SERVICIOS DE MANTENCIÓN SINTOMÁTICA LTDA. CON A.F.P. PROVIDA S.A. Y OTROS

Antofagasta, veintinueve de octubre de dos mil catorce.

VISTOS:

Comparece a fojas 58 don nombre reservado, factor de comercio, en representación de SERVICIOS DE MANTENCIÓN SINTOMÁTICA LIMITADA, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de AFP PROVIDA, representada por don nombre reservado, contra la DIRECCIÓN DEL TRABAJO, representada por su director don nombre reservado y su director regional Rubén Gajardo Morales y en contra de la empresa EQUIFAX CHILE S.A., representada por don nombre reservado, solicitando se declare ilegal y arbitraria la actuación de las recurridas, consistente en la publicación de sus antecedentes en el registro de empleadores morosos, ordenando su cesación inmediata, con costas.

A fojas 136, informó la recurrida SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA, solicitando el rechazo del recurso.

A fojas 158, informó la recurrida AFP PROVIDA S.A., quien pide se deseche la acción interpuesta.

A fojas 165, informó la recurrida DIRECCIÓN DEL TRABAJO, requiriendo se deseche el recurso.

Visto el recurso, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso interpuesto, se fundó en que con fecha 19 de agosto de 2014, se publicó en el boletín laboral que elabora y mantiene la Dirección del Trabajo, en base a información proporcionada por AFP Provida S.A. y que distribuye la empresa EQUIFAX CHILE S.A., una supuesta deuda que su representada mantiene con la referida administradora, por mora en cotizaciones previsionales de diversos trabajadores entre los años 2002 y 2005. Tal actuación es a su entender arbitraria e ilegal.

Luego explica, que en su oportunidad el compareciente junto con su cónyuge y su padre, constituyeron una sociedad de responsabilidad limitada a objeto de explotar servicios en la actividad minera. En dicha entidad, no solamente era socio, sino que también representante, conforme a la propia escritura constitutiva, determinando de manera personal, efectuar cotizaciones previsionales a fin de asegurar una pensión para su vejez, usando para ello la persona jurídica de la que era socio, pero sin vinculación laboral entre ambos. Asimismo, refiere que se contrataron servicios personales de cuatro trabajadores, respecto de los cuales pagó las correspondientes cotizaciones previsionales. Uno de estos trabajadores, según se desprende, no habría sido finiquitado, no obstante lo cual prestó una declaración jurada en el sentido de haber presentado su renuncia voluntaria, sin haber seguido prestando servicios.

Ahora bien, con posterioridad, el día 16 de agosto de 2013, fue notificado de una demanda y mandamiento librados en una causa seguida ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de esta ciudad, siendo la razón de dicha acción el cobro ejecutivo de cotizaciones previsionales respecto tanto de su persona como del grupo de trabajadores que señala, todas devengadas durante el año 2002. Se opusieron excepciones de prescripción e inexistencia de servicios, acogiéndose la primera, en virtud de sentencia de fecha 22 de octubre de 2013, negándose lugar a la ejecución.

Posteriormente, con fecha 10 de diciembre de 2013, se le notificó de otra demanda y mandamiento librados por el juzgado de cobranza de esta ciudad, por medio de la cual se le cobraban una serie de cotizaciones previsionales impagas respecto del mismo grupo de personas. Se opusieron las mismas excepciones, las que a la fecha de interposición del recurso no han sido resueltas por el tribunal.

Añade que procedió a solicitar un certificado de antecedentes laborales y previsionales a la Inspección del Trabajo, el que fue otorgado el día 19 de agosto de 2014, apareciendo una deuda en la sección “Deuda Previsional (Boletín de Infractores)”, por la suma de $ 6.242.818, equivalentes a 211,65 unidades tributarias mensuales. Por lo anterior requirió un informe del boletín a la recurrida EQUIFAX S.A., quien entregó un documento donde aparece la misma información, más un certificado de saldo de deuda actualizada donde la acreencia asciende en total a la suma de $49.805.829.

