Protección contra Junta Nacional de Jardines Infantiles

Antofagasta, veintitrés de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Compareció Makarena García Dinamarca, abogada, en representación de nombre reservado, cédula nacional de identidad N°NUM000, domiciliada en domicilio reservado, quien dedujo acción constitucional de protección en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), Dirección Regional de Antofagasta, por la dictación de la Resolución NUM001 de 10 de abril de 2026, que declara vacante el cargo por salud incompatible de la funcionaria. Dicha resolución es ilegal y arbitraria, pues vulnera las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República. Solicitó se adopten las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, especialmente se ordene dejar sin efecto la resolución mencionada, además la inmediata reincorporación de la funcionaria al cargo de técnico en atención de párvulos, Grado 22° E.U.S., en el Jardín Infantil "14 de febrero"; se ordene el pago íntegro de todas las remuneraciones y estipendios dejados de percibir durante el tiempo que dure la separación ilegal de sus funciones, debidamente reajustados.

Evacuó informe la recurrida como obra del proceso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la actora expuso que ingresó a prestar funciones en la JUNJI el 1 de enero de 2011. A la fecha de la resolución impugnada, ostentaba la calidad jurídica de contrata, asimilada al Grado 22° de la escala única de sueldos, estamento técnico en atención de párvulos. Además, que a la fecha de su desvinculación, tenía una antigüedad de más de 14 años de servicio ininterrumpido en la institución, desempeñándose en el Jardín Infantil "14 de febrero", en labores de apoyo a la educadora de párvulos en actividades pedagógicas, cuidado de la seguridad, higiene y bienestar de 1 las niñeces, preparación de material didáctico y espacios educativos, estimulación del desarrollo emocional, social, motor y cognitivo, supervisión de hábitos de alimentación, descanso e higiene, observación y registro de avances o dificultades de los párvulos, mantenimiento de comunicación con apoderados y equipo educativo, fomento de la convivencia, el respeto y la autonomía, participación en reuniones, actividades y planificación educativa, y acompañamiento de las niñeces en juegos, rutinas y actividades recreativas; mientras que su última renovación de contrata se encontraba vigente, suscrita en noviembre de 2025.

Agregó que las licencias médicas que motivaron el acto impugnado obedecen a un cuadro de salud complejo debidamente acreditado, toda vez que presenta diagnósticos de epicondilitis derecha, artrosis lumbar, discopatía lumbar con estenosis foraminal y radiculopatía, poliartralgia en estudio (posible artritis reumatoide), constipación crónica con hemorragia digestiva baja, y depresión en tratamiento, todo ello certificado por la doctora nombre reservado, médico general.

Las resonancias magnéticas de codo y columna lumbar evidencian daño degenerativo multisegmentario, con episodios de dolor de alta intensidad que en ocasiones la mantuvieron postrada.

Precisó que, pese a la gravedad de su cuadro de salud, demostró una adherencia irrestricta a sus tratamientos y una firme voluntad de reintegración laboral, reincorporándose efectivamente a sus funciones el lunes 21 de julio de 2025; por lo que se encontraba trabajando al momento de la notificación de la vacancia. Es más, se encontraba físicamente en el jardín infantil, cumpliendo sus labores habituales realizando mudas a los párvulos a su cargo el 20 de abril de 2026, fecha en que fue notificada de la resolución que la separaba del cargo. Esto demuestra fácticamente que su salud NO es incompatible con el cargo.

A su turno, sostuvo que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) evaluó su condición médica y 2 dictaminó que su salud es RECUPERABLE. Este pronunciamiento técnico del organismo competente constituye el antecedente central de la presente causa. Pese a ello, el 10 de abril de 2026, la JUNJI, Dirección Regional de Antofagasta, dictó la Resolución NUM001, suscrita por el director regional Alejandro Francisco Rodríguez Salinas, que en lo pertinente resuelve: “DECLÁRASE VACANTE POR SALUD INCOMPATIBLE... el cargo servido por nombre reservado”, invocando los artículos 150 y 151 del D.F.L. N°29 (Estatuto Administrativo) y señalando que la funcionaria acumuló 295 días de licencias médicas en el período respectivo.

En tal sentido, estimó que la resolución impugnada se basa en una interpretación errónea y arbitraria de la facultad discrecional del artículo 151 de la Ley N°18.834, puesto que si bien la norma utiliza la expresión “podrá”, esta potestad no es absoluta. Así pues, la Ley N°21.050 introdujo el requisito de evaluación previa de la COMPIN con un objetivo claro, esto es someter la decisión a un criterio técnico-médico. En este caso, la COMPIN declaró que su salud es RECUPERABLE.

