nombre reservado con DELEGACIÓN PRESIDENCIAL ANTOFAGASTA

Antofagasta, a veintiocho de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece Pablo Araya Álvarez, abogado, en representación de las veintisiete personas que individualiza en su presentación, todas domiciliadas en domicilio reservado, quienes deducen recurso de protección en contra de la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, por la dictación de la Resolución Exenta N°251, de 14 de abril de 2026, que ordena el desalojo de los inmuebles que ocupan en el sector de Caleta La Chimba, acto que estiman vulneratorio de las garantías consagradas en los numerales 1, 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en relación con sus artículos 6°, 7° y 76.

Informan la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta, la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, y la Gobernación Marítima de Antofagasta, al tenor del recurso interpuesto.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la parte recurrente funda su acción en que los inmuebles que ocupa se emplazan en el sector La Chimba de esta ciudad, en las coordenadas geográficas que individualiza en su libelo, y en que dicha ocupación se ha extendido por aproximadamente cincuenta años en forma ininterrumpida, pacífica y pública, constituyendo su única morada. Señala que los recurrentes se encuentran agrupados en la junta vecinal comité Pimpineles, que han tramitado concesiones ante la autoridad marítima y que han pagado los derechos correspondientes ante la Municipalidad de Antofagasta, todo lo cual daría cuenta del ánimo de permanecer de forma continua y no clandestina en los terrenos cuyo desalojo se ordena.

Destaca la situación de nombre reservado, pescador artesanal con licencia vigente y buzo mariscador, quien junto a su grupo familiar pertenecería al pueblo originario Chango según certificados emitidos por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, agregando que mantiene en tramitación la solicitud de concesión marítima CM 00073-2025 y que es uno de los impulsores del denominado proyecto mirador, iniciativa turística y de desarrollo social sostenida mediante la autogestión de los pobladores.

Refiere la existencia en el sitio 37 de Caleta La Chimba del “Proyecto Granja Educativa”, iniciativa sin fines de lucro creada por nombre reservado, con personalidad jurídica desde 2021 y con animales registrados y sujetos al control del Servicio Agrícola y Ganadero. Da cuenta también del refugio temporal de perros “Marley”, operado por nombre reservado, y de la plaza y baños de uso gratuito gestionados por nombre reservado, quien habita el lugar desde 1995.

Sostiene que el ordenamiento contempla un procedimiento especial para obtener el desalojo y la restitución de los inmuebles fiscales, previsto en el artículo 19 del Decreto Ley N°1.939, de 1977, conforme al cual la vía idónea son las acciones posesorias del título IV del libro III del Código de Procedimiento Civil, y no la restitución administrativa. Afirma que, al proceder de este último modo, la recurrida se atribuyó potestades jurisdiccionales privativas de los tribunales de justicia, incurriendo en autotutela proscrita y quebrantando los artículos 6, 7 y 76 de la Carta Fundamental.

Agrega que su actuación resulta desproporcionada, por desconocer la realidad habitacional de la región, donde el suelo es mayoritariamente fiscal, invocando la sentencia rol N°1062-2022 de la Corte Suprema y la Resolución Exenta N°612 del Ministerio de Bienes Nacionales, sobre normalización del borde costero en la Región de Atacama.

Denuncia la vulneración del artículo 19, N°1, por cuanto el desalojo con auxilio de la fuerza pública amenaza dejarlos en el desamparo absoluto, invocando el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; del artículo 19, N°2, pues existirían otras ocupaciones en terrenos fiscales del sector Huáscar, roles 15016-5, 15016-6 y 15016-7, respecto de las cuales no se ha adoptado igual criterio; del artículo 19, N°3, por haberse ordenado el desalojo sin juicio previo alguno, lo que importa un juzgamiento por un órgano distinto del que señala la ley; y del artículo 19, N°24, en cuanto la ejecución de la medida importará la destrucción, daño e inutilización de bienes inmuebles y muebles.