Por lo anterior, concluyó que, a pesar de la sentencia dictada y la actual discusión que se mantiene ante el Juzgado de cobranza laboral y previsional, la deuda se ha informado como vigente. Además, existirían una serie de cotizaciones que de estar en juicio no han sido notificadas.

Posteriormente hace presente que la inclusión de deudas previsionales, le ha causado y le causará ingentes dificultades, ya que al tratarse de un emprendimiento que pertenece al sector de PYMES se provee de los recursos financieros a través del pago de las respectivas facturas que emite a sus clientes, los que en virtud de los antecedentes publicados en el Boletín Laboral, han decidido no pagar sino hasta la solución de la deuda, cuestión que es imposible. Asimismo, estos hechos han producido la inhabilidad de la firma que representa para proveer al fisco, al tratarse de una de las inhabilidades establecidas en el artículo 92 del reglamento de la ley de compras públicas número 19.886.

El recurrente afirma que la situación descrita, no es ni jurídica ni racionalmente procedente, por cuanto, en primer lugar, la conducta de la Dirección del Trabajo en orden a comunicar obligaciones laborales impagas para ser difundidas por medio de un registro, no es una facultad que expresamente le haya otorgado la ley. Por tanto, tal acto adolece de ilegalidad al prescindir de los basamentos sobre los cuales está construido sistema de fiscalización y aplicación de las disposiciones laborales, incurriendo en la ilicitud que pretende evitar el artículo séptimo de la Constitución Política, al establecer el principio de legalidad.

En segundo término, en caso de existir una facultad legal para actuar de la forma denunciada, las cotizaciones previsionales que fueron objeto de cobro en el primero de los juicios a que se hizo referencia, fueron judicialmente declarados prescritos en virtud de una sentencia firme y ejecutoriada, operando por tanto a su respecto al modo de extinguir las obligaciones, establecido en el artículo 1567 número 10 del Código Civil, cuestión que en este caso dice relación con el total de la deuda. Respecto del segundo grupo de cotizaciones, estas no pueden tenerse como morosas sino hasta que el procedimiento en el que se discute la oposición a la ejecución, termine por sentencia firme. Por último respecto de aquellas cotizaciones que fueron publicadas como morosas, sin existir gestión de cobranza en su contra, entiende que todos los recurrentes han participado de esta maniobra, por cuanto la Dirección del Trabajo falló en su tarea de control y fiscalización, en tanto que EQUIFAX S.A. efectuó la publicación sin analizar los antecedentes.

Argumenta además que el acto impugnado es ilegal, porque ninguno de los recurridos está autorizado, conforme a la ley 19.628 sobre protección a la vida privada, para realizar publicaciones sobre morosidad, cuestión que se desprende del artículo 17 de dicho cuerpo normativo.

En cuanto a las garantías constitucionales afectadas, invoca en primer lugar el artículo 19 número tres de la Carta Fundamental, entendiendo al efecto que los recurridos se han transformado en una Comisión especial, al haber dado AFP Provida, certeza ejecutiva a una obligación previsional, la que fue transmitida a la Dirección del Trabajo para que la incluyera en su boletín laboral, y de ahí comunicada a la sociedad por un medio masivo, como es EQUIFAX, pudiendo advertirse las etapas propias de todo juzgamiento.

En segundo término, manifiesta que se ha conculcado la garantía del numeral 21 del artículo 19 ya referido, al impedir el ejercicio de una actividad económica en su plenitud, por cuanto estos hechos afectan directamente el prestigio comercial de su representada, cuestión que desde ya ha implicado la limitación de pagos por facturas.

Finalmente se afecta el derecho de propiedad, consagrado en el numeral 24 del ya citado artículo 19, por cuanto su representada es dueña del derecho a participar de licitaciones públicas, afectando estos hechos además su capacidad comercial, específicamente en lo que dice relación con su capacidad de crédito, de negociación con proveedores y en la relación con sus clientes.

