CENTRO MÉDICO ANTOFAGASTA S.A. CON INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA

Antofagasta, veintiuno de octubre de dos mil catorce.

VISTOS:

Comparece a fojas 17 don FRANCISCO LEPPES LÓPEZ, abogado, en representación de CENTRO MÉDICO ANTOFAGASTA S.A., con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE ANTOFAGASTA, solicitando se ordene a la recurrida modifique la decisión adoptada el 25 de septiembre de 2014 en orden a considerar ilegal el reemplazo de trabajadores en huelga efectuado, permitiéndole la concurrencia del personal mínimo necesario para cubrir los turnos, con costas.

A fojas 39 informó la recurrida, pidiendo el rechazo del recurso.

Visto el recurso, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso interpuesto se fundó en que, en el contexto de un proceso de negociación colectiva con el sindicato de trabajadores de la entidad recurrente, ante la falta de acuerdo para suscribir el respectivo contrato colectivo, desde el día 23 de septiembre de 2014, los trabajadores se encuentran en huelga legal. Éstos corresponden a los paramédicos que desempeñan sus labores en el Centro Médico, siendo de vital importancia para el normal funcionamiento de las diversas unidades con que cuenta el Centro de Salud, mejor conocido como Clínica Antofagasta.

Hace presente que el sindicato huelguista mantiene un turno de emergencia, conformado por un auxiliar paramédico en la unidad de pacientes críticos y un auxiliar paramédico en la unidad de diálisis sin comprender, -no obstante haberse comprometido expresamente- un turno de emergencia en la unidad de neonatología. Al efecto, expone que este turno es manifiestamente insuficiente para atender a los pacientes de diversas unidades, sobre todo respecto de aquellos que requieren una atención médica ininterrumpida, pues derechamente esto significaría provocar su fallecimiento, o secuelas graves e irreparables para su salud. Estos pacientes son los internados en unidades complejas o que requieren de tratamiento permanente para la conservación de la vida, como es la unidad de cuidados intensivos y hemodiálisis.

En este contexto, señala que en primer término dispuso que las enfermeras realizaran las funciones que los paramédicos debían efectuar en las áreas UCI y diálisis, pues es absolutamente imposible que un paramédico pueda cumplir las funciones que habitualmente realizan tres de ellos en el mismo turno, más aún si el llamado turno de emergencia no ha sido cumplido. Además, en dichas unidades las enfermeras realizan también labores que corresponden a los paramédicos en pos de la vida de los pacientes.

Posteriormente, señala que el 25 de septiembre se constituyó en sus dependencias una fiscalizadora de la Dirección del Trabajo, la que consideró que en el centro de salud se estaba efectuando un reemplazo ilegal de trabajadores en huelga, razón por la que las enfermeras no podían seguir reemplazando al personal paramédico.

Esta última actuación, a su entender, constituye una arbitrariedad e ilegalidad de la recurrida, por cuanto priva, perturba y amenaza el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica y el derecho a la salud. Lo anterior por cuanto se conculcan los derechos de los pacientes que se encuentran hospitalizados en estado de gravedad y de aquellos que requieren de tratamiento permanente para la conservación de sus vidas, privándolos de la supervisión y tratamiento necesarios para estos efectos. Además, indica, esta situación atenta contra los derechos de toda la población de la ciudad al provocar serios trastornos en el normal funcionamiento de los otros prestadores de salud públicos y privados, conculcando el acceso a la salud de la población, afectando su interés de carácter general. Adicionalmente no pueden realizarse todas aquellas cirugías programadas, haciendo presente que es la única entidad de salud en conjunto con el Hospital Regional de Antofagasta, que cuenta con una unidad de cuidados intensivos.

Por otro lado, agrega que el 26 de septiembre el sindicato de enfermeras inició también una huelga legal, sin que hasta la fecha de interposición del recurso se haya dispuesto el funcionamiento de algún turno de emergencia. Frente a esta situación, afirma que la gravedad de ciertos pacientes hace necesario contar con al menos dos enfermeras con manejo de pacientes UPC (unidad de paciente crítico) y al menos tres paramédicos por turno dado sin contar con tales profesionales calificados, no se puede garantizar la calidad en la atención y seguridad de los usuarios, lo que derechamente importa riesgo vital. En cuanto a este punto, indica que actualmente existen nueve pacientes en estado grave, a lo que se suman sesenta y cuatro pacientes de la unidad de diálisis, siendo necesario para su funcionamiento contar con dos enfermeras y dos paramédicos por turno.

