mayor, cuotas de producción, salmuera, entre otras. Tampoco se consultan las cláusulas sobre acuerdos entre las partes, declaración y garantías e implementación de los acuerdos, que se relaciona con el estatuto que definen las partes respecto a la operación de su actividad de extracción y comercialización de productos sacados desde la cuenca del Salar de Atacama, las que pueden afectar directamente los derechos de la asociación indígena y sus miembros. Lo mismo aplica respecto a las cláusulas sobre fuerza mayor, normas especiales sobre litio, estándares vigentes de participación en las ventas, esfuerzos para la producción con mayor valor agregado en Chile, gobierno corporativo de la Sociedad, causales de término anticipado de los contratos y periodos de subsanación, acceso a la información, modificaciones contractuales, ley aplicable, objeto del contrato, compromisos de cooperación y transferencia tecnológica, cesión de los contratos y subarrendamientos, limitaciones y prohibiciones de las pertenencias OMA, y condición resolutoria.

Menciona que un aspecto crucial de estos contratos, que nombre reservado se niega a incluir en la consulta, es precisamente la obligación principal de dichos contratos, en relación con la explotación minera que se va a realizar y a contraprestación que se adquiere por parte de nombre reservado, y a su vez, el impacto que tiene el aumento de cuota de explotación del litio junto con el correlativo aumento de uso del agua que eso conlleva. Lo anterior, afectando recursos naturales en zonas de protección indígena como el área de Desarrollo Indígena de Atacama la Grande, los que están protegidos por los artículos 13 y 15 del Convenio OIT 169, es decir, se deja de lado lo central que se debe consultar, en tanto no consulta si los pueblos indígenas desean que se lleve a cabo el proyecto que someten a consulta, si están de acuerdo con el arriendo de las pertenencias mineras, y las condiciones bajo las cuales se va a ejecutar el proyecto, que son los aspectos centrales en los contratos de proyectos y contratos de arrendamiento respectivamente.

Sin perjuicio de lo señalado, un ejemplo de lo anterior es que nombre reservado ha rechazado que se consulte el artículo que establece “definiciones” contenido en los borradores de contrato. En este contexto, por ejemplo, la definición del “Proyecto” en sí es fundamental, de manera tal que cualquier modificación o enmienda futura debe también ser concordado con participación indígena, sobre todo que aquí se definen los productos del “Proyecto del Salar de Atacama”, esto es, los recursos del subsuelo que son del Fisco de Chile, y sobre cuya base se determina el aporte a las comunidades calculadas sobre las ventas de todos los productos extraídos del Salar. La “Salmuera de Litio”, es el núcleo del proceso de extracción, al que, sin embargo, la nombre reservado no caracteriza como “agua” para efectos de su protección jurídica, ni se determina cómo incide en el balance hídrico su extracción, lo que tiene el potencial de producir una afectación directa en las actividades de las comunidades (agricultura, ganadería y turismo) y el régimen al que debe someter para su explotación, para lo cual se debe tener presente el artículo 15 del Convenio 169 de la OIT.

Sostiene que la cláusula de Definiciones del nombre reservado no se hace cargo de los términos empleados en el Convenio 169 de la OIT ni define su aplicación al caso, como las definiciones de los artículos 6 sobre consulta indígena en general y el artículo 15, norma que rige la explotación de recursos naturales del subsuelo que pertenecen al Fisco.

Conforme al citado Convenio 169, la Asociación tiene derecho a participar en la utilización, administración y conservación de la “salmuera de litio” y otros productos del Proyecto, además del derecho a participar en los beneficios que reporte la extracción de salmuera de litio y otras sustancias químicas que encierra el Salar, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que pueda sufrir la asociación, sobre todo en el uso de sus aguas, las que como Asociación tienen el deber de administrar y que hoy se ve amenazado, como efecto de la explotación irracional de la salmuera y del agua dulce del Salar, y otras substancias químicas bajo tierra. Nada de esto, la utilización, administración, conservación, beneficios e indemnización que le corresponde, ha sido evaluado ni medido.

Agrega, que el borrador de contrato debe incluir también la definición de “tierras” y “territorios” indígenas contenidas en el artículo 13 del Convenio 169 de la OIT.

Luego, se refiere a las cláusulas no consultadas respecto de cada borrador:

A.- nombre reservado Modificación nombre reservado Proyecto 2025-2030 i. La cláusula segunda de consideraciones en la sección 2.1, cuyo contenido se encuentra en todos los contratos aludidos, establece que el contrato de proyecto y el contrato de arrendamiento son contratos conexos, íntimamente ligados entre sí.

ii. En la cláusula segunda en el apartado 2.3 se reconoce que se busca “aumentar la cuota de producción y comercialización del litio de la Sociedad dentro del plazo de duración de los mismos”.

En la misma cláusula, pero el apartado 2.4 se señala que también el contrato busca establecer un “nuevo mecanismo de cálculo de la Renta, que contempla tasas por rango de precios las que deberán aplicarse sobre el precio efectivamente pagado por el consumidor final o Tercero no Relacionado”. Esto quiere decir que se aumenta la renta.

iii. En la cláusula tercera se señala que actualmente nombre reservado tiene contrato vigente con la Sociedad en el cual le dio en arrendamiento para su explotación la cantidad de 16.384 pertenencias mineras.

iv. En la cláusula cuarta, aparecen las siguientes definiciones que van a ser claves para la comprensión posterior del contrato:

- la definición de “Nueva cuota” que significa la cantidad de 185.767 Mt de LME.

- la definición de “Periodo de Renta” que es el periodo de un trimestre que vence el último día del tercer mes, esto es 31 de marzo, 30 de junio, 31 de septiembre y 31 de diciembre, de cada año.

- la definición de “Cuota Adicional” que significa la cantidad de 112.723 Mt de LME.

- la definición de “Cuota Suplementaria” que significa la cantidad de 56.361 Mt de LME.

- la definición de “Cuota de Eficiencia” que significa la cantidad de 51.063 Mt de LME - la definición de “Cuota original” que significa el remanente de la cuota original de 180.100 mt de LME, que al 10 de abril de 2018 ascendía a 60.693 de LME.

- la definición de “Cuotas” que significa conjuntamente la Cuota Adicional, la Nueva Cuota, la Cuota Suplementaria y la Cuota de eficiencia.

- la definición de “fecha de inicio” el 10 de abril de 2018.

v. En la cláusula sexta apartado 6.4 se establece que nombre reservado autoriza de forma anticipada e irrevocable que la sociedad, dentro de las pertenencias, pueda solicitar y obtener para sí permisos de exploración de aguas subterráneas y derechos de aprovechamientos de aguas subterráneas y/o superficiales. Y si nombre reservado llega a obtener permisos de exploración de aguas subterráneas y derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y/o subterráneas, que se ubiquen dentro de las pertenencias, los va a tener que ceder a título gratuito a la sociedad.

vi. En la cláusula undécima se establecen los aumentos de producción de cuota, los que pasan a ser los siguientes:

- En la cláusula undécima en la sección 11.2 se reconoce el monto de la cuota original, de 180.100 mt de LME en un plazo de 30 años desde la primera venta del litio.

- En la sección 11.3, se señala que se aumenta la cuota durante la vigencia del contrato hasta 349.553 Mt de LME adicionales. Estas son producto de la nueva cuota, cuota adicional, cuota de eficiencia.

- En la sección 11.4 se establece una Nueva cuota bajo condición de expandir su capacidad productiva adicional a 66 kMt anuales de LCE que tienen actualmente capaz de elaborar una cantidad no inferior a 50 kMt nominales de productos de litio grado batería por año teniendo un plazo de 5 años para construir las instalaciones. Esto es una cuota 185.767 Mt de LME.

- En la sección 11.6, se establece la Cuota Adicional a condición de que se ejerza la opción de construir y poner en operación una capacidad adicional de producción de 100 kMt nominales de productos de litio grado batería. Esto es una cuota de 112.723 Mt de LME.

- En la sección 11.7 se establece la Cuota de Eficiencia a condición de que se ejecuten inversiones que permitan futuras expansiones de producción por cambios tecnológicos e innovaciones que permitan incrementos de eficiencia. Esto es una cuota de 51.063 Mt de LME.

- En la sección 11.8 se establece la Cuota Suplementaria la que se otorga a condición de que i) se base en el proceso productivo existente en el Salar de Atacama y sus optimizaciones y mejoras, y ii) que la extracción de salmuera no exceda los límites contenidos en los instrumentos ambientales vigentes. Esta cuota es de 56.361 Mt de LME.

Sostiene que se pactan aumentos sustantivos de producción, pasando de un remanente que quedaba de 60.693 mt de LME, a poder producir en total más de 461.309 mt de LME durante el periodo del contrato. Debido al presente aumento, es que se tienen que conseguir nuevos permisos y derechos de aguas, en tanto que la producción de una tonelada de litio requiere grandes cantidades de agua, lo que va a producir en definitiva el impacto significativo sobre los pueblos indígenas, por extraer esta agua del Salar de Atacama y con ello afectar a su vez el balance hídrico también del río y cuenca de nombre reservado. Resulta evidente que se trata de cláusulas que tienen el potencial de afectación directa a los derechos de la organización indígena que representa y sus integrantes, la cual tiene inscrita a su nombre derechos de aguas los cuales evidentemente se pueden ver afectados por lo establecido en las citadas cláusulas las cuales se han dejado fuera de la consulta indígena, al haberse negado nombre reservado a incluirlas a petición expresa de su representada en virtud de una decisión tomada y comunicada en la sesión de fecha 9 de junio de 2025 ya aludida, acto ilegal y arbitrario que es objeto de la presente acción.

B. b) nombre reservado de Modificación de nombre reservado 2025-2030 i. Precisa que el contrato tiene la misma cláusula segunda y sección que se reseñaron en el contrato anterior, pero en el caso de las definiciones estas se encuentran en la cláusula quinta, aunque con el mismo contenido ya referido. También menciona la idea anteriormente planteada de que son contratos conexos.

ii. En la cláusula sexta se señala cual es el objeto principal del contrato, a saber, que nombre reservado da y entrega en arrendamiento las pertenencias mineras a la sociedad, siendo estas 16.384. El objeto general en resumen es extraer minerales y otros elementos como potasio.

iii. En la cláusula séptima se establece la renta de arrendamiento que corresponde a una escala progresiva y marginal sobre el precio de venta, estableciendo un mecanismo de cálculo. Para este apartado no es relevante, solo es necesario marcar el lugar donde se encuentra.

Dice que, a partir de los ejemplos expresados, los contratos solo tienen sentido si se analizan conjuntamente, desde la estructura civil de las obligaciones. Dado que en este caso es posible entender cuál va a ser la contraprestación que obtendría nombre reservado por establecer el proyecto del contrato anterior, en tanto que, por colocar condiciones de producción y cuotas de producción, finalmente podrá cobrar una renta en base a las ventas que se hagan a parte de esa misma producción. Este contrato en su conjunto entonces ayuda a entender y dar sentido a la posición que nombre reservado tiene en el mismo.

C. nombre reservado Proyecto 2031-2060 i. En la cláusula segunda sección 2.1 se destaca la idea que el ese contrato y el contrato de arrendamiento son contratos conexos.

ii. La cláusula segunda sección 2.5 hace hincapié en que el contrato tiene el objetivo de establecer una cuota de producción y comercialización del litio, y promover la introducción de nuevas tecnologías.

iii. La cláusula segunda sección 2.6 señala que se mantiene el cómputo de renta establecido en los contratos previos, en el sentido de aplicar tasa por rango de precios los que se aplican al precio de venta al consumidor final o tercero no relacionado.

iv. En la cláusula segunda sección 2.8 se discrimina abiertamente a su representada, al fijar solo la práctica de diálogo sustentable y responsabilidad social empresarial con las comunidades indígenas, excluyendo a las asociaciones. Lo mismo ocurre con la sección 2.9 en tanto reconoce solo beneficios para las comunidades indígenas.

v. En la cláusula tercera aparecen las definiciones que, si bien son similares a las desarrolladas previamente, no son idénticas. Es el caso de la “fecha de inicio” que es 31 de enero de 2031. En el caso de la cuota adicional, basal y de eficiencia, se remiten a las cláusulas del contrato respectivo. Se define a su vez a “Accionista Privado”, que es SQM, SQM Nueva Potasio SpA (SQMK), con las cuales Codelco se asoció acorde a la cláusula primera transitoria.

vi. En la cláusula cuarta se señala también el objeto del contrato, siendo este el regular los términos, requisitos y condiciones para la ejecución del proyecto en las pertenencias entregadas en arrendamiento para producir, comercializar y explotar minerales. Establece a su vez que se trata de las pertenencias mineras señaladas en el contrato de arrendamiento, pero añaden la explotación de las pertenencias de Sal y Salar y Pertenencias Rigo, mencionando la sección 11.6.

vii. En la sección 6.3 se establece que en cuanto terminen los derechos del contrato con Albermarle Limitada, la sociedad va a pagar los derechos de las patentes de las pertenencias mineras que son protegidas, la denominada tierra de nadie, que son 1370, y a su vez las que pueden explotar que son 3.344 pertenencias OMA. nombre reservado luego va a reembolsar este pago, o el tercero que luego adquiera la explotación, pero a cambio, previa solicitud de nombre reservado, se pueden utilizar las salmueras, sales en poza, sales cosechadas, tortas de acopio de sales, y cualquier otro producto o material extraído, este en proceso o terminado.

viii. En la cláusula undécima sección 12 establece la cuota de producción durante la vigencia del presente contrato, un total de RUT reservado Mt de LME dividido de la siguiente forma:

- La cuota basal se establece en la sección 11.3 de RUT reservado Mt de LME, que es una venta promedio anual de 300.000 Mt de LME por 30 años. Cabe señalar que se abren a negociar de buena fe en caso de agotamiento temprano de la cuota basal para aumentar la cuota otorgada.

