Protección contra Servicio de Registro Civil e Identificación de la Región de Antofagasta

Antofagasta, a trece de junio de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

La comparecencia de doña Daiann López Contreras, abogada, en favor de nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación de la Región de Antofagasta, representado por su Directora Regional (S) Marisol Astorga Fuenzalida, por la negativa a omitir en la hoja de vida del conductor las respectivas anotaciones judiciales, solicitando a esta Corte de Apelaciones declarar que el recurrido ha actuado arbitraria e ilegalmente, privando, perturbando y/o amenazando el legítimo ejercicio del derecho del recurrente de igualdad ante la ley; igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos; el respeto a la vida privada y honra de la persona; y a la libertad de trabajo y su protección, garantizados en el artículo 19 N°2, 3, 4 y 16 de la Constitución Política de la República, y en consecuencia, ordenar al Servicio recurrido “omitir” de la hoja de vida de conductor, las anotaciones correspondientes a la resolución de fecha 04 de enero de 2023 del Juzgado de Policía Local de la Higuera, por la infracción gravísima de conducción en vehículo a exceso de velocidad, sancionada con multa y suspensión de licencia de conducir por 30 días, conforme al artículo 203 inciso 4° de la Ley N°18.290.

Informó don nombre reservado, Director Regional (S) de la Dirección Regional de Antofagasta, del Servicio de Registro Civil e Identificación, solicitando el rechazo de la acción deducida, con costas.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: La parte recurrente funda su acción señalando que, con fecha 04 de enero del año 2023, el recurrente fue sancionado por resolución del tribunal de Policía Local de la Higuera, a multa y suspensión de licencia por 30 días, por la infracción consistente en conducir vehículo a exceso de velocidad, calificada de gravísima según el artículo 203 inciso 4° de la Ley N°18.290, la que a la fecha se encuentra totalmente cumplida. Dicha anotación quedó registrada en el certificado denominado hoja de vida del conductor.

Arguye que el recurrente se desempeña desde hace años como conductor, siendo este oficio su única fuente de ingresos, realizando actualmente labores de chofer y rigger. Añade que con fecha 18 de abril de 2024, recibió una oferta como operador de grúa horquilla, lo que mejoraría sus condiciones laborales, pero que dicha propuesta está sujeta a contar con licencia de conducir correspondiente y mantener hoja de vida del conductor sin observaciones.

Por lo anterior, señala que con fecha 22 de abril del año en curso, el actor concurre a las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación en la ciudad de Calama, para solicitar que la anotación registrada fuera omitida. Sin embargo, la respuesta verbal del personal de dicho organismo fue que sólo es posible eliminar dicha anotación cuando el plazo que señala la ley esté cumplido.

Sostiene que, al considerarse la infracción por la cual fuera sancionado el actor como gravísima, según la categorización que de dichas infracciones que realiza el legislador en la Ley N°18.290, esta es posible eliminarla de su certificado de hoja de vida del conductor, una vez transcurridos tres años de dicha anotación, sin embargo, dicha normativa nada dice respecto a la omisión de dichos antecedentes. Precisa que, respecto a la omisión, el legislador se refiere a ella en relación a los antecedentes penales de un individuo, tratados tanto en el Decreto Ley N°409, como en el Decreto Supremo N°64 y también en la Ley N°18.216.

Estima que, si el legislador ha previsto la omisión de antecedentes que se registran en el prontuario penal, por la comisión de un delito, y en el entendido del aforismo jurídico “quien puede lo más, puede lo menos”, es razonable entender que aun cuando el legislador no se refiera a ello, sería viable la omisión de anotaciones, como la que presenta el actor en su de hoja de vida del conductor, teniendo además en consideración lo que expresa el artículo 21 de la Ley N°19.628.

En consecuencia, estima que no resulta lícito al Servicio negar esta solicitud, aduciendo que la omisión de anotaciones sea sólo procedente para el certificado de antecedentes y no para la hoja de vida del conductor, citando variada jurisprudencia sobre la materia.

