nombre reservado con JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES. ANTOFAGASTA

Antofagasta, a diecisiete de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

La comparecencia de doña Makarena García Dinamarca, abogada, en favor de doña nombre reservado, empleada pública, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), Dirección Regional de Antofagasta, representada por su Director Regional don Alejandro Francisco Rodríguez Salinas, o por quien en derecho le represente, por la dictación de la Resolución TRA N°110793/4/2026 de 15 de abril de 2026, notificada el 22 de abril de 2026, que declara vacante el cargo por salud incompatible de la funcionaria, resolución que estima ilegal y arbitraria, vulnerando las garantías constitucionales del artículo 19 N°1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita restablecer el imperio del derecho, adoptando las medidas que juzgue necesarias, para que se respeten los derechos y garantías vulneradas en los términos que se desarrollará en el presente recurso, y consecuencialmente, ordenar se invalide el acto administrativo impugnado.

Atendido los hechos en que se basa el recurso se solicitó informe a la Comisión de Medicina Preventiva, el que fue evacuado al tenor de lo solicitado.

La recurrida informó solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que se indica en la acción constitucional, que la actora ingresó a prestar funciones en la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) el 13 de abril de 2013 y a la fecha de la resolución impugnada, ostentaba la calidad jurídica de Contrata, asimilada al Grado 25° de la Escala Única de Sueldos, estamento Auxiliar, contando a la fecha de su desvinculación, con una antigüedad de más de 13 años de servicio ininterrumpido en la institución, desempeñándose en el Jardín Infantil "Las Ranitas", comuna de Taltal, en labores de aseo de salas de niveles medios y sala cuna, armado de camas plegables, y mantenimiento de áreas verdes y patios del establecimiento, y su última renovación de contrata estaba vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, suscrita con fecha 18 de noviembre de 2025. Añade que la funcionaria ha sido calificada en forma consistente con notas superiores a 6,5.

Explica que las licencias médicas que motivaron el acto impugnado obedecen a un cuadro de salud complejo por situaciones traumáticas graves y sostenidas en el tiempo, pues, desde agosto de 2024, la funcionaria inició un proceso de licencias médicas por un diagnóstico de Trastorno de Ansiedad Generalizada y Trastorno de Pánico, diagnosticado y tratado en el Hospital 21 de Mayo de Taltal, con seguimiento de la Dra. nombre reservado, la Dra. nombre reservado y la Psicóloga nombre reservado., quienes acreditan síntomas de angustia, labilidad emocional e insomnio, con tratamiento farmacológico y psicoterapéutico continuo. Añade que dicho cuadro fue agravado por una serie de situaciones familiares de alta gravedad, ya que, el 10 de noviembre de 2024 su hija nombre reservado (16 años de edad) fue víctima de un atropello vehicular con posterior caída a un barranco de tres metros, sufriendo fractura de tibia proximal y debiendo ser sometida a intervención quirúrgica de urgencia en el Hospital Regional de Antofagasta, mientras que el 31 de marzo de 2025 falleció el padre de la funcionaria, don nombre reservado, R.U.T. N°RUT reservado, hecho que provocó una descompensación severa en su condición psiquiátrica, debidamente acreditada en los certificados médicos del período.

Indica que pese a la gravedad de su diagnóstico y a los eventos traumáticos descritos, la funcionaria demostró una adherencia irrestricta a su tratamiento y una firme voluntad de reintegración laboral, logrando reincorporarse a sus funciones el 25 de junio de 2025 y tras un breve período de licencia en noviembre de 2025, se reincorporó nuevamente con fecha 20 de abril de 2026.

Destaca que la funcionaria ya se encontraba reintegrada a sus funciones al momento de la notificación de la vacancia, ya que, estaba físicamente en el Jardín Infantil "Las Ranitas" cumpliendo sus labores habituales de mantenimiento de áreas verdes el día 22 de abril de 2026, fecha en que fue notificada de la resolución que la separaba del cargo, habiendo retomado sus funciones tan solo dos días antes, lo que demuestra fácticamente que su salud no es incompatible con el cargo.

