nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS HÉROES

Antofagasta, a uno de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia de nombre reservado, cédula de Identidad N°RUT reservado, dependiente, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado y Región de Antofagasta, quien deduce Recurso de Protección de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS HÉROES, Persona Jurídica, RUT RUT reservado,representada legalmente por nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, ingeniero comercial, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, por considerar arbitrario e ilegal su actuar, al vulnerar sus garantías constitucionales, solicitando se acoja el presente recurso adoptando las medida que indica, de conformidad con los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que expone.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Puesta en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente funda la acción en los siguientes hechos:

Indica que, con fecha 27 de febrero de 2018, contrató un crédito social con la recurrida, por un capital inicial de $6.350.894.-, pagaderos en 60 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $176.201.-, salvo la última, que sería de $176.165.-, lo anterior sometido a una tasa de interés del 1,59% mensual.

Añade que, debido a problemas económicos, entró en mora de pago con fecha 31 de marzo de 2019, haciéndose exigible la totalidad del crédito, por lo que la recurrida lo demanda ejecutivamente iniciando causa Rol C-69-2020, del 3° Juzgado Civil de Santiago, caratulada «CAJA DE COMPENSACIÓN LOS HÉROES con nombre reservado», presentado a cobro el pagaré de crédito N° 103852469, exigiendo $5.520.058.-, dicho procedimiento finalizó con sentencia de fecha 20 de agosto de 2024, la que acogió la excepción de prescripción y rechazó la acción ejecutiva, resolución que se encuentra firme y ejecutoriada desde el 12 de septiembre de 2024. Sostiene que, al impetrar dicha acción, la recurrida renunció a hacer el cobro individual de cada cuota morosa, haciendo exigible la totalidad de la deuda, mediante el ejercicio de la cláusula de aceleración que conllevó a la presentación de la acción ejecutiva.

Sin perjuicio de lo anterior, en el mes de junio de 2025, observa en su remuneración un descuento por $176.201.- precisa y exactamente el valor de una cuota de la deuda declarada prescrita, bajo la descripción de «CAJA COMPENSACIÓN LO» (sic), refiere que, hechas las consultas ante su empleador, se le informa que es un descuento a solicitud de la recurrida. Ante esto, concurre a las oficinas de la recurrida a pedir explicaciones, señalando que hubo un juicio en donde se declaró la acción y la deuda prescritas, y aun así no pudieron explicar la razón del descuento.

Sostiene que, no fue informado previamente por ningún medio respecto de la decisión unilateral de la recurrida en ejecutar el descuento que finalmente ordenó a su empleador, por ello nunca tuvo antecedentes para prever esta afectación a sus remuneraciones, más aún cuando dicha deuda ya había sido motivo de un juicio ejecutivo iniciado por la recurrida, por estos motivos, sostiene que, el actuar de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS HÉROE, es arbitrario, antojadizo e ilegal, careciendo de fundamento alguno, tanto en su realización como en el monto que ordenó retener a su empleador y reviste un abuso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de esas entidades respecto al cobro oportuno de los créditos sociales, descontando una proporción estructural de su remuneración liquida, de manera absolutamente forzada y en contra de su voluntad.

Agrega fundamentos de derecho, citando la Ley N°18.833, que establece un nuevo estatuto general para las cajas de compensación de asignación familiar [C.C.A.F.]. Considera que, en el presente caso se advierte un uso arbitrario e ilegal de las normas de dicha ley, en cuanto a la posibilidad de efectuar los descuentos de las cutas de crédito social desde las remuneraciones de los afiliados, de acuerdo a lo que, sostiene, ha sido establecido de manera categórica y uniforme por nuestra jurisprudencia, toda vez que una caja de compensación, así como todo grupo intermedio prestador de un servicio público, está subordinada a nuestra Constitución Política de la República. Sosteniendo, que la recurrida a efectuado actos de autotutela, realizando un descuento ilegal y arbitrario de sus remuneraciones, sin dar noticias o informaciones previas a la determinación del descuento o explicar el por qué, ni el cómo se llegó a ese monto ordenado a descontar, lo que corresponde a una vulneración flagrante a la garantía constitucional consagrada en el numeral 24° del artículo 19 de nuestra Carta Magna, y que podría repetirse si realiza nuevos descuentos en los próximos meses.