Añade luego que el no funcionamiento de la Clínica Antofagasta, ha devenido en que los demás prestadores de salud se encuentren colapsados, no siendo posible cumplir los requerimientos de la población. En efecto, expone que no existirían camas disponibles, los servicios de urgencia se encuentran aglomerados, no permitiéndose una oportuna y adecuada atención a los pacientes.

Como argumentos de derecho, señala que la recurrida, con sus cartas de 24 y 25 de septiembre de 2014 y los ordinarios 2685 y 2686, mediante los cuales se procede a prohibir y calificar de ilegal el reemplazo de los funcionarios en huelga, ha incurrido en una conculcación de las garantías constitucionales de los pacientes del centro médico recurrente y de toda las personas que habitan en esta ciudad. Tales actuaciones, concluye, serían arbitrarias por cuanto no existe ningún motivo jurídico en dichos actos que sustente la decisión de calificar de ilegal el reemplazo de trabajadores.

Asimismo, dispone que la decisión de la recurrida es ilegal, no cumpliéndose lo dispuesto en el artículo 19 número 9 de la Constitución Política, referente al derecho a la protección de la salud, por cuanto el acceso a dicha protección se ve entorpecido por la decisión adoptada, impidiéndose se atienda a enfermos que en algunos casos están en condición crítica, incurriéndose en una omisión de auxilio.

En cuanto a las garantías vulneradas agrega que, además del derecho a la protección de la salud, se perturba el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, contemplado en el artículo 19 número 1 de la Carta Política, afectación que tendría lugar al impedir que los pacientes sean monitoreados y atendidos, condicionando sus derechos.

Sobre esa base, pide se acoja el recurso y se adopten las medidas propuestas, para restablecer el imperio del derecho, con costas;

SEGUNDO: Que informando la recurrida, afirmó como cuestión previa que la recurrente lleva a cabo dos procesos de negociación colectiva que inciden en el presente recurso. Respecto de ambos, la empleadora no habría cumplido con la totalidad de los requisitos del artículo 381 del Código del Trabajo, sin perjuicio de lo cual ambos sindicatos llegaron a acuerdo, suscribiendo los correspondientes convenios colectivos. Analizados éstos por la institución se concluyó, el 7 de octubre, que no cumplían con la totalidad de los requisitos establecidos en el precepto legal antes señalado.

En atención a que la empresa no cumplió en ambos procesos con todos los requisitos para reemplazar trabajadores desde el primer día, existieron tres denuncias de reemplazo que se procedieron a tramitar como atentados a la libertad sindical, activándose los respectivos procesos de fiscalización.

Frente a una primera denuncia, se pudo constatar el 24 septiembre la existencia de 9 trabajadores que efectuaban labores de reemplazo de los funcionarios paramédicos en huelga. En virtud de ello, se pidió al representante de la empresa el cese de la conducta ilegal, quien se allanó, por lo cual los reemplazantes se retiraron de sus funciones. El 25 de ese mes, pudo constatarse nuevamente la existencia de trabajadores reemplazantes, en este caso tres, efectuándose la misma solicitud, procediendo la empresa al cese de la conducta considerada ilegal. En esta última fecha, se recibe una nueva denuncia, verificándose la existencia de 8 personas que efectuaban labores de reemplazo. Sin embargo, en este último caso, en atención a lo crítico del área y la cantidad y estado de los pacientes que esta atendía, 9 enfermos, con acuerdo de la Organización Sindical no se requirió el retiro del personal reemplazante, sin perjuicio de levantarse el acta de constatación de reemplazo ilegal, para efectos del cobro del bono correspondiente. Hace presente que en el área en cuestión existe un paramédico designado por el sindicato, efectuando el turno de emergencia.

En cuanto a las actuaciones impugnadas, indica que ellas no son ilegales, por cuanto se efectuaron conforme a las atribuciones del servicio. Sobre el punto señala que su actuar ha sido conforme a las facultades y competencia establecidas en el libro IV del Código del Trabajo y las normas administrativas pertinentes, esgrimiendo que la contraria pretende hacer responsable a la Inspección del Trabajo de sus actuaciones y consecuencias en el proceso de negociación colectiva, siendo dicha parte la que no dio cumplimiento a la totalidad los requisitos establecidos en el artículo 381, letra a) del cuerpo legal ya referido, en orden a proponer un convenio colectivo idéntico al vigente respecto de los puntos relativos a los incentivos por cumplimiento de resultados, aguinaldo de Navidad, valor por carga, asignación de unidad crítica y bonos especiales.