Refiere que el 21 de enero de 2026, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) evaluó la condición médica de la funcionaria, emitiendo la Resolución N°19959755, mediante la cual dictaminó que su salud es recuperable, pronunciamiento técnico del organismo competente que constituye el antecedente central de la presente causa.

Explica que pese a ello, con fecha 15 de abril de 2026, la JUNJI, Dirección Regional de Antofagasta, dictó la Resolución TRA N°110793/4/2026, suscrita por el Director Regional don Alejandro Francisco Rodríguez Salinas, que en lo pertinente resuelve: "DECLÁRASE VACANTE POR SALUD INCOMPATIBLE… el cargo servido por nombre reservado", invocando los artículos 150 y 151 del D.F.L. N°29 (Estatuto Administrativo) y señalando que la funcionaria acumuló 348 días de licencias médicas en el período comprendido entre el 17 de junio de 2024 y el 23 de noviembre de 2025.

Arguye que la resolución impugnada se basa en una interpretación errónea y arbitraria de la facultad discrecional del artículo 151 de la Ley 18.834, pues, si bien la norma utiliza la expresión "podrá", esa potestad no es absoluta. Añade que la Ley N°21.050 introdujo el requisito de evaluación previa de la COMPIN con un objetivo claro: someter la decisión a un criterio técnico-médico, reiterando que la COMPIN declaró mediante Resolución N°19959755 que la salud de la recurrente es recuperable.

Sostiene que el acto es arbitrario porque carece de racionalidad, ya que, la autoridad declara que la salud es "incompatible con el desempeño del cargo" basándose únicamente en un cálculo matemático de días de licencia (348 días), ignorando por completo la realidad actual de la funcionaria, pues, ya estaba trabajando y desempeñando sus funciones con normalidad, por lo que ¿Cómo puede ser la salud "incompatible" con el cargo si la funcionaria se encontraba ejerciéndolo en el momento mismo de la notificación? contradicción vital que torna el acto en un capricho administrativo desprovisto de lógica.

Expresa que la resolución no contiene evaluación alguna sobre la compatibilidad real de la salud de la funcionaria con las exigencias de su cargo, ni pondera los factores que explican el origen de sus licencias, pues, la funcionaria nunca fue contactada por el Comité de Ausentismo ni por sus superiores para abordar su situación de salud, lo que priva a la resolución de todo sustento fáctico suficiente, citando jurisprudencia y doctrina al efecto, añadiendo que el presente caso es plenamente subsumible en la jurisprudencia que cita, pues, la Resolución TRA N°110793/4/2026 se limita a constatar que la funcionaria hizo uso de 348 días de licencia médica y que la COMPIN declaró su salud como recuperable, sin indicar razón alguna que explique por qué dicho estado de salud resulta incompatible con las labores concretas de aseo, armado de camas y mantenimiento de áreas verdes que efectivamente desarrollaba y peor aún, al momento de la notificación, la funcionaria llevaba dos días reintegrada y estaba desempeñando normalmente esas mismas funciones.

Seguidamente indicó que el actuar de la recurrida vulnera la integridad psíquica de la recurrente siendo la decisión intempestiva e injustificada de desvincularla, ignorando su recuperación médica certificada por la COMPIN y su efectivo retorno al trabajo.

Asimismo, expresa la conculcación de la igualdad ante la ley al establecer una diferencia arbitraria aplicando la sanción máxima de desvinculación a una funcionaria que cuenta con un dictamen de salud recuperable y que ya estaba ejerciendo sus funciones, en comparación con otros funcionarios a quienes se les respeta la estabilidad en el empleo público, no existiendo razón jurídica ni fáctica que justifique este trato discriminatorio, pues, el fin de la norma, que es proteger la continuidad del servicio ya estaba satisfecho con el reintegro efectivo de la funcionaria a sus labores.

Finalmente sostuvo la vulneración al derecho de propiedad reiterando que se trata de una funcionaria a contrata, con más de 13 años de servicio continuo, cuya renovación vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, y en plena aptitud para el ejercicio de sus funciones, privándosele arbitrariamente del derecho de propiedad sobre el cargo, según la jurisprudencia que cita.