Asevera que, la recurrida, al momento de interponer demanda ejecutiva en su contra, manifestó su voluntad expresa e inequívoca de ejercer la cláusula de aceleración, produciendo el vencimiento anticipado de todas las cuotas pendientes, lo que también implica que conscientemente declinó de perseguir el pago individual de las cuotas. En consecuencia, resulta caprichoso y arbitrario que, habiendo ejercido la cláusula de aceleración y estando ello declarado prescrito en sede civil, la caja de compensación recurrida ordene retención de montos mediante un mecanismo paralelo a la vía judicial que ellos mismos ejercieron y promovieron mediante el cobro ejecutivo. En palabras simples, refiere que la recurrid le priva de la posibilidad de seguir pagando las cuotas como fue estipulado inicialmente, y luego, mientras exigió el total por vía judicial, de forma paralela y por vías de hecho obtiene un pago parcelado y mensual, todo esto a su conveniencia, refiere que este actuar ha sido declarado arbitrario en varias ocasiones por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y Excelentísima Corte Suprema, declarando la instrumentalización abusiva del estatuto contenido en el artículo 22 de la Ley N°18.833, realizando un uso irracional de este derecho que tienen por objeto el cobro oportuno del crédito. Al efecto, cita, entre otros, causa rol Protección-31235-2019 y causa rol Protección-70389-2018, ambas de la Corte de Apelaciones de Santiago, en concreto, dichos fallos establecerían que, en el evento que se haya optado por la vía judicial para el cobro de todo el monto del crédito evidentemente el descuento no puede seguir teniendo lugar, comoquiera que podría materializarse un doble pago que no encuentra sustento jurídico alguno.

Concluye, indicando que, en definitiva el actuar de la recurrida vulnera abiertamente su derecho de propiedad, respecto a su remuneración, siendo la presente acción el único remedio que puede poner un rápido fin a dicho actuar y así restablecer el imperio del Derecho, solicitando se acoja el presente recurso, ordenando a la recurrida: Cesar todo tipo de retención o descuento en su remuneración, restituir los descuentos efectuados previamente, así como también los que puedan llegar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción, lo anterior con costas.

SEGUNDO: Que informó nombre reservado, por la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS HÉROES, instando por el rechazo del recurso, conforme a los argumentos que expone.

En primer lugar, da cuenta de la acción deducida en autos y fundamentos de la misma, así como antecedentes del crédito solicitado por la recurrente a la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes.

Refiere que, dicho crédito social N°103852469 fue pactado en 60 cuotas, de las cuales originalmente fueron pagadas 12, quedando las restantes 48 impagas. No obstante, actualmente se encuentran pagadas hasta la cuota 15.

Hace presente que, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar disponen de dos acciones, distintas e independientes, y de un mecanismo extrajudicial fundado en el artículo 22 de la Ley 18.833 para cobrar lo adeudado por un crédito social. En este caso debemos distinguir entre los distintos tipos de acción que pueden emanar del crédito otorgado a la recurrente: (1) la acción cambiaria es la acción judicial específica para exigir el pago del pagaré, basada exclusivamente en el documento mismo, sin necesidad de probar la causa que lo originó; (2) la acción ejecutiva es aquella que permite exigir el cumplimiento de una obligación contenida en un documento que tiene mérito ejecutivo (como un pagaré); y (3) la acción ordinaria es una acción judicial más amplia, que se basa en la relación jurídica subyacente, en este caso, en el contrato de mutuo que dio origen al pagaré.