A su vez, valoró dicho acto como arbitrario porque carece de racionalidad. La autoridad declaró que la salud es “incompatible con el desempeño del cargo” basándose únicamente en un cálculo matemático de días de licencia (295 días), ignorando por completo la realidad actual de la funcionaria: ya estaba trabajando y desempeñando sus funciones con normalidad. Por ello, ¿cómo puede ser la salud “incompatible” con el cargo si la funcionaria se encontraba ejerciéndolo en el momento mismo de la notificación? Esta contradicción vital torna el acto en un capricho administrativo desprovisto de lógica. Adicionalmente, la resolución no contiene evaluación alguna sobre la compatibilidad real de la salud de la funcionaria con las exigencias de su cargo, ni pondera los factores que explican el origen de sus licencias. Además, nunca fue contactada por el Comité de Ausentismo ni por sus superiores para abordar su 3 situación de salud, lo que priva a la resolución de todo sustento fáctico suficiente.

Por otro lado; previas citas jurisprudenciales, consideró que se han vulnerado las garantías constitucionales relativas a la integridad psíquica, puesto que es una trabajadora que, con enorme esfuerzo y adhesión a su tratamiento, logró estabilizarse y reintegrarse a su vida laboral, la cual constituye su principal fuente de estabilidad emocional y económica. Asimismo, la igualdad ante la ley, toda vez que se incurrió en una diferencia arbitraria al aplicar la sanción máxima de desvinculación a una funcionaria que cuenta con un dictamen de salud recuperable y que ya estaba ejerciendo sus funciones, en comparación con otros funcionarios a quienes se les respeta la estabilidad en el empleo público. También el derecho a la propiedad, puesto que tiene incorporado a su patrimonio el derecho a continuar desempeñando su cargo, dada su calidad de funcionaria a contrata con más de 14 años de servicio continuo, renovación vigente suscrita en noviembre de 2025, y plena aptitud para el ejercicio de sus funciones según el dictamen técnico de la COMPIN.

Con todo, solicitó se adopten las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, especialmente se ordene dejar sin efecto la resolución mencionada, además la inmediata reincorporación de la funcionaria al cargo de técnico en atención de párvulos, Grado 22° E.U.S., en el Jardín Infantil "14 de febrero"; se ordene el pago íntegro de todas las remuneraciones y estipendios dejados de percibir durante el tiempo que dure la separación ilegal de sus funciones, debidamente reajustados; con costas del recurso.

SEGUNDO: Que evacuaron informe nombre reservado

Edwards y Aníbal Rodrigo Díaz Díaz, abogados en representación de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, quienes instaron por el rechazo de la acción constitucional incoada, con costas. 4 Indicaron que la actora se desempeñó como técnico en atención de párvulos, contrata, Grado 22° EUR, ingresando a la Junta Nacional de Jardines Infantiles el 1 de enero de 2012, en calidad de personal a contrata, conforme consta en hoja de vida SIAPER. Luego, mediante Resolución NUM001 de 10 de abril de 2026; tomada de razón por la Contraloría General de la República, el 17 de abril de 2026, fue notificada el 20 de abril de 2026, de su desvinculación por declaración de vacancia por salud incompatible. Esto, por haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

Por su parte, expresaron que la acción constitucional no puede prosperar desde que no se ha vulnerado garantía alguna. Lo anterior, por cuanto la desvinculación de la recurrente mediante la Resolución NUM001 de 10 de abril de 2026, se ajusta a la normativa, no solo interna de la institución, sino también estatutaria y administrativa, contenidas en los artículos 146, 150, 151 de la Ley N°18.834. Sumado al hecho que, para dar cumplimiento a lo previsto precedentemente, el 25 de junio de 2025, se remitió a la COMPIN, solicitud de evaluación de salud irrecuperable, vía web, asignándose el N°NUM003, puesto que durante dos años acumulaba más de 180 días de licencia médica, excediendo en demasía la cantidad establecida en el numeral 151 de la norma reglamentaria ya citada. Es así como el 21 de enero de 2026, la COMPIN, emitió su Resolución de Evaluación de Salud Irrecuperable realizada por la Junta Nacional de Jardines Infantiles ID N°NUM002, la que resolvió que presenta un estado de salud recuperable.