Termina solicitando dejar sin efecto la Resolución TRA N°110793/4/2026 de 15 de abril de 2026, que declaró la vacancia del cargo de doña nombre reservado por salud incompatible; ordenar la inmediata reincorporación de la funcionaria al cargo de Auxiliar Grado 25° E.U.S. en el Jardín Infantil "Las Ranitas", JUNJI, Región de Antofagasta y ordenar el pago íntegro de todas las remuneraciones y estipendios dejados de percibir durante el tiempo que dure la separación ilegal de sus funciones, debidamente reajustados, con costas.

SEGUNDO: Que nombre reservado, presidenta de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de Antofagasta, informando el recurso, señaló que la certificación de salud irrecuperable del funcionario público se establece en el DFL 29 del 2004, del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834 (1989), sobre Estatuto Administrativo, que indica que el funcionario público puede ser evaluado respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud, para acceder al beneficio que regula el estatuto, de seis meses de mantención de su remuneración sin obligación de trabajar, debiendo retirarse de su cargo al término de este periodo y de no hacerlo se procederá la declaración de su vacancia, pero, no obstante lo anterior, la Ley 21.050 del 7 de diciembre de 2017, incorpora al artículo 151 de la Ley 18.834, un inciso que establece la obligatoriedad de realizar este procedimiento por parte del Jefe del Servicio, para poder declarar la incompatibilidad con el cargo y consecuentemente la vacancia de este.

Explica que, por ello, toda institución pública, a través del jefe superior del Servicio deberá solicitar a Compin el pronunciamiento de salud irrecuperable del funcionario público debiendo por tanto, la propia institución oficiar a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez competente según la jurisdicción que corresponda al domicilio laboral del funcionario, adjuntando los antecedentes respectivos.

Aclara que para esa evaluación se considerarán sólo las licencias aprobadas de tipo común y que sumen 180 días o más en los últimos dos años continuos o discontinuos y en el conteo de los 180 se consideran desde que se ingresa la solicitud del trámite a Compin como acto administrativo, excluyéndose las licencias médicas pre y postnatal, enfermedad grave del niño menor del año, accidente del trabajo o del trayecto, enfermedad profesional, patologías del embarazo, preventiva parental, patología asociada a un diagnóstico de cáncer y Ley Sanna.

Refiere que el jefe superior de Servicio debe notificar al funcionario/a público/a cuando se declara la vacancia y la Contraloría General de la Republica efectúa la toma de razón.

Explica que, según lo señalado, y cumpliéndose con los criterios de solicitud, COMPIN Antofagasta efectuó el procedimiento de Evaluación de Salud Irrecuperable solicitado mediante ORD. N°480, del Director Regional de la JUNJI de fecha 25.06.2026, respecto de doña nombre reservado, Run RUT reservado.

Seguidamente aludió a la tramitación evaluación de salud irrecuperable de funcionario público, indicando que el 29.12.2025, se da curso al trámite de Evaluación de Salud Irrecuperable de Funcionario Público respecto de la actora por solicitud de la JUNJI mediante ORD. N°480 de fecha 25.06.2025. Añade que la institución adjunta el resumen del periodo de licencias médicas de la funcionaria entre el 31.10.2023 y el 25.01.2025 y, además, se indica que la recurrente se desempeña como auxiliar de servicios.

Refiere que el 26.12.2025 COMPIN Antofagasta, notifica mediante correo electrónico del inicio del trámite a la recurrente y se le informa que le asiste la posibilidad de aportar antecedentes de salud para revisión de Contraloría Médica de COMPIN y transcurrido el plazo para el envío de antecedentes, la recurrente aporta entre otros los siguientes antecedentes: certificado médico, emitido por la Dra. nombre reservado, del 26.05.2025 y un certificado médico emitido por la Dra. nombre reservado de fecha 25.06.2025.