Afirma que el acto recurrido priva, perturba y/o amenaza el legítimo ejercicio de los derechos del artículo 19, específicamente el de igualdad ante la ley, previsto en el numeral 2°, toda vez que se le discriminaría arbitrariamente pues se le niega su solicitud, habiendo cumplido los requisitos legales para acceder a ello; la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, del numeral 3°, toda vez que carece de fundamentos jurídicos y fácticos, y por ser absolutamente insuficiente en cuanto a sus motivaciones; el respeto a la vida privada y pública y honra de la persona y su familia, en el numeral 4°, por cuanto dicho acto contraviene lo dispuesto en el artículo 21 de la N°19.628; y a la libertad de trabajo y su protección, numeral 16°, ya que la resolución del servicio, afecta el libre empleo, pues el actor es chofer o conductor, y la publicidad de las anotaciones judiciales que constan en la hoja de vida del conductor, le ha impedido este último año acceder a mejores empleos; todos derechos garantizados en la Carta Fundamental.

Por lo expuesto, solicita a esta Corte de Apelaciones declarar que el recurrido ha actuado arbitraria e ilegalmente, privando, perturbando y/o amenazando el legítimo ejercicio del derecho del recurrente de igualdad ante la ley; igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos; el respeto a la vida privada y honra de la persona; y a la libertad de trabajo y su protección, garantizados en el artículo 19 N°2, 3, 4 y 16 de la Constitución Política de la República, y en consecuencia, ordenar al Servicio de Registro Civil e Identificación, que proceda a “omitir” de la hoja de vida de Conductor, las anotaciones judiciales, esto es, las correspondientes a la resolución de fecha 04 de enero de 2023 del Juzgado de Policía Local de la Higuera, por conducir vehículo a exceso de velocidad, calificada de gravísima, conforme al artículo 203 inciso 4°, sancionado con multa y suspensión de licencia de conducir por 30 días.

SEGUNDO: Informó don nombre reservado, Director Regional (S) de la Dirección Regional de Antofagasta, del Servicio de Registro Civil e Identificación, solicitando el rechazo de la acción deducida, con costas.

Indica que, revisada la base de datos, el recurrente no registra anotaciones penales vigentes ni órdenes de aprehensión, y que tampoco figura en la nómina de prófugos de la justicia. Añade que, no existen solicitudes de beneficios presentadas en oficinas del Servicio.

Luego, revisada la hoja de vida de conductor, documento que da cuenta de las anotaciones del Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, señala que el actor registra la siguiente anotación: “sentencia ejecutoriada correspondiente al Proceso N°33, año 2023, Tribunal: Juzgado de Policía Local de Higuera. Fecha de Resolución 04 de enero de 2023. Fecha Denuncia: 2 de enero de 2023. Infracción: Código: 010: Conducir Vehículo a Exceso de Velocidad, calificada como gravísima, artículo 203, inciso 4°, Ley de Tránsito, Resolución: Multa y Suspensión de licencia por 30 días.”.

Precisa que nuestro ordenamiento jurídico no contempla el beneficio de omisión respecto de las anotaciones contenidas en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, toda vez que la normativa que rige dicha materia tiene relación con las anotaciones penales, esto es, aquellas realizadas en el Registro General de Condenas, las cuales por tratarse de normas de carácter público y de derecho estricto, no es posible aplicarlas por analogía en otras materias.

Por lo anterior, no es posible acceder al requerimiento del actor, al no contemplarse dicho beneficio respecto de una infracción gravísima, sin perjuicio de que puede ser esta eliminada conforme a lo dispuesto en los incisos primero y tercero del artículo 217 de la Ley de Tránsito, por lo que, una vez trascurridos tres años desde la fecha de la anotación de la última infracción de la respectiva categoría, esto sería, en enero de 2026, el recurrente podrá requerir la eliminación, siempre y cuando no comenta una infracción gravísima posterior, en cuyo caso, el plazo de tres años comenzará a contarse desde la fecha de anotación de la última infracción gravísima.