- La cuota adicional se establece en la sección 11.4 y esta es de 112.723 Mt de LME, que son 20.000 Mt de LME anuales, pero en este caso sujeta a las condiciones copulativas de: a) invertir en la construcción, mejora o adaptación de plantas químicas para lograr el aumento de producción, y; b) se apliquen mejoras tecnológicas que aumenten los niveles de recuperación global del litio en los procesos productivos, para que sea igual o superior al 60% - La cuota de eficiencia se establece en la sección 11.5 fijándose en 56.361 Mt de LME, que son 10.000 Mt de LME anuales. Esto mediante la aplicación de nuevas tecnologías que permitan aumentar la recuperación del litio de sales precipitadas y otros.

- En la sección 11.6 reconocen que las pertenencias mineras de Sal y salar y Pertenencias Rigo también van a ser explotadas con tal que se obtengan los permisos y autorizaciones legales pertinentes.

ix. En la cláusula primera transitoria se pone como condición del contrato que Codelco o la Sociedad se asocien con el Accionista privado, o sea SQM, teniendo un acuerdo completo y definitivo antes del 1 de enero de 2025. En la sección 1.2 transitoria se establece que Codelco y la Sociedad tendrán libertad para negociar los acuerdos de la asociación. En caso de no cumplir la condición, en la sección 1.3 transitoria se señala que se posibilita el término anticipado del contrato por cualquiera de las partes.

Refiere que, en este contrato, diferencia de los contratos del periodo anterior, se establece un aumento sustantivo de producción que casi en su totalidad es basal. Se otorgan leves mejoras de producción en base a compromisos tecnológicos no vinculantes. Es por tanto en este caso todavía más preocupante que el aumento sustantivo de producción tenga como correlato un uso intensivo a su vez de agua (salmuera), provocando con ello el mismo impacto señalado en los contratos pretéritos, pero con una escala aún mayor. A su vez, ponen como condición de la ejecución del contrato que la asociación de SQM Codelco llegue a buen puerto, por lo cual es clave poder entender la forma en la cual se va a dar dicha asociación para poder entender a su vez el impacto del contrato.

D. nombre reservado 2031-2060 i. En la cláusula segunda de consideraciones se establece que el contrato es conexo con el contrato de proyecto. En la sección 2.5 reconocen el mismo objetivo que el contrato anterior. En la sección 2.6 reconocen a su vez que se mantiene la renta establecida en el contrato de arrendamiento anterior.

ii. En la cláusula cuatro se señalan las pertenencias mineras objeto del contrato de arrendamiento. Para lo cual señalan en la sección 4.1 a 28.054 pertenencias OMA en el Salar de Atacama. En la sección 4.2 las pertenencias Sal y Salar. En la sección 4.3 las pertenencias Rigo.

iii. En la cláusula quinta sección 5.1 se establece que se podrá explotar únicamente 16.384 del total de pertenencias OMA, la totalidad de las Pertenencias Sal y Salar y las pertenencias Rigo, con el objetivo de explotar minerales de diversa índole. En las pertenencias que no se puedan explotar se van a poder realizar otro tipo de actividades complementarias a la explotación, pero sin extraer salmueras o actividades que afecten a otros arrendatarios de pertenencias nombre reservado en el Salar de Atacama.

iv. En la cláusula sexta, en la sección 6.1, se establece la renta, que mantiene la fórmula anterior, es decir, establece una escala progresiva y marginal sobre el precio de venta que se va a pagar en definitiva sobre el precio de venta final por el consumidor final, pero señala que se calcula acorde al anexo seis. Se excluye del pago de la renta los productos del Litio y otros productos provenientes de Pertenencias del Rigo y de pertenencias Sal y Salar.

v. La cláusula novena transitoria aparece el mismo acuerdo en relación a la Asociación Público-Privada, en tanto establece como condición del contrato que se encuentre ejecutada la asociación entre Codelco y SQM, con la posibilidad de término anticipado en caso de no llevarse a cabo.

vi. Finalmente, en este contrato ocurre la misma hipótesis del contrato de arrendamiento previo, a saber, gracias a él podemos entender la renta y el motor del contrato de proyecto para nombre reservado. Por tanto, podemos realizar las mismas observaciones.

Seguidamente, en cuanto al criterio de afectación a ARASPA, reitera que viene dado por el impacto del aumento de las cuotas de explotación de litio, que afecta el uso de agua. De esta forma la susceptibilidad de afectación directa deriva precisamente por intervenir el balance hídrico del sistema que sustenta la cuenca del Salar de Atacama y el río nombre reservado, influyéndole directamente dado que son una asociación indígena con derechos de agua inscritos en todo el río, desde sus nacientes hasta que las aguas se hunden en el Salar de Atacama, que es una cuenca endorreica.

Dice que, según se ha manifestado por nombre reservado durante el proceso de consulta indígena, este proyecto va a ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en virtud del aumento de las cuotas de explotación de litio y de que acorde a los contratos que se señalan, el método para la explotación del litio es mediante la utilización de salmueras tradicionales. Según el tenor de las cláusulas de los contratos ya referidos, el uso de nuevas tecnologías es solo una posibilidad, no vinculante para quienes van a desarrollar la explotación de las pertenencias del Fisco ubicadas en el Salar de Atacama. Esto genera un potencial de afectación directa, ya que eventualmente se va a requerir grandes cantidades de agua, con lo que se podría intervenir todo el ecosistema y balance hídrico dependiente del Río nombre reservado.

Indica que, según como se ha señalado incluso públicamente, para producir una tonelada de litio a partir de tecnología de piscinas o pozas, se necesita al menos 2 millones de litros de agua, la cual es extraída del ciclo hídrico del Salar de Atacama. Esta tecnología implica sacar salmuera desde la cuenca del Salar de Atacama, colocarla en pozas o piscinas, y efectuar un proceso químico mediante evaporación, para obtener litio y otros productos relevantes, tales como el potasio. Destaca que aun si se mantuviera la cantidad de recurso hídrico usado en la actualidad para obtener los volúmenes de litio que se proyectan y que son casi el doble de lo que hoy se extrae, el solo hecho que esto se haga hasta el 2060 implica una afectación potencial a sus derechos por el periodo en que esta actividad se prolongaría. Además, la posibilidad de obtener más litio con los mismos volúmenes de uso de recurso hídrico que el utilizado en la actualidad es una afirmación que no ha sido evaluada técnicamente por ninguna autoridad o tercero imparcial. Lo anterior, en un contexto donde el uso de tecnologías nuevas que impliquen un uso menor de agua que el actual no constituye un compromiso asumido de forma vinculante en los contratos.

Así, no sólo se vería enfrentado a los efectos del calentamiento global, sino también a la afectación del balance hídrico producto del uso intensivo del agua por parte de la minería, puesto que, si solo para una tonelada de litio se utilizan 2 millones de litros de agua, el aumento de la cuota de toneladas de litio al 2060, implica una sobrecarga increíble al sistema hídrico en su totalidad.

Posteriormente, y en cuanto a la negativa de nombre reservado de consensuar la metodología concreta a desarrollar en la etapa de Diálogo de la consulta indígena e imponerla a las comunidades, analiza el documento denominado “Metodología Consulta Indígena Contratos Salar de Atacama”, que refrenda la metodología alcanzada en base a “acuerdos” supuestamente alcanzados.

Como punto de partida para el referido análisis, tiene presente el principio del consentimiento, que en el caso del reglamento de la Consulta Indígena se encuentra regulado como parte del principio de la buena fe.

Esto tiene un correlato directo con lo preceptuado en el Título Tercero de cuerpo normativo citado, el cual establece el procedimiento como tal, en tanto garantiza no solo la participación, sino que también es necesario acordar conjuntamente la metodología, según el artículo 16 del Reglamento.

También, con relación a la metodología, uno de los principios claves es el de flexibilidad que se encuentra regulado en el artículo 10 del DS 66, lo que implica que la propia consulta se debe ir ajustando en su ejecución para cumplir de mejor forma con los fines de la misma, y poder lograr el consentimiento informado en la participación de los pueblos indígenas, que es el objetivo de la consulta el cual se debe buscar de buena fe, más allá que finalmente se logre o no. De hecho, la norma pone énfasis en que se debe considerar la naturaleza y complejidad de los aspectos a tratar, precisamente para que estos puedan ser entendidos a cabalidad.

Menciona que la referida metodología en relación a los principios citados se limita a señalar lo siguiente: “La presente Metodología busca dar cumplimiento de las garantías contenidas en los numerales 1° y 2° del artículo 6 del Convenio 169 y del Decreto 66”, lo que estima defectuoso ya que sólo cita los artículos de los principios del Convenio, omitiendo la normativa adecuada del Reglamento, sino que lo importante es más bien reflejar cómo se concreta en la metodología los principios de la buena fe, del consentimiento informado, debida diligencia, lealtad, transparencia, y flexibilidad.

Añade que de forma posterior a la definición del marco metodológico inicial, nombre reservado dispuso cambios de fechas de las reuniones de planificación, como ocurrió con la reunión 2 de la etapa de planificación del jueves 19 de junio, en la cual avisaron del cambio de fecha de la reunión del 28 de junio al 9 de julio, para lo cual pidieron unanimidad para realizar el cambio, pero a pesar de la oposición de ARASPA, de todas formas cambiaron la fecha de la reunión, y la razón para oponerse era simple, puesto que ya habían comprado los pasajes para que el abogado asesor pueda asistir. Con esto también luego agregaron nuevas fechas para el 11 de julio, por lo cual, ahora sí reconocían la existencia del principio de flexibilidad.

Al revisar el documento de la metodología, da cuenta de reuniones en el Ayllu de Solor de 25 de enero de 2025 y Ayllu de Cucuter de 31 de enero de 2025 y que como resultado de dicha reunión se levantaron las actas N°3 y N°4 y la lista de asistencias respectivas. Pero al revisar los documentos adjuntos a la metodología, solo se acompañan las listas de asistencias. Lo anterior, ya que la metodología no fue producto de un diálogo verdadero, sino más bien al parecer una imposición unilateral por parte de nombre reservado, lo que se ve reflejado a lo largo de todo el documento.

Destaca que el estándar establecido en la etapa de planificación por el artículo 16 del DS 66, consiste en que al menos se deben realizar 3 reuniones en dicha etapa, en tanto establece objetivos a cumplir en cada reunión, precisamente para que se cumpla con el consentimiento informado.

De esta forma se destaca que se tengan los plazos suficientes, tanto para reflexionar en base a cada reunión como poder cumplir los objetivos propuestos de la mejor forma posible. Pero en el presente caso solo se hicieron 2 reuniones y a su vez dichas reuniones solo tuvieron 5 días de diferencia una de otra, lo que es a todas luces un tiempo insuficiente para realizar cualquier reflexión seria, sobre todo teniendo en cuenta la complejidad del tema presente. Lo que nos indica, a su vez, que no se cumplió con los requisitos de información establecidos. Y también, los asesores solo empiezan a jugar un rol desde la etapa siguiente, por lo que mal podrían ayudar a salvaguardar el consentimiento informado y el cumplimiento del principio de buena fe, que a todas luces se ha vulnerado.

Señala que estas observaciones solo se pudieron realizar una vez transcurrida la etapa de información y de deliberación, ya que en ese momento las organizaciones pudieron contar con los antecedentes de los borradores de contratos que se consultan parcialmente y efectuar un análisis profundo y global de la información entregada contando con asesoría letrada, nada de lo cual ocurrió en la especie durante la etapa de planificación. Lo anterior, en un contexto donde no se hizo la planificación en 3 reuniones, y no se cumplió con los plazos suficientes para realizar en buena medida el consentimiento informado en la etapa de deliberación y diálogo, donde a su vez ya se cuenta con asesoría letrada, que permite comprender las deficiencias del procedimiento en su conjunto, y plantear las propuestas que incluyan a su vez, realizar las correcciones necesarias al presente procedimiento.

Hace presente que previamente alegó la falta de información para poder comprender de mejor manera los aspectos sometidos a consulta, pero también agrega la deficiente información bajo la cual se planificó su entrega como tal, puesto que durante el proceso se pusieron trabas arbitrarias e injustificadas para poder acceder a los borradores de contratos, bajo un argumento genérico y escueto de “confidencialidad” de esos documentos.

Agrega que en la propia Asamblea de ARASPA de 18 de mayo de 2025 se informó que varios integrantes no pudieron acceder a los contratos durante la etapa de difusión, en tanto se les señalaba que no podían acceder a las copias de los contratos, y que para ver los contratos se tenía que asistir presencialmente a una oficina destinada al efecto en un horario restringido, pudiendo acceder sólo a una copia física de tales instrumentos; todo lo cual impide en la práctica conocer de manera adecuada todo su contenido. Cabe destacar que, dados los reclamos de las organizaciones indígenas, finalmente nombre reservado accedió a entregar copias digitales, pero después de transcurrido un valioso tiempo de un proceso que se pretende desarrollar a la rápida sin entregar tiempo suficiente para que las organizaciones consultadas puedan analizar de manera adecuada la información restringida que se ha entregado. Aún existiera alguna cláusula contractual suscrita entre privados ajenos a las organizaciones indígenas que pudiera entrever un deber de la confidencialidad de los borradores de contratos, aplicables a quienes la suscribieron, en caso alguno ésta podría derrotar a la obligación legal derivada del principio de la debida diligencia y flexibilidad para que se pueda acceder de buena manera a la información sometida a la consulta, situándose en las necesidades concretas de los indígenas consultados.