Señala que, de la revisión de los antecedentes, con fecha 20.01.2026 COMPIN Antofagasta dictamina patología recuperable, considerando “usuaria con 50 años, con reposo prolongado (366 días acumulados actualmente). Patología de origen común, múltiples licencias médicas con diferentes diagnostico predominando diagnóstico de patología psiquiátrica. Certificado médico fecha 28-04-2025. Dra. nombre reservado (médico cirujano), describe Trastorno de ansiedad generalizada, se encuentra asistiendo a psicoterapia y controles médicos con tratamiento farmacológico con paroxetina, zopiclona, quetiapina, clotiazepam. Presenta desde el 2023 episodio de crisis de angustia y pánico, ha evolucionado favorablemente. Se determina estado de salud recuperable, en cuanto no adjunta antecedentes médicos para determinar irrecuperabilidad”.

Expresa que el 21.01.2026, COMPIN Antofagasta emite la Resolución ID N°32222645, que dictamina estado de salud recuperable respecto de doña nombre reservado y transcurrido el plazo legal, la recurrente no interpone apelación a lo resuelto por esta Comisión Médica.

Luego señaló que COMPIN da estricto cumplimiento a los plazos establecidos para la tramitación del Procedimiento de Evaluación de Salud Irrecuperable de Funcionario Público, según el DFL 29 del 2004 del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834 (1989), sobre Estatuto Administrativo, en relación con la modificación que la Ley 21.050 introdujo al art. 151 del estatuto administrativo.

Refiere que según el Procedimiento Técnico Administrativo de Evaluación De Salud Irrecuperable De Funcionario Público, y respecto al plazo que tiene COMPIN para pronunciarse, al no existir normativa especial que regule el plazo de tramitación de la declaración de salud irrecuperable, se debe aplicar supletoriamente los establecidos en la Ley 19.880 sobre bases de procedimiento administrativo, la cual prescribe un plazo de 20 días hábiles contados desde que la petición se encuentre en estado de resolver, es decir, el inicio del plazo se cuenta desde que la Compin recibió todos los antecedentes solicitados y practicó las medidas o acciones pertinentes o cuando ya transcurrieron los plazos respecto de los cuales, las instituciones requeridas debían remitir los antecedentes solicitados y sin perjuicio de lo anterior, el procedimiento no podrá exceder de los 6 meses desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final, salvo fuerza mayor o caso fortuito.

Señala que el Dictamen 17.351 de Contraloría General de la República establece claramente que la resolución emitida por COMPIN debe referirse única y exclusivamente sobre la recuperabilidad o irrecuperabilidad del el/la funcionario/a público/a y no sobre la compatibilidad o incompatibilidad del funcionario con su cargo, pues, esa última determinación es facultad exclusiva del Jefe Superior del Servicio, quien utiliza como antecedente lo dictaminado por Compin, siendo en definitiva la autoridad de un servicio quien tiene la facultad exclusiva para calificar la procedencia de declarar la vacancia de un cargo por salud incompatible con su desempeño, una vez producidas las circunstancias de hecho requeridas por la normativa.

Termina solicitando tener por evacuado el informe peticionado.

TERCERO: Que informaron nombre reservado y Anibal Díaz Díaz, abogados de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Indican que la recurrente se desempeñó como Auxiliar de Servicios, Contrata, Grado 25° EUR, ingresando a la Junta Nacional de Jardines Infantiles con fecha 13 de abril del año 2013, en calidad de personal a contrata, conforme consta en hoja de vida SIAPER que adjuntan.

Luego de exponer los antecedentes del recurso, indican que la acción no debe prosperar, aludiendo a la validez de la Resolución TRA 110793/4/2026 de fecha 15 de abril de 2026 de la Dirección Regional, ya que se ajusta a la normativa no sólo interna de la Institución, sino también Estatutaria y Administrativa.

Explican que el artículo 150 del DFL N°29 del año 2024 del Ministerio de Hacienda que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.834, sobre Estatuto Administrativo señala en su letra a), que una de las causales para que proceda la declaración de vacancia de un funcionario público se encuentra: “Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo”, reproduciendo el contenido del artículo 151 de la ley precitada.