Añade que, la prescripción a la que alude la recurrente refiere a la acción ejecutiva respecto del pagaré, cuya prescripción es de un año desde la fecha de vencimiento del documento, esto de conformidad a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley N°18.092. La doctrina sostiene -Teoría General de la Letra de Cambio y del Pagaré en la Ley 18.092- que dicha sanción opera para el portador pormenorizadamente, es decir, cuota por cuota. Dicho esto, no ha habido un tribunal que declare la prescripción de la acción ordinaria derivada del contrato de mutuo; esta última prescripción, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2515 del Código Civil opera en el plazo de 5 años desde que se hiciera exigible la obligación y en la medida que sea alegada como acción o excepción, pues no opera de pleno derecho. Bajo esta lógica, de conformidad al contrato de mutuo, existen cuotas vigentes hasta el día de hoy, para enervar dicha situación se debería accionar en contra del referido contrato.

En segundo lugar, indica que su representada, ha dado cumplimiento estricto a lo instruido por la Superintendencia de Seguridad Social en el Compendio de Crédito Social, en el punto 1.17.3. “Reinicio de Descuentos”, al enviar el correspondiente aviso a la señora nombre reservado, informándole que tiene una deuda de crédito social impaga por los meses que se individualizan y que los descuentos de las cuotas de crédito social se reanudarían de conformidad a lo acordado entre las partes al momento de otorgarse el crédito, esto es, mediante descuento en las remuneraciones, acompañando copia de dicha carta.

Agrega que, habiéndosele otorgado el plazo de 15 días para que ejerciera alguna de las alternativas ofrecidas, esta no concurrió, por lo que su representada procedió a informar a su empleador del descuento de las cuotas referidas.

Asimismo, indica que la recurrida no comete un acto ilegal o arbitrario al proceder con el descuento por planilla de la deuda vigente que mantiene la señora nombre reservado, toda vez que está actuando dentro de sus márgenes legales, esto de conformidad a lo dispuesto en la Ley 18.833, en el Código del Trabajo y en la Ley 17.322. En este sentido, la Superintendencia de Seguridad Social, sostiene en el Dictamen 42792-2018 de 23 de agosto de 2018 que las deudas de crédito social constituyen obligaciones con instituciones de previsión social las que, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 22 de la Ley 18.833 y en el artículo 58 del Código del Trabajo, “deben ser deducidas por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores. En mérito de lo antes expuesto, el empleador tiene la obligación legal de deducir, retener y enterar en la C.C.A.F. acreedora las sumas que su trabajador adeude por crédito social, y, por ende, no se requiere la autorización del deudor.”

Hace presente que la recurrente concurrió libre y voluntariamente, con su consentimiento exento de vicios, a contratar un crédito social, el que fue puesto a su disposición por la recurrida, en virtud de lo cual suscribió un pagaré y un contrato de mutuo y que, si bien existe declaración de prescripción respecto de la acción emanada del pagaré, el contrato de crédito no se encuentra invalidado por alguna sentencia judicial, por tanto, surte sus efectos jurídicos. Consecuentemente, para las partes el contrato suscrito constituye una ley que no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o por causas legales, en los términos del artículo 1545 del Código Civil. No existiendo ningún acto arbitrario ni ilegal por parte de la recurrida, sino que, por el contrario, simplemente ha ejercido sus derechos emanados del aludido contrato de crédito de conformidad al ordenamiento jurídico vigente.

Agrega que, conforme a doctrina de la Dirección del Trabajo contemplada en el Dictamen N°0262/004, de 17 de enero de 2012, que concluye: Los descuentos por crédito social en favor de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, son de aquellos obligatorios comprendidos en el inciso 1° del artículo 58 del Código del Trabajo.

Asimismo, hace presente que, el artículo 1° de la Ley N°18.833, señala que: “Las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, en adelante Cajas de Compensación, entidades de previsión social, son corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social; se regirán por esta ley, sus reglamentos, sus respectivos estatutos y supletoriamente por las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil.” Por su parte, el artículo 22 de la Ley N°18.833, prescribe: "Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. Practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas".