Sin perjuicio de lo señalado, al analizar el contenido de los borradores adjuntos al proceso, estos no estaban completos. En efecto, en el caso del contrato de borrador de modificación de contrato para proyecto 2025-2030, se adjunta el contrato de la cláusula una a la tercera, se corta y luego aparece la cláusula cuarta a la sexta, estando incompleto. A su vez, faltan algunas definiciones. Y también ocurre que algunas páginas están cortadas, pasando de la cláusula cuarta a la sexta, y luego viceversa. Esto demuestra que no se ha respetado el principio de buena fe a la hora de entregar las copias de los contratos, con lo cual solo dificultan el acceso a su contenido.

Añade que tampoco, en base al principio de flexibilidad, se levantó la información con relación a la composición etaria de todas las personas que iban a ser parte del proceso, y con ello a su vez comprobar si dichas personas eran analfabetas digitales. Esto porque la Asociación tiene al menos a 1.180 integrantes de los cuales un 65% son personas de la tercera edad, y las cuales tienen escasas habilidades digitales, y por eso no basta con meramente acompañar a última hora los borradores contratos vía correo electrónico, sino que se les tiene que entregar con la debida antelación la información para que puedan leerla de propia mano, físicamente.

Señala que los contratos acompañados tienen un timbre de agua que atraviesa todas las páginas, con letras grandes que señalan “Copia xx”, lo que dificulta su lectura para personas que tengan problemas de visión; y tampoco se tuvo presente la dificultad de comprensión que implica para cualquier persona la lectura de documentos jurídicos avanzados como son los borradores de los contratos que se consultan parcialmente, y si bien se acompañó un ppt al respecto, es del todo insuficiente para poder explicar a cualquier persona que no es experta el contenido de los contratos. Reconoce que se acompañó un código QR que deriva a una página donde se encuentra algo más de información, pero también es insuficiente, en tanto nunca actualizan la página de Google drive a la que deriva, y no aparece ninguna información de la etapa de diálogo, entre otros problemas.

Con relación a los puntos que se están consultando como tal, afirma que falta información relevante para poder realizar una deliberación a cabalidad. En el caso del punto A. Implementación del proyecto y tecnología no se remite información alguna que pueda situar la información motivo de la consulta, en ninguno de sus subpuntos.

A modo de ejemplo, en el caso de la parte relativa a desarrollo de nuevas tecnologías no se entrega información para poder entender cuáles son estas nuevas tecnologías, ni se realiza un análisis comparativo para poder entender las diferencias en términos de costo, tiempo de cada una de ellas y los impactos que conllevan. De hecho, no se menciona ni siquiera cuales son los métodos actuales que están disponibles como extracción del litio, y cuáles son las innovaciones tecnológicas eventuales. Cabe señalar que si bien se menciona el método del DLE (Extracción Directa del Litio) no se explica con precisión, por lo cual sin acceso a información externa es imposible comprender someramente a que se refiere. Esto quiere decir que se entrega información sin contexto alguno que haga comprensible y real la deliberación.

En el caso del balance hídrico no se incorpora información para entender el actual impacto por los contratos vigentes y los cambios que van a implicar las modificaciones que se someten a consulta. Para esto tenemos que saber la cantidad de agua necesaria para el proceso productivo de la salmuera y de dónde la van a obtener, con la posible afectación de derechos de agua de terceros, como sus derechos. Por lo cual no se informa nuevamente para entender a cabalidad dicho problema. En el caso del compromiso de utilización de energías limpias ocurre el mismo problema, en tanto no se entrega información específica respecto a las energías limpias disponibles, costos de implementación, y análisis comparativo, de tal forma que lo informado es solamente un compromiso vacío, a su vez, por cuanto no establece parámetros de obligación más allá de la buena voluntad.

Alega también que el plazo dado para la duración de las etapas, en particular la de entrega de información y difusión, fue demasiado breve y tuvieron que pedir extensión del plazo la deliberación interna para poder dar cuenta de una reflexión en la Asociación, precisamente en parte porque también tuvo que tratar de salvaguardar las deficiencias en la entrega de información. Además, refiere que otro de los problemas es el financiamiento por movilización, el que a lo más considera sólo la posibilidad de un único viaje a la comuna de nombre reservado desde Santiago, pero a lo menos requiere que dichas personas puedan viajar 5 o 6 veces, lo que multiplica el gasto.

Indica que todo lo señalado tiene su punto culmine en la sesión del día 9 de junio de 2025, la primera que abrió la etapa de Diálogo, en donde se manifestó la necesidad de acomodar la metodología en términos de garantizar una participación efectiva de las organizaciones en dicho diálogo. Sin embargo, nombre reservado impuso que el diálogo se va a realizar de forma atomizada en grupos integrados de la forma que ellos decidieron.

Finalmente, en cuanto a los derechos fundamentales conculcados, refiere el derecho a la igualdad ante la ley ya que se le ha discriminado con lo que debe ser y son las consultas indígenas que el Estado se encuentra obligado a realizar conforme al Convenio 169 de la OIT y demás normas vigentes, al realizarse de forma parcial sólo en relación a determinadas cláusulas de los borradores de contrato y no en relación a su totalidad, además de excluir cláusulas que tienen afectación directa a sus derechos. Asimismo, refiere como conculcado el derecho de propiedad, lo que se concreta de dos formas: por la amenaza a los derechos de agua del cual es dueña producto de los derechos inscritos del agua y el daño que va a realizar la operación de los contratos consultados, y en base al artículo 15 del Convenio 169 de la OIT, este derecho de propiedad está recubierto a su vez por el derecho subjetivo del deber de consulta, el que es al tiempo especialmente protegido en el caso del numeral 1 si está ante recursos naturales de los cuales sean dueños los pueblos indígenas, lo que ocurre en el caso de ARASPA.

Solicita se ordene que se amplíe la consulta a las demás cláusulas de los referidos borradores de contratos que no forman parte de la consulta actual, que se debe consensuar la metodología concreta a partir de la cual se va a llevar la consulta, suspendiendo en el intertanto el proceso de consulta hasta que se defina en tales términos aquella y que se adopten otras medidas que se estimen pertinentes conforme a derecho, con costas.

SEGUNDO: Que se acumuló a la presente causa los autos Rol 1288-2025, en donde la Comunidad Atacameña de Coyo, representada por el abogado Javier Herrera Valverde, interpuso recurso de protección en contra de la Corporación de Fomento de la Producción, también por los actos arbitrarios e ilegales generados en el contexto del proceso de consulta indígena que datan del día 9 de junio de 2025.

Contextualiza que el pueblo Atacameño o Lickanantai está conformado por comunidades, linajes, asociaciones y personas indígenas que han habitado desde tiempos inmemoriales los territorios que hoy comprenden la comuna de nombre reservado, en la actual Región de Antofagasta, su continuidad histórica de su ocupación ha sido ampliamente reconocida por la arqueología, que sitúa su presencia en la zona hace más de 10.000 años, así como por diversas crónicas coloniales del siglo XVI, que dan cuenta de su existencia y organización social en dicho período, y mantiene una vinculación espiritual, cultural y económica estrecha con su entorno natural, caracterizado por el desierto, los salares, quebradas y oasis, y especialmente con ecosistemas frágiles como las vegas y bofedales.

Indica que la Comunidad Atacameña de Coyo es una comunidad indígena reconocida y constituida conforme a la Ley N°19.253, con personalidad jurídica vigente desde el 29 de octubre de 1994. Actualmente, está compuesta por aproximadamente 30 familias -unas 150 personas- asentadas en el ayllu homónimo, todas pertenecientes al pueblo Atacameño o Lickanantai, ya sea por acreditación ante CONADI o por vínculos consanguíneos conforme a lo dispuesto en su Estatuto.

En cuanto a los hechos, sostiene que la forma en que se está llevando adelante el proceso de consulta ha impedido que la Comunidad Atacameña de Coyo participe en condiciones adecuadas, conforme a los estándares internacionales vigentes, refiriendo argumentos similares a los indicados por la Asociación Atacameña de Regantes y nombre reservado.

Además, afirma que existiría una ampliación de los contratos que han sido objeto del proceso de consulta, los cuales incluyen la autorización para explotar y comercializar otros recursos minerales valiosos presentes en la cuenta del Salar, particularmente compuestos de potasio como el cloruro de potasio y el sulfato de potasio, lo que también debió ser materia de consulta por sus impactos previsibles en el equilibrio hídrico del sistema y en los usos consuetudinarios del territorio.

Refiere que durante la etapa de diálogo presentó, con fecha 30 de mayo de 2025, un informe fundado de propuestas, mediante el cual formuló observaciones sustantivas al diseño del proceso en lo referido a la ampliación del objeto de la consulta para incorporar el “Acuerdo de Asociación del Salar de Atacama”, la definición conjunta y previa de una nueva metodología de consulta y la entrega íntegra, oportuna y sin tarjaduras de todos los antecedentes esenciales, incluyendo los contratos entre nombre reservado y SQM y Tarar, pero nombre reservado no emitió respuesta sustantiva alguna, incurriendo en una omisión que contradice los principios de buena fe, transparencia y participación efectiva que deben regir todo proceso de consulta indígena conforme al Convenio N°169 de la OIT. Agrega que en la reunión plenaria del día 9 de junio de 2025, celebrada en la sede de la comunidad de nombre reservado, la comunidad atacameña de Coyo reiteró verbalmente sus solicitudes, a lo cual se le respondió verbalmente rechazando someramente cada una de ellas. Ese mismo día reiteró por escrito las tres solicitudes formuladas, pero nombre reservado se limitó a remitir un correo electrónico de acuse de recibo, sin emitir ningún pronunciamiento sustantivo respecto de los requerimientos planteados por la comunidad ni comprometer acción alguna.

Aduce que esta omisión contrasta notoriamente con la respuesta sustantiva que nombre reservado entregó al Consejo de Pueblos Atacameños en atención a una presentación análoga, donde mediante carta de 17 de junio de 2025 se les respondió extensamente a los requerimientos, lo que configura un acto de discriminación en perjuicio de una comunidad indígena y configura una afectación concreta al derecho de consulta previa, libre e informada.

Seguidamente, se refiere a la procedencia del recurso de protección toda vez que el acto impugnado -consistente en la omisión de respuesta por parte de un órgano del Estado en el marco de un procedimiento administrativo que involucra el ejercicio de derechos fundamentales de pueblos indígenas, así como en la negativa verbal, infundada y persistente de la Subdirectora Legal de Asuntos Corporativos de nombre reservado a dar curso a las solicitudes previamente formuladas-, posee la entidad suficiente para afectar gravemente el legítimo ejercicio de garantías constitucionales, lo que requiere ser corregido.

Luego de indicar la regulación jurídica del derecho a la consulta, alega que nombre reservado debió haber consultado todas las cláusulas de los borradores de los contratos de proyecto y arrendamiento, limitando arbitrariamente las materias de consultas, refiriendo materias omitidas en el contrato de arriendo 2025-2030, contrato de arriendo 2031-2060, contrato de proyecto 2025-2030 y contrato de proyecto 2031-2060.

Refiere que la decisión de nombre reservado de impulsar un proceso consultivo segmentado con una definición restringida de objeto y sin incorporar cláusulas contractuales sustantivas constituye una medida administrativa que incide directamente en los derechos de las comunidades indígenas del Salar de Atacama, el cual no reúne las condiciones mínimas para continuar ya que a pesar de la evidente susceptibilidad de afectación, la consulta impulsada por nombre reservado no ha considerado de forma específica ni diferenciada la situación de la Comunidad Atacameña de Coyo.

Agrega que nombre reservado ha incumplido las normas y estándares del Convenio 169 de la OIT, al menos en cuatro dimensiones sustantivas: objeto de la consulta predefinido sin participación indígena, exclusión no justificada de temas sustantivos, insuficiencia de información entregada y diseño metodológico y plazos inadecuados, actuaciones que no sólo contradicen obligaciones convencionales, sino que desnaturalizan al PCI como mecanismo de resguardo efectivo de los derechos colectivos indígenas, reduciéndolo a una formalidad sin posibilidad real de incidencia.

Por último, respecto de los derechos constitucionales lesionados por la recurrida, refiere el derecho a la igualdad ante la ley, derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y derecho de propiedad.