Agregaron que quedó asentado que la recurrente entre el 17 de mayo de 2024 y 15 de noviembre de 2025, presentó 295 días de licencia médica. Lo anterior cobra relevancia, dado que las funciones que debe realizar en el jardín infantil “14 de febrero” y para las cuales fue contratada, ha causado una evidente y perjudicial rotativa de 5 educadora y técnicos, que deben hacerse cargo en su ausencia, arriesgando incluso comulgar un eventual incumplimiento de la normativa educacional referente al reconocimiento oficial de los establecimiento educativos, particularmente, al coeficiente técnico que deben mantener los niveles de las unidades educativas. En particular, dicha unidad educativa, tiene una capacidad total de 192 párvulos, con un coeficiente técnico de 18 técnico en atención de párvulos, para todo el establecimiento educativa, por lo que, la inasistencia de alguna de ellas tiene un tremendo impacto en el quehacer cotidiano. Además, al existir actualmente una disminución presupuestaria y limitaciones a las contratas y reemplazos por licencia médica, se torna dificultoso lograr alcanzar el coeficiente técnico exigido por ley, teniendo en consideración también, lo mencionado en la Ley N°21.430 Sobre Garantías Y Protección Integral De Los Derechos De La Niñez Y Adolescencia, respecto de que la normativa siempre debe propender al interés superior del niño y niña. No se reputa arbitrario, el considerar solo el transcurso del tiempo con licencia médica, para estimar salud incompatible con el cargo, pues, como bien lo indica la recurrente, inició un proceso de licencias médicas, y no por el hecho de que se encontraba ejerciendo sus funciones, no podría aplicarse y ejercerse dicha potestad estatutaria. Precisaron que los jefes de servicios tienen la facultad legal de declarar vacancia de un cargo “salud irrecuperable o incompatible con su desempeño por un funcionario público”, según disponen los artículos 150 letra a) y 151 de la Ley N°18.834. Lo mismo se contempla en los artículos 72 bis y 72 ter de la Ley N°19.070, respecto de los profesionales sujetos al Estatuto Docente.

Indicaron en consecuencia, que estos cuerpos legales distinguen entre la declaración de vacancia por salud irrecuperable y aquella dispuesta por salud incompatible con el desempeño del cargo, más allá de las diferencias semánticas entre lo irrecuperable (lo que no se puede 6 recuperar) y lo incompatible (lo que no puede estar, funcionar o coexistir sin impedimento de otra cosa). Así pues, la declaración de vacancia por salud irrecuperable sólo puede fundamentarse en un antecedente médico que así lo establezca, emitido por las autoridades técnicas establecidas al efecto y que, eventualmente, habilita al funcionario para solicitar su jubilación anticipada por invalidez. En cambio, la declaración de vacancia por salud incompatible con el desempaño del cargo no otorga ninguno de esos beneficios pues, como expresan los textos legales citados, ella se dispone “sin mediar declaración de salud irrecuperable” o, lo que es lo mismo, cuando la autoridad técnica establece que su salud es recuperable. Aquí, la incompatibilidad con el desempeño del cargo se traduce en el hecho de que, salvo excepciones legales como el diagnóstico de cáncer y la protección de la maternidad, cualquiera sea la enfermedad que padezca el funcionario y, a pesar de ser recuperable, su condición médica resulta incompatible con el desempeño de la función pública, al no permitirle ejercer su cargo por más de seis meses dentro de un lapso de dos años. Por último, la historia de la Ley N°21.050, en ningún momento expresa en referencia a la causal de vacancia por salud incompatible con el desempeño en el cargo, a la necesidad de exigir un informe técnico para declarar la vacancia en el cargo por salud irrecuperable, según se expresa en su Mensaje: “La presente iniciativa legal modifica el Estatuto Administrativo de la ley N°18.834 y el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales de la ley N°18.883, estableciendo que los jefes superiores de servicio y los Alcaldes deberán requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo, para poder declarar la vacancia del mismo”.

Por último, señalaron que, estas mismas conclusiones que la Contraloría ha recogido en la jurisprudencia administrativa que citó, los cuales son obligatorios para los 7 funcionarios públicos en los casos a que se refieren, de conformidad con el inciso final del artículo 9° de la ley orgánica del ente contralor.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, a su vez, el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que la controversia de autos radica en determinar la ilegalidad o arbitrariedad en el actuar del recurrido, consistente en la dictación de la Resolución NUM001 de 10 de abril de 2026, tomada de razón el 17 de abril de 2026, mediante la cual se declaró vacante el cargo que desempeñaba la actora por salud incompatible, a contar de la notificación de la total tramitación del presente acto administrativo, por haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. 8 SEXTO: Que, según consta de los antecedentes allegados por la recurrida, la actora presentó diversas licencias médicas entre el 15 de mayo de 2024 al 15 de noviembre de 2025, que en su conjunto totalizan 295 días de ausentismo del ejercicio de sus funciones. Asimismo, debe tenerse presente, en lo atingente al recurso, que la COMPIN el 5 de diciembre de 2025, resolvió en relación con la solicitud de evaluación de salud irrecuperable realizada por su empleador JUNJI, que el estado de salud es recuperable.

