nombre reservado con SERVICIO DE SALUD REGION DE ANTOFAGASTA

Antofagasta, a doce de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia de Eduardo Román Torres Carvajal, abogado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, quien recurre de protección en favor de nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en contra del Servicio de Salud de Antofagasta representada por don nombre reservado, médico, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario que perturban las garantías constitucionales del artículo 19 Nº2 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando se deje sin efecto resolución impugnada que declaró vacante el cargo de la recurrente por “salud incompatible con el cargo”, según art. 151 del Estatuto Administrativo, se ordene el reintegro en sus funciones habituales en el Centro Oncológico del Norte de Antofagasta y se ordene el pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustables, desde la fecha de separación y hasta el efectivo reingreso al Centro Oncológico del Norte de Antofagasta, con costas.

Informó la recurrida Servicio de Salud de Antofagasta solicitando el rechazo de la acción cautelar.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrida fundamenta su acción constitucional señalando que es funcionaria pública, técnico en enfermería, grado 22° de la Escala Única de Sueldos, a contrata, del Centro Oncológico del Norte de Antofagasta.

Que, el Servicio de Salud Antofagasta mediante Resolución TRA 426/4/2024, de fecha 3 de junio de 2025, declaró vacante su cargo, invocando la causal de salud incompatible con el desempeño del cargo, establecida en el artículo 151 de la Ley N° 18.834, por haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

Señala que ingresó a prestar servicios en el mes de mayo de 2023 en el Centro Oncológico del Norte, específicamente en la unidad de cuidados paliativos, donde no fue bien recibida por sus colegas técnicos paramédicos, situación que se agravó en septiembre del mismo año al recibir tratos inadecuados, faltas de respeto frente a pacientes, supervisión inadecuada de sus funciones y hostigamiento, lo que afectó su integridad física y mental, obligándola a ausentarse reiteradamente de sus labores, ya sea mediante licencias médicas o solicitudes de días administrativos.

Añade que, pese a que se realizaron reuniones con el objeto de mejorar el clima laboral, las conductas denunciadas persistieron. En abril de 2024, la enfermera coordinadora, doña nombre reservado, le solicitó exponer su situación médica ante sus compañeros de trabajo, con el propósito de explicar sus ausencias y “evitar problemas”, petición que rechazó por estimar que vulneraba su intimidad y excedía lo laboral, lo que le generó un importante daño emocional.

Indica que, en mayo de 2024 asesorada por la organización gremial FENATS, presentó una carta explicativa de su situación y acudió a la Prevencionista de Riesgos, quien la orientó a denunciar su caso ante la Mutual de Seguridad. Esta entidad calificó su condición como “enfermedad común”, decisión que la recurrente apeló ante la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), la cual confirmó lo resuelto por la Mutual. Posteriormente denunció los hechos ante la Contraloría Regional de Antofagasta, la que ordenó instruir un sumario administrativo.

Señala que en septiembre de 2024 solicitó a la Dirección del Centro Oncológico un cambio de área, lo que fue rechazado con el argumento de que solo podía realizarse bajo la modalidad de “cambio por cambio” y que, debido a la existencia de un sumario previo por acoso laboral en la unidad de cuidados paliativos, ningún funcionario aceptaría el traslado. En octubre de ese año declaró en el sumario, oportunidad en que le indicaron que este se resolvería con celeridad, dado que se encontraba con licencia médica desde mayo de 2024 y no podía reintegrarse al área donde se generó el conflicto.

Agrega que en mayo de 2025 fue citada a reunión con personal de recursos humanos, la abogada del sumario, la subdirectora del establecimiento y representantes gremiales, donde se le informó el término del sumario, imputándole la generación de sobrecarga al equipo por sus licencias médicas, pero asegurándole que su hoja de vida no se vería afectada.

Sostiene que la Resolución TRA N° 426/4/2024, que declaró vacante su cargo, se basó exclusivamente en el tiempo de licencias médicas, sin considerar el informe emitido por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) el 23 de enero de 2025, que calificó su estado de salud como recuperable, lo que impedía aplicar la causal de salud incompatible.

Afirma que la decisión desconoce la Ley N° 21.050, que introdujo la exigencia de un informe previo de la COMPIN y cuyo pronunciamiento sería vinculante.

Alega vulneración de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley del Artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República y derecho de propiedad Artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, solicitando dejar sin efecto la resolución, ordenando su reincorporación al cargo y el pago de remuneraciones y beneficios devengados desde su separación.

SEGUNDO: Evacuando informe, el Servicio de Salud de Antofagasta, representado por su abogado don Paulo Simón Flores, solicita el rechazo del recurso. Reconoce que la recurrente ingresó a contrata en mayo de 2023 y precisa que en el período comprendido entre el 17 de octubre de 2022 y el 31 de octubre de 2024 acumuló 20 licencias médicas, totalizando 209 días de ausentismo, todas calificadas como enfermedad común.