Solicita se disponga la suspensión del proceso de consulta indígena hasta que se cumplan de manera íntegra y oportuna las siguientes condiciones mínimas:

1.- La ampliación del objeto de la consulta respecto de la totalidad del contenido de los borradores de contratos, así como de los acuerdos, memorándum, anexos, pactos de accionistas y documentos complementarios, por tratarse de instrumentos que contienen decisiones con impacto directo en los territorios, recursos y derechos colectivos de las comunidades del Salar;

2.- La definición previa y conjunta de una nueva metodología de consulta, conforme a los principios y estándares del Convenio N°169 de la OIT, que permita acordar con las comunidades participantes los plazos, fases, mecanismos de participación, criterios técnicos, segmentaciones adecuadas y otras condiciones esenciales que aseguren una incidencia sustantiva en el contenido de las decisiones objeto de consulta. Especialmente, establecer una nueva metodología de trabajo para la etapa de diálogo, evitando incurrir en arbitrariedades fundadas en estudios de terceros privados ajenos a la consulta, pero interesados en sus resultados;

3.- La entrega íntegra, oportuna y sin tarjaduras de todos los antecedentes relevantes, incluyendo los contratos suscritos entre nombre reservado, SQM y Tarar, los pactos de accionistas, los acuerdos de participación comunitaria, los compromisos ambientales, los instrumentos de gobernanza, los fundamentos jurídicos de la Resolución Exenta N°347, de 26 de abril de 2024, y todo otro documento que incida en el contenido, alcance o efectos de las medidas sometidas a consulta, especialmente aquellos referidos al potasio.

Asimismo, pide se ordene a nombre reservado abstenerse de realizar actos o tomar decisiones que consoliden los efectos de los contratos suscritos o continúen con el procedimiento de consulta mientras persistan las omisiones mencionadas y que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

TERCERO: Que, en estos autos también se hizo parte la Comunidad Indígena Atacameña de Solor en calidad de tercero coadyuvante.

Indica que pertenece al pueblo Atacameño o Lickanantay, es una comunidad indígena constituida conforme a la Ley N°19.253, con personalidad jurídica vigente desde el 4 de agosto de 1995, y se emplaza territorialmente en el ayllu de Solor, ubicado en el borde norte de la cuenca del Salar de Atacama, comuna de nombre reservado, Región de Antofagasta.

Refiere que mediante Resolución Exenta N°347 del 23 de abril de 2024 de nombre reservado, se inició el Proceso de Consulta Indígena “Contratos Salar de Atacama”. Con todo, a través de Resolución Exenta N°1.234 del 4 de octubre de 2024 de nombre reservado, se ordenó una nueva convocatoria a la primera reunión de la etapa de Planificación. La finalidad de esta Consulta Indígena, conforme a la precitada Resolución exenta N°347, es efectuar este procedimiento de acuerdo al Convenio N°169 OIT y el D.S. N°66/2013, con el propósito de consultar al Pueblo Atacameño de la cuenca del Salar de Atacama, sobre las medidas administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas contenidas en las modificaciones de los Contratos para Proyecto en el Salar de Atacama y de nombre reservado de Pertenencias Mineras OMA (2025-2030); y los Contratos de nombre reservado de Pertenencias Mineras en el Salar de Atacama y de Proyecto en el Salar de Atacama (2031-2060).

Expone que el proceso de Consulta Indígena se inició el 5 de noviembre de 2024, con la primera reunión de la Etapa de Planificación, siguiendo con las etapas consecutivas establecidas en el artículo 16 del D.S. N°66/2013, pero la etapa de Diálogo se está llevando a cabo de manera diferenciada ya que nombre reservado realizó una división en 3 grupos para realizar las reuniones y actividades, segmentación que se ejecutó materialmente en la sesión del día 9 de julio de 2025 y que persiste hasta la actualidad.

Si bien nombre reservado adoptó esta medida unilateral para “acomodar” la metodología, esta división revela un actuar negligente, ilegal y arbitrario por parte de nombre reservado ya que aquello debió ser abordado en la etapa de planificación de conformidad al artículo 16 letra a) inciso primero del DS 66 que consagra las finalidades de esta etapa.

Sostiene que nombre reservado también ha transgredido el inciso final del artículo 16 letra a) inciso final por cuanto en caso de NO existir acuerdo en la metodología, su deber no debió agotarse en dejar constancia de esta situación y de la metodología a aplicar, puesto que la división en grupos no permite la generación de condiciones para que el Pueblo Atacameño de la cuenca del Salar de Atacama intervenga en un plano de igualdad.

De otro lado, alega que sólo parte de los contratos materia de la Consulta Indígena son objeto de ésta, ya que nombre reservado delimitó unilateralmente las cláusulas de los contratos consultados, excluyendo materias sumamente relevantes susceptibles de afectar al Pueblo Atacameño de la cuenca del Salar de Atacama, tales como (i) las reglas económicas esenciales, incluyendo los mecanismos de fijación y distribución de beneficios, regalías y obligaciones financieras, considerando los estándares vigentes de otras operaciones en el Salar de Atacama; (ii) las disposiciones sobre fiscalización, control y auditoría del cumplimiento ambiental; y (iii) referencia a mecanismos de participación vinculante de las comunidades indígenas en decisiones futuras. Precisa que, respecto a las últimas dos materias, la Comunidad de Solor solicitó que fueran incorporadas en la Consulta Indígena, a través del hito conclusivo de la Etapa de Deliberación Interna, a saber, Informe Fundado de Propuestas, enviado a nombre reservado con fecha 1 de junio de 2025.

Concluye que la delimitación unilateral y arbitraria de las materias objeto de consulta vulnera no sólo el derecho a la participación, sino también el principio de igualdad ante la ley, al establecer criterios diferenciales sin fundamento, y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, al excluir del análisis consultivo decisiones que impactan directamente sobre territorios indígenas y ecosistemas frágiles como el Salar de Atacama, el Sitio Ramsar Sistema Hidrológico de Soncor del Salar de Atacama; la vega y laguna de Tebenquiche cuyo equilibrio hídrico se encuentra en riesgo; y el Área de Desarrollo Indígena Atacama La Grande.

CUARTO: Que evacuó informe Víctor Gonzalo Campos Muñoz, abogado, en representación de la Corporación de Fomento de la Producción, solicitando el rechazo de los recursos por no concurrir ninguno de los requisitos de procedencia para que proceda esta acción.

Como antecedente, indica que nombre reservado es la agencia de desarrollo y fomento productivo estratégico del país, tiene a su cargo el apoyo al emprendimiento, la innovación y la competitividad en Chile y el fortalecimiento del capital humano y las capacidades tecnológicas, y de conformidad con la Ley N°6.334, publicada en 1939, y cuyo texto se refundió en virtud de la Ley N°6.640, publicada en 1941, se creó a nombre reservado como una persona jurídica de derecho público, la cual se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Es dirigida y administrada por un Consejo, órgano colegiado dotado de atribuciones suficientes para cumplir funciones de fomento y desarrollo de la producción, conferidas por la mencionada ley, por el Decreto con Fuerza de Ley N°211, de 1960, del Ministerio de Hacienda, por el Reglamento General de la Corporación, aprobado por Decreto Supremo N°360, de 1945, del Ministerio de Economía y Comercio y por la Ley N°21.105, sin perjuicio de las atribuciones propias del Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación. Así, nombre reservado es un servicio público, un órgano de la Administración del Estado de carácter descentralizado, pues tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, y que cumple un rol de alta relevancia para el incentivo del desarrollo en los procesos productivos de nuestro país. En este sentido, en sus actuaciones se debe regir por las normas propias que rigen a los órganos administrativos, lo que ha cumplido a cabalidad, para garantizar un actuar objetivo, imparcial, sujeto a la legalidad y a los estrictos parámetros de publicidad, transparencia y probidad.

Señala que nombre reservado es titular de las pertenencias mineras OMA en el Salar de Atacama que constituyó en el año 1977 sobre el litio y otros minerales, y mediante contrato de arrendamiento suscrito el 12 de noviembre de 1993 entre la Corporación y MINSAL Limitada (hoy SQM Salar S.A.), modificado el 21 de diciembre de 1995 (el “nombre reservado”), nombre reservado arrendó a dicha empresa las pertenencias mineras OMA para la explotación, producción y comercialización de sales de potasio, ácido bórico y productos de litio o cualquiera otra sustancia minera existente en las mismas, de conformidad con lo estipulado en un contrato para proyecto en el Salar de Atacama, que fue suscrito en la misma fecha por los dos únicos socios de MINSAL a esa data: nombre reservado y SQM Potasio S.A., modificado mediante instrumentos de fecha 19 y 21 de diciembre de 1995 (el “nombre reservado para Proyecto”).

Por instrumento de 17 de enero de 2018, nombre reservado y las empresas SQM Salar S.A., SQM Potasio S.A. y SQM S.A., modificaron y suscribieron el texto refundido del nombre reservado para Proyecto y del nombre reservado, los que, junto con su rectificación de 8 de marzo de 2018, (conjuntamente los “Contratos SQM”) fueron aprobadas por Resolución Afecta N° 48, de 2018, de nombre reservado, con toma de razón por la Contraloría General de la República el 10 de abril del mismo año.

Los contratos SQM fueron modificados por escrituras públicas otorgadas el 8 de enero de 2020 ante la Séptima Notaría de Santiago, y aprobadas por Resolución Afecta N°16, de 2020, de nombre reservado, tomada de razón por la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago el 27 de febrero del mismo año, y el nombre reservado para Proyecto fue modificado por escritura pública de diciembre de 2020, aprobada por Resolución Afecta N°125, de 2020, de nombre reservado, tomada de razón por la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago el 31 de diciembre del mismo año.

Los Contratos SQM terminan su vigencia el 31 de diciembre de 2030, sin perjuicio de las causales de término anticipado que dichos instrumentos establecen.

En el marco de la “Estrategia Nacional del Litio” (la “ENL”), que respecto del Salar de Atacama dispone el ingreso del Estado en el ciclo productivo, a través de una articulación público–privada (APP), con participación mayoritaria del Estado y el respeto de los contratos vigentes, Codelco, que por su ley orgánica se encuentra facultada, por sí o a través de sus filiales, para la explotación de litio y otras sustancias minerales, constituyó la sociedad Minera Tarar SpA (“Minera Tarar”) como vehículo para la APP.

En este contexto, se generaron (i) los borradores de las modificaciones de los Contratos para Proyecto en el Salar de Atacama y de nombre reservado de Pertenencias Mineras OMA, suscritos el 17 de enero de 2018 entre nombre reservado y SQM Salar S.A. y otros, a surtir efectos desde el año 2025 y hasta el año 2030 (Borradores Modificaciones SQM); y (ii) los borradores de los Contratos de nombre reservado de Pertenencias Mineras en el Salar de Atacama y de Proyecto en el Salar de Atacama, a surtir efectos desde el año 2031 y hasta el 2060 (“Borradores Codelco Tarar”, conjuntamente con los “Borradores Modificaciones SQM”, los “Borradores”).

Dado que los Borradores contiene materias susceptibles de afectar al pueblo indígena atacameño, mediante Resolución electrónica Exenta N°347, de 2024, nombre reservado instruyó la Consulta Indígena contratos Salar de Atacama.

Refiere que los recurrentes fundan sus respectivas acciones de protección en una supuesta actuación ilegal o arbitraria en la que nombre reservado, como órgano responsable de la Consulta Indígena Contratos Salar de Atacama, habría incurrido en la primera reunión de la etapa de Diálogo de dicho proceso, realizada el día 9 de junio de 2025 en modalidad plenaria, en la sede de la Comunidad Indígena Atacameña de nombre reservado.

Dicha actuación ilegal o arbitraria consistiría en que nombre reservado no habría dado lugar a las siguientes solicitudes que las recurrentes plantearon en dicha instancia, y, previamente, en los respectivos Informes Fundados que ambas presentaron al término de la etapa de Deliberación, de conformidad con la metodología:

ARASPA:

1.- Ampliar la Consulta Indígena a más cláusulas de los referidos borradores contratos que aquellas que ha señalado nombre reservado.

2.- Consensuar una metodología conforme a la cual se va a llevar a cabo la fase de diálogo de la consulta.

Comunidad de Coyo:

1.- Ampliar el objeto de la Consulta Indígena para incorporar el Acuerdo de Asociación suscrito el 30 de mayo de 2024 entre Codelco y SQM, junto con todos sus anexos y documentos complementarios, por tratarse de instrumentos que contienen decisiones que afectan directamente los territorios, recursos y derechos de las comunidades del Salar;

2.- Definir conjunta y previamente una nueva metodología de consulta, conforme principios y estándares del Convenio 169, que permitiera acordar plazos, fases, mecanismos de participación, criterios técnicos y segmentaciones adecuadas, asegurando condiciones efectivas de incidencia en el contenido de las decisiones consultadas;

3.- Entrega íntegra, oportuna y sin tarjaduras de todos los antecedentes esenciales, incluyendo los contratos entre nombre reservado, SQM y Tarar, pactos de accionistas, acuerdos de participación comunitaria, compromisos ambientales, instrumentos de gobernanza, fundamentos jurídicos de la Resolución Exenta N°347, y demás documentos vinculados al proyecto en curso.

Agrega que, en la reunión del 9 de junio de 2025, habría solicitado que se entregara el nombre reservado offtake de Potasio (Anexo 2.15) y el contrato de compraventa sobre activos en Maricunga (Anexo 10.1 (b))1; y que nombre reservado tampoco habría contestado una carta formal que esta comunidad le remitió el mismo 9 de junio de 2025 solicitando lo mismo que indicara en su Informe Fundado.

