nombre reservado con AFP MODELO

Dpp/ Antofagasta, veintidós de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia de Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, por sí y a favor de nombre reservado Del Valle nombre reservado, venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., representada por nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de solicitud de retiro de fondos para extranjero, que vulnera las garantías constitucionales contempladas en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Informó la recurrida instando por el rechazo del recurso.

Asimismo, informó la Superintendencia de Pensiones al tenor de la acción.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente funda su recurso en que doña nombre reservado solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de conformidad con la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican.

Refiere que, posteriormente, es notificada mediante correo electrónico de fecha 30 de junio de 2025, en la que se rechazó la solicitud de retiro de fondos de pensión por haber adjuntado una constancia electrónica y no el certificado de seguridad social, dándose por cerrado el requerimiento.

Luego de citar los artículos 1° y 7° de la ley en comento, destaca que la actora realizó su solicitud de retiro de fondos previsionales debido a que al ser profesional extranjera cumple con los requisitos de la Ley N°18.156, pero se encuentra con un obstáculo en el proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen, ya que la ley señala que el solicitante se encuentre afiliado sin efectuar distinciones toda vez que se limita a señalar que el técnico profesional extranjero se encuentre afiliado y que manifieste su voluntad de mantenerse afiliado a la seguridad social de su país de origen en el contrato de trabajo o en sus anexos, lo que evidencia un actuar arbitrario e ilegal de la recurrida al limitar el derecho de propiedad que tiene la recurrente respecto de los fondos depositados.

Señala que, además de haberse acompañado certificado emitido por el Consulado de Venezuela, el certificado de afiliación puede ser verificado y validado a través de un link, según lo explica en el recurso, no obstante la conducta omisiva de verificar la afiliación deviene en un actuar arbitrario e ilegal de la recurrida al indicar que la constancia electrónica no se encuentra vigente, cuando emana de un organismo público, verificable en la web oficial de la institución por distintos medios, y expedida por la autoridad venezolana competente en cumplimiento de sus facultades legales.

Expone que, a modo ejemplar, la A.F.P. CUPRUM verifica el código de validación de la constancia electrónica en la web y ha concluido que la misma cumple con los requisitos establecidos en la ley, puesto que una interpretación excesivamente formal vulnera el derecho de propiedad de los peticionarios, evidenciándose un trato arbitrario e ilegal al permitirle a otros solicitantes gestionar el retiro de fondos y, por otra, a la recurrente negarle la posibilidad aun cumpliendo con los requisitos para ello.

Menciona que la conducta ilegal y arbitraria de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada, consagrados en el artículo 19 números 2 y 24 de la Constitución Política de la República, citando jurisprudencia.

Agrega que en el evento que se considere que se requiere que el documento se encuentre legalizado o apostillado, hace presente el artículo 18 del Código Civil, que cita, puesto que la ley no exige formalidades adicionales, además de ser un hecho de público conocimiento que actualmente no existe representación diplomática venezolana en el país, por lo tanto incorporar un requisito imposible de cumplir contradice lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil, en lo atingente al caso fortuito o fuerza mayor.

Por último, hace presente que no se encuentra en el país, por lo que es plausible solicitar el retiro de fondos de pensiones ya que es la seguridad social de su país de origen quien efectuará las prestaciones señaladas en la ley, y no la recurrida.

Solicita se ordene que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada, conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados, o lo que se estime conforme al mérito de autos, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, informó el abogado Rodrigo Montero Atria, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Detalla que la recurrente ingresó una solicitud de fondos previsionales el 15 de junio de 2025, acompañando documentos, y al realizar el análisis de los mismos, a través de respuesta ticket 2633867, con fecha 26 de junio 2025, envía un requerimiento al correo electrónico de la recurrente, en donde solicita que se envíe en un plazo máximo de 4 días hábiles el Certificado de Instituto u Organismo de Seguridad Social y/o Previsional extranjero en el que se encuentra afiliado el trabajador (el certificado debe señalar que se otorga como mínimo las siguientes prestaciones: enfermedad, invalidez, vejez y muerte, legalizado o apostillado), ello debido a que la documentación aportada, específicamente la constancia electrónica de cotizaciones y la declaración efectuada ante notario, no dan cumplimiento a las exigencias de la Ley N°18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa.