Señala que el 25 de abril de 2025, el Comité de Ausentismo sesionó para revisar casos con más de 180 días de ausencia, disponiendo que se remitieran los antecedentes a la COMPIN, la que determinó que la salud de la funcionaria era recuperable. Afirma que la normativa vigente permite declarar la vacancia por salud incompatible incluso cuando la salud es recuperable, siendo esta causal distinta a la de salud irrecuperable.

Sostiene que la decisión se adoptó cumpliendo las formalidades legales, con participación de gremios, y que la resolución fue tomada de razón por la Contraloría General de la República, lo que ratifica su legalidad.

Añade que el sumario administrativo instruido por la denuncia de acoso laboral concluyó con sobreseimiento, al no configurarse tal conducta conforme a la Ley N° 21.643, y que no existe vínculo causal entre dichas denuncias y las licencias médicas, pues estas fueron otorgadas por enfermedad común.

Manifiesta que la calidad de funcionaria a contrata es esencialmente temporal y que no existe afectación ilegítima a un derecho de propiedad sobre el cargo. Rechaza que se configure discriminación arbitraria, toda vez que el procedimiento aplicado es general y se ajusta a derecho.

Por último, y en mérito de lo expuesto, solicita el rechazo del recurso con expresa condena en costas.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, considerando el mérito de las alegaciones y antecedentes acompañados en autos por las partes, es posible tener por establecido que:

1) La actora presentó diversas licencias médicas en el período comprendido entre el 17 de octubre de 2022 y el 31 de octubre de 2024 acumulando 20 licencias médicas, totalizando 209 días de ausentismo.

2) Con fecha 07 de mayo de 2024 se emitió por la COMPIN Resolución de evaluación de Salud Irrecuperable, que resuelve que la actora presenta un estado de salud recuperable;

3) Mediante Resolución TRA N° TRA N° 426/4/2024, se declara vacante el cargo de la actora por salud incompatible.

SEXTO: Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, se debe señalar la normativa aplicable en la especie. Así, el artículo 146 de la Ley N°18.834 del Estatuto Administrativo, refundida por el D.F.L. N°29, establece que: “El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: c) Declaración de vacancia”. Asimismo, el artículo 150 del referido cuerpo legal señala cuándo procede esta causal de término, indicando que “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo”.

A su vez, sobre el fundamento invocado por la resolución impugnada por esta vía, el artículo 151 del mismo cuerpo normativo, establece que: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Titulo II, del Libro II, del Código del Trabajo. El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”. Continúa el artículo 152 del mismo cuerpo legal indicando que: “Si se hubiere declarado irrecuperable la salud de un funcionario, éste deberá retirarse de la Administración dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que se le notifique la resolución por la cual se declare su irrecuperabilidad. Si transcurrido este plazo el empleado no se retirare, procederá la declaración de vacancia del cargo.

A contar de la fecha de la notificación y durante el referido plazo de seis meses el funcionario no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones correspondientes a su empleo, las que serán de cargo del empleador.”.

SÉPTIMO: Que, del análisis precedente, se advierte que la vacancia fue declarada de conformidad al inciso 1° del artículo 151 previamente citado, esto es, “vacancia de cargo por salud incompatible”, sin mediar declaración de salud irrecuperable, lo que per se no permite acreditar ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la recurrida, advirtiéndose, por el contrario, que la decisión se encuentra debidamente fundada y que ha sido adoptada en base a la normativa vigente, cumpliendo los requisitos establecidos para proceder a dictar la vacancia del cargo de conformidad a lo dispuesto en los artículos 150 y 151 del Estatuto Administrativo.

OCTAVO: Que, asimismo, debe considerarse la aplicación del Principio de Servicialidad que impone a los jefes de los servicios, el deber de velar por la continuidad de la prestación de los mismos para la satisfacción de las necesidades colectivas que justifican su existencia, razón por la cual, no mediando abuso o desviación de poder, no es ilegal ni arbitraria la declaración de vacancia de un cargo por salud incompatible de quien lo sirve, considerando que, en el caso de marras, la especialidad y criticidad del cargo que ostentaba la recurrente, permite justificar la decisión de la recurrida, atendido el prolongado ausentismo y la necesidad de contar con personal disponible que permita atender las necesidades de salud de los usuarios del sistema.

NOVENO: Que, en consecuencia, atendido lo analizado en los considerandos precedentes, el acto administrativo recurrido no es ilegal ni arbitrario, pues emana de la autoridad competente y sus fundamentos se ajustan a la ley, desde que la declaración de vacancia de un cargo por salud incompatible de empleado público solo requiere estar con licencia médica por más de 180 días en el plazo de dos años, lo que sucedió en la especie, no siendo relevante para estos efectos que la salud se pueda recuperar o no, porque en uno u otro caso la conclusión es la misma, con la única salvedad que si la salud es irrecuperable, debe aplicarse el procedimiento del artículo 152 del Estatuto Administrativo, situación diversa de la indicada en el artículo anterior, por lo que deberá rechazarse el arbitrio constitucional.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Eduardo Román Torres Carvajal, en representación de nombre reservado, en contra del Servicio de Salud Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1243-2025 (PROTECCIÓN)