Dicen que, para dar cumplimiento a lo previsto en la norma indicada precedentemente, con fecha 25 de junio de 2025, se remite a la COMPIN, solicitud de evaluación de salud irrecuperable, vía web, asignándose el N°33222645, puesto que la recurrente durante dos años acumulaba más de 180 días de licencia médica, excediendo ampliamente la cantidad establecida en el numeral 151 del Estatuto Administrativo, y con fecha 21 de enero de 2026, la COMPIN, emite su Resolución de Evaluación de Salud Irrecuperable Funcionario Público respecto de doña nombre reservado, en la cual resuelve que presenta un estado de salud recuperable.

Mencionan que, sin perjuicio de lo resuelto por la Comisión Médica, quedó asentado que la recurrente entre el 17 de junio de 2024 y 23 de noviembre de 2025, presenta 348 días de licencia médica y ello no es baladí, dado que las funciones que debe realizar la recurrente en el jardín infantil “las Ranitas” para las cuales fue contratada, ha causado una evidente y perjudicial rotativa de educadora y técnicos, que deben hacerse cargo de las labores de la recurrente en su ausencia, arriesgando un eventual incumplimiento de la normativa educacional referente al Reconocimiento Oficial de los establecimiento educativos, particularmente, al coeficiente técnico que deben mantener los niveles de las unidades educativas, pues, dicha unidad educativa, tiene una capacidad total de 122 párvulos, con un coeficiente técnico de 2 auxiliares de aseo para todo el establecimiento educativo, por lo que, la inasistencia de alguna de ellas, tiene un tremendo impacto, en el quehacer cotidiano de la unidad educativa. Añade que al ser una zona de alta complejidad de reclutamiento, la factibilidad de reemplazo de la funcionaria se convirtió en una imprevisibilidad de poder cubrir dicha plaza, pudiendo no dar cumplimiento a la dotación normativa de la unidad educativa, teniendo en consideración también, lo mencionado en la Ley 21.430 Sobre Garantías Y Protección Integral De Los Derechos De La Niñez Y Adolescencia, respecto de que la normativa siempre debe propender al interés superior del niño y niña.

Sostienen que no es arbitrario, el considerar solo el transcurso del tiempo con licencia médica, para estimar salud incompatible con el cargo, pues, como bien lo indica la recurrente, inició un proceso de licencias médicas, y no por el hecho, de que la recurrente se encontraba ejerciendo sus funciones hace dos días antes de su notificación, luego de reintegrase de su última licencia, no podría aplicarse y ejercer dicha potestad estatutaria.

Hace presente que los jefes de servicios tienen la facultad legal de declarar vacancia de un cargo “salud irrecuperable o incompatible con su desempeño por un funcionario público”, según disponen los artículos 150 letra a) de la Ley N°18.834. Tratándose de la declaración de vacancia por salud incompatible con el desempeño del cargo, el inciso primero artículo 151 del Estatuto Administrativo dispone: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable”, y su inciso tercero, agregado por el artículo 23 de la Ley N°21.050, añade: “El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”. Idénticas exigencias se establecen en los incisos primero y final del artículo 151 de la Ley y lo mismo se contempla en los artículos 72 bis y 72 ter de la Ley N°19.070, respecto de los profesionales sujetos al Estatuto Docente, por lo que esos tres cuerpos legales distinguen entre la declaración de vacancia por salud irrecuperable y aquella dispuesta por salud incompatible con el desempeño del cargo, más allá de las diferencias semánticas entre lo irrecuperable (lo que no se puede recuperar) y lo incompatible (lo que no puede estar, funcionar o coexistir sin impedimento de otra cosa) y según los cuerpos legales citados, la declaración de vacancia por salud irrecuperable sólo puede fundamentarse en un antecedente médico que así lo establezca, emitido por las autoridades técnicas establecidas al efecto y que, eventualmente, habilita al funcionario para solicitar su jubilación anticipada por invalidez. En cambio, la declaración de vacancia por salud incompatible con el desempaño del cargo no otorga ninguno de esos beneficios pues, como expresan los textos legales citados, ella se dispone “sin mediar declaración de salud irrecuperable” o, lo que es lo mismo, cuando la autoridad técnica establece que su salud es recuperable, por lo que la incompatibilidad con el desempeño del cargo se traduce en el hecho de que, salvo excepciones legales como el diagnóstico de cáncer y la protección de la maternidad, cualquiera sea la enfermedad que padezca el funcionario y, a pesar de ser recuperable, su condición médica resulta incompatible con el desempeño de la función pública, al no permitirle ejercer su cargo por más de seis meses dentro de un lapso de dos años. Añaden que la historia de la Ley N°21.050, en ningún momento expresa en referencia a la causal de vacancia por salud incompatible con el desempeño en el cargo, a la necesidad de exigir un informe técnico para declarar la vacancia en el cargo por salud irrecuperable, según se expresa en su Mensaje: “La presente iniciativa legal modifica el Estatuto Administrativo de la ley N°18.834 y el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales de la ley N°18.883, estableciendo que los jefes superiores de servicio y los Alcaldes deberán requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo, para poder declarar la vacancia del mismo” y son a estas mismas conclusiones que la Contraloría ha recogido en la jurisprudencia administrativa que se hará referencia en el numeral siguiente, los cuales son obligatorios para los funcionarios públicos en los casos a que se refieren, de conformidad con el inciso final del artículo 9° de la Ley orgánica del ente Contralor.