Si bien se indica en los recursos que la supuesta ilegalidad se habría producido el 9 de junio de 2025, lo cierto es que todas estas materias ya fueron revisadas y explicadas en el transcurso del proceso, por lo que el plazo para haber impugnado cualquier determinación de nombre reservado se encuentra vencido, ya que la recurrente ARASPA ha estado en conocimiento de las materias consultadas, y también de aquellas que no por carecer de la susceptibilidad de afectación directa regulada en el artículo 7 del DS 66, desde el término de la etapa de Planificación, ocurrido el 31 de enero de 2025, o, a más tardar, desde el 13 de febrero de 2025, que es cuando tuvo conocimiento de los hechos que ahora impugna, quedando de manifiesto que la acción deducida ha sido interpuesta fuera de plazo.

En cuanto a la ampliación del objeto de la Consulta Indígena para incorporar el denominado “Acuerdo de Asociación” suscrito el 30 de mayo de 2024 entre Codelco y SQM, y la entrega de sus antecedentes sin tarjaduras, reitera el argumento anterior respecto a que la Comunidad de Coyo ha estado en conocimiento de las materias consultadas y las que no, además que en las primeras reuniones de la etapa de Planificación realizadas los días 5 y 6 de noviembre de 2024, se informó a todas las organizaciones la completa separación, tanto material como jurídica, entre los Borradores y el Acuerdo de Asociación. Respecto de los demás antecedentes que indica, aquellos no son parte de los borradores, sino de los acuerdos entre las empresas Codelco y SQM S.A. y pertenecen al estricto ámbito de sus relaciones comerciales, en las cuales nombre reservado no tiene ni puede tener ninguna participación, incidencia o intervención, de manera que no pueden ser parte de la Consulta Indígena, y si la Comunidad de Coyo consideró que existía una ilegalidad, debió deducir su impugnación dentro de los 30 días corridos siguientes al 5 de noviembre de 2024, o a más tardar el 13 de febrero de 2025, que es cuando se tuvo conocimiento de los actos impugnados. Agrega que esta Iltma. Corte de Apelaciones, en los autos Rol 1.626-2024, determinó la improcedencia de la Consulta Indígena respecto del Acuerdo de Asociación, ratificado posteriormente por la Corte Suprema, de manera que el intento de incorporarlo a la Consulta Indígena desconoce absolutamente dicha decisión judicial.

En cuanto a la entrega de los contratos entre nombre reservado, SQM y Tarar, sin tarjaduras, y de la Resolución N°347, de 2024, de nombre reservado, con sus antecedentes jurídicos, indica que los plazos para impugnar dichas actuaciones por esta vía se encontraban vencidos al 9 de junio de 2025.

Con relación a consensuar una metodología entre nombre reservado y las organizaciones indígenas, de acuerdo al artículo 16 de la letra a) del DS 66, aquella debe efectuarse en la primera etapa de planificación, en la que nombre reservado presentó una propuesta, las organizaciones presentaron sus contrapropuestas, y el proceso de diálogo fue desarrollado en las reuniones de 25 y 31 de enero 2025, fijándose la metodología en la última reunión, por lo que también ya ha transcurrido el plazo.

Así, estima que de acuerdo con lo indicado y los antecedentes aportados, se encuentra acreditado que los recurrentes tomaron conocimiento de los mismos actos cuya ilegalidad y arbitrariedad impugnan por la vía de la acción deducida en estos autos, resultando inaceptable que pretendan, por la vía de presentar un requerimiento al margen del procedimiento y luego de haber avanzado dos etapas del mismo, de conformidad con la misma Metodología que impugnan, pretendan generar artificiosamente un plazo con la sola finalidad de presentar una acción constitucional a todas luces extemporánea.

Respecto a los fundamentos de las acciones de protección, a modo preliminar indica que los recursos señalan los hechos o actuaciones que estiman ilegales o arbitrarios y que éstos vulnerarían las garantías constitucionales que respecto de cada uno de ellos indican, por generar susceptibilidad de afectación directa en sus tradiciones y costumbres ancestrales y culturales o la relación con sus tierras indígenas, según el caso; pero no indican de qué manera tales hechos o actuaciones producirían la susceptibilidad de afectación; careciendo, en consecuencia, de una fundamentación que permita determinar fehacientemente la susceptibilidad de afectación.

Considera que no hay un relato preciso y completo de los supuestos hechos o actos ilegales, pudiendo constatarse que en algunos casos se omite deliberadamente información, se presentan los hechos de manera acomodaticia y, en algunos casos, incluso dicho relato no es veraz, además que las argumentaciones no alcanzan a justificar, ni aun someramente, ninguna infracción constitucional, no obstante, contrariamente a lo señalado por las recurrentes, las actuaciones de nombre reservado se han ajustado a la normativa vigente, sin que pueda atribuirse, ni remotamente, las afectaciones a las garantías constitucionales supuestamente vulneradas.

Afirma que nombre reservado cumplió a cabalidad con la normativa vigente en materia de consulta indígena y con los principios que rigen el procedimiento, para lo cual hace una referencia a la normativa del Convenio 169, al DS 66 y a la “Guía de Orientaciones Metodológicas Procesos de Consulta Indígena” del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, agregando que como órgano responsable de la Consulta Indígena, y acorde con lo prescrito en los artículos 7 y 8 del DS 66, le correspondió determinar las medidas administrativas que fueron objeto de la Consulta, para cuyo efecto consideró que (i) la medida a consultar no correspondía a un acto unilateral de nombre reservado, sino que a contratos, esto es, actos jurídicos bilaterales que se suscribirían con terceros una vez realizada la Consulta Indígena, (ii) no todas las cláusulas de los Borradores eran susceptibles de generar afectación directa en los términos del artículo 7 del DS 66, (iii) dentro de una misma cláusula de los Borradores se contenían materias que generaban susceptibilidad de afectación directa y otras materias que no, (iv) algunas cláusulas contenían aspectos de naturaleza eminentemente técnica, o de carácter estructural del Proyecto, y (v) el Proyecto a ejecutar en las Pertenencias que se entregarían en arrendamiento en virtud de los Borradores Codelco Tarar, serían objeto de un procedimiento de consulta indígena en el marco del SEIA, de manera que no resultaba procedente definirlos ni incluirlos en la Consulta Indígena según el artículo 8 del DS 66.

Así, se identificaron cuáles de las materias contenidas en cada una de las cláusulas de los Borradores generaban susceptibilidad de afectación directa, considerando que la obligación exigible a nombre reservado según el ordenamiento jurídico es consultar solo las medidas administrativas que revisten tal naturaleza, las que se agruparon conceptualmente de la forma siguiente y para ambos períodos, con el objeto de facilitar la revisión de su contenido y trabajo con las organizaciones indígenas atacameñas. Indica en cada caso, y de modo resumido, el motivo por el cual nombre reservado consideró que esas materias generaban susceptibilidad de afectación directa en los términos del artículo 7 del DS 6626:

A.- Implementación del proyecto y tecnología A1. Desarrollo de nuevas tecnologías en procesos productivos en el Salar de Atacama para proyecto futuro. Se consideró que el impacto que un nuevo proyecto en las Pertenencias sobre la base de Nuevas Tecnologías, que incluyen reinyección de salmuera en el Salar de Atacama, tiene susceptibilidad de afectación directa del pueblo Atacameño, dada la significación que este cuerpo salino tiene en la cosmovisión Atacameña, y que forma parte la cultura y espiritualidad de su cultura ancestral.

A2. Balance hídrico y sostenible de largo plazo. Se tuvo a la vista que el agua continental es un elemento fundamental en la cultura y cosmovisión atacameña y en los sistemas de vida de las organizaciones indígenas atacameñas, y el impacto que un balance hídrico produciría para su conservación en el largo plazo.

A3. Compromiso de utilización de energías limpias. Dado que la utilización de energías limpias en el proceso productivo en el Salar de Atacama tiene por objeto contribuir al cuidado del medioambiente, se estimó que el hecho de que se prevean cambios en el tipo de energías a utilizar tiene susceptibilidad de afectación en el pueblo Atacameño, considerando que su relación con el medioambiente es uno de los pilares fundamentales de su cosmovisión y su cultura ancestral.

B.- Ambiental:

B4 Cumplimiento ambiental. Considerando que esta cláusula tiene por objeto, en general, la realización de mejores prácticas en el proceso productivo en el Salar de Atacama para contribuir al cuidado del medioambiente, realización de estudios, colaboración en modelamientos hidrogeológicos y acceso a información a las organizaciones indígenas atacameñas, se concluyó que se configura la susceptibilidad de afectación en el pueblo Atacameño, dado que tanto su relación con el medioambiente como el Salar de Atacama son parte de su cosmovisión y cultura ancestral.

C.- Pertenencias mineras con fines de protección ambiental C5. Prohibiciones (enajenación con fines de protección y resguardo socio ambiental)

C6. Mandato, rendición de cuentas y anillos de protección (2 Km y 10 Km) Dado que se incluyó en los Borradores la posibilidad de que, como excepción a la prohibición general de la arrendataria de enajenar pertenencias mineras de su propiedad situadas en áreas aledañas a las Pertenencias, pueda hacerlo previa autorización de nombre reservado y solo para fines de resguardo socioambiental, la incorporación de este último concepto implica la consideración de aspectos que forman parte de la cultura Atacameña, ancestralmente vinculada al medioambiente, lo que implica una susceptibilidad de afectación directa de las organizaciones indígenas atacameñas.

D.- nombre reservado:

E7. nombre reservado a organizaciones indígenas. La entrega de aportes a las organizaciones indígenas atacameñas incide directamente en las formas de vida de las organizaciones indígenas atacameñas y en la forma de determinar su desarrollo, de manera que se trata de una materia que tiene susceptibilidad de afectación directa en los términos del artículo 7 del DS 66.

También se incorporaron las siguientes materias a consultar:

E8 Acceso a información ambiental y operativa del Proyecto.

E9 Auditor Ambiental.

E10 Reserva de litio, manejo de salmueras residuales y recuperación futura de litio.

E11 Restitución, transferencia y derechos de adquisición (derechos de agua al final del período con fines de resguardo ambiental).

E12 Esfuerzos de I+D.

E13 Implementación anticipada de los compromisos indicados en la materia A, para el período 2025-2030, se incorpora atendidos los mismos argumentos que los indicados precedentemente para dicha materia.

Indica que las restantes materias no fueron incluidas dentro de las materias a consultar atendido que no eran susceptibles de generar afectación directa en los términos del artículo 7 del DS 66, o bien, se trataba de materias que, por su naturaleza, no debían ser objeto de este proceso en los términos indicados en el artículo 8 del DS 66, sin perjuicio de que igualmente nombre reservado entregó a todos los participantes de la Consulta Indígena la información completa e íntegra de todas las materias contenidas en los Borradores, tanto en la etapa de Planificación, que exige, de acuerdo con el artículo 16, letra a) numeral i), entregar información preliminar de la medida a consultar, como en la etapa de Entrega de Información y Difusión.

Agrega que pese a la existencia de obligaciones legales de resguardo de la información, nombre reservado realizó las siguientes acciones destinadas a entregar información completa a los participantes de la Consulta Indígena, dando así cumplimiento al principio de Buena Fe y Debida Diligencia: una etapa de relacionamiento previo desarrollada en julio, agosto y septiembre de 2024, exhibición de borradores íntegros los días 12, 13 y 14 de septiembre de 2024 y los días 24, 25 y 26 de septiembre de 2024, implementación de una oficina de soporte y atención en la comuna de nombre reservado, exhibición permanente de los borradores íntegros en dicha oficina, entrega de texto íntegro de las cláusulas que contenían las medidas a consultar bajo un protocolo de confidencialidad y se dispuso la entrega de una copia de borradores íntegros por organización indígena atacameña.

Seguidamente, hace una cronología completa del inicio de la consulta indígena y la convocatoria y como se fueron desarrollando las distintas etapas, indicando que se encuentran en etapa de entrega de información, respecto de la cual se han realizado 8 reuniones, siendo la última de fecha 08 de agosto de 2025, localidad de Solcor, donde se presentaron los textos de ideas matrices de las materias consultadas y se registran los disensos de las organizaciones atacameñas.

Luego, refiere que las acciones interpuestas deben ser rechazadas, haciéndose cargo de cada uno de los argumentos del siguiente modo:

A.- Sobre la supuesta delimitación arbitraria del objeto de consulta indígena:

- En cuanto a que con la delimitación se estaba impidiendo una comprensión adecuada y cabal del alcance de las obligaciones de las partes, indica que hay una confusión entre lo que es la entrega de información íntegra y lo que es propiamente sometido a consulta indígena, esto es, la medida administrativa que genera susceptibilidad de aceptación, siendo inaceptable que se pretenda extender la susceptibilidad de afectación directa cuyo alcance se encuentra determinado por el artículo 7 del DS 66, desnaturalizando los supuestos de procedencia de un proceso de consulta indígena.

- En cuanto a que la totalidad de las cláusulas le generarían susceptibilidad de afectación directa, se sustentan en menciones vagas, genéricas que no permiten entender de qué manera dichas cláusulas son la causa directa de un impacto significativo. La acción de la Comunidad de Coyo se limita a individualizar detallar cada una de las cláusulas, seguido de un resumen de su contenido, pero sin efectuar un análisis detallado y serio respecto de la forma en que cada una de ellas genera susceptibilidad de afectación en los términos del artículo 7 del DS 66, lo que impide, en definitiva, tener por acreditada su pretensión, siendo falsa la aseveración que dentro de los borradores se incluya la explotación y comercialización de cloruro de potasio y sulfato de potasio. Por su parte, la acción de ARASPA tampoco fundamenta de forma concisa cómo las cláusulas le generarían susceptibilidad de afectación directa, no logrando acreditar la procedencia de la consulta indígena. Menciona que los Borradores Modificaciones 2025-2030 no implican aumento en la extracción de salmuera ni del uso de mayores caudales de agua continental que los utilizados actualmente, toda vez que éstas se regirán por la RCA vigente y por el “Plan de reducción de extracciones en el Salar de Atacama”, de SQM Salar SpA, en proceso de evaluación ambiental, que, contrariamente a lo afirmado por el recurrente, contempla la reducción gradual de extracción de salmuera.