SÉPTIMO: Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, es menester tener presente la normativa aplicable en la especie. Así, el artículo 146 de la Ley N°18.834 del Estatuto Administrativo, refundida por el D.F.L.

N°29, prescribe que: “El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: c) Declaración de vacancia”.

Asimismo, el artículo 150 del referido cuerpo legal regula acerca de la procedencia de esta causal de término en los siguientes términos: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo”.

A su vez, sobre el fundamento invocado por la resolución impugnada por esta vía, el artículo 151 del mismo cuerpo normativo, dispone que: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Titulo II, del Libro II, del Código del Trabajo. El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”. 9 A su turno, el artículo 152 del mismo cuerpo legal prescribe que: “Si se hubiere declarado irrecuperable la salud de un funcionario, éste deberá retirarse de la Administración dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que se le notifique la resolución por la cual se declare su irrecuperabilidad. Si transcurrido este plazo el empleado no se retirare, procederá la declaración de vacancia del cargo. A contar de la fecha de la notificación y durante el referido plazo de seis meses el funcionario no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones correspondientes a su empleo, las que serán de cargo del empleador.”.

OCTAVO: Que, en la especie la vacancia fue declarada de conformidad al inciso 1° del artículo 151 previamente citado, esto es, “vacancia de cargo por salud incompatible”, sin mediar declaración de salud irrecuperable, lo que per sé no permite acreditar ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la recurrida, advirtiéndose, por el contrario, que la decisión se encuentra debidamente fundada y que ha sido adoptada en base a la normativa vigente, pues observó los requisitos establecidos para proceder a dictar la vacancia del cargo de conformidad a lo dispuesto en los artículos 150 y 151 del Estatuto Administrativo. Asimismo, es dable señalar que la conclusión sobre la legalidad del acto impugnado por la recurrente se refuerza por la sola circunstancia que la Contraloría General de la República, el 17 de abril del presente año, “tomó razón” de la cuestionada resolución, lo que supone un examen preventivo de la legalidad del acto administrativo.

NOVENO: Que, asimismo, debe considerarse la aplicación del principio de servicialidad que impone a los jefes de los servicios, el deber de velar por la continuidad de la prestación de éstos para la satisfacción de las necesidades colectivas que justifican su existencia, razón por la cual no se advierte abuso o desviación de poder, tampoco que sea ilegal o arbitraria la declaración de 10 vacancia de un cargo por salud incompatible de quien lo sirve, considerando que, en el caso de marras, el cargo que ostentaba la recurrente, permite justificar la decisión de la recurrida, atendido el prolongado ausentismo y la necesidad de contar con personal disponible para suplir sus labores; para lo cual se tuvo a la vista que el jardín infantil tiene capacidad total de 192 párvulos, con un coeficiente técnico de 18 técnicos en atención de párvulos para todo el establecimiento educativo.

DÉCIMO: Que, en otro orden de ideas, tampoco se visualiza una falta de motivación en la resolución que se cuestiona, pues no obedeció a un acto irracional o caprichoso, sino que se sustentó en un ausentismo continuo e ininterrumpido durante un lapso prolongado que excedió con creces el término de seis meses en los últimos dos años, contemplado en el artículo 151 de la Ley N°18.834, no siendo óbice que la actora se reincorporara a sus funciones antes de su notificación, por cuanto la resolución se dictó con antelación a dicha fecha.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, atendido lo analizado en los considerandos precedentes, el acto administrativo recurrido no es ilegal ni arbitrario, pues emana de la autoridad competente y sus fundamentos se ajustan a la ley, desde que la declaración de vacancia de un cargo por salud incompatible de empleado público solo requiere estar con licencia médica por más de 180 días en el plazo de dos años, lo que sucedió en la especie, no siendo relevante para estos efectos que la salud se pueda recuperar o no, porque en uno otro caso la conclusión es la misma, con la única salvedad que si la salud es irrecuperable, debe aplicarse el procedimiento del artículo 152 del Estatuto Administrativo, situación diversa de la indicada en el artículo anterior, por lo que deberá rechazarse el arbitrio constitucional.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución 11 Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre la materia; SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por Makarena García Dinamarca, en representación de nombre reservado, en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), Dirección Regional de Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1266-2026 (Protección) 12