Finalmente, luego de aludir jurisprudencia administrativa y judicial, hacen presente que la recurrente no ha demostrado la existencia de una arbitrariedad, pues el acto impugnado se fundamenta en la declaración previa de salud recuperable de la recurrente y en el hecho acreditado de haber hecho uso de licencias médicas por un término que excede los 180 días en dos años y tampoco se han alegado antecedentes que permitan concluir la existencia de un acto que constituya abuso o desviación de poder de parte de la autoridad recurrida, recordando que en virtud del principio de servicialidad, es un deber de los jefes de los organismos administrativos velar por la continuidad de la prestación de los servicios públicos para la satisfacción de las necesidades colectivas que justifican su existencia, deber que lleva consigo el de contar con personal que se encuentre permanentemente en condición de cumplir con la función pública encomendada, lo que para el caso concreto, tiene todo sentido, dado que laborar que ejecutaba la recurrente, es de total importancia para la continuidad del servicio, con un estándar de calidad propio de la misión institucional, arriesgándose en caso de no cumplir con ello, la pérdida de la certificación normativa que distingue a los establecimientos educacionales, como lo es el Reconocimiento Oficial.

Concluyen señalando que JUNJI ha obrado dando cumplimiento irrestricto a la normativa y a los fundamentos legales del procedimiento de vacancia por salud incompatible, según la Jurisprudencia Administrativa vigente (Dictámenes N°17.351, de 2018; N°E188441, de 2022; N°E527522, de 2024, entre otros) por lo que piden se rechace en todas sus partes el recurso de protección, resolviendo que el actuar de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, se ajusta a Derecho con pleno respeto a las garantías que la Constitución establece.

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que la controversia de autos radica en determinar la ilegalidad o arbitrariedad en el actuar del recurrido, consistente en la dictación de la Resolución TRA 110793/4/2026 de fecha 15 de abril de 2026, tomada de razón con fecha 21 de abril de 2026, mediante la cual se declaró vacante el cargo en el que desempeñaba la actora por salud incompatible, en virtud de lo dispuesto en el artículo 151 del Estatuto Administrativo.

SÉPTIMO: Que, según consta de los antecedentes allegados por la recurrida, la actora presentó diversas licencias médicas entre el 17 de junio de 2024 al 23 de noviembre de 2025, que en su conjunto totalizan 348 días de ausentismo del ejercicio de sus funciones. Asimismo, debe tenerse presente, en lo atingente al recurso que por Oficio Ord. N°480 la recurrida solicitó a la COMPIN evaluar la irrecuperabilidad laboral de la actora, emitiendo la COMPIN el 21 de enero de 2026 Resolución ID 32222645 que dictamina el estado de salud recuperable respecto de la recurrente.

OCTAVO: Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, se debe señalar la normativa aplicable en la especie.