- En cuanto a que hay cláusulas que no fueron consultadas, sostiene que no resulta posible someter a consulta indígena definiciones técnicas o jurídicas, toda vez que éstas tienen el sentido y alcance que da la respectiva ciencia, de manera que (i) no constituyen en sí medidas administrativas que produzcan afectación directa ya que no produzcan un efecto material o jurídico, en los términos del artículo 7 inciso final del DS 66, y (ii) no contienen un margen de discrecionalidad que permita llegar a acuerdos con las organizaciones consultadas, además que no producen afectación directa las medidas administrativas que no produzcan un efecto material o jurídico.

- Concluye que la determinación del objeto de la consulta no fue arbitraria, sino, muy por el contrario, fue efectuado con la debida razonabilidad y justificación, y determinado con estricto apego al DS 66, razón por la cual estos argumentos deben ser desechados.

B.- Sobre el supuesto incumplimiento de la normativa y principios en la etapa de planificación y en la determinación de la metodología de la consulta indígena:

- Indica que se dio cumplimiento al artículo 16 del DS 66 respecto de la etapa de planificación, la que se llevó a cabo en 4 reuniones donde se entregó la información, y en esta etapa se debe determinar la metodología la que se debe realizar de manera conjunta entre el órgano responsable y el pueblo indígena consultado, nombre reservado presentó los acuerdos, las organizaciones presentaron sus respectivas contrapropuestas y luego se presentó la sistematización de sus contrapropuestas a la propuesta metodológica de nombre reservado y sobre dicha base presentó una nueva propuesta metodológica, la que fue objeto de diálogo en la reunión 4 desarrollada el 25 y 31 de enero de 2025. De esta manera, la metodología sí fue objeto de un proceso de co-construcción con las organizaciones atacameñas, consignando los aspectos en que hubo acuerdo y disensos, según el artículo 16 del DS 66.

- En cuanto a los plazos acotados, de acuerdo con lo establecido en el DS 66, los plazos máximos de la consulta indígena son de 20 días hábiles, y los que se aplicaron en la Consulta Indígena fueron superiores a ese estándar normativo, como se ha acreditado.

- Con relación a que no se ha considerado financiamiento para la etapa de planificación, el financiamiento de asesores se contempla solo para la etapa de Deliberación Interna, y para esta Consulta Indígena se consideró un financiamiento de $6.000.000 por organización, lo que supera con creces en estándar chileno en materia de financiamiento de asesores, que promedia la suma de $1.500.000, adicionalmente, en virtud del principio de Debida Diligencia, la Metodología estableció la procedencia de contar con asesores abogados o de otras profesiones, durante las etapas de entrega de Información, Deliberación Interna y Diálogo.

- Sobre los cambios de fechas de reuniones, ello obedeció a la necesidad de ir adecuando el procedimiento de acuerdo a las circunstancias.

C.- Sobre la supuesta entrega parcial o fragmentada de antecedentes, sostiene básicamente que entregó todos y cada uno de los documentos que comprendían la medida consultada, y las acusaciones sobre trabas arbitrarias tenían que ver con el resguardo del contenido de un contrato o con acuerdos comerciales entre empresas de las que nombre reservado no participa.

D.- Sobre la supuesta exclusión de elementos ambientales en los Borradores, nombre reservado no tiene facultades en materia medioambiental, de manera que deben descartarse de plano todas las alegaciones de la Comunidad de Coyo en esta materia.

E.- Sobre la omisión o negativa de respuesta a las pretensiones presentadas en la reunión del 9 de junio de 2025 alegada por la Comunidad de Coyo, según lo informado se dio respuesta a cada uno de los planteamientos.

Finalmente, concluye que todas y cada una de las actuaciones de nombre reservado carecen de arbitrariedad y cumplen a cabalidad las exigencias normativas vigentes al momento de ser ejecutadas, sin que pueda atribuirse la afectación a las garantías constitucionales supuestamente vulneradas. En efecto, hacer aplicable la consulta indígena a dichas actuaciones, tal como pretende la recurrente, implicaría haber realizado un proceso de consulta indígena sin haberse dado los presupuestos necesarios para su concurrencia y su realización habría significado para esta Corporación el desapego e inobservancia de la normativa vigente, incumpliendo con el principio de juridicidad que debe regir la actuación administrativa.

QUINTO: Que, asimismo, informó al tenor del recurso la Corporación Nacional del Cobre de Chile, y también como tercero interesado, ya que las pretensiones de las recurrentes ponen en riesgo el proyecto de explotación del litio en el Salar de Atacama que se desarrollará en cumplimiento de una política estatal.

Básicamente, indica que la consulta indígena se enmarca en una política pública iniciada hace más de una década que busca el involucramiento del Estado de Chile en la explotación del litio, refiriéndose a la Estrategia Nacional del Litio que el Presidente nombre reservado el día 20 de abril de 2023 dio continuidad, documento que fijó varias líneas de acción, incluyendo la participación temprana y oportuna de Codelco en la explotación del Litio, para lo cual se han tenido conversaciones colaborativas con nombre reservado, negociando el contenido de dos contratos para dichos propósitos: i) el borrador del contrato de arrendamiento de un grupo de pertenencias en el Salar de Atacama entre nombre reservado y Minera Tarar SpA (“Tarar”), filial de CODELCO, a partir del 2031; y (ii) el borrador del contrato de proyecto de explotación de litio en el Salar de Atacama entre nombre reservado, Tarar y CODELCO a partir del 2031, y la aprobación y suscripción de estos contratos quedó expresamente sujeta al cumplimiento de las condiciones definidas por la Estrategia para la Asociación público-privada, a la realización de una consulta indígena y a las demás aprobaciones legales pertinentes.

Seguidamente, se refiere a la celebración del acuerdo de asociación para la implementación de la Estrategia Nacional del Litio celebrado con SQM, el cual fijó los términos comerciales y condiciones precedentes para el ingreso de Codelco a la explotación del litio desde ya, y así ejecutar una explotación conjunta del litio en el Salar de Atacama en el periodo 2025-2060, el que contempla la formación de una asociación público-privada que contará con participación accionaria mayoritaria del Estado y será titular de todos los activos de las sociedades fusionadas, incluyendo (i) los borradores de las modificaciones a los Contratos nombre reservado-SQM, que viabilizarán la explotación conjunta de litio durante los años 2025-2030; y (ii) los Borradores de Contratos nombre reservado-Tarar, los que son objeto de la consulta indígena que desarrolla nombre reservado.

Afirma que la consulta indígena ha sido realizada por parte de nombre reservado bajo los más altos estándares aplicables a estos procedimientos, la que convocó a 50 organizaciones indígenas, y si bien Codelco tiene un interés legítimo en la suscripción de los contratos, deben ser aprobados mediante resolución de nombre reservado, quien ha buscado emplear una metodología de participación que persiguió favorecer el diálogo y asegurar la igualdad entre los participantes, llevando más de 8 meses conduciendo un amplio procedimiento de consulta indígena con la realización de una decena de reuniones y ha entregado toda la información pertinente exigida por el Reglamento de consulta indígena.

En cuanto a las alegaciones de las recurrentes, en especial la de la Comunidad de Coyo, afirma que el Acuerdo de Asociación y sus documentos relacionados no son susceptibles de consulta indígena conforme a lo sentenciado por esta Corte en causa Rol N°1.626-2024 y la Excma. Corte Suprema Rol N°61.082-2024.

Finalmente, sostiene, en lo medular, que las alegaciones de las recurrentes son extemporáneas ya que las materias fueron debidamente abordadas en las etapas previas de la Consulta Indígena, así como también no existirían vulneraciones a las garantías fundamentales de las recurrentes.

SEXTO: Que, asimismo, informó debidamente el recurso SQM Salar SPA, representado por su abogado Mario Galindo Villarroel, solicitando el rechazo de la acción.

Alega que los recursos han sido presentados extemporáneamente ya que los hechos que cuestionan no son consecuencia de la respuesta negativa de nombre reservado ni a la falta de constancia escrita de ella respecto de las presentaciones del 9 de junio pasado, sino que son previos a esa fecha.

Sostiene que no existe una necesidad de cautela urgente que justifique que estas acciones puedan prosperar ya que el procedimiento de consulta indígena no ha finalizado, por lo tanto, lo cuestionado está relacionado con actuaciones de mero trámite del procedimiento administrativo que no generan indefensión ni ponen término al procedimiento, los que sólo tienen por objeto ordenar la sustanciación del procedimiento.

Afirma que la consulta indígena administrada por nombre reservado satisface largamente los estándares aplicables en la materia, permitiendo la participación e incidencia de las comunidades y asociaciones indígenas, haciendo una cronología del proceso y sus actuaciones.

Refiere que la alegación de los recurrentes en torno a la falta de incorporación de cláusulas de los borradores de contrato al proceso de consulta carecen de justificación, además que aquellas se refieren a impactos y riesgos de un proyecto de explotación futuro, por lo tanto, atañen a materias que se deben revisar y consultar en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que es un procedimiento altamente técnico, administrado por el Servicio de Evaluación Ambiental, y en el que participan una multiplicidad de órganos del Estado, no siendo este procedimiento ante el cual se deben discutir las materias que los reclamantes acusan. Dice que ninguna de las dos recurrentes funda la presunta ilegalidad sobre la exclusión de ciertas cláusulas en el proceso, por lo que sus recursos carecen de todo fundamento, además que las cláusulas cuya consulta pide la Comunidad de Coyo no son citas textuales sino una interpretación libre entregada por ellos mismos y la ilegalidad se sustenta en especulaciones sobre situaciones futuras que exceden el ámbito de las cláusulas contractuales consultadas y las atribuciones de nombre reservado.

Por último, indica que no existe afectación a los derechos constitucionales que se invocan ya que las alegaciones se sustentan en premisas erradas, elementos fácticos imprecisos y en hechos que no han ocurrido ni representan una amenaza cierta.

SÉPTIMO: Que, también, informó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), respecto a que la Asociación Indígena Atacameña de Regantes y nombre reservado, se constituyó con fecha 24 de mayo de 1995, previo estudio de admisibilidad y posterior resolución que la declara constituida de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la Ley N°19.253, inscribiéndose en el Registro de Comunidades y Asociaciones indígenas a cargo de la Corporación con el N°8, que corresponde al número de personalidad jurídica; se encuentra constituida por 499 socios registrados, indicando los datos del Directorio.

En cuanto a la Comunidad Indígena Atacameña de Coyo refiere que se ha constituido con fecha 15 de octubre de 1994, previo estudio de admisibilidad y posterior resolución que la declara constituida de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la Ley N°19.253, inscribiéndose en el Registro de Comunidades y Asociaciones indígenas a cargo de la Corporación con el N°5, que corresponde al número de personalidad jurídica; se encuentra constituida por 165 miembros, indicando datos del Directorio.

Finalmente, señala que la Comunidad Indígena Atacameña de Solor, fue constituida con fecha 04 de agosto de 1995, previo estudio de admisibilidad y posterior resolución que la declara constituida de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la Ley N°19.253, inscribiéndose en el Registro de Comunidades y Asociaciones indígenas a cargo de la Corporación con el N°9, que corresponde al número de personalidad jurídica.; está constituida por 47 miembros, indicando datos del Directorio.

Indicó, además, que con fecha 5 de octubre de 1999 se inscribieron derechos de aprovechamiento de agua respecto de la Asociación de Regantes y nombre reservado, inscripción rolante a fojas 46, número 45 del Registro de propiedad de aguas correspondiente al año 1999 del Conservador de Bienes Raíces de El Loa.

OCTAVO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

NOVENO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados afectados o amenazados por un acto arbitrario y/o ilegal.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

DÉCIMO: Que, en la especie, corresponde a esta Corte determinar la existencia de los actos ilegales y arbitrarios que invocan las recurrentes Asociación Atacameña de Regantes y nombre reservado (ARASPA) y la Comunidad Atacameña de Coyo, consistente en la negativa de la recurrida a dar respuesta a ciertas peticiones realizadas por las actoras en el contexto de la consulta indígena en la cual tienen participación, las cuales dicen relación con ampliar la consulta a más cláusulas de los referidos borradores de contratos que se han hecho alusión en el presente recurso, incorporando otros instrumentos como el Acuerdo de Asociación suscrito entre SQM y Codelco; consensuar una metodología conforme a la cual se lleve a cabo la fase de diálogo de dicha consulta; y hacer entrega de todos los antecedentes esenciales.

UNDÉCIMO: Que, antes de entrar al fondo del asunto, deberá examinarse la extemporaneidad alegada por las recurridas, quienes argumentan que los actos esgrimidos como arbitrarios e ilegales por las recurrentes acaecieron con anterioridad a la reunión efectuada el día 9 de junio del presente año.

A este respecto, dicha alegación deberá ser rechazada, desde que, si bien consta de los antecedentes que las recurrentes cuestionaron diversas materias del proceso de consulta con anterioridad, su punto cúlmine se verificó en la reunión del día 9 de junio donde ambas recurrentes habrían recibido una negativa a sus peticiones por parte de nombre reservado, siendo, por tanto, el recurso interpuesto dentro de plazo.

DUODÉCIMO: Que, acotado el alcance de la acción constitucional deducida, es preciso señalar que, conforme a los antecedentes aportados, el proceso de consulta indígena en el que participan las recurrentes, denominado “Consulta Indígena Contratos Salar de Atacama”, se efectúa en el marco de la Estrategia Nacional del Litio, en virtud de la cual se articuló una alianza público-privada para la explotación del litio y otras sustancias minerales, el cual se lleva a cabo sobre medidas administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, contenidas en: (i) los borradores de las modificaciones de los Contratos para Proyecto en el Salar de Atacama y de nombre reservado de Pertenencias Mineras OMA, suscritos el 17 de enero de 2018 entre nombre reservado y SQM Salar S.A. y otros, que surtirían efectos desde el año 2025 y hasta el año 2030; y (ii) los borradores de los Contratos de nombre reservado de Pertenencias Mineras en el Salar de Atacama y de Proyecto en el Salar de Atacama, que tendrían efectos desde el año 2031 y hasta el 2060; proceso en el cual, a juicio de las recurrentes, se han producido una serie de actos y omisiones que no darían cumplimiento al Convenio N°166 de la OIT y al Reglamento contenido en el D.S. N°66.

Desde ya puede tenerse por establecido que, en el caso concreto, la consulta indígena en cuestión dice relación con los contratos indicados a suscribir por nombre reservado, en cuanto estos puedan contener medidas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, en específico Pueblo Atacameño o Lickanantay de la cuenca del Salar de Atacama, y en consecuencia, no teniendo injerencia en relación a los contratos de asociación entre Codelco y SQM, respecto de los cuales ya se resolvió por sentencia ejecutoriada en recurso de protección anterior, antes referido, que no resultaba exigible dicha consulta.

De la misma forma, diciendo relación la consulta con los contratos indicados, es claro que estos no permiten per se la explotación minera directa, sino sólo da cuenta de un marco contractual que tiene por objeto generar posteriormente proyectos de explotación, los que en su momento serán evaluados para generar su autorización, entre otros desde una perspectiva medio ambiental (incluyendo su afectación al medio humano y en especial al pueblo atacameño), por lo que los efectos de los posibles proyectos futuros no resulta evaluable en este momento y por vía de esta consulta.

Por último, cabe tener presente que, por ser estas modificaciones contractuales de contratos existentes y en ejecución, cabe tener presente que esta consulta no pretende evaluar lo antes regulado, desde que respecto de ese punto ya se efectuó la evaluación previa al aprobar los mismos, por lo que debe considerarse para resolver las modificaciones contractuales que se pretende implementar.

DÉCIMO TERCERO: Que, para efectos de resolver la controversia, es preciso asentar el marco jurídico aplicable.

El Convenio N°169 de la OIT, ratificado por Chile, es una normativa internacional que establece un marco de derechos para los pueblos indígenas y tribales, cuyo objetivo es hacer que participen en la adopción de decisiones que afectan a sus vidas. En dicho instrumento se señala que se deberá consultar a los pueblos originarios mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, lo que obliga al Estado a establecer un mecanismo de consulta que considere las instituciones representativas de los pueblos, para que puedan participar libremente en las decisiones que les afecten. Asimismo, se establece que las consultas deberán ser llevadas a cabo de buena fe, con el objeto de lograr el consentimiento o llegar a un acuerdo sobre la medida propuesta.

En nuestro ordenamiento jurídico, dicho proceso se encuentra regulado por el Decreto Supremo N°66 que aprueba el Reglamento que Regula el Procedimiento de Consulta Indígena, cuyo artículo 2°, establece que: “La consulta es un deber de los órganos de la Administración del Estado y un derecho de los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados directamente por la adopción de medidas legislativas o administrativas, que se materializa a través de un procedimiento apropiado y de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas susceptibles de afectarlos directamente y que debe realizarse de conformidad con los principios recogidos en el Título II del presente reglamento”.

Por su parte, el artículo 7° de dicho Reglamento, dispone: “Medidas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas. Los órganos de la Administración del Estado señalados en el artículo 4º de este reglamento, deberán consultar a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles directamente”, refiriendo en el inciso tercero que: ”Son medidas administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas aquellos actos formales dictados por los órganos que formen parte de la Administración del Estado y que contienen una declaración de voluntad, cuya propia naturaleza no reglada permita a dichos órganos el ejercicio de un margen de discrecionalidad que los habilite para llegar a acuerdos u obtener el consentimiento de los pueblos indígenas en su adopción, y cuando tales medidas sean causa directa de un impacto significativo y específico sobre los pueblos indígenas en su calidad de tales, afectando el ejercicio de sus tradiciones y costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales o espirituales, o la relación con sus tierras indígenas.”

Seguidamente, el Título II del citado reglamento, regula los principios de la consulta, siendo ellos la buena fe, flexibilidad y el carácter previo de la misma.

En cuanto al procedimiento de la consulta, este se encuentra regulado en el artículo 16 del Reglamento, el cual señala que: “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10 del presente reglamento, todo procedimiento apropiado de consulta deberá contemplar las siguientes etapas:

a) Planificación del Proceso de Consulta: Esta etapa tiene por finalidad: i) entregar la información preliminar sobre la medida a consultar a los pueblos indígenas; ii) determinar por parte de los pueblos indígenas y del órgano responsable los intervinientes, sus roles y funciones, y iii) determinar conjuntamente entre el órgano responsable y los pueblos indígenas la metodología o forma de llevar a cabo el proceso; el registro de las reuniones por medios audiovisuales, actas u otros medios que dejen constancia del proceso; y la pertinencia de contar con observadores, mediadores y/o ministros de fe.

La metodología deberá considerar a lo menos la forma de intervenir en el proceso de consulta, la formalización de los acuerdos, los lugares, los plazos, la disposición de medios que garanticen la generación de un plano de igualdad, así como los mecanismos de difusión y logística en general.

Esta etapa comprenderá al menos tres reuniones: Una para la entrega preliminar de información sobre la medida a consultar; otra para determinar los intervinientes y la metodología, para lo cual los pueblos indígenas contarán con el tiempo suficiente para acordarla de manera interna; y, finalmente, otra para consensuarla con el órgano respectivo.

Los acuerdos de esta etapa constarán en un acta que contendrá la descripción detallada de la metodología establecida, debiendo ser suscrita por los intervinientes designados para dicho efecto.

De no haber acuerdo en todo o en algunos de los elementos indicados precedentemente, el órgano responsable deberá dejar constancia de esta situación y de la metodología que se aplicará, la cual deberá resguardar los principios de la consulta.

b) Entrega de información y difusión del proceso de consulta: Esta etapa tiene por finalidad entregar todos los antecedentes de la medida a consultar a los pueblos indígenas, considerando los motivos que la justifican, la naturaleza de la medida, su alcance e implicancias.

La información debe ser entregada oportunamente, empleando métodos y procedimientos socioculturalmente adecuados y efectivos, en español y en la lengua del pueblo indígena, cuando sea necesario, de acuerdo a las particularidades del pueblo indígena afectado.

La información de la medida a consultar y del proceso se deberá actualizar permanentemente en los sitios web del Ministerio de Desarrollo Social, de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y del órgano responsable.

c) Deliberación interna de los pueblos indígenas: Esta etapa tiene por finalidad que los pueblos indígenas analicen, estudien y determinen sus posiciones mediante el debate y consenso interno respecto de la medida a consultar, de manera que puedan intervenir y preparar la etapa de diálogo.

d) Diálogo: Esta etapa tiene por finalidad propiciar la generación de acuerdos respecto de la medida consultada mediante el intercambio de posiciones y contraste de argumentos. Dentro del plazo establecido para esta etapa, deberán realizarse las reuniones que sean necesarias para cumplir con el objetivo de la consulta.

En esta instancia se deberá respetar la cultura y métodos de toma de decisiones de los pueblos indígenas.

Los acuerdos y desacuerdos de esta etapa constarán en un acta que deberá también dar cuenta de los mecanismos y acciones de seguimiento y monitoreo.

e) Sistematización, comunicación de resultados y término del proceso de consulta: Esta etapa tiene por finalidad elaborar una relación detallada del proceso llevado a cabo, desde la evaluación de la procedencia, las distintas etapas y los acuerdos alcanzados y la explicación fundada de los disensos producidos, lo que deberá constar en un informe final.”

DÉCIMO CUARTO: Que, de las disposiciones legales transcritas, se colige que la consulta indígena es un mecanismo que busca el diálogo y acuerdo con las comunidades indígenas sobre medidas, actor o decisiones que puedan afectarles, cuyo proceso debe cumplir con una serie de exigencias que, en este caso, la recurrida Corporación de Fomento de la Producción (nombre reservado), debe realizar con el fin de llegar a acuerdos sobre la materia objeto de dicha consulta.

Sobre el objeto y características de la consulta indígena ha indicado la Excma. Corte Suprema, lo siguiente:

“Quinto: Que, en cuanto al fondo del asunto, resulta pertinente recordar que, el Decreto Nº236 del Ministerio de Relaciones Exteriores que promulga el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales, fue publicado el día 14 de octubre de 2008, de modo que, desde esta fecha, constituye una norma de aplicación obligatoria, cuyo artículo 6 N° 1, letra a) dispone: 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;.

Añade el numeral 2°: Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Por tanto, el criterio de determinación de las comunidades que deben participar en la consulta ciudadana está entregado expresamente por la Ley, que ordena tomar en cuenta la opinión de aquellos susceptibles de ser afectados directamente por la decisión modificatoria del proyecto en cuestión.

Sexto: Que, sobre esta última expresión, esta Corte ya ha emitido diversos pronunciamientos concernientes al sentido y alcance que a ella debe darse, indicando que, la afectación de un pueblo se produce cuando se ven modificadas sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y la posibilidad de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural (CS Roles N°s 16.817-2013 , 817-2016 y 138.439-2020).

Al respecto también se ha referido la doctrina, indicando que lo que se requiere es que sea posible que la medida que se piensa adoptar tenga impactos en los derechos reconocidos a los pueblos indígenas, particularmente su integridad y supervivencia cultural y autonomía. Si bien una interpretación literal de la norma conduciría a pensar que toda decisión pública debe ser consultada, pues de una u otra manera afectará a los pueblos indígenas, de lo que se trata es de garantizar los derechos de estos pueblos frente a cualquier decisión del Estado que pueda afectar a los pueblos indígenas en modos no percibidos por otros individuos de la sociedad, pues la consulta previa es un mecanismo de visibilización de impactos en un contexto de interculturalidad (Meza-Lopehandía, Matías y otros, Los Pueblos Indígenas y el Derecho, Editorial LOM Ediciones, 2013 , páginas 397 y 398 , citado en sentencia CS Rol N° 817-2016).

Séptimo: Que, a continuación, el artículo 2° del Decreto Supremo N°66 del Ministerio de Desarrollo Social que establece el Reglamento que regula el Procedimiento de Consulta Indígena, dispone: La consulta es un deber de los órganos de la Administración del Estado y un derecho de los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados directamente por la adopción de medidas legislativas o administrativas, que se materializa a través de un procedimiento apropiado y de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas susceptibles de afectarlos directamente y que debe realizarse de conformidad con los principios recogidos en el Título II del presente reglamento.

Por su parte, el artículo 7° dispone, en lo pertinente: Medidas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas. Los órganos de la Administración del Estado señalados en el artículo 4º de este reglamento, deberán consultar a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles directamente.

Son medidas administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas aquellos actos formales dictados por los órganos que formen parte de la Administración del Estado y que contienen una declaración de voluntad, cuya propia naturaleza no reglada permita a dichos órganos el ejercicio de un margen de discrecionalidad que los habilite para llegar a acuerdos u obtener el consentimiento de los pueblos indígenas en su adopción, y cuando tales medidas sean causa directa de un impacto significativo y específico sobre los pueblos indígenas en su calidad de tales, afectando el ejercicio de sus tradiciones y costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales o espirituales, o la relación con sus tierras indígenas.

Finalmente, el artículo 13 del Convenio 169 entrega una interpretación amplia del término ‘tierras’, al señalar que deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.

Octavo: Que la participación de los pueblos afectados por un proyecto en el procedimiento de Consulta Indígena, les permite ser parte de un intercambio de información relevante acerca de las obras a realizar y la forma en que ellas influirán en sus sistemas de vida, la exposición de los puntos de vista de cada uno de los potenciales afectados de manera de determinar la forma específica en que el proyecto les perturba, el ofrecimiento de medidas de mitigación, compensación y/o reparación y, finalmente, la formalización de acuerdos en un plano de igualdad, otorgando a los pueblos indígenas la posibilidad de influir de manera real y efectiva en las decisiones públicas que sean de su interés.

En tanto de los antecedentes del proyecto aparezca la existencia de una susceptibilidad de afectación directa a pueblos indígenas, necesariamente debe seguirse un procedimiento de Consulta Indígena, toda vez que éste es el estándar empleado para determinar su obligatoriedad.

