nombre reservado con nombre reservado

Antofagasta, a doce de junio de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

La comparecencia de Wladimir Maldonado Pérez, abogado, quien, en representación de nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, dedujo recurso de protección en contra del nombre reservado, representado legalmente por don nombre reservado, por cuanto, dispuso su expulsión de la Institución, solicitando, se deje sin efecto dicho proceso.

Informó la recurrida al tenor de la acción cautelar promovida.

Puesta la causa en estado, se trajeron los antecedentes para dictar sentencia.

TENIENDO PRESENTE Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección interpuesto se fundó en la decisión adoptada por la recurrida, que dispuso su expulsión del nombre reservado, mediante un procedimiento a su parecer, viciado, lo que vulnera las garantías Constitucionales establecidas en el artículo 19 N° s, 1, 2 y 3 de la Carta Fundamental.

nombre reservado, el 03 de febrero del año 2024, recibió en su calidad de capitán, una citación por parte de la comisión de equidad y género del nombre reservado, con relación a supuestas denuncias efectuadas por dos bomberos de la compañía de la cual es parte. Luego, el día 05 de febrero del 2024, compareció de forma voluntaria a dicha instancia. Sin embargo, al momento de ingresar a dicha reunión se encuentra con un jurado compuesto por diversas personas, entre ellas, doña nombre reservado, quien señaló ser la presidenta de la Comisión de Género. Denuncia, que dicha situación es irregular puesto que conforme a la normativa que rige a propósito del protocolo ante denuncias por acoso sexual y/o violación, del nombre reservado, no se contempla dicha figura. Indica, que la presencia de ésta cobra relevancia, ya que, es esposa del señor nombre reservado, quien es Superintendente del nombre reservado, existiendo a su parecer un claro conflicto de interés hacia los demás voluntarios, que, por miedo, no se atreven a realizar denuncia alguna. Por tanto, no comprende que hacía la Señora nombre reservado, presidiendo la comisión.

Indicó que, en el desarrollo de dicha citación, se realizó una especie de interrogatorio, como también las declaraciones de los testigos. Expone, que extrañamente solo se tomaron -como único medio de prueba en su contra- las declaraciones de testigos más la denuncia efectuada en su contra. Ello coarta su posibilidad de defensa, al no detallar el episodio por el que estaba siendo investigado, afectando el debido proceso.

Detalló que, luego de acudir a dicha citación, el 23 de febrero, se le notició que debía comparecer ante el consejo superior de disciplina por las denuncias realizadas en su contra y se dispuso como orden preventiva su separación al nombre reservado. Luego, ante el Consejo, cuenta que visualizó a la Señora nombre reservado saliendo de la sala en la que se iba a sesionar, lo que le pareció extraño, pues, conforme a reglamento, se informaron los consejeros que acudirían a dicha instancia, en la que no se encontraba la persona singularizada. Además, enfatizó que el presidente de la sala, esta vez, lo era, el señor nombre reservado, bombero activo de la octava compañía, en la que la señora nombre reservado es la máxima autoridad, detentando el cargo de directora, denunciando nuevamente la existencia de conflicto de intereses. Dice, que la Sra. nombre reservado conoce perfectamente el reglamento, debido a que es instructora en la Academia Nacional de Bomberos, en donde imparte el curso “aplicación de reglamento”.

Señala que en dicha instancia se le negó la presencia de testigos en el proceso, alterando su desarrollo. Al preguntar por qué no se admitían sus testigos, se le respondió por el presidente que no era necesario, ya que, repetirían lo declarado en la Comisión.

Dice que el proceso finalizó el 16 de marzo, y fue notificado de la resolución que dispuso su expulsión del nombre reservado.

En efecto, presentó recurso de Apelación y se designó a la segunda sala para conocer de su recurso, denunciando nuevamente una serie de irregularidades, sosteniendo que, respecto al secretario, existe una colisión de intereses, por haber sido participante activo en el protocolo de la comisión de equidad y género. Además, indicó que se le permitió la declaración de sólo 06 testigos. Añade que, reclamada la intervención de los testigos, es que surge un antecedente importante y de gravedad, ya que, tres de los seis testigos, que en su oportunidad declararon ante la Comisión de Género, al leer sus declaraciones señalaron expresamente que fueron manipuladas y difieren rotundamente en lo expuesto por ellos y, en cuanto a los otros tres no se les dejó ver sus respectivas declaraciones, siendo sacados de la sala.

Señala que ni la Comisión de Género, primera y segunda sala tienen acta de lo que expresamente se señaló y se llevó a cabo en dichas instancias. Finalmente, el 22 de abril se decidió mantener la sanción aplicada.

SEGUNDO: Que informó por la recurrida, el abogado Paulo Sepúlveda Prieto, solicitando el rechazo del recurso de protección.

Como cuestión previa, niega la totalidad de los hechos que le son imputados.

Detalló que el 31 de julio 2023 se aprobó la actualización del protocolo de la CEEG. Posteriormente, en enero de 2024, durante reunión de directorio, se ratificaron los integrantes de las comisiones, confirmando a la Sra. nombre reservado como presidenta de la comisión, junto con otros cargos.

Señala que nombre reservado y nombre reservado contrajeron matrimonio, la elección de esta última como presidenta de la CEEG se realizó cuando nombre reservado no ocupaba el cargo de Superintendente, es decir, el año 2022, siendo ratificada en enero de 2024.

En el proceso de la CEEG, el Superintendente no tiene intervención, ya que, solo se le informa de las investigaciones y, en casos de falta disciplinaria evidente, se le solicita que convoque al Consejo Superior de Disciplina, según lo establecido en el Título V del Reglamento, donde establece las atribuciones del superintendente según Art 27°: “Atribuciones. El Superintendente es el jefe Superior del Cuerpo, pero no tendrá mando en el servicio activo. Sus deberes y atribuciones son”: “2.- Convocar a sesiones de Directorio, Consejo Superior de Disciplina y Consejo de Oficiales Generales”, descartando cualquier tipo de conflicto de interés.

Se alude a una especie de inhabilidad de don nombre reservado, en su calidad de presidente de la Sala, lo que carece de sentido, pues, el señor nombre reservado no ha sido acusado y nada dice la acción sobre ello; el señor nombre reservado no tiene conflictos de intereses, y no se indica ni señala cuál es el conflicto y como se ha producido su configuración; el señor nombre reservado no es pariente de ninguna de las partes.

En relación con la prueba, en particular prueba testimonial, no es efectivo que se haya impedido a sus testigos declarar, menos, que sus declaraciones hayan sido adulteradas.

Finalmente, sostiene que el recurso es vago, impreciso, no se logra determinar las garantías vulneradas, no se indica nada respecto a una eventual acción u omisión arbitraria o ilegal. De todas formas, indica, no se cumplen los presupuestos legales para acoger el o los arbitrios alegados.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que el tenor del recurso de protección interpuesto resulta impreciso, por lo que, desde ya, se anuncia lo intrincado que resulta el acogimiento del o los arbitrios alegados en la forma planteada.

SEXTO: Que, en términos generales parece ser que lo reprochado por el recurrente, lo es, que el procedimiento al que se vio sometido presentó diversas irregularidades, finalizando el mismo, con la expulsión del nombre reservado. Con ello indica, se vulneraron las garantías Constitucionales establecidas en el artículo 19 N° s, 1, 2 Y 3, de la Carta Fundamental.

SÉPTIMO: Que, para resolver el asunto sometido a conocimiento de esta Corte, es necesario consignar el marco normativo.

El artículo 1° de la Ley N° 20.564, prescribe: “Los Cuerpos de Bomberos y la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile constituyen el Sistema Nacional de Bomberos; servicios de utilidad pública, que se rigen por las disposiciones de esta ley, de su reglamento, la de sus estatutos y de leyes especiales, y, en lo no previsto en ellas, por las normas sobre personas jurídicas a que se refiere el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil.” Por su parte, el artículo 553 del Código Civil, señala: “Los estatutos de una corporación tienen fuerza obligatoria sobre toda ella, y sus miembros están obligados a obedecerlos bajo las sanciones que los mismos estatutos impongan.

La potestad disciplinaria que le corresponde a una asociación sobre sus asociados se ejercerá a través de una comisión de ética, tribunal de honor u otro organismo de similar naturaleza, que tendrá facultades disciplinarias respecto de los integrantes de la respectiva asociación, las que ejercerá mediante un procedimiento racional y justo, con respeto de los derechos que la Constitución, las leyes y los estatutos confieran a sus asociados. En todo caso, el cargo en el órgano de administración es incompatible con el cargo en el órgano disciplinario”.

Asimismo, el Reglamento General del nombre reservado, en su artículo 116, establece que los “Órganos con competencia disciplinaria. Tendrán facultades disciplinarias únicamente los órganos señalados en este título, ningún otro organismo, Oficial General ni bombero alguno podrá atribuirse facultades disciplinarias. El régimen disciplinario del nombre reservado estará compuesto por un Consejo Superior de Disciplina, además cada compañía del nombre reservado tendrá un Consejo de Disciplina de Compañía”.

Luego, el artículo 117 indica que “el Consejo Superior de Disciplina funcionará en Sala o en Pleno y en sus resoluciones actuará como jurado. La Sala de Primera Instancia, estará constituida por tres (3) de sus Consejeros, elegidos por sorteo; y si la resolución que tome en sala es apelable, conocerá el Consejo en Pleno, el que estará conformado por los Consejeros restantes. El Pleno como mínimo de quórum para sesionar necesitará contar con la asistencia de los tres (3) quintos (5) de sus integrantes. Al momento de decidir los asuntos sometidos a su conocimiento y en el caso de empate, decidirá el voto del Presidente o de quien lo reemplace”.

OCTAVO: Que, en relación con el derecho a la vida e integridad física y/o psíquica, alegada por el recurrente, nada se incorporó, en consecuencia, no es posible establecer de manera indubitada que el actor, se haya visto afectado a los derechos Constitucionales ya singularizados.

NOVENO: Que luego, se alegó vulnerada la igualdad ante la Ley, no obstante, no existe antecedente alguno, que permita establecer que, ni la Comisión Especial de Equidad de Género, ni el Honorable consejo de disciplina, haya realizado un trato diverso, respecto a denuncias realizadas de la misma naturaleza en relación con el recurrente.

DÉCIMO: Que, en lo que dice relación al debido proceso, es relevante precisar que dicha garantía prohíbe ser juzgado por comisiones especiales es de aplicación amplia, extendiéndose la obligación de no atentar contra ella no solo al legislador y a cualquier autoridad, sino que también a otros particulares que actúen en la vida jurídica. Ello, desde el momento que la Carta Política constituye una fuente de Derecho cuya aplicación directa e inmediata resulta imperativa no solo para cualquier órgano público, sino que también para los gobernados en las relaciones jurídicas que los vinculen entre sí, al tenor de lo prevenido por el inciso segundo de su artículo 6º, en cuanto preceptúa que “los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo”. Luego, el juez natural constituye una de las dimensiones que integran el derecho fundamental al debido proceso.

En efecto, conforme a lo preceptuado en el Título XV que regula el regimen disciplinario, se observa que la sanción de expulsión que se aplicó fue dispuesta por el Honorable Consejo Superior, luego, dicha decisión fue apelada, y en efecto, confirmada por diversa Sala del Consejo, no advirtiendo de qué forma de vulnera el derecho que se pretende.

UNDÉCIMO: Que, no obstante, y si bien el recurso no resulta claro, del mérito de los documentos incorporados, constan dos denuncias realizadas por voluntarios de Bomberos, en contra del recurrente, por hostigamientos, acosos verbales y/o comentarios de connotación sexual. Por ello, se practicó citación por el director de la Compañía de Bomberos, el Señor nombre reservado, quien, de acuerdo con el protocolo establecido por la CEEG, informó el inicio de una investigación.

En dicho proceso, indica, que se recabarán todos los antecedentes pertinentes, se practicarán entrevistas con el acusado y afectados y se seguirán los pasos necesarios para esclarecer los hechos de manera objetiva y justa. De ello da cuenta, documento signado como “Citación CEEG N° 001/2024”.

Luego, conforme “Resolución Primera Sala” Oficio H.C.S.S. N° 028/2024, el Honorable Consejo Superior de Disciplina, informa que tras una investigación sobre dos casos de denuncia en contra el recurrente por, acoso psicológico, acoso verbal, discriminación arbitraria y hostigamiento institucional, lo siguiente: De acuerdo con el Reglamento General del nombre reservado, en su Título XV, referente al Régimen Disciplinario y las Sanciones, específicamente en el Artículo 140°, Letra C, que trata sobre las Faltas Gravísimas, numeral 6, relativo a Agredir verbal o físicamente a un miembro de la Corporación, ya sea en lugares públicos, privados o en dependencias de la institución, se ha tomado la decisión de proceder con la expulsión del nombre reservado a Capitán, señor nombre reservado. En efecto, se constatan los hechos emitidos en informe de la comisión a través de las declaraciones de testigos, declaración de director, declaración del Capitán nombre reservado.

Dicha resolución fue objeto de apelación. La decisión que resuelve dicha impugnación consignó que con fecha 01 de abril del año en curso, compareció como recurrido el señor nombre reservado, instancia en que formuló sus observaciones al proceso, cuestiona la legitimidad del Consejo, versus las labores que realizan las salas del HCSD, que señala lo que debió hacer la primera Sala que vio su caso. Respecto de la denuncia, indica que no son efectivos los hechos denunciados. Luego, sobre la situación de la academia practica con uno de los recurridos señala, que no niega los hechos, pero si, explica que no fue con la gravedad que se entiende y que en el fondo fue para distender una situación estresante por la demanda del trabajo efectuado; sobre los argumentos para la atención de su apelación, señala que cuestiona al Superintendente y la presidenta de la Comisión y el posible conflicto de intereses, aspectos sobre sus testigos y no se consideraron aspectos de los recurridos e insiste en como la sala debe proceder en cuanto a su caso.

Luego de recibir audios de la apelación, el consejo sesionó en dos oportunidades, concluyendo que la investigación efectuada cumple con el formato, citaciones, audiencias e informes de acuerdo a los plazos y forma que indican sus procedimientos, que la revisión del caso por la primera sala, para dictar su resolución se ajustó a las citaciones, tiempos y estructuración del reglamento y que su fallo se ajusta plenamente en lo indicado en el Art. 140 letra c) numeral 6); que en la sesión de apelación ante el pleno del Honorable Consejo Superior de Disciplina no se presentaron pruebas suficientes que demostraran las fallas u omisiones a los estipulado en el reglamento en el debido proceso y que más bien se centraron en enfocarse a que el pleno dictara una resolución independiente de la anterior, no considerando el Titulo XV en su Art. 158. Que solo se enfocan en el debido proceso y no a un nuevo juicio. Resolviendo mantener la medida de expulsión.

DUODÉCIMO: Que entonces, el procedimiento aparece claramente establecido en el Reglamento General de Bomberos y los Protocolos ante denuncias por maltrato, acoso sexual, abuso sexual, violación y cualquier discriminación arbitraria.

Por lo tanto, lo que en apariencia se reclama por el recurrente, es la composición del comité de género, luego denuncia diversas “inhabilidades” de las personas que singulariza en su recurso y elementos probatorios que no pudo presentar.

En relación a la composición del comité de género, el actor indicó que la Señora nombre reservado, habría actuado en calidad de Presidenta, en la comisión de género, en circunstancias, que dicha calidad no se encuentra, dentro de aquellas personas que deben intervenir. Sin embargo, en la instancia, es el mismo recurrente quien señaló que no existe claridad respecto al protocolo que resulta aplicable desde que en un caso se encuentran firmados y otros no. De todas formas, el acto terminal que impugna a este efecto, no lo fue la acusación efectuada por la comisión, sino, el Honorable Consejo Superior del nombre reservado.

Luego, en lo que dice relación a las inhabilidades denunciadas, se debe tener presente que el Reglamento General de nombre reservado, en particular el artículo 125, establece: Inhabilidad. En el caso de que un miembro integrante de los órganos disciplinarios fuere acusado, tuviere conflictos de intereses o fuere pariente de la parte acusado o acusadora no podrá integrarlo hasta la entera resolución del caso.

Alegó conflicto de intereses, entre el señor nombre reservado (Superintendente de Bomberos) y la señora nombre reservado (Directora de la Octava Compañía de Bomberos), puesto que se encuentran unidos bajo vínculo matrimonial desde febrero de 2021. Sin embargo, el Señor nombre reservado, no tiene intervención relevante en el procedimiento de investigación, pues, conforme la calidad que detenta, sólo se le informan las investigaciones que se realizan y, en casos de falta disciplinaria evidente, se le solicita que convoque al Consejo Superior de Disciplina, según lo establece el Art 27°: “Atribuciones. El Superintendente es el Jefe Superior del Cuerpo, pero no tendrá mando en el servicio activo. Sus deberes y atribuciones son”: “2.- Convocar a sesiones de Directorio, Consejo Superior de Disciplina y Consejo de Oficiales Generales”.

En consecuencia, no se advierten conflictos de intereses que sustenten la acción para con la señora nombre reservado.

De todas formas, incluso, en caso de acogerse la postura de la recurrente, no resulta indiscutido que con la no participación de quienes pretendió su inhabilidad, se hubiese adoptado una decisión diversa, pues, no proporcionó antecedentes claros que sustenten su alegación. En efecto, sus alegaciones se centran en apreciaciones subjetivas, en orden a concurrir una supuesta “intimidación hacia los demás voluntarios del Cuerpo que por miedo no se atreven a realizar denuncia alguna”, con la presencia de la señora nombre reservado, lo que no tiene ningún sustento en esta sede cautelar.

De otro lado, se reclama la inhabilidad del señor nombre reservado, lo que carece de todo fundamento, fundamenta dicha alegación, en la concurrencia de subordinación o dependencia para con la Señora nombre reservado, en circunstancias de que la persona aludida presta servicios de forma voluntaria, resultando inaplicable, aquella terminología utilizada por el actor.

Asimismo, pretendió la inhabilidad del Sr. nombre reservado, por cuanto, fue participante activo en su calidad de secretario general del nombre reservado, en la confección del protocolo de la Comisión de Equidad y Género, no evidenciando antecedente alguno que permita acreditar tal aserto. Es decir, nuevamente son declaraciones de la recurrente y/o apreciaciones que no poseen respaldo alguno.

Finalmente, en lo que dice relación a la prueba, no consta que se haya privado al actor del derecho a presentar a sus testigos, sino, como el reconoce, se limitó su número (06 personas). En todo caso, no aparece que más deponentes, hubiesen alterado la decisión adoptada por la recurrida, y que ello hubiese importado dejar sin efecto el procedimiento seguido en su contra y la sanción impuesta. En lo que dice relación con aquellas declaraciones supuestamente adulteradas, ningún elemento incorporó en esta sede de urgencia.

Por lo tanto, no se advierte vulneración alguna de las garantías Constitucionales invocadas.

DÉCIMOTERCERO: Que de todas formas, se debe precisar que los Reglamentos que regulan la tramitación del procedimiento seguido en contra del recurrente, contienen todos los elementos necesarios para configurar un debido proceso y asegurar una adecuada defensa, entre otros aspectos, las autoridades -comisiones- llamadas a conocerlos, la formulación de denuncias, la amplia admisibilidad de medios de prueba de que estos puedan hacer uso, la práctica de diligencias probatorias solicitadas por el afectado, si lo estima pertinente, y los medios de defensa de que aquéllos pueden hacer uso, y la interposición de los recursos que procedan en contra de las sanciones que se le aplique, lo que ciertamente ya ejerció como lo manifestó en su recurso, quedando al margen cualquier tipo de ilegalidad y discrecionalidad.

Por lo tanto, no consta de los hechos, fundamentos y documentos acompañados que la sanción aplicada haya carecido de razonabilidad, más aún cuando se ha seguido un proceso establecido en la normativa interna del nombre reservado.

DÉCIMOCUARTO: Que incluso dispensado de los razonamientos anteriormente consignados, en el caso concreto, no se está solicitando la protección de derechos indubitados, sino, se impugna un procedimiento que según el recurrente posee profusas irregularidades, y que el recurrido niega categóricamente, señalando que ha dado cumplimiento de manera íntegra al reglamento que rige en la especie, razón por la cual los derechos que se invocan por el actor no pueden servir de base para el ejercicio de la presente acción constitucional, declarando como preexistente o indubitado los derechos que se pretenden y, como consecuencia, no es posible adoptar alguna medida de protección que los garantice en esta sede.

Por lo tanto, y no advirtiendo ilegalidad y/o arbitrariedad de manera indubitada en el proceso ni en la decisión que se adoptó por parte del recurrido, el presente recurso, no se encuentra en condiciones de prosperar.

Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA sin costas, el recurso de protección deducido por Wladimir Maldonado Pérez, abogado, en representación de nombre reservado, en contra del nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1248-2024 (PROT)