Pide que se declare la vulneración de tales garantías, se deje sin efecto la Resolución Exenta N°251, cese el desalojo y se condene en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que evacúa informe nombre reservado, en representación de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta.

Señala que, del examen del recurso, se advierte que la parte recurrente sitúa los hechos materia de la acción constitucional en un lugar identificado mediante determinadas coordenadas geográficas, respecto de las cuales solicita un pronunciamiento de esa Secretaría Regional Ministerial. Hace presente que dichas coordenadas se encuentran expresadas en formato de latitud y longitud, sin individualizar el sistema de referencia geodésico empleado, circunstancia que impide determinar de manera precisa e inequívoca la ubicación del inmueble objeto de la presente acción.

Explica que el Ministerio de Bienes Nacionales desarrolla sus procesos de administración territorial y georreferenciación utilizando el sistema oficial de coordenadas UTM Datum SIRGAS, conforme con las especificaciones técnicas contenidas en el Manual de Normas Técnicas de Mensura 2025, aprobado mediante Resolución Exenta N°90, de 30 de enero de 2026. En consecuencia, precisa que su informe se emite exclusivamente sobre la base de los antecedentes acompañados por la parte recurrente y dentro del ámbito de competencias legalmente atribuido a esa repartición.

Agrega que la parte recurrente acompaña como fundamento de su acción la Resolución Exenta N°251, de 14 de abril de 2026, dictada por la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, acto administrativo del cual se desprende expresamente que el procedimiento de desalojo administrativo fue iniciado a requerimiento de la Capitanía de Puerto de Antofagasta, dependiente de la Gobernación Marítima, respecto de una propiedad fiscal bajo jurisdicción de dicha autoridad.

Sostiene, en lo medular, que del mérito de los antecedentes aportados por la propia parte recurrente, no es posible establecer, con el grado de certeza técnica exigible, que el inmueble individualizado en el recurso corresponda a un bien fiscal cuya administración recaiga en el Ministerio de Bienes Nacionales. Por el contrario, el propio acto administrativo cuya impugnación se pretende reconoce que el procedimiento de desalojo fue iniciado a requerimiento de la autoridad marítima y recae sobre una propiedad fiscal bajo su jurisdicción, circunstancia que evidencia que el procedimiento administrativo cuestionado se originó en el ejercicio de las competencias propias de dicho órgano.

Añade que el Decreto Ley N°1.939, de 1977, encomienda al Ministerio de Bienes Nacionales la administración de los bienes fiscales, sin perjuicio de las competencias especiales que el ordenamiento jurídico atribuye a otros órganos de la Administración del Estado respecto de determinados bienes nacionales.

Concluye que, atendidos los antecedentes expuestos en el recurso y el contenido de la Resolución Exenta N°251, esa secretaría regional ministerial no cuenta con antecedentes que permitan atribuirle actuación u omisión alguna respecto de los hechos denunciados, ni corresponde que emita un pronunciamiento sobre materias cuya administración y conocimiento han sido radicados legalmente en otro órgano de la Administración, solicitando se tenga por evacuado el informe en tales términos y se tenga presente que los hechos materia del recurso no dicen relación con actuaciones u omisiones que le sean imputables.

TERCERO: Que evacúa informe Rodrigo Meriño Meriño, abogado, en representación de la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, solicitando el rechazo de la acción deducida, con costas.

Luego de reseñar los antecedentes de hecho alegados por los recurrentes y las garantías que estiman conculcadas, controvierte desde ya que el desalojo material del inmueble fiscal singularizado se haya materializado a la fecha, contrariamente a lo afirmado en el libelo.