SEGUNDO: Que informando la recurrida EQUIFAX S.A., señala que en su oportunidad, celebró un contrato con la Dirección del Trabajo, en orden a elaborar, administrar, distribuir y difundir el denominado boletín de infractores a la legislación laboral y previsional recopilada por dicha institución en el ejercicio de sus funciones. En tal contexto, le corresponde en el giro de su actividad procesar y transmitir en línea, el boletín referido, siendo la información recogida bajo exclusiva responsabilidad por la Dirección del Trabajo, conforme a los antecedentes que aportan las Inspecciones del Trabajo, el Instituto de Normalización Previsional y las distintas Administradoras de Fondos de Pensiones.

En el contexto referido precedentemente, la Dirección del trabajo remitió información dirigida a la recurrente, la que a su vez fue informada por AFP Provida, siendo ésta la que ha procesado EQUIFAX, sin haberse informado respecto de la extinción de la obligación ni menos de la sentencia que declaró la prescripción. Afirma además, que no le corresponde calificar la información entregada, ni menos investigar si las deudas que se publican están o no prescritas o en actual discusión, citando jurisprudencia que, en casos análogos, descarta la existencia de alguna ilegalidad o arbitrariedad de su parte, por cuanto la responsabilidad de la información comercial no recae en quien la publicita, sino en quien la proporciona.

No obstante lo anterior, añade que procedió a eliminar las morosidades atingentes a la recurrente y que se encuentran prescritas por sentencia judicial ejecutoriada. Sin embargo, en lo relativo a las que se encuentran en actual tramitación, hace notar que la morosidad se presenta cuando las deudas son conocidas por un Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional, existiendo la obligación si es que aún no ha operado la prescripción, más aún si ésta consta en título ejecutivo.

Por lo anterior, dispone que su actuación no ha sido arbitraria o ilegal y que tampoco ha atentado en contra de las garantías constitucionales citadas por la recurrente. Por el contrario entiende que los antecedentes de la vida económica deben estar en situación de ser conocidos por terceros para así evitar las funestas consecuencias que podría implicar la falta de información.

Añade con posterioridad, que el recurso debe ser rechazado al ser impropia la invocación de la ley 19.628 y su artículo 17, ya que esta solamente se aplica respecto de personas naturales, conforme dispone el artículo dos del mismo cuerpo normativo, al ser la recurrente de autos una persona jurídica.

TERCERO: Que, informando la recurrida AFP PROVIDA, señaló que en ambos procedimientos judiciales referidos por la recurrente, se acogieron las excepciones opuestas por dicha parte. Por lo anterior, en lo relativo a la causa RIT A-329-2013, se instruyó a la Dirección del Trabajo para que procediera a la eliminación de la deuda previsional del boletín respectivo, mientras que en la RIT A-92-2013, se está gestionando la eliminación.

Hace presente que al iniciar las acciones de cobranza contra la recurrente y solicitar la publicación en el boletín de empleadores infractores, sólo se dio estricto cumplimiento a la normativa legal vigente. Por lo tanto, no es efectivo que se haya procedido a la vulneración de garantías constitucionales que alega dicha parte, sino por el contrario, fue ella la que incurrió en una infracción a los numerales 18 y 24 del artículo 19 de la Carta Magna al no enterar las cotizaciones previsionales obligatorias y generar un perjuicio económico al impedir la generación de rentabilidades de los fondos de pensión.

En cuanto a argumentos de derecho, cita además el artículo 19 del decreto ley 3.500, el artículo 13 de la ley 17.322 y el compendio de normas de la Superintendencia de Pensiones, todos preceptos conforme a los cuales justifica la publicación de la deuda previsional del recurrente, la que no obstante lo anterior, corresponde a la Dirección del Trabajo.

CUARTO: Que informando la Dirección Regional del Trabajo, aduce que la actuación impugnada no constituye un acto ilegal, pues se ha efectuado conforme a las atribuciones legales expresamente conferidas al servicio. Al efecto, cita el artículo quinto de la ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, el artículo 505 del Código del Trabajo y el artículo 19 del decreto ley 3.500 de 1980, concluyendo conforme a estos disposiciones que el legislador le ha conferido expresamente la facultad de conocer e incluso sancionar infracciones a leyes previsionales, correspondiéndole además la potestad de fiscalizar el cumplimiento de los empleadores de la normativa vigente en esta materia.

Asimismo, descarta la existencia de ilegalidad y arbitrariedad, por cuanto la información consignada en el certificado de antecedentes que emitió la Dirección del Trabajo a petición del recurrente, se obtiene por su labor fiscalizadora y en virtud de la información proporcionada por los organismos e instituciones previsionales, los que por resolución administrativa se encuentran obligados a comunicar periódicamente al servicio toda información relativa al cumplimiento de normas laborales y previsionales de las que tengan conocimiento en el ejercicio de sus labores.

Fue por lo anterior que AFP Provida le informó de las deudas previsionales que tenía la recurrente, y que son reconocidas por dicha parte, sin proporcionar información posterior respecto de la vigencia de las mismas. Por lo tanto, a la fecha de notificación de la presente acción de protección, desconocía la existencia de la sentencia ejecutoriada que decretó la prescripción de la deuda previsional, no siendo por tanto responsable de la información contenida en el certificado de antecedentes de la recurrente.

Agrega que existe instrucción expresa de parte de la Superintendencia de Seguridad Social respecto a que todas las instituciones previsionales deben informar a la Dirección del Trabajo, respecto de los antecedentes que obren en su poder respecto de esta materia, por lo que la documentación que emite el servicio, se sustenta y fundamenta en la información que se le facilita, no teniendo injerencia en su elaboración o modificación. Además, la recurrente requirió en línea el certificado correspondiente, sin que interviniese al efecto algún funcionario en su elaboración, otorgando sólo información alimentada por las bases de datos de los organismos previsionales pertinentes. Afirma por lo anterior, que de haberse efectuado las gestiones pertinentes, para modificar la información consignada en virtud de lo resuelto en los procedimientos judiciales que invoca la recurrente, estaba en la obligación de verificar los antecedentes y efectuar las correcciones y actualizaciones procedentes.

Por lo anterior, entiende que no procede imputar ni a la Dirección del Trabajo, ni a la empresa EQUIFAX S.A., un hecho imputable a AFP Provida, por cuanto las dos primeras entidades actúan a consecuencia de la información proporcionada por la última.

Por último alega la improcedencia de hacer aplicación del artículo 17 de la ley 19.628 en la especie, por cuanto este precepto se refiere solamente, a personas naturales y no jurídicas, como es el caso de la recurrente.

Concluye el recurrido, que el recurso de protección interpuesto es improcedente, no existiendo ninguna acción u omisión de parte de su representada que haya afectado, ni aún en grado de amenaza los derechos y garantías constitucionales invocados.

QUINTO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos prexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEXTO: Que, como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal lo que significa que ha de ser contrario a la ley -o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él-, y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas. Esto es, son variadas las exigencias que deben rodear la presentación y, ciertamente, motivar el acogimiento de una acción de la naturaleza indicada;

SEPTIMO: Que, mediante la presentación de fojas 58, don nombre reservado, en representación de la Sociedad de Servicios de Mantención Sintomática Limitada recurre de protección en contra de A.F.P Provida, de la Dirección del Trabajo y de Equifax S.A. La primera, como demandante en los autos Rit A- 329-2013 y Rit A-92 -2013, caratulados “nombre reservado con Servicio de Mantención Sintomática Limitada” ambos del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Antofagasta y la segunda, como encargada de la base de datos, denominada Boletín Laboral de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, y la tercera, como única empresa a cargo de su administración y publicación.

Funda su recurso explicando que las recurridas informaron en el precitado boletín, datos referente a la empresa que representa por mora de cotizaciones previsionales en AFP Provida, correspondientes a diversos trabajadores en los años 2002, 2004 y 2005, lo que se efectuó de manera ilegal y / o arbitraria.

Añadió que respecto de las cotizaciones previsionales morosas correspondientes al año 2002, demandadas en la causa Rit A-329-2013, caratulada “nombre reservado con Servicio de Mantención Sintomática Limitada”, se interpuso excepciones, acogiéndose la de prescripción, el día 22 de octubre de 2013, negándose lugar a la ejecución.

Agregó que con fecha 10 de diciembre de 2013, su representada fue notificada en causa Rit A-92 -2013, caratulada” A.F.P. Provida con Servicio de Mantención Sintomática Limitada”, atingente a las cotizaciones previsionales morosas correspondientes a los años 2004 y 2005, respecto de la cual, se opuso a la ejecución, interponiendo las excepciones de inexistencia de los servicios y de prescripción, las que aún no se resuelven.

Por último, sostiene que aun en el caso de estimarse que las entidades contra quienes ha recurrido están facultadas para informar de tales deudas, las cotizaciones previsionales que fueron objeto de cobro ejecutivo en el juicio Rit A-329-2013 fueron judicialmente declaradas prescritas, y respecto de las cotizaciones que están siendo objeto de cobranza en el juicio A-92-2013, no pueden tenerse por morosas hasta que el juicio en que se discute la oposición, termine por sentencia ejecutoriada.

Por otra parte sostiene además, que el acto impugnado es ilegal, porque ninguno de los recurridos está autorizado para realizar publicaciones sobre morosidad, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada, precisando que el artículo 17 de dicha ley no incluye las morosidades previsionales. En efecto, el inciso primero del artículo 4o de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada o Protección de Datos de Carácter Personal establece: "El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello".

A su vez, el artículo 17 inciso primero de la misma ley dispone; "Los responsables de los registros o bancos de datos podrán comunicar información que verse sobre obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, cuando éstas consten en letras de cambio y pagarés protestados, cheques protestados por falta de fondos, por haber sido girados contra cuenta corriente cerrada o por otra causa; como asimismo el incumplimiento de obligaciones derivadas de mutuos hipotecarios y de préstamos o créditos de bancos, sociedades financieras, administradoras de mutuos hipotecarios, cooperativas de ahorros y créditos, organismos públicos y empresas del Estado sometidas a la legislación común, y de sociedades administradoras de créditos otorgados para compras en casas comerciales". Y en su inciso segundo dispone: “También podrán comunicarse aquellas otras obligaciones de dinero que determine el Presidente de la República mediante Decreto Supremo, las que deberán estar sustentadas en instrumentos de pago o de crédito válidamente emitidos, en los cuales conste el consentimiento expreso del deudor u obligado al pago y su fecha de vencimiento", de lo que se sigue que por no revestir la deuda, en ninguno de los documentos referidos en el inciso 1o del artículo 17 citado en el motivo anterior, para que procediera la comunicación y posterior inclusión de ésta en la base de datos de "Dicom" era necesario que en ella constara el asentimiento expreso del deudor, autorización que no existió en la especie y, por consiguiente, la publicación de la referida factura es ilegal, al transgredir lo dispuesto en el citado precepto.

Concluye afirmando que se han transgredido los numerales 3, 21 y 24 del Artículo 19 de la constitución Política del Estado.

OCTAVO: Que al informar, Provida, Equifax S.A. y la Dirección del Trabajo, sostuvieron en síntesis, que la Dirección del Trabajo, se encuentra facultada para recopilar, conservar, difundir y administrar datos personales relativos al cumplimiento de obligaciones sobre cotizaciones previsionales, motivo por el cual no se requiere el consentimiento del titular de los datos para su difusión.

