nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

Antofagasta, cinco de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece el abogado Jorge Andrés Correa Fuentes, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por haber efectuado descuentos ilegales y extrajudiciales de las remuneraciones de la recurrente por concepto de un crédito de consumo contraído en el año 2022. Considera que dicha actuación es ilegal y arbitraria, atendido a que la recurrida ejerce de manera abusiva y extemporánea las facultades contempladas en la ley de cajas de compensación, efectuando cobros unilaterales sin fundamento legal y respecto de una deuda por la cual ya había iniciado acciones judiciales ordinarias, vulnerando, con ello, los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad garantizados por la Constitución Política de la República, por lo que solicita se acoja el recurso y se ordene el reintegro de las sumas descontadas y la abstención de futuros descuentos.

Informa la recurrida, al tenor de la acción cautelar interpuesta en su contra.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente funda su recurso señalando que se desempeña laboralmente como asistente administrativo en la empresa South Cranes SpA, obligándose el empleador a pagar mensualmente sus remuneraciones. Asimismo, refiere que durante el año 2022 solicitó un crédito de consumo a la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, el cual se pactó en 36 cuotas mensuales, constituyéndose en mora del pago de las cuotas a partir del 31 de mayo de 2023, habiéndose hecho exigible todo el crédito.

Manifiesta que en la liquidación de sueldo correspondiente a junio de 2025 se evidencian descuentos por concepto de préstamo en la caja de compensación, por la suma de $242.535, enterándose de estos descuentos por la obligación contraída el año 2022, que pretende ser cobrada extrajudicialmente por la recurrida a través de descuentos que considera ilegales. Agrega que, presuntamente amparada en la ley de cajas de compensación, la recurrida efectúa dicho descuento, pero respecto de la misma deuda ha ejercido acciones tendientes a cobrar el crédito, lo que consta en la causa rol C-1157-2024, seguida ante el Primer Juzgado Civil de Antofagasta, cuya demanda fue interpuesta por la recurrida el 14 de marzo de 2024.

Sostiene que la recurrida ha decidido forzar de manera unilateral un beneficio que la ley contempla para un cobro oportuno, privando al recurrente de su derecho de propiedad sobre parte de su retribución económica obtenida con motivo de la actividad laboral que desempeña.

Indica que el beneficio especial de cobro resulta improcedente cuando transcurre un extenso lapso sin acciones tendientes a cobrar el crédito, siendo antojadiza la decisión de requerir el pago a través de esa vía especial, sin perjuicio del derecho de la caja acreedora para perseguir la obligación por los medios legales ordinarios.

En cuanto al derecho de igualdad ante la ley, sostiene que el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida ha puesto al recurrente en una situación desventajosa, distinta y precaria en relación con todos los otros deudores civiles, pues para obtener el pago de un crédito se los debe demandar en los tribunales ordinarios. En relación al derecho de propiedad, argumenta que el actuar de la recurrida no solo va en contradicción a la invariabilidad de los términos del contrato laboral, sino que además priva al recurrente del legítimo derecho a percibir su remuneración completa resultado de su trabajo, constituyendo los descuentos ilegales y extrajudiciales una clara vulneración del derecho de dominio que tiene sobre sus remuneraciones.

Finalmente, solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida el reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas de las remuneraciones del recurrente, con los intereses que legalmente correspondan y debidamente reajustadas hasta el momento de dicha devolución, abstenerse de realizar por sí y/u ordenar que se realicen por terceros descuentos de remuneraciones de la representada, con costas.

SEGUNDO: Que evacúa informe la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, señalando que el 17 de marzo de 2022 otorgó a nombre reservado el crédito código 003CON103352621, por la suma de $8.206.103, a una tasa del 1,18% anual, en un plazo de 36 meses, con una cuota mensual de $288.206, cuyo primer vencimiento operó el 31 de mayo de 2022. Asimismo, indica que las cuotas correspondientes al período comprendido entre mayo de 2022 y septiembre de 2023 (cuotas 1 a 17) fueron pagadas regularmente en los plazos establecidos, exceptuando la cuota de junio de 2023, la cual fue diferida por la deudora.

Manifiesta que el saldo de capital al 30 de septiembre de 2023 ascendía a $4.981.895, más los intereses devengados al 23 de abril de 2024, fueron reprogramados en esta última fecha por la suma de $5.575.795, manteniendo la tasa del 1,18% anual, en un plazo de 32 meses, con una cuota mensual de $215.045, cuyo primer vencimiento operó el 30 de junio de 2024. Precisa que las primeras 12 cuotas, correspondientes al período de junio de 2024 a mayo de 2025, se encuentran en mora, mientras que las cuotas restantes tienen fechas de vencimiento desde el 30 de junio de 2025 al 31 de enero de 2027.