Así, el artículo 146 de la Ley N°18.834 del Estatuto Administrativo, refundida por el D.F.L. N°29, establece que: “El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: c) Declaración de vacancia”.

Asimismo, el artículo 150 del referido cuerpo legal señala cuándo procede esta causal de término, indicando que: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo”.

A su vez, sobre el fundamento invocado por la resolución impugnada por esta vía, el artículo 151 del mismo cuerpo normativo, establece que: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Titulo II, del Libro II, del Código del Trabajo. El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Continúa el artículo 152 del mismo cuerpo legal indicando que: “Si se hubiere declarado irrecuperable la salud de un funcionario, éste deberá retirarse de la Administración dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que se le notifique la resolución por la cual se declare su irrecuperabilidad. Si transcurrido este plazo el empleado no se retirare, procederá la declaración de vacancia del cargo.

A contar de la fecha de la notificación y durante el referido plazo de seis meses el funcionario no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones correspondientes a su empleo, las que serán de cargo del empleador.”.

NOVENO: Que, en la especie la vacancia fue declarada de conformidad al inciso 1° del artículo 151 previamente citado, esto es, “vacancia de cargo por salud incompatible”, sin mediar declaración de salud irrecuperable, lo que per se no permite acreditar ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la recurrida, advirtiéndose, por el contrario, que la decisión se encuentra debidamente fundada y que ha sido adoptada en base a la normativa vigente, cumpliendo los requisitos establecidos para proceder a dictar la vacancia del cargo de conformidad a lo dispuesto en los artículos 150 y 151 del Estatuto Administrativo.

Asimismo, es dable señalar que la conclusión sobre la legalidad del acto impugnado por la recurrente se refuerza por la sola circunstancia que la Contraloría General de la República, con fecha 21 de abril del presente año, “tomó razón” de la cuestionada Resolución TRA N°110793/4/2026, lo que supone un examen preventivo de la legalidad del acto administrativo.

DÉCIMO: Que, asimismo, debe considerarse la aplicación del principio de servicialidad que impone a los jefes de los servicios, el deber de velar por la continuidad de la prestación de los mismos para la satisfacción de las necesidades colectivas que justifican su existencia, razón por la cual, no mediando abuso o desviación de poder, no es ilegal ni arbitraria la declaración de vacancia de un cargo por salud incompatible de quien lo sirve, considerando que, en el caso de marras, el cargo que ostentaba la recurrente, permite justificar la decisión de la recurrida, atendido el prolongado ausentismo y la necesidad de contar con personal disponible para suplir las labores de la recurrente, contando el jardín infantil, conforme lo informado por la recurrida con solo 2 auxiliares de aseo para todo el establecimiento.

UNDÉCIMO: Que, en otro orden de ideas, tampoco se advierte una falta de motivación en la Resolución que se cuestiona, no siendo un acto irracional o caprichoso, sino que se sustentó en un ausentismo continuo e ininterrumpido durante un lapso prolongado que excedió con creces el término de seis meses en los últimos dos años, contemplado en el artículo 151 de la Ley 18.834, no siendo óbice que la actora se reincorporara a sus funciones dos días antes de su notificación, por cuanto la resolución que cuestiona se dictó con antelación a dicha fecha.

DUODÉCIMO: Que, en consecuencia, atendido lo analizado en los considerandos precedentes, el acto administrativo recurrido no es ilegal ni arbitrario, pues emana de la autoridad competente y sus fundamentos se ajustan a la ley, desde que la declaración de vacancia de un cargo por salud incompatible de empleado público solo requiere estar con licencia médica por más de 180 días en el plazo de dos años, lo que sucedió en la especie, no siendo relevante para estos efectos que la salud se pueda recuperar o no, porque en uno otro caso la conclusión es la misma, con la única salvedad que si la salud es irrecuperable, debe aplicarse el procedimiento del artículo 152 del Estatuto Administrativo, situación diversa de la indicada en el artículo anterior, por lo que deberá rechazarse el arbitrio constitucional.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por la abogada Makarena García Dinamarca, en favor de doña nombre reservado, en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI).

Regístrese y comuníquese.

Rol 1250-2026 (Protección)