Expone que, tratándose de desalojos de inmuebles de dominio del Estado, existen tres normas centrales: el artículo 4°, letra h) de la Ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; el artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N°22, de 1959, Orgánica del servicio de Gobierno Interior de la República; y el artículo 19 del Decreto Ley N°1.939, de 1977. Cita, además, los artículos 110, 115 bis y 116 de la Constitución Política de la República, de los que se desprende que en la provincia asiento de la capital regional el delegado presidencial regional ejerce las funciones y atribuciones del delegado presidencial provincial, entre ellas la de ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, impedir su ocupación ilegal o todo empleo ilegítimo que entrabe su uso común y exigir administrativamente su restitución cuando proceda.

Sostiene que, establecida la existencia de facultades legales en la materia, debe descartarse que su aplicación pueda calificarse de arbitraria, tanto más cuanto que la mera conservación del patrimonio fiscal constituye razón suficiente para ello, agregando que la existencia de otras ocupaciones ilegales en la ciudad no otorga título ni permite entender que el Estado haya generado en los ocupantes la confianza legítima de permanecer en el lugar. Invoca, en apoyo de dicha facultad, dictámenes de la Contraloría General de la República.

Respecto de los predios emplazados en terrenos de jurisdicción marítima, cita los artículos 1, 2 y 11 del Decreto con Fuerza de Ley N°340, de 1960, y los artículos 1, N°57, 3 y 125 del Decreto Supremo N°9, de 2018, del Ministerio de Defensa Nacional, conforme a los cuales en tales bienes no puede efectuarse construcción o instalación alguna sin que medie concesión, destinación marítima, autorización o permiso, y, en caso de ocupación ilegal, la autoridad marítima requerirá el auxilio de la fuerza pública a fin de que se proceda, sin más trámite, al desalojo. Añade que, conforme al artículo 127 inciso segundo del mismo Reglamento, las construcciones realizadas durante la ocupación ilegal constituyen mejoras fiscales, de modo que son los ocupantes quienes deben compensar al Fisco.

Refiere que el predio se encuentra emplazado en la zona de evacuación ante amenaza de tsunami de la Región de Antofagasta, por lo que no resulta posible la edificación ni la regularización pretendidas. Da cuenta del levantamiento de información social efectuado para identificar situaciones de vulnerabilidad; de la audiencia solicitada al amparo de la Ley N°20.730, en la que los ocupantes manifestaron residir en el sector por más de treinta años, indicando que durante los últimos veinte no habrían contado con autorización vigente, explicándoseles que la mera presentación de solicitudes no constituye por sí sola autorización para ocupar bienes fiscales; y de que durante todo el proceso no se recibieron antecedentes que permitieran establecer la presencia de comunidades indígenas o pueblos originarios ocupando el sector. Concluye que el único derecho indubitado y preexistente es el del Fisco de Chile.

Finalmente, solicita tener por evacuado el informe y, con su mérito, rechazar la acción de protección incoada, con costas.

CUARTO: Que evacúa informe nombre reservado, capitán de navío LT, gobernador marítimo de Antofagasta, mediante Ordinario G.M. Anto. N°12.210/68, de 14 de julio de 2026, solicitando el rechazo del recurso.

Precisa que el artículo 20 de la Constitución Política de la República exige, además de la afectación de un derecho, un nexo causal, esto es, que ella sea producto de un actuar ilegal o arbitrario. Añade que un acto es ilegal cuando contraviene una norma establecida al efecto, sin fundamento jurídico que lo respalde, y arbitrario cuando deriva de la extralimitación de las atribuciones conferidas a la autoridad, resultando carente de racionalidad y justicia.

Expone que la autoridad marítima posee, en materia de concesiones marítimas, atribuciones definidas tanto a nivel legal como reglamentario, las que se traducen principalmente en fiscalización y control, conforme al artículo 3, letra m) de la Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, en relación con el artículo 5, inciso segundo del Decreto Supremo N°9, de 2018. Agrega que el artículo 21, letra h) del Reglamento sobre Concesiones Marítimas impone a las Autoridades Marítimas Locales la obligación de requerir de la autoridad competente el auxilio de la fuerza pública a fin de desalojar los bienes ocupados indebidamente y de remitir, conjuntamente, los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.