Expone el carácter social de los créditos otorgados por las cajas de compensación y el mecanismo de cobro establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833. Al respecto, explica que las cajas de compensación son corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, según lo establecido en el artículo 1° de la Ley N°18.833. Destaca que entre sus funciones facultativas se encuentran los créditos sociales, los cuales constituyen un beneficio de bienestar social orientado a satisfacer las necesidades del trabajador dependiente, independiente, pensionado afiliado y sus causantes de asignación familiar.

Fundamenta que el carácter social de estos créditos no deriva de la finalidad que el deudor otorga al dinero prestado, sino de la naturaleza de la entidad que los otorga, citando para ello jurisprudencia de la Corte Suprema. En este contexto, explica que el mecanismo de descuento por planilla establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 constituye un mecanismo especial de pago inherente al régimen de crédito social, el cual no depende de la voluntad de las cajas de compensación, sino que opera de forma perentoria y obligatoria, con el mismo grado de obligatoriedad que el pago de las cotizaciones previsionales.

Particularmente relevante resulta su argumentación respecto de que la obligatoriedad del descuento por planilla recae sobre el empleador, estableciendo que una vez practicada la deducción al trabajador, se entiende extinguida la parte correspondiente de la deuda desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas, conforme al inciso segundo del artículo 22 de la Ley N°18.833.

Argumenta que la obligación es actualmente exigible y que la prescripción debe ser declarada judicialmente. Sostiene que está efectuando el cobro de una deuda vigente y actualmente exigible, cuya prescripción no ha sido declarada, emanada de un contrato de mutuo de dinero celebrado entre las partes. Enfatiza que la prescripción de las acciones, tratada en los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, debe ser alegada y declarada judicialmente, no operando de pleno derecho. Por tanto, mientras no exista un pronunciamiento judicial del tribunal competente, la obligación de pagar la suma recibida en préstamo existe y es plenamente exigible.

Complementa esta argumentación citando el dictamen N°2659-2020 de la Superintendencia de Seguridad Social, que establece que quien quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla, no siendo posible declararla de oficio, por lo que mientras no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social, deben continuar practicándose los descuentos correspondientes.

Respecto del derecho de propiedad consagrado en el artículo 19, N°24 de la Constitución Política, argumenta que no existe traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, toda vez que es la propia ley la que permite a la caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, conforme al artículo 22 de la Ley N°18.833.

Sostiene que no requiere de sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación. Mientras la deuda se mantenga exigible, la caja puede informar los descuentos en tanto el deudor figure como afiliado al sistema, sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa, pues si el deudor quiere aprovechar el beneficio jurídico de la prescripción, deberá accionar para conseguir tal declaración.

Finalmente, solicita a esta Corte tener por evacuado el informe solicitado y, en mérito de los argumentos planteados, rechazar el recurso de protección interpuesto en su contra, por no existir acto ilegal o arbitrario.

TERCERO: Que, de conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en la especie, se dirige la acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, consistente en efectuar descuentos improcedentes en sus remuneraciones provenientes de un crédito social cuyo cobro se habría intentado en sede civil, en procedimiento iniciado por la propia recurrida, en causa rol C-1157-2024, seguida ante el Primer Juzgado de Letras Civil de Antofagasta, el 14 de marzo de 2024, libelo que se funda en el pagaré N° 003CON103352621, y por la suma $4.558.940, precisando además en su recurso que los referidos descuentos ilegales se han practicado unilateralmente por la recurrida desde el mes de junio de 2025.

SEXTO: Que, atendidas las alegaciones de las partes, no resulta controvertido la efectividad de que el 17 de marzo de 2022 se otorgó al recurrente un crédito, el hecho de haberse realizado descuentos en las remuneraciones de éste y que la caja recurrida lo demandó ejecutivamente en la causa rol C-1157-2024, tramitada ante el Primer Juzgado Civil de Antofagasta, causa que salvo la notificación no tiene más movimientos, y que tras aquello existió una renegociación, reprogramándose el crédito, comenzando tras ello a efectuarse el descuento del nuevo crédito reprogramado, que es el que actualmente se realiza, lo que queda patente de los documentos acompañados, coincidiendo los nuevos descuentos con esta última reprogramación, posterior a la judicialización del crédito, sin que se haya demandado respecto de esta última deuda.

SÉPTIMO: Que, para una acertada resolución, se debe tener presente que el artículo 22 de la Ley Nº 18.333 dispone expresamente que las deudas provenientes de prestaciones de créditos sociales otorgados a un trabajador afiliado a una caja de compensación, debe ser deducido de su remuneración por la entidad empleadora afiliada, reteniendo y remesando a la caja acreedora, rigiéndose por las mismas reglas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. En consecuencia, las cajas acreedoras pueden pagarse del crédito moroso, a través de la planilla de remuneración del afiliado.

Por lo mismo, habiendo acordado las partes la reprogramación del crédito con posterioridad a la judicialización, operó la novación del crédito, y considