Protección contra SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Antofagasta, dos de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

La comparecencia de don Jorge Manuel Lena Salgado y don Alonso Andrés Grant Díaz, abogados, en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad colombiana, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en la dictación del Oficio Ordinario N.º NUM000 de fecha 22 de abril de 2026, mediante el cual se denegó el desarchivo de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, estimando vulnerada la garantía de igualdad ante la ley y el derecho de petición establecidos en el artículo 19 N.º 2 y N.º 14 de la Constitución Política de la República, solicitando a esta Corte de Apelaciones adopte las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho, dejando sin efecto el acto impugnado y ordenando la inmediata reactivación del procedimiento.

Informó la recurrida instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la parte recurrente funda su acción constitucional denunciando la vulneración de sus derechos producto de un acto ilegal y arbitrario, consistente en la negativa absoluta y formalista de la autoridad para desarchivar su expediente de protección internacional.

Expone como antecedentes de hecho que, con fecha 8 de marzo de 2022, ingresó una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, motivada por amenazas a su vida y la de su familia en su país de origen. Señala que, con fecha 21 de febrero de 2023, la autoridad emitió el Oficio Ordinario N.º NUM001, mediante el cual se le citó a una entrevista de elegibilidad para el día 18 de abril de 2023.

Afirma que dicha notificación fue despachada por carta 1 certificada a un antiguo domicilio y recepcionada por un tercero, impidiéndole tomar conocimiento oportuno de la citación. Añade que, sumado a lo anterior, concurrió un evento de fuerza mayor consistente en el robo de su teléfono celular, lo que la dejó completamente incomunicada.

Indica que, ante su inasistencia, el Servicio Nacional de Migraciones dictó la Resolución Exenta N.º NUM002 de fecha 27 de junio de 2023, ordenando el archivo de su solicitud por un supuesto abandono del procedimiento. Refiere que, al tomar conocimiento de lo anterior, presentó con fecha 2 de abril de 2026 una solicitud administrativa de desarchivo detallando los impedimentos sufridos. Sin embargo, mediante el Oficio Ordinario N.º NUM000 de fecha 22 de abril de 2026, el Servicio denegó su petición señalando que no resultaba posible acceder a lo solicitado. En cuanto a los fundamentos de derecho, la recurrente argumenta que la decisión carece de la debida fundamentación y proporcionalidad, vulnerando los principios de imparcialidad y motivación exigidos por los artículos 11 y 41 de la Ley N.º 19.880.

Sostiene que la autoridad omitió ponderar la circunstancia de fuerza mayor y la vulnerabilidad de la actora. Asimismo, alega que el archivo definitivo transgrede los compromisos internacionales de Chile y el principio de no devolución consagrado en el artículo 4 de la Ley N.º 20.430, exponiéndola a un grave peligro, vulnerando el derecho de petición y la garantía de igualdad ante la ley. Concluye solicitando acoger el recurso, dejar sin efecto el Oficio Ordinario N.º NUM000 y ordenar que se fije a la brevedad una nueva fecha para su entrevista de elegibilidad.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, doña Renata Javiera Muñoz González, abogada, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicita el rechazo de la acción de protección en todas sus partes, argumentando la absoluta inexistencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales de la recurrente. 2 En cuanto a los hechos, confirma que la ciudadana extranjera inició el procedimiento de refugio en marzo de 2022. Precisa que la citación a la entrevista de elegibilidad fue remitida válidamente mediante carta certificada dirigida al último domicilio registrado por la solicitante en DIRECCION001, comuna de Calama, precisando que dicho sobre fue recepcionado materialmente el 14 de marzo de 2023 por un tercero plenamente identificado, perfeccionándose la notificación conforme a la ley.

Expone que la actora no compareció a la diligencia programada ni efectuó presentación alguna destinada a justificar su inasistencia en los plazos legales y que, atendida la inactividad superior a treinta días, se configuraron los presupuestos del artículo 52 del Decreto Supremo N.º 837, dictándose la Resolución Exenta N.º NUM002 con fecha 27 de junio de 2023, que dispuso el archivo por abandono, haciendo presente que la recurrente presentó su solicitud de desarchivo recién a fines de marzo de 2026, esto es, casi tres años después de haberse resuelto el cierre.

En el ámbito jurídico, sostiene que el Oficio Ordinario N.º NUM000 no constituye un acto nuevo ni caprichoso, sino que se limitó a informar la improcedencia legal de reabrir un procedimiento válidamente concluido mediante una resolución firme y ejecutoriada. Argumenta que la Administración actuó con estricto apego a los artículos 32 y 33 de la Ley N.º 20.430, y al artículo 43 de la Ley N.º 19.880.

Finaliza señalando que el recurso de protección no puede utilizarse como un mecanismo para revivir instancias administrativas caducas y reparar la inactividad prolongada de la propia interesada, por lo que solicita el rechazo íntegro de la acción, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio 3 de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que, el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados, que puedan ser afectados por acto arbitrario o ilegal.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en la especie, la controversia sometida al conocimiento y resolución de esta Corte radica en determinar si el Oficio Ordinario N.º NUM000 de fecha 22 de abril de 2026, dictado por el Servicio Nacional de Migraciones, mediante el cual se negó el desarchivo y la reactivación de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la recurrente —previamente archivada por inactividad el año 2023—, constituye un acto ilegal y arbitrario. Específicamente, corresponde dilucidar si dicha negativa se ajusta a las potestades regladas de la Administración respecto de los procedimientos fenecidos, o si por el contrario, omitió ponderar de manera justificada las alegaciones de fuerza mayor esgrimidas por la actora, vulnerando su garantía de igualdad ante la ley.