Reseña luego los antecedentes históricos, para concluir que no existe actuación ilegal o arbitraria alguna atribuible a la autoridad marítima.

Indica que el 14 de septiembre de 2022 se practicaron las primeras notificaciones a los recurrentes, señalándoles su condición de ocupantes ilegales; que por Oficio C.P. Anto. Ord. N°12.210/57/DPR, de 27 de septiembre de 2022, la Capitanía de Puerto solicitó a la Delegación Presidencial Regional el auxilio de la fuerza pública; que, al mantenerse la ocupación, reiteró dicha solicitud por Ord. N°12.210/28/Vrs, de 27 de junio de 2023, y por Ord. N°12.210/35/Vrs, de 9 de abril de 2026; y que, en mérito de este último, se dictó la Resolución Exenta N°251, de 14 de abril de 2026, que ordena el desalojo administrativo tanto respecto de los recurrentes como de cualquier otro ocupante ilegal. Añade que, en paralelo, el Oficio Ord. N°12.210/22/Vrs, de 18 de febrero de 2026, dio origen a la Resolución Exenta N°139, de 3 de marzo de 2026.

Precisa que desde el 24 de abril de 2026 se inició el proceso de notificación de dichas resoluciones a los recurrentes bajo firma, dando cuenta de ello a la Delegación Presidencial Regional, y acompaña croquis del sector “Los Pimpineles” en el que se indican los polígonos irregulares detectados con individualización del ocupante de cada uno. Afirma que en el sector no existe concesión marítima vigente y que los recurrentes no poseen título administrativo válido que justifique la tenencia de los bienes fiscales ocupados indebidamente, razón por la cual la Delegación Presidencial Regional ordenó el desalojo administrativo.

Desarrolla, finalmente, el marco normativo aplicable, citando los artículos 1°, 2°, 3° y 11 del Decreto con Fuerza de Ley N°340, de 1960, y los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 125 del Decreto Supremo N°9, de 11 de enero de 2018, que consagra el Reglamento sobre Concesiones Marítimas, concluyendo que no se ha vulnerado garantía alguna de los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, puesto que sólo se ha intervenido conforme a la normativa vigente y con la debida fundamentación, sin incurrir en discriminación o distinción arbitraria.

Finalmente, solicita tener por evacuado el informe requerido y rechazar el recurso de protección.

QUINTO: Que, de conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente o de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho; y será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley, o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que el conflicto jurídico sometido al conocimiento de esta Corte está centrado en determinar si la Resolución Exenta N°251, de 14 de abril de 2026, de la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, que ordena la restitución administrativa de la propiedad raíz fiscal ubicada en el sector Los Pimpineles, comuna y provincia de Antofagasta, bajo jurisdicción de la autoridad marítima, constituye un acto ilegal y/o arbitrario que prive, perturbe o amenace las garantías invocadas.

SÉPTIMO: Que, como cuestión previa, corresponde hacerse cargo de la situación de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta. Según aparece del propio acto impugnado y del mérito de los informes evacuados, el procedimiento de restitución se originó a requerimiento de la Capitanía de Puerto de Antofagasta, dependiente de la Gobernación Marítima, y recae sobre bienes fiscales sometidos al control, fiscalización y supervigilancia del Ministerio de Defensa Nacional. De ello se sigue que dicha Secretaría Regional Ministerial no ha intervenido en la dictación ni en la ejecución del acto reprochado, ni le corresponde emitir pronunciamiento sobre materias cuya administración el ordenamiento ha radicado en otro órgano de la administración, de modo que ninguna actuación u omisión ilegal o arbitraria puede serle atribuida.

OCTAVO: Que, entrando al fondo del asunto, resulta necesario precisar el régimen jurídico a que se encuentra sometido el bien sobre el cual recae la controversia.