En cuanto a lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 19.628, sostienen que dicha norma es inaplicable en la especie, en atención a que dispone; "Los responsables de los registros o bancos de datos personales, sólo podrán comunicar información que verse sobre obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, cuando éstas consten en letras de cambio y pagarés protestados, cheques protestados por falta de fondos, por haber sido girados contra cuenta corriente cerrada o por otra causa; como asimismo el incumplimiento de obligaciones derivadas de mutuos hipotecarios y de préstamos o créditos de bancos, sociedades financieras, administradoras de mutuos hipotecarios, cooperativas de ahorros y créditos, organismos públicos y empresas del Estado sometidas a la legislación común, y de sociedades administradoras de créditos otorgados para compras en casas comerciales… Las entidades responsables que administren bancos de datos personales no podrán publicar o comunicar la información referida en el presente artículo, en especial los protestos y morosidades contenidas en el, cuando estas se hayan originado durante el periodo de cesantía que afecte al deudor. Para estos efectos, la Administradora de Fondos de Cesantía comunicara los datos de sus beneficiarios al Boletín de informaciones Comerciales solo mientras subsistan sus beneficios para los efectos de que éste bloquee la información concerniente a tales personas”.

Por lo que en consideración al texto de la norma citada, se evidencia a todas luces que dicho precepto se refiere a personas naturales y no jurídicas, como es el caso de la recurrente, toda vez que conforme al tenor de ésta no es posible su aplicación en la forma señalada. Por lo que es posible afirmar que debido a que la norma en reiteradas ocasiones se refiere al concepto cesantía, el cual solo es aplicable a las personas naturales y no jurídicas, así las cosas, no puede hacerse extensiva esta norma a una entidad que por su naturaleza es inverosímil su aplicación.

Por último aseveran que no han incurrido en acto ilegal ni arbitrario alguno y que no han transgredido garantías constitucionales.

NOVENO: Que conforme a la norma transcrita, la actividad desplegada por la A.F.P. Provida; Equifax S.A. y la Dirección del Trabajo no pueden contravenir la ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada o Protección de Datos de Carácter Personal, pues tal normativa de acuerdo a lo regulado en el artículo 2 de ese mismo cuerpo legal que dispone: “Para los efectos de esta ley se entenderá por letra “ñ”: “Titular de los datos, la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal”. Por lo tanto, no es procedente lo alegado por la recurrente en orden a aplicarle el artículo 17 de la Ley N ° 19.628, en virtud que dicha disposición solo procede respecto de las personas naturales, estando en consecuencia excluida su aplicación respecto de personas que no reúnan tal condición.

DECIMO: Que naturalmente se sigue de ello, que la constatación que realizó A.F.P. Provida, respecto de la existencia de cotizaciones previsionales morosas por parte de la recurrente declaradas y no pagadas de lo cual informó a la Dirección del Trabajo y ésta a Equifax, para su inclusión en el Boletín Laboral de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, la administración al incluir dichas declaraciones de cotizaciones previsionales declaradas y no pagadas por la recurrente, no ha hecho otra cosa que dar cumplimiento a su normativa contenida en el D.F.L. N ° 2 de 1967, artículos 19 del D.L. 3500 y 505 del Código del Trabajo, en consecuencia, en su accionar existe ausencia de ilegalidad o arbitrariedad, lo que desde luego, obsta a que la presente acción constitucional pueda prosperar, Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el los artículos 19, números 7, 21 y 24 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia de 24 de junio de 1992, sobre Tramitación Y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, con costas, la acción constitucional deducida por nombre reservado, en representación de SERVICIOS DE MANTENCIÓN SINTOMÁTICA LIMITADA.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 1235-2014 Redactada por el Fiscal Interino Jaime Medina Jara.

Se deja constancia que se hizo uso de lo establecido en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Pronunciada por la Segunda Sala integrada por la Ministro Titular doña Virginia Soublette Miranda,el Fiscal interino don Jaime Medina Jara y el abogado integrante don Carlos Ruiz Tagle Vial. Autorizada por el Secretario Subrogante don Cristián Pérez Ibacache.

Antofagasta, veintinueve de octubre de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.