Cita otras normas en relación a la posibilidad de realizar estos descuentos de las remuneraciones de los deudores, indicando que ello tiene por objeto evitar el desmedro del Fondo Social, en este sentido se habría pronunciado la Superintendencia de Seguridad Social en Dictamen de fecha 3 de septiembre de 2021 al señalar que “a las C.C.A.F. les asiste la obligación de efectuar las acciones necesarias de resguardo del Fondo Social, entre ellas, la de efectuar la cobranza de las cuotas de estos créditos a través del descuento en las remuneraciones de los trabajadores”, que asimismo la Superintendencia, ha señalado en diversos dictámenes, que la prescripción de la acción ejecutiva extingue únicamente el medio de apremio que la Ley le confiere al acreedor, dejando vigente la obligación para su cobro a través de la acción ordinaria e incluso aquella subsiste como obligación natural, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 1470 del Código Civil, por lo que una vez cumplida, autoriza a retener lo dado o pagado en razón de ellas.

Refiere que ésta no sería la vía idónea para reclamar respecto al actuar del recurrida, atendida la naturaleza cautelar del recurso de protección que impide que pueda emplearse para declarar o constituir situaciones jurídicas nuevas, para el análisis de interpretaciones de normas jurídicas o para dilucidar criterios de aplicación de leyes o de contratos, resultando claramente ajeno un pronunciamiento judicial declarativo a las condiciones procesales en que se desarrolla y decide un recurso de protección, tampoco por esta vía pueden establecerse derechos permanentes en favor de los recurrentes. Cita jurisprudencia en favor de su planteamiento como ha sido resuelto, entre otros, en causa Rol 15446-2023 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En este contexto, sostiene que el asunto que la recurrente ha propuesto al análisis y resolución a través del presente recurso excede los objetivos de la acción de protección de garantías constitucionales, y que debe ser declarado en un procedimiento de lato conocimiento, contradictorio. Resulta evidente que en la especie existe controversia sobre hechos de cuya existencia depende la del derecho conforme al cual se afectarían las garantías constitucionales de la recurrente. En efecto, tanto la existencia o inexistencia de la deuda, la prescripción de la acción de cobro o la forma en que su representada ejerce su facultad legal de cobrar lo que se adeuda, son materias que deben ser resueltas en un proceso de lato conocimiento que excede el propósito y alcance con el que el constituyente ha dotado al recurso de protección.

En virtud de lo expuesto, solicita el rechazo de la acción, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que, el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, no se encuentra controvertido que la recurrente en el año 2018 obtuvo un crédito de parte de la recurrida, con un capital ascendente a RUT reservado.-, pagaderos en 60 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $176.201.-], salvo la última, que sería de $176.165.

SEXTO: Que el acto arbitrario e ilegal que la recurrente reclama, consiste en el descuento realizado en su remuneración en el mes de junio del presente año, siendo ello improcedente, atendida la circunstancia de que dicha deuda fue objeto de un juicio ejecutivo, iniciado por la recurrente, dando origen a la causa C-29-2020, seguida ante el 3° Juzgado Civil de Santiago, en el cual con fecha 20 de agosto de 2024, se declaró prescrita la acción ejecutiva, poniéndose fin a la ejecución, esto último ha sido reconocido por la recurrida en su informe.

SÉPTIMO: Que, entonces tenemos en autos que la recurrida ha iniciado el cobro judicial de la operación crédito N°103852469, mediante la interposición de la respectiva demanda, válidamente notificada y requerido de pago conforme se dijera en el considerando anterior, dónde además se declaró prescrita la acción ejecutiva. No obstante, la Caja recurrida al no haber prosperado su acción ejecutiva, ha iniciado recientemente el cobro del crédito social otorgado al actor, que data del año 2018, esta vez, al tenor del artículo 22 de la Ley N°18.833, aun cuando pesa en su contra la sentencia que acogió la excepción de prescripción deducida; conforme a liquidación de sueldo acompañada por el actor. Alegando la recurrida que, previo a dicho descuento habría remitido carta a la actora dando cuenta de los pasos a seguir frente a su crédito impago, acompañando dicha carta al efecto, mas no aportando antecedentes que permitan acreditar la notificación de la misma a la actora.