Conforme con el artículo 1 del Decreto con Fuerza de Ley N°340, de 1960, corresponde al Ministerio de Defensa Nacional el control, fiscalización y supervigilancia de toda la costa y mar territorial de la República, y según su artículo 2 es facultad privativa de dicha secretaría de Estado conceder el uso particular, en cualquier forma, de las playas y terrenos de playas fiscales dentro de una faja de ochenta metros de ancho medidos desde la línea de más alta marea de la costa del litoral. En concordancia con ello, el artículo 1, N°57 del Decreto Supremo N°9, de 2018, define el terreno de playa como la faja de terreno de propiedad del Fisco sometida al control, fiscalización y supervigilancia del Ministerio, de hasta ochenta metros de ancho, y su artículo 3 dispone que en tales bienes no podrá efectuarse construcción o instalación alguna si no mediare concesión mayor o menor, destinación marítima, autorización o permiso otorgados de acuerdo con la ley y el reglamento.

En consecuencia, tratándose de terrenos de playa, la única forma legal de obtener su uso es la concesión marítima u otro de los títulos administrativos que la normativa contempla, y es del caso que la autoridad marítima ha informado que en el sector no existe concesión marítima vigente, sin que los recurrentes hayan acompañado antecedente alguno que acredite lo contrario. Antes bien, sus propias alegaciones lo confirman, pues al sostener que han tramitado y tramitan concesiones ante la autoridad marítima reconocen, a la vez, el dominio ajeno sobre el suelo y la necesidad de un título del que carecen.

Cabe tener presente, por último, que el uso de vías de hecho de un terreno fiscal, y aún más del sector de playa, cuyo uso es todavía más restringido, en caso alguno otorga derecho alguno en nuestro ordenamiento jurídico.

NOVENO: Que el reproche central del libelo consiste en sostener que la restitución debió obtenerse mediante el ejercicio de las acciones posesorias establecidas en el título IV del libro III del Código de Procedimiento Civil, conforme con el artículo 19 del Decreto Ley N°1.939, de 1977, de modo que, al proceder por la vía administrativa, la recurrida habría incurrido en autotutela y se habría arrogado potestades jurisdiccionales, con infracción de los artículos 6, 7 y 76 de la Carta Fundamental y del artículo 19, N°3, inciso quinto de la misma.

Dicho razonamiento descansa sobre una premisa equivocada, cual es suponer que el estatuto del Decreto Ley N°1.939 constituye el régimen único y excluyente para la recuperación de todo bien fiscal. Ese cuerpo legal encomienda al Ministerio de Bienes Nacionales la administración de los bienes del Estado, pero lo hace sin perjuicio de las competencias especiales que el ordenamiento atribuye a otros órganos respecto de determinados bienes nacionales, según lo reconoce expresamente la propia Secretaría Regional Ministerial en su informe. Y los inmuebles de la litis no se encuentran sometidos a la administración de dicha cartera, sino al control, fiscalización y supervigilancia del Ministerio de Defensa Nacional, por emplazarse en terrenos de playa dentro de la faja de ochenta metros, según se razonó en el motivo precedente.

Siendo así, el estatuto aplicable es el del Decreto con Fuerza de Ley N°340, de 1960, cuyo artículo 11 dispone que, en el caso de ocupación ilegal de alguno de los bienes a que se refiere su artículo 2°, ya sea por carecer de título el ocupante, por estar caducada la concesión o por cualquiera otra causa, la autoridad marítima requerirá del respectivo intendente o gobernador —hoy, del delegado presidencial, conforme al artículo vigésimo octavo transitorio de la Constitución— el auxilio de la fuerza pública, a fin de que se proceda, sin más trámite, a desalojar los bienes ocupados indebidamente, sin perjuicio de que se persiga judicialmente el pago de las indemnizaciones que correspondan por todo el tiempo de esa ocupación ilegal. El artículo 125 del Reglamento sobre Concesiones Marítimas reitera la misma fórmula en términos prácticamente idénticos.