Relata que luego, el 27 de junio, la recurrente volvió a adjuntar la misma declaración y constancia, por lo que dio el requerimiento por cerrado, recomendando recopilar toda la documentación necesaria antes de ingresar una nueva solicitud.

Refiere que, al respecto, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en su Libro II Cotizaciones Previsionales, Título XI Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, Devolución de fondos previsionales, número 1, letra B), señala expresamente la forma en que se debe acreditar este requisito, esto es:

“b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Esta condición se considerará cumplida también respecto de los trabajadores que detenten la calidad de pensionados de algún régimen de previsión o seguridad social extranjero, situación que deberá acreditarse mediante la certificación que otorgue acerca de dicha calidad, la entidad que concedió el beneficio.”

Añade que, no obstante, de manera excepcional la Superintendencia de Pensiones ha señalado que se puede cumplir con este requisito con un certificado emitido por la embajada o consulado respectivo, que, actuando en la representación legal de la institución de seguridad social, señale que cuenta con las coberturas, por tanto, la declaración jurada de fecha 11 de junio de 2025 no cumple con los requisitos, toda vez que no es un certificado emitido por la entidad de seguridad social fuera de Chile y tampoco es un documento emitido por la Embajada o Consulado correspondiente. Asimismo, la constancia electrónica de cotizaciones no se encuentra legalizada ni apostillada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y no enumera las prestaciones por las cuales se encuentra efectivamente cubierto el recurrente.

Así, sostiene que no ha actuado de forma arbitraria ni ilegal, al contrario, ha dado estricto cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley N°18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa.

En cuanto al derecho, cita el artículo 1° de la Ley N°18.156, el artículo 94 del D.L. 3.500 de 1980, además de Oficio Ordinario N°3141 de fecha 20 de febrero de 2024 y Oficio N°21.480 de fecha 20 de septiembre de 2017 de la Superintendencia de Pensiones, junto con jurisprudencia.

Menciona que la Superintendencia de Pensiones es el organismo regulador y fiscalizador de todas y cada una de las Administradoras de Fondos de Pensiones del país, su función principal es velar por la aplicación correcta de las leyes y reglamentos que rigen a las Administradoras, además de dictar instrucciones pertinentes para su adecuado funcionamiento, y en razón de la facultad fiscalizadora de la Superintendencia de Pensiones, es que AFP Modelo debe dar cumplimiento estricto a lo dispuesto en el D.L. N°3.500 y oficios, puesto que, en caso de incumplimiento de dicha normativa, arriesga amonestaciones y/o sanciones pecuniarias.

Finalmente, arguye que el recurso de protección de garantías constitucionales es una acción que busca restablecer el imperio del derecho, cuando por actos u omisiones arbitrarias o ilegales se ha ocasionado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, y para que proceda es necesario que haya existido perturbación o privación ilegítima en el ejercicio de un derecho, sin embargo, en este caso, AFP Modelo ha actuado según lo instruye la normativa y la Superintendencia de Pensiones, no incurriendo en ningún acto u omisión arbitraria o ilegal que amenace, prive, perturbe o vulnere los derechos fundamentales que la Constitución le reconoce a la recurrente.

TERCERO: Que, habiéndose solicitado informe a la Superintendencia de Pensiones, dicho organismo indicó que la recurrente no registra presentaciones respecto de solicitudes de devolución de fondos invocando la Ley N°18.156.