Noveno: Que, continuando en esta línea de pensamiento, corresponde tener presente que, todo proceso que derive en decisiones que puedan afectar alguna realidad de los pueblos originarios supone que sea ejecutado desde la particularidad, esto es, considerando que la adecuación ha de hacerse en dirección a ella, porque de obrarse de modo distinto no llegaría a considerar los intereses de tales minorías. De consiguiente, se trata de resoluciones especiales, diversas a las que se suelen acordar para ámbitos sociales diferentes, por eso la posibilidad de expresar sus puntos de vista no se entienden satisfechas ni agotadas con el procedimiento de consulta ciudadana, puesto que se trata de procedimientos diversos” (sentencia dictada en causa 248.067-2023).

DÉCIMO QUINTO: Que, conforme a los antecedentes acompañados en autos, se observa que el presente proceso de consulta indígena con el Pueblo Atacameño o Lickanantay de la cuenca del Salar de Atacama respecto de los borradores de los contratos individualizados en el considerando Décimo Tercero, se inició mediante la Resolución Exenta N°347 de 23 de abril de 2024, en donde se convocó a una primera reunión, sin perjuicio que mediante Resolución Exenta N°1.235 de 4 de octubre de 2024 se efectuó una nueva convocatoria, cumpliendo con la publicidad ordenada por la ley, realizándose debidamente la Etapa de Planificación, en donde se efectuaron tres reuniones en las que participaron todos los interesados de distintas localidades, seguidamente en la reunión N°4 de fecha 31 de enero de 2025 se determinó la metodología; posteriormente comenzó la Etapa de Entrega de Información, en la que se efectuaron diez reuniones; y el proceso actualmente se encuentra en Etapa de Diálogo, en donde se han efectuado ocho reuniones hasta la fecha de los informes, sin que el procedimiento de consulta indígena haya finalizado a la vista de la causa.

En todas las actas de reuniones acompañadas se observan extensamente las intervenciones de nombre reservado y los representantes de las comunidades indígenas participantes del proceso, materias en las que hubo disenso, los acuerdos alcanzados y observaciones.

Resulta relevante mencionar que en la reunión de fecha 31 de enero de 2025 se cerró la Etapa de Planificación con la determinación conjunta de una metodología para el proceso de consulta indígena, la que consta en el documento denominado “Acta Relativa a la Metodología de Consulta Indígena Contratos Salar de Atacama”, en el cual constan los disensos. En dicho instrumento se observa que, por ejemplo, en lo referido a la duración de las etapas de la consulta indígena, hay disenso ya que algunas organizaciones no están de acuerdo con los plazos propuestos por nombre reservado para la realización de las etapas, o en cuanto a la transparencia y publicación de los actos y acuerdos de la consulta indígena, se planteó por algunas organizaciones que no se publiquen los acuerdos y disensos de cada reunión en la página web de nombre reservado, lo que fue aceptado y se procedió a eliminar de la metodología. Asimismo, también consta disenso en el apartado 9. “Materias Objeto de Consulta Indígena”, ya que algunas organizaciones participantes plantearon incluir la cuota de litio, el plazo del contrato y las causales de término anticipado del contrato por daño ambiental, como materias a ser sometidas a consulta indígena.

De otro lado, consta que en la reunión de fecha 9 de junio de 2025, los intervinientes de las comunidades indígenas nuevamente plantearon que hay asuntos que no se encuentran sometidos a la consulta indígena, cuestiones relativas con la metodología a emplear en el proceso y la falta de entrega de los antecedentes, lo cual consta que fue debidamente respondido por las representantes de nombre reservado, a modo de ejemplo, aclararon que la consulta no es parcial, es íntegra porque están sometidas a consulta las materias que afectan directamente al Pueblo Atacameño que están contenidos en los borradores a suscribir con Codelco y las modificaciones a suscribir con SQM, pero no puede abarcar todo tipo de actuaciones que no son de nombre reservado porque sería una ilegalidad, como el Acuerdo de Asociación entre Codelco y SQM, el que fue objeto de recurso de protección a fin de que sea incorporado en la consulta, siendo rechazado por esta Corte y confirmado por la Excma. Corte Suprema.

Finalmente, de los documentos acompañados, especialmente los PPT, consta que la recurrida entregó la información relativa al contenido específico de las materias a ser consultadas, de una manera clara y explicativa.

Que, de lo expuesto, fluye claramente que la recurrida ha dado cumplimiento en la ejecución de la consulta cuestionada con las obligaciones que las normas antes transcritas le exigían, no apreciándose en caso alguno actuación de mala fe, en especial porque los estándares del proceso están muy encima de anteriores consultas en materias similares.

DÉCIMO SEXTO: Que, de este modo, no se vislumbra un actuar ilegal y/o arbitrario por parte de nombre reservado, considerando que dicho organismo actuó dentro del marco legal y en el ejercicio de sus atribuciones en lo que respecta a estas etapas del proceso y a las materias a consultar, pues dio cumplimiento a lo mandatado en los artículos 7° y 16 del D.S. N°66, y dio respuesta a todas las inquietudes planteadas por las comunidades indígenas intervinientes en el proceso, el cual, como se dijo, no se encontraba terminado a la fecha de la vista de la causa, puesto que recién la consulta se encontraba en Etapa de Diálogo, cuya finalidad es propiciar la generación de acuerdos, y en caso de no existir, pues la norma también se pone en dicho supuesto, deberá constar en el acta respectiva.

Sobre este último punto, tratándose de un proceso de consulta indígena en que participan activamente 28 comunidades y 23 asociaciones indígenas, posiblemente muchas con intereses diversos y eventualmente contrapuestos (como se ha apreciado en situaciones similares anteriormente en que incluso los conflictos se han producido precisamente entre comunidades y/o asociaciones que agrupan al pueblo atacameño), es posible que puedan surgir disensos, y que, en definitiva, el proceso no permita a llegar a consensos de todos los participantes, en tales casos la decisiones estatales deberán adoptarse sopesando todas las opiniones (por ello se deja constancia de los disensos), siendo razonable optar por las opiniones mayoritarias. En este punto debe destacarse que en el caso concreto el cuestionamiento al proceso se ha deducido por dos comunidades y una asociación, lo que permite presumir que las otras 26 comunidades y 22 asociaciones no tienen cuestionamientos en los acápites ahora discutidos, premisa que permite reforzar lo antes dicho en orden a que lo obrado no es ilegal o arbitrario.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que se vislumbra que las peticiones de las recurrentes, antes expuestas, dicen relación con aspectos que escapan al margen del procedimiento propio de una consulta indígena en un proceso como el cuestionado, ya que ampliar la consulta a más cláusulas de los referidos borradores de contratos y otros instrumentos, como discutir la metodología ya alcanzada netamente en función de los requerimientos planteados por las recurrentes, además de implicar desconocer acuerdos con las otras comunidades y asociaciones con las que se ha llegado a consensos, en lo esencial, dice relación con solicitudes que se fundamentan en la afectación que tendrían las comunidades indígenas respecto de la explotación del salar y el balance hídrico del sistema que sustenta la cuenca del Salar de Atacama y el río nombre reservado que se vería afectado con el proyecto, todas cuestiones esencialmente medioambientales que deben ser abordadas formalmente en el marco del proceso de evaluación de impacto ambiental respectivo, instancia en que se evaluarán los impactos y riesgos que este proyecto de explotación del litio puede provocar, a fin de prevenir el deterioro medioambiental, y en la que podrán participar las distintas comunidades indígenas que pueden verse afectadas, incluyendo las recurrentes, siendo claro que, mientras ello no ocurra la ejecución del contrato no podrá desarrollarse más allá de las autorizaciones vigentes, cuya legalidad no se debate.

En efecto, la consulta indígena es un mecanismo de diálogo basado en el derecho internacional y nacional, mediante el cual se informa y dialoga con los pueblos indígenas sobre medidas que los afecten directamente, con el fin de lograr un acuerdo, no obstante, el no alcanzar dichos acuerdos no implica la afectación del proceso o ilegalidades en el mismo, pues la ley considera dicha posibilidad, y de otro lado, la legislación contempla otro mecanismo en el cual las recurrentes pueden plantear sus legítimas observaciones e inquietudes respecto del proyecto que eventualmente les podría afectar, lo que resulta más patente aún en procesos como el presente, en que las comunidades y asociaciones participantes son numerosas.

DÉCIMO OCTAVO: Que, asimismo, conviene tener presente que, como se asentó en el considerado Noveno precedente, esta acción es un medio que permite adoptar medidas de urgencia por parte de los tribunales superiores a fin de reestablecer el imperio del derecho, con el objeto de tutelar la privación, perturbación o amenaza de determinados derechos y garantías constitucionales, no obstante, lo que pretenden las recurrentes, considerando que lo que alegan fundamentalmente es la negativa por parte de nombre reservado de ampliar la consulta indígena a otros puntos de los referidos borradores, o a otros instrumentos, y consensuar una metodología conforme a la cual se lleve a cabo el diálogo de la consulta, es que esta Corte analice detalladamente los aspectos esenciales de la materia que se está sometiendo a consulta, lo que excede la naturaleza cautelar de la presente acción constitucional, lo breve de su tramitación y, además, podría constituir un pronunciamiento anticipado respecto de acuerdos que podrían generarse con posterioridad y respecto de los cuales no se ha escuchado al resto de las comunidades que participan en este proceso de consulta indígena, considerando que dicho proceso no se encuentra finalizado.

DÉCIMO NOVENO: Que, sin perjuicio de lo antes dicho, respecto de los puntos en concreto desarrollados por los recurrentes, cabe tener presente que el resultado del proceso de consulta e incluso la eventual suscripción de los contratos en análisis, entre particulares por cierto, no alteran los derechos existentes así como tampoco surgen autorizaciones de explotación per se, no tiene la aptitud de afectar el derecho de aguas de la asociación recurrente, desde que no implica, bajo ningún supuesto, autorización para aumentar la producción autorizada antes de los contratos o ampliar el uso del agua o de la salmuera, en orden a poner en riesgo la estabilidad del salar o del agua de éste, apareciendo evidente que cualquier autorización que posteriormente se solicite será evaluada en consecuencia, siendo un parámetro a considerar siempre la estabilidad hídrica del salar y de la vida que surge en torno al mismo.

De la misma forma, es claro que las condiciones financieras, comerciales y económicas del contrato sólo atañe a las partes, por lo que ninguna afectación podrían producir a terceros, y que si bien el proyecto en cuestión contempla compensaciones al pueblo atacameño por su derecho a participar de los beneficios, ninguno de los recursos desarrolla la manera en que aquello podría verse perjudicado con lo actuado, salvo en la alegación indicada en relación a que se habría excluido a las asociaciones en su participación en las mismas, sin agregar nada más, por lo que en este punto el cuestionamiento aparece infundado, pues no aporta elementos que puedan llevar a declarar la ilegalidad o arbitrariedad del proceso (sin perjuicio que en recurso rol Corte 863-2025 aquello resulta ser un punto desarrollado y que debe resolverse en esa sede).

En cuanto al punto que el proceso no consulta si los pueblos indígenas desean que se lleve a cabo el proyecto que someten a consulta, cabe tener presente que aun permitiéndose dejar constancia de disensos, como aparece de los documentos acompañados, no se aprecia en los mismos voluntad alguna en ese sentido, ni siquiera de los recurrentes, por lo que no parece ser un punto en debate en el procedimiento cuestionado.

En cuanto a la alegación de haber entregado nombre reservado información incompleta, cabe tener presente que se acreditó por la recurrida y terceros que concurren en contra del recurso, que la información distribuida en el proceso aborda todos los elementos a considerar en la consulta, habiéndose contestado derechamente a cada uno los cuestionamientos desarrollados, pronunciándose nombre reservado sobre los puntos acerca de los que fue requerido, siendo evidente que al no diseñarse en los contratos la ejecución de los proyectos que se planea desarrollar, no resulta razonable exigir que se expongan y, por lo mismo, en lo cuestionado, las medidas de modernización, de fiscalización o protecciones medioambientales que en definitiva se implementarán, debiendo tener en consideración que dichos puntos serán evaluados, en su momento, en los procesos reglados existentes para autorizarlos, en los cuales los recurrentes podrán ser oídos sin lugar a dudas.

Por último, y en cuanto a la alegación de ser el plazo del proceso inadecuado, lo cierto es que el término planificado y desarrollado ha sido bastante extenso, sin dudas superior al normativamente regulado, lo que ha permitido a todas las partes tomar conocimiento del proyecto y efectuar los cuestionamientos que han estimado pertinentes.

Por todo lo anterior, es claro que no existe mérito para estimar que el proceso de consulta indígena cuestionado adolece de los vicios expuestos por los recurrentes.

VIGÉSIMO: Que, en consecuencia, del análisis de la normativa y los antecedentes proporcionados, se ha arribado a la conclusión que no existe acto ilegal o arbitrario que pudiese atribuirse a la recurrida, por ende, no se requiere una cautela de urgencia de derechos fundamentales, razón por la cual no cabe sino rechazar ambos recursos de protección.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZAN, con costas, los recursos de protección deducidos por el abogado Diego Ogass Cáceres, abogado, en representación de la Asociación Atacameña de Regantes y nombre reservado, y por el abogado Javier Herrera Valverde, en representación de la Comunidad Atacameña de Coyo, ambos en contra de Corporación de Fomento de la Producción (nombre reservado).

Regístrese y comuníquese.

Rol 1286–2025 (Protección) Acumulada al Rol 1288-2025.

Redactó el ministro señor Juan Fernando Opazo Lagos 2