Sostiene que, en virtud del principio de legalidad que rige el actuar de los órganos de la Administración del Estado, no es posible sino efectuar, solo aquello que la ley expresamente permite. Así, respecto de los argumentos del recurrente, hace presente que el Decreto Ley N°409 de 1934, que Establece Normas Relativas a Reos, referido al Beneficio de Eliminación; se desprende claramente, que este beneficio se aplica solo a aquellas personas que hayan cumplido condena penal y hayan sido controladas voluntariamente por Gendarmería de Chile.

Luego, agrega que del Decreto Supremo N°64, de 1960, que reglamenta la eliminación de prontuarios penales, de anotaciones, y el otorgamiento de certificados de antecedentes, se concluye que este beneficio de eliminación también es solo aplicable a cuasidelitos, faltas, simples delitos, delitos, o crímenes penales, mas no a contravenciones o infracciones a la Ley de Tránsito, como es el caso de la infracción gravísima materia de este recurso.

Asimismo, en lo que dice relación a la Ley N°18.216, de 1983, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, su artículo 38, esta contempla el beneficio de omisión, para los crímenes o simples delitos, el que se aplica en aquellos casos en que una persona haya sido beneficiada con alguna de las penas sustitutivas ante la comisión de un crimen o simple delito penal, excluyendo con esto las infracciones a la Ley de Tránsito, que no son por su naturaleza inscritas en el prontuario penal, sino solo en el Registro Nacional de Conductores.

Concluye que, las normas que regulan el beneficio tanto de eliminación como de omisión son normas de carácter público y de derecho estricto, no siendo posible aplicarlas por analogía en otras materias, tales como las infracciones gravísimas y graves, y cuya forma de eliminación se encuentra expresamente establecida en el artículo 217 del va citado Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2009.

Luego, respecto de la interpretación realizada por el recurrente del artículo 21 de la Ley N°19.628, señala que en el caso del actor, consta solo la existencia de la anotación de la sentencia de fecha 04 de enero de 2023 del Juzgado de Policía Local de La Higuera, por una infracción gravísima a la Ley de Tránsito, no habiéndose informado la declaración de prescripción de la sanción impuesta en dicha sentencia por la infracción gravísima a la Ley de Tránsito, razón por la cual no es posible aplicar lo dispuesto en el referido artículo 21.

En virtud de todo lo anterior, estima que el Servicio no ha incurrido en ningún acto ilegal o arbitrario, ya que la procedencia e improcedencia de la omisión de los antecedentes de la hoja de vida del conductor se fundamenta en los preceptos e instituciones legales ya citadas. En cuanto al fundamento del recurso en comento, hace presente que el Servicio no incurre en discriminación al aplicar las normas vigentes, estatuto jurídico que contiene una normativa que señala las formas de omitir antecedentes penales y antecedentes de la hoja de vida del conductor, por lo que no resulta procedente para el Servicio hacer distinciones de ninguna especie, solicitando por ello el rechazo de la acción deducida, con costas.

TERCERO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, conforme las alegaciones formuladas en la presente acción cautelar, el recurrente de protección pretende la omisión de la anotación de una infracción gravísima por conducción a exceso de velocidad, del registro de su “Hoja de vida de Conductor”, denunciando como acto ilegal y arbitrario la negativa del Servicio de Registro Civil en acceder a dicho requerimiento.

Por su parte, la recurrida, sin controvertir los hechos en que se sustenta el recurso incoado, señala en lo sustancial, que no existe amparo legal que sustente la pretensión del actor, desde que la normativa vigente en la materia no contempla dicho beneficio a su respecto.