De esta forma, mientras el artículo 19 del Decreto Ley N°1.939 reputa ocupante ilegal a quien no acredita autorización, concesión o contrato y contempla a su respecto el ejercicio de acciones posesorias, el artículo 11 del Decreto con Fuerza de Ley N°340 ordena el desalojo sin más trámite y remite a la sede jurisdiccional únicamente la persecución de las indemnizaciones. El legislador especial ha optado deliberadamente por un mecanismo de ejecución administrativa directa, que se explica por el régimen de intervención más intenso a que están afectos los bienes situados en el borde costero, sustraídos del comercio humano y sujetos a un estatuto de protección reforzada debido al fin público al que se encuentran destinados.

En tales condiciones, mal puede reprocharse ilegalidad a la autoridad que se ha ceñido al procedimiento que la ley especial expresamente le impone. Sostener lo contrario importaría exigir de la administración una conducta distinta de aquella que el ordenamiento le manda observar, con infracción precisamente de los artículos 6 y 7 que el recurso invoca. Tampoco se configura el juzgamiento por comisión especial que se denuncia, desde que la administración no ha resuelto una contienda entre partes ni ha declarado derechos preexistentes, por cuanto se ha limitado a constatar la ausencia de título administrativo habilitante y a ejercer una potestad de autotutela ejecutiva conferida por ley, la que queda sometida a control jurisdiccional posterior, que es justamente el que se verifica en esta sede y el que puede provocarse, además, mediante las acciones declarativas que los recurrentes estimen procedentes.

DÉCIMO: Que, despejado lo anterior, los actos administrativos dictados tanto por la autoridad marítima como por la Delegación Presidencial Regional aparecen extendidos al amparo de las atribuciones que confieren el artículo 4, letra h) de la Ley N°19.175 y el artículo 26, letras e) y f) del Decreto con Fuerza de Ley N°22, de 1959, en relación con los artículos 110, 115 bis y 116 de la Constitución Política de la República, toda vez que la intervención de la delegación fue requerida por la Gobernación Marítima de Antofagasta, en su calidad de administradora de los bienes fiscales de que se trata, de conformidad con lo prevenido en el Reglamento sobre Concesiones Marítimas.

Luego, dicha solicitud aparece debidamente fundada en antecedentes que constan en esa repartición, desde que se constató, mediante fiscalizaciones y notificaciones sucesivas practicadas desde septiembre de 2022, que sobre el terreno respecto del cual los recurrentes aducen la existencia de derechos existe una ocupación ilegal, no existiendo justo título que autorice su permanencia en el terreno fiscal, lo que justifica la decisión ahora cuestionada. A ello se agrega que, establecida la existencia de facultades legales en la materia, debe descartarse que su aplicación por la autoridad pueda calificarse de arbitraria, tanto más cuanto que la conservación del patrimonio fiscal constituye razón suficiente para su ejercicio, y que el acto impugnado se dictó luego de un procedimiento en el que se practicaron notificaciones reiteradas, se otorgó a los ocupantes la posibilidad de exponer sus alegaciones —incluso mediante audiencia solicitada al amparo de la Ley N°20.730— y se efectuó un levantamiento de información social destinado a identificar situaciones de vulnerabilidad.

UNDÉCIMO: Que los recurrentes invocan, como sustento de su permanencia, un conjunto de antecedentes consistentes en concesiones marítimas en tramitación —singularmente la solicitud CM 00073-2025 y la solicitud N°79894—, comprobantes de pago de derechos de uso de suelo ante la Municipalidad de Antofagasta correspondientes a los años 2018 y 2019, solicitudes de tasación ante el Servicio de Impuestos Internos, certificados de residencia y una presentación de ampliación de plazo con timbre de la Capitanía de Puerto de mayo de 2026.