Posteriormente, luego de citar la normativa aplicable, afirma que en cumplimiento de la función facilitadora, informativa e ilustrativa que le otorga la ley, procedió a analizar, a requerimiento de una de las partes del procedimiento de negociación colectiva, el cumplimiento de los requisitos de la última oferta del empleador, para determinar si era procedente o no el reemplazo de los trabajadores en huelga. Asimismo, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo, en relación a la facultad que éstas le otorgan para investigar las conductas que se estimen constitutivas de prácticas anti sindicales, procedió conforme a ellas, así como a las establecidas de manera interna en la orden de servicio número 02 de 4 de febrero de 2011 y los dictámenes emitidos sobre la materia. Luego, asegura que el reemplazo en las funciones de los paramédicos, aún con enfermeras y otros paramédicos no afectos al proceso de negociación colectiva, es constitutivo de un reemplazo conforme a la doctrina del Servicio. Luego hace presente que el derecho a huelga es una posibilidad establecida en la Constitución Política respecto de todos los trabajadores, a excepción de aquellos establecidos en la misma Carta Fundamental, insertándose esta facultad dentro de los mecanismos legítimos en un proceso de negociación colectiva, cuestión que es reconocida también en el Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales, ratificado por Chile y actualmente vigente, y los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Por lo anterior, afirma que conforme al artículo 19 Nº 26 de la Constitución, cabe interpretar de manera restrictiva, cualquier norma legal que permita el reemplazo de trabajadores en huelga, citando en lo relativo a dicha posibilidad las exigencias contempladas en el artículo 381 del Código del Trabajo.

Ahora bien, afirma que en reconocimiento a la protección que nuestro sistema jurídico hace de la libertad sindical, el artículo 387 del Código del Trabajo establece que son consideradas prácticas desleales del empleador, las acciones que entorpezcan la negociación colectiva y sus procedimientos, incurriendo especialmente en este infracción el que ejecute durante el proceso acciones que revelen una manifiesta mala fe que impidan normal desarrollo del mismo, verificándose en la especie una práctica de este tipo al no haberse respetado por la recurrente uno de los efectos propios de la huelga, como es la prohibición de reemplazo de los trabajadores que participan de la misma. Por esta razón concluye que se encontraba en la obligación de investigar los hechos, actuando siempre conforme al ordenamiento jurídico, descartándose por tanto, todo tipo de ilegalidad.

Luego señala que su actuación no adolece de arbitrariedad, pues el origen del procedimiento administrativo se encuentra en requerimientos externos al Servicio, no incidiendo voluntarismo alguno en su actuación sino, por el contrario, ésta se verifica en base a los imperativos legales ya citados. En este sentido, señala que se limitó a constatar determinadas actuaciones, consistentes en el incumplimiento del artículo 381 del Código del Trabajo y el reemplazo de trabajadores en huelga, siendo esta última situación reconocida por la recurrente, descartando por lo anterior que su actuación pueda ser calificada como caprichosa o carente de razón. Agrega al efecto que en las actuaciones recurridas se efectúa una calificación estrictamente jurídica, que carece de cualquier valoración subjetiva.

Alega además que conforma lo anterior queda de manifiesto la inexistencia alguna vulneración a las garantías constitucionales invocadas por la contraria, sin perjuicio de lo cual indica que en ningún momento el derecho a la vida y a la salud de los pacientes se ha visto amenazado.

Por último, señala que la calificación de legal que la recurrente reclama respecto del reemplazo que reconoce haber realizado, no constituye una situación jurídica indubitada, lo que es un presupuesto esencial para que la acción interpuesta pueda prosperar.

Finalmente señala que el actual estado de las cosas hace imposible el restablecimiento del derecho solicitado, por cuanto sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, los derechos supuestamente afectados no se encuentran amenazados en la actualidad; ello porque los procesos de huelga terminaron el 29 de septiembre de 2014 en el caso de las enfermeras y el 1 de octubre en el caso de los paramédicos.

Atento a lo dicho, pidió rechazar el recurso, con costas;

TERCERO: Que el Recurso de Protección, acción cautelar constitucional plasmada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, fue establecido para que opere cuando, por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarias, alguna persona haya sufrido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguna de las garantías expresamente señaladas, dentro de las cuales se incluyen los derechos a la vida e integridad física y psíquica y a la salud; ello se traduce en que debemos estar en presencia de actos ejecutados al margen de la ley, en contra de la justicia y la razón, y realizados voluntariosamente, o sea, sólo por la voluntad o el capricho:

De igual manera, dicho instituto procesal ha sido creado para conservar el orden jurídico; en otras palabras, para reparar de inmediato la juridicidad quebrantada, manteniendo el “statu quo” vigente, e impidiendo que tanto los ciudadanos como algún órgano, sea éste público o privado, hagan justicia por si mismos; su objeto no es dilucidar a priori quien es el verdadero titular de un determinado derecho, puesto que para ello existen las acciones judiciales ordinarias pertinentes;