SEXTO: Que, para la correcta resolución de la controversia de marras, conviene tener presente el marco normativo aplicable en la materia. En este sentido, resulta pertinente lo dispuesto en el D.F.L. N°1 de 2009, que Fija texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley de Tránsito, cuyos artículos 210 y 211 establecen:

“Artículo 210.- Créase el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, que estará a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación y cuyos objetivos serán el de reunir y mantener los antecedentes de los conductores de dichos vehículos e informar sobre ellos a las autoridades competentes.

Este registro reemplazará a los señalados en el artículo 44 de la Ley Nº15.231, y no se considerarán las anotaciones de infracciones efectuadas en ellos, salvo las que se refieren a cancelación de licencias por sentencia judicial y a conducción en estado de ebriedad.

Artículo 211.- El Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, deberá: (…) 2.- Registrar las sentencias ejecutoriadas en que se condene a una persona por delitos, cuasidelitos, faltas, infracciones gravísimas o graves, tipificada en esta ley, sea que tengan o no licencia para conducir;”

A su vez, el artículo 217 del mismo cuerpo normativo dispone:

Artículo 217.- Las anotaciones en el Registro de las sentencias ejecutoriadas de condenas por infracciones gravísimas o graves podrán eliminarse una vez trascurridos tres años, en el caso de infracciones gravísimas, y dos años, en el caso de infracciones graves. Estos plazos se computarán y podrán hacerse valer separadamente para cada una de dichas categorías de infracciones, y se contarán desde la fecha de la anotación de la última infracción de la respectiva categoría.

SÉPTIMO: Que, del análisis de la normativa previamente citada, así como de la reglamentación contenida en el Decreto N°739 del año 1985, del Ministerio de Justicia, que establece el Reglamento del Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, no es posible advertir la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en el actuar del servicio recurrido, desde que este se ha limitado a dar cumplimiento a la normativa vigente, sin que la misma contemple el beneficio de omisión de anotaciones por infracciones gravísimas a la Ley de Tránsito, como es el caso de marras, sino solo su eliminación concurriendo los requisitos legales, los que en el caso particular del actor no se cumplen.

OCTAVO: Que, no encontrándose discutido que el actor registra efectivamente una anotación en su hoja de vida del conductor por “infracción” o “contravención” gravísima a la Ley de Tránsito, específicamente aquella derivada de la sentencia ejecutoriada dictada el 04 de enero de 2023 del Juzgado de Policía Local de Higuera, por conducción de vehículo a Exceso de Velocidad, contemplada en el artículo 203, inciso 4°, Ley de Tránsito; se advierte que lo pretendido por el recurrente es la aplicación por analogía del beneficio de omisión de anotaciones, el que se ha contemplado exclusivamente por el legislador respecto de los antecedentes penales, y que encuentra regulación tanto en el Decreto Ley N°409, en el Decreto Supremo N°64, así como también la Ley N°18.216, haciendo además presente además lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N°19.628.

De esta forma, lo requerido por el actor no resulta procedente, desde que el Servicio se encuentra impedido de acceder a aquello en atención al principio de legalidad que rige el actuar de los órganos de la Administración del Estado. Igualmente, no es posible soslayar que, según se desprende del artículo segundo de su reglamento, el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados contempla la creación de un registro especial para, precisamente, consignar las faltas y contravenciones gravísimas y graves en que incurran los conductores, por lo que, la aplicación de un beneficio a través de una interpretación extensiva de lo dispuesto en otros cuerpos normativos, implicaría hacer ilusorio el objetivo de la creación del referido registro, como política preventiva y sancionatoria ante el incumplimiento de la normativa vial.

NOVENO: Que, asimismo, se advierte que la diversa jurisprudencia citada por el actor tampoco resulta aplicable al caso concreto, desde que la misma igualmente refiere a la omisión de antecedentes penales, no así a la omisión de anotaciones derivadas de infracciones graves o gravísimas a la Ley de Tránsito, como ocurre en el caso de marras.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña Daiann López Contreras, por sí y en favor de nombre reservado, en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación de la Región de Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1263 – 2024 (PROTECCIÓN)