Cabe indicar que ninguno de tales antecedentes constituye título de ocupación. Conforme al artículo 3 del Decreto Supremo N°9, de 2018, en los bienes sujetos al control, fiscalización y supervigilancia del Ministerio no puede efectuarse construcción o instalación alguna si no media concesión, destinación marítima, autorización o permiso, y la sola presentación de una solicitud no equivale en modo alguno a su otorgamiento. El procedimiento concesional culmina con un acto administrativo terminal que, en la especie, no se ha dictado, según informa la autoridad marítima al señalar que en el sector no existe concesión marítima vigente. Admitir lo contrario supondría que el particular pudiera obtener, por su sola iniciativa y con prescindencia de la voluntad del órgano competente, un efecto que la ley reserva exclusivamente al acto de concesión.

Del mismo modo, el pago de derechos municipales, la práctica de tasaciones ante el Servicio de Impuestos Internos o la obtención de certificados de residencia no confieren derecho alguno sobre el suelo fiscal, pues se trata de actuaciones realizadas ante órganos que carecen de competencia para disponer de bienes sometidos a la administración del Ministerio de Defensa Nacional, y su verificación no puede producir un resultado que la ley entrega a un título administrativo específico.

Tampoco cabe construir sobre esos antecedentes una confianza legítima digna de amparo. Dicho principio supone una conducta de la administración inequívocamente dirigida a generar en el administrado la convicción de que su situación jurídica será mantenida, lo que no concurre cuando la propia autoridad notificó a los ocupantes su condición de tales desde el 14 de septiembre de 2022 y reiteró desde entonces los requerimientos de restitución. A ello se suma que, según da cuenta el informe de la recurrida, en la audiencia solicitada conforme a la Ley N°20.730 los propios comparecientes reconocieron no haber contado con autorización vigente durante aproximadamente los últimos veinte años. La tolerancia o la inactividad de la administración no constituye fuente de derechos ni sanea una ocupación desprovista de título.

DUODÉCIMO: Que el recurso invoca, además, la Ley N°19.253, sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, fundando parte de su alegación en la pertenencia de uno de los recurrentes y de su grupo familiar al pueblo originario chango, calidad que se acreditaría mediante certificados emitidos por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

Cabe señalar que tal alegación no altera lo concluido, toda vez que el reconocimiento de la calidad indígena y los derechos que de ella derivan no se encuentran comprendidos entre las garantías que el artículo 20 de la Carta Fundamental entrega a la cautela de esta acción, de manera que su determinación excede el ámbito propio de este arbitrio, que sólo ampara derechos indubitados y respecto de las garantías taxativamente señaladas.

Además, la calidad indígena de una persona no constituye por sí sola título de ocupación sobre un bien fiscal. La Ley N°19.253 contempla mecanismos específicos de protección y regularización de tierras indígenas, radicados en órganos y procedimientos determinados, ninguno de los cuales opera de pleno derecho ni suple el título administrativo que, tratándose de terrenos de playa, exigen el Decreto con Fuerza de Ley N°340 y su Reglamento. No se ha acompañado a estos autos antecedente alguno del que aparezca que los inmuebles de la litis hayan sido declarados tierras indígenas, ni que exista a su respecto acto de la autoridad competente que reconozca esa calidad al predio.

Asimismo, y en cuanto pudiera entenderse invocado el deber de consulta previsto en el Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo, cabe consignar que dicho deber recae sobre medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas en cuanto tales, y no sobre un acto de ejecución que se limita a constatar la ausencia de título administrativo respecto de ocupantes individualmente considerados. A lo que se añade que la recurrida ha informado que durante el levantamiento de antecedentes y las reuniones sostenidas con los ocupantes no se recibieron declaraciones ni documentación que permitieran establecer la presencia de comunidades indígenas o pueblos originarios ocupando el sector. Todo lo cual se entiende sin perjuicio de las acciones que los interesados puedan hacer valer ante los órganos y por las vías que el ordenamiento contempla al efecto.