CUARTO: Que, acotado el ámbito de aplicación del recurso de protección de garantías constitucionales, debe el tribunal que conoce de tal arbitrio establecer la existencia de la acción u omisión que lo motiva; identificar a la persona u órgano responsable de aquella o ésta, y si existe privación, perturbación o amenaza de algún derecho, en términos tales que justifiquen la adopción de medidas que tiendan a la debida protección del afectado;

QUINTO: Que con la acción intentada a fojas 17 se ha pretendido restablecer el imperio del derecho, que habría sido quebrantado por un acto de la recurrida, con motivo de la fiscalización realizada durante la huelga que realizaron los sindicatos de paramédicos y enfermeras, que en dos de tres inspecciones, ordenó el retiro del personal reemplazante, entendiendo que tal acto supuso privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales garantizados en los Nºs 1 y 9 del artículo 19 de la Carta Fundamental;

SEXTO: Que, en el informe evacuado a fojas 39 la recurrida afirmó, en síntesis, que su actuación lo fue en el ejercicio de las facultades que la propia ley otorga a la Inspección Provincial del Trabajo, lo que excluye toda posible ilegalidad; además, ella no adolece de arbitrariedad, pues el origen del procedimiento administrativo se encuentra en requerimientos externos al Servicio, no incidiendo voluntarismo alguno en la actuación sino, por la inversa, ésta se verifica en base a los imperativos legales ya citados, lo que impide darle a ese acto el carácter de arbitrario;

SÉPTIMO: Que el examen de los documentos allegados por la recurrente de fojas 1 a 14, como también aquellos acompañados por la recurrida y que obran en cuaderno separado, cuyo valor es apreciado de acuerdo con las reglas de la sana crítica, así como el mérito que fluye del informe de fojas 39 evacuado por la recurrida, permiten formarse convicción acerca del hecho que la Inspección del Trabajo recurrida ha actuado dentro de la esfera de las atribuciones legales que expresamente le han sido conferidas, acordes con la legislación laboral vigente.

En efecto, de conformidad con el artículo 505 del Código del Trabajo, tanto la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral cuanto su interpretación, corresponden a la Dirección del Trabajo, facultades que se han consagrado también en el artículo 5 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, norma ésta que contiene las funciones que le competen a dicho Organismo.

En cuanto a la arbitrariedad, resulta evidente que el origen del procedimiento administrativo obedeció a requerimientos hechos por los sindicatos en huelga, sin incidencia voluntariosa en su actuación, lo que impide darle a ese acto el carácter de arbitrario.

A lo anterior debe agregarse un hecho nuevo, cual es que los procesos de huelga iniciados finalizaron el 29 de septiembre y 1 de octubre de 2014, respectivamente, hecho que no ha sido desmentido por la recurrente;

OCTAVO: Que el hecho asentado en el motivo anterior reviste la mayor trascendencia al momento de resolver la controversia y resalta el carácter del recurso de protección, por tratarse de una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de ciertas garantías y derechos mediante la adopción de medidas de resguardo; de ello se desprende que resulta irrelevante determinar la existencia de un hecho ilegal o arbitrario, capaz de privar, perturbar o amenazar al recurrente en alguno de los derechos invocados, supuesto que -establecida la ocurrencia de la acción ilegal o arbitraria- no exista medida alguna que adoptar para restablecer el imperio del derecho, ni para asegurar la debida protección del afectado.

Sólo tomando en cuenta esas consideraciones, de las que se desprende que la acción constitucional impetrada ha perdido toda oportunidad, debe desecharse el recurso promovido a fojas 39;

NOVENO: Que, en lo relativo al pago de las costas, se estima procedente no imponer dicha carga a la recurrente, teniendo para ello presente la trascendencia de las garantías constitucionales invocadas y la búsqueda de medidas necesarias para asegurar su debida protección.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el los artículos 19, números 1, 9 y 24, y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia de 24 de junio de 1992, sobre Tramitación Y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional deducida por el abogado FRANCISCO LEPPES LÓPEZ, en representación de CENTRO MÉDICO ANTOFAGASTA S.A., en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de la Provincia de Antofagasta.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1.281-2014 Redacción del Fiscal Judicial señor nombre reservado.

Pronunciada por la Primera Sala, integrada por la Ministra Titular Sra. Myriam Urbina Perán, el Fiscal Judicial Sr. nombre reservado y por el Abogado Integrante Sr. Víctor Hugo Toloza Zapata Orellana Torres. Autoriza el Secretario Titular Sr. Mauricio Pontino Cortés.

En Antofagasta, a veintiuno de octubre de dos mil catorce, se notificó por el Estado Diario la sentencia precedente.