SEXTO: Que, del mérito de los antecedentes, resultan pacíficos y debidamente acreditados los siguientes hechos: a) La actora solicitó refugio en el año 2022; b) La autoridad la citó a entrevista para el 18 de abril de 2023, despachando la comunicación mediante carta certificada al último domicilio registrado por la usuaria; c) La misiva fue 4 recibida el 14 de marzo de 2023 por un tercero en dicho domicilio; d) Ante la incomparecencia de la interesada y el transcurso de los plazos legales, la Administración ordenó el archivo de la petición mediante la Resolución Exenta N.º NUM002 de fecha 27 de junio de 2023; e) La recurrente solicitó la reapertura o desarchivo del procedimiento en los meses de marzo y abril de 2026, lo cual fue denegado a través del acto impugnado.

SÉPTIMO: Que, en relación con la legalidad de la notificación cuestionada por la actora, el artículo 51 del Decreto Supremo N.º 837, que aprueba el Reglamento de la Ley N.º 20.430, consagra expresamente que las decisiones relativas al procedimiento de refugio se notificarán por carta certificada dirigida al domicilio del solicitante. Esto guarda estricta correspondencia con la regla general contenida en el artículo 46 de la Ley N.º 19.880 y el artículo 44 del mismo Decreto N.º 837, el cual impone al extranjero la carga de mantener actualizado su lugar de residencia. De esta forma, habiéndose comprobado materialmente que el Servicio Nacional de Migraciones despachó la citación y que esta fue recepcionada en la dirección otorgada por la propia administrada, la notificación se reputa legal y válida, resultando inoponible a la Administración el hecho de que haya sido recibida por un tercero si la actora no actualizó sus datos de contacto.

OCTAVO: Que, respecto de la alegación central de la recurrente consistente en que su incomparecencia se debió a un hecho constitutivo de fuerza mayor originado por el robo de su teléfono celular, cabe asentar que en la presente sede cautelar de urgencia no se aportó medio de prueba alguno que permita acreditar tal aseveración. En efecto, la recurrente no acompañó constancias, partes o denuncias policiales contemporáneas a los hechos que respalden el presunto delito.

Tratándose de una circunstancia eximente de una carga procedimental, el caso fortuito o la fuerza mayor siempre deben ser probados por quien los alega de manera oportuna, por lo que su sola invocación teórica años después resulta 5 insuficiente para derribar la presunción de legalidad y acierto de los actos administrativos ya afincados.

NOVENO: Que, en concordancia con el razonamiento precedente, el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado exige la comparecencia y colaboración de quien lo incoa, desde que, el artículo 33 de la Ley N.º 20.430 impone al solicitante la obligación de cooperar activamente, mientras que el artículo 52 del Reglamento habilita a la Administración a declarar el abandono y archivar el caso cuando la paralización por inactividad supera los treinta días y resulta imputable al interesado.

Las alegaciones de arraigo, razones humanitarias o la especial vulnerabilidad del requirente, si bien son elementos de alta relevancia en la ponderación de fondo, no eximen al solicitante de refugio del cumplimiento de sus deberes procedimentales básicos. De esta forma, archivar los antecedentes ante la inasistencia injustificada no constituye un acto ilegal, pues se ciñe estrictamente a las facultades que el legislador ha conferido al Servicio Nacional de Migraciones, ni puede ser calificado de arbitrario, por cuanto no obedece al mero capricho de la autoridad, sino a la aplicación racional de las normas que sancionan la desidia procesal.

DÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, no es posible soslayar que la recurrente dejó transcurrir casi tres años desde la dictación de la resolución de archivo en junio de 2023, sin deducir en su oportunidad legal los recursos administrativos de reposición y jerárquico contemplados en la Ley N.º 19.880, permitiendo que el acto quedara firme. La negativa contenida en el Oficio Ordinario N.º NUM000 no resulta antojadiza ni carente de razonabilidad, correspondiendo a la legítima consecuencia de la propia inactividad procedimental de la administrada. En este escenario, la acción de amparo constitucional no puede constituirse como un mecanismo extraordinario destinado a revivir plazos largamente vencidos o a subsanar la 6 negligencia del propio recurrente frente a procedimientos administrativos concluidos con estricto apego a derecho.

UNDÉCIMO: Que, por lo expuesto, al no vislumbrarse actuar ilegal o arbitrario en la decisión adoptada por el Servicio Nacional de Migraciones, que ha obrado dentro del marco de sus competencias legales y reglamentarias, sin contravenir la garantía de igualdad ante la ley estipulada en el artículo 19 N.º 2 de la Constitución Política de la República, la presente acción tutelar no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por los abogados Jorge Manuel Lena Salgado y Alonso Andrés Grant Díaz, en representación de doña nombre reservado, en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1270-2026 (Protección) 7