DECIMOTERCERO: Que, en lo que atañe a la garantía del artículo 19, N°1 de la Constitución Política de la República, no se advierte que el acto impugnado prive, perturbe o amenace el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de los recurrentes. La eventual afectación que se anuncia derivaría, en los términos en que se plantea, de las vías de hecho que los propios ocupantes eventualmente desarrollen para impedir el imperio del derecho, y no de la resolución cuestionada. A ello debe agregarse que no es de cargo de la Delegación Presidencial Regional el otorgamiento de soluciones habitacionales a las personas eventualmente desalojadas, lo que conlleva que no era necesario que el acto administrativo se hiciera cargo de dicho punto para satisfacer su exigencia de fundamentación; sin perjuicio de lo cual consta que la autoridad efectuó un levantamiento de información social precisamente destinado a identificar situaciones de vulnerabilidad y a adoptar las medidas de apoyo estatal que resultaren procedentes.

En la misma línea, la circunstancia de encontrarse el predio emplazado en zona de evacuación ante amenaza de tsunami, lejos de configurar un exceso de la autoridad, refuerza la razonabilidad de la medida, en cuanto está en juego la integridad e incluso la vida de quienes habitan un sector cuya ocupación habitacional el ordenamiento no autoriza.

DECIMOCUARTO: Que, en cuanto a la infracción del artículo 19, N°2 de la Carta Fundamental, ella tampoco se configura, pues no se afecta el principio de igualdad al aplicar la ley a todos los eventualmente afectados. En efecto, la Resolución Exenta N°251 se dirige indistintamente contra los ocupantes individualizados y contra cualquier otra persona que ocupe ilegalmente el predio, sin establecer distinción alguna entre ellos. Por su parte, la sola existencia de otras ocupaciones irregulares en distintos sectores de la comuna respecto de las cuales no se habría adoptado igual medida no otorga título de ocupación a los recurrentes ni transforma en arbitraria la decisión que sí se adoptó a su respecto, desde que la igualdad ante la ley no se satisface mediante la extensión de una situación antijurídica.

DECIMOQUINTO: Que, respecto de la garantía del artículo 19, N°24 de la Constitución Política de la República, los recurrentes no han acreditado ser titulares de dominio ni de otro derecho real sobre los inmuebles cuyo desalojo se dispone, cuyo dueño es el Fisco de Chile.

En cuanto a las edificaciones levantadas en el lugar, el artículo 127, inciso segundo del Reglamento sobre Concesiones Marítimas dispone que las construcciones realizadas durante el período de ocupación ilegal que permanezcan al otorgarse la respectiva concesión constituyen mejoras fiscales, de modo que mal puede fundarse en ellas un derecho de propiedad oponible al Fisco.

Finalmente, y en cuanto a la alegación relativa a los bienes muebles dispuestos en el lugar, cabe señalar que lo ordenado por la autoridad administrativa es el desalojo de los inmuebles en referencia, por lo que el acto impugnado en caso alguno considera o se extiende a los bienes muebles que fueren de propiedad de los actores, ni a aquellos que pudieren retirar sin detrimento del bien inmueble, los que, en cumplimiento de la orden de autoridad, deberán retirar del lugar.

DECIMOSEXTO: Que, en estas condiciones, habrá de concluirse que las diversas actuaciones de las autoridades recurridas que se han tildado de ilegales, no lo son, sino que éstas han obrado dentro de la esfera de sus facultades y atribuciones, con fundamentos plausibles y razonables que descartan a su vez la arbitrariedad, no existiendo, por ende, vulneración de alguna de las garantías constitucionales invocadas por los recurrentes, sin que además se haya faltado por las recurridas a los principios del debido proceso y de juridicidad, como se plantea en el libelo; de manera que, al no concurrir los presupuestos para que la acción cautelar intentada prospere, ella será desechada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por Pablo Araya Álvarez, en representación de las personas que individualiza en su presentación, en contra de la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1251-2026 (Protección)

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