OCTAVO: Que, conforme a lo expuesto, resulta evidente la arbitrariedad existente en el acto alegado, ya que es la misma Caja de Compensación quien, una vez elegida la vía judicial para el cobro de la operación de crédito antes mencionado, quedó privada de ejercer el derecho consagrado en el artículo 22, máxime cuando la acción ejecutiva fue declarada prescrita, conculcando, en consecuencia, el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

NOVENO: Que, aun soslayando lo anterior y, en atención al mérito de las alegaciones de las partes consignadas en sus respectivas presentaciones, igualmente nos encontramos ante una irregularidad que hace que la acción realizada se torne en arbitraria, desde que, conforme a la normativa aplicable, si bien la recurrida en principio puede disponer el descuento impugnado actuando en conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, norma que autoriza a las Cajas de Compensación a realizar tales descuentos para efectuar el cobro de los créditos otorgados a sus afiliados, frente a una situación como la de autos, en que el trabajador dejó de pagar regularmente un crédito y encontrándose en un nuevo empleo, resulta aplicable lo que la Superintendencia de Seguridad Social ha denominado reinicio de descuentos, regulándose dicha hipótesis en el artículo 1.17.3. de la circular N°3.567, de fecha 4 de enero de 2021.

Cabe considerar que las Cajas de Compensación son entidades de previsión social constituidas como corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, regidas por la Ley N°18.833, sus reglamentos, sus respectivos estatutos y supletoriamente por las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil y que considerando su fin social, están sometidas a la supervigilancia y a la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, quienes en tal calidad pueden regular su funcionamiento a través de circulares, que son obligatorias para la caja.

En ese contexto, atendido el artículo antes referido, para reiniciar los descuentos la Caja resulta obligada, previo a informar a la entidad empleadora la respectiva cuota del crédito social, a enviar un aviso al trabajador o pensionado informándole que tiene una deuda de crédito social impaga por los meses que se individualizarán y que los descuentos de las cuotas de crédito social se reanudarán de conformidad a lo acordado entre las partes al momento de otorgarse el crédito, esto es, mediante descuento en las remuneraciones o pensiones, aviso que deberá contener la misma información que se entregó al deudor a través del certificado de liquidación a que hace referencia el número 1.16 de dicha Circular, actualizado a la fecha del envío, es decir, con indicación del monto de crédito otorgado, número de cuotas, valor de cada una, total de cuotas pagadas y adeudadas, intereses respectivos y demás gastos que correspondan, aviso que otorgará al deudor un plazo de al menos 15 días corridos para que éste concurra a la Caja a regularizar la situación de sus cuotas morosas y acreditar el promedio de sus ingresos de los últimos tres meses.

Dispone la Circular que sin haber transcurrido este plazo y aun cuando el afiliado no concurra o no haya reprogramado o renegociado su crédito dentro de este término, la entidad de previsión social no podrá informar al empleador o entidad pagadora de pensión el descuento de la cuota de crédito social que corresponda.

DÉCIMO: Que, es del caso que la recurrida acompañó carta que indica fue enviada a la recurrente a fin de dar cumplimiento a lo señalado por la Superintendencia para reiniciar los descuentos, no acompaña antecedente alguno que de fe de la forma en que dicha carta fue puesta en conocimiento de actora ni la fecha en que ello habría ocurrido, no pudiendo tener certeza que la misma efectivamente fue comunicada a la recurrente, siendo éste un motivo más para determinar que el actuar de la recurrida es arbitrario, afectando con ello lo dispuesto en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, al privar injustificadamente al recurrente de parte de su patrimonio, como lo es su remuneración. Por lo expuesto, la acción será acogida, en los términos que se indicarán en lo resolutivo del fallo.

Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, sin costas el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS HÉROES, debiendo la recurrida abstenerse de practicar el cobro del crédito social indicado vía descuento de remuneraciones, debiendo reembolsar los montos indebidamente descontados por este concepto a partir del mes de junio del presente año a la fecha, debiendo acreditar dicho reembolso dentro del plazo de 5 días desde que el presente fallo se encuentre ejecutoriado.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1244-2025 (PROT)