En cuanto a la normativa aplicable a la materia del recurso, cita los artículos 1° y 7° de la referida ley, de lo cual se colige que la ley faculta a ciertos extranjeros para eximirse de la obligación de cotizar, o para obtener la devolución de los fondos previsionales que hubieran enterado en una AFP, siempre y cuando acrediten el cumplimiento de todos los requisitos copulativos exigidos en el artículo 1° de ese cuerpo legal. De este modo, siendo la mencionada ley una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva y aplicada sólo en el supuesto que se cumplan las exigencias copulativas que establece, por ello las Administradoras de Fondos de Pensiones sólo pueden acceder a las solicitudes de los trabajadores extranjeros para obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales o la exención de cotizar en el Sistema de Pensiones del D.L. N°3.500, de 1980, siempre y cuando los solicitantes acrediten haber cumplido los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

Seguidamente, hace referencia a la jurisprudencia administrativa que ha emitido para la correcta aplicación de las disposiciones de la Ley N°18.156, en la que se exige para acreditar el requisito de la cobertura previsional que el trabajador demuestre que ha contado con un seguro por todos los riesgos exigidos en ese mismo precepto y durante toda la extensión del tiempo en que prestó servicios en Chile, y en cuanto a la cobertura de salud, se ha exigido que aquella sea integral, es decir, que comprenda el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias en caso de enfermedad de origen común, además de aclarar que la afectación a un régimen de seguridad social fuera de Chile debe existir con anterioridad al inicio de la prestación de los servicios del técnico extranjero en el país.

Luego, y en lo atingente al presente recurso, indica que la documentación aportada por la recurrente, emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no es útil para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, pues no da cuenta de que la trabajadora haya contado con cobertura efectiva y a todo evento, de los riesgos a que hace referencia la ley y la norma administrativa, durante todo el tiempo que prestó servicios en Chile.

Finalmente, informa que no cuenta con antecedentes sobre la situación previsional reclamada por la recurrente que permitan concluir que cumple con las exigencias de la Ley N°18.156, para acceder a la devolución de fondos previsionales.

CUARTO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, para una acertada resolución, se debe tener presente que la recurrente dedujo esta acción en contra de AFP Modelo S.A. por estimar arbitrario e ilegal el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, lo que se materializó mediante correo electrónico en donde consta que la recurrida informa que la solicitud de devolución de fondos como técnico extranjero no fue ingresada ya que al revisar la documentación enviada, lo que se adjunta corresponde a una constancia electrónica y no al Certificado de Seguridad Social.

SÉPTIMO: Que, establecido lo anterior, corresponde centrar el análisis respecto de la actuación de la recurrida en base al marco normativo aplicable, para lo cual se debe tener presente lo dispuesto en los artículos 1° y 7° de la ley que regula la materia, los que disponen:

“Artículo 1°: Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”

“Artículo 7°: En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.”

OCTAVO: Que, de las normas transcritas, surge que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile o para obtener la devolución de los fondos previsionales que hubieran enterado en una AFP, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Luego, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones, en cumplimiento de su facultad legal de interpretación administrativa en materias de su competencia, ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, encontramos el Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que en el Nº1 del Título XI, dispone que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley Nº18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, por ejemplo, el Ord. Nº24089, de 11 de noviembre de 2019, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

NOVENO: Que, en este escenario, no cabe sino concluir que no consta satisfecha la exigencia de haberse presentado junto a la solicitud, el certificado solicitado para ejercer los derechos que establece la Ley Nº18.156, pues la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que se acompaña al recurso y se extrae del link mencionado por la recurrente, no constituye el certificado solicitado y no se encuentra debidamente legalizado, resultando insuficiente para acreditar fehacientemente la afiliación, en los términos dispuestos en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, examinados los antecedentes presentados por la actora, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas.

Por su parte, la situación diplomática del país de origen de la recurrente no exime a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales, por lo que no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, toda vez que la negativa a acceder a la devolución de fondos previsionales responde únicamente a la aplicación de la legislación nacional vigente, constituyendo el documento solicitado en los términos dispuestos un requisito indispensable para acreditar la situación previsional de la extranjera en su país de origen.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, a favor de nombre reservado Del Valle nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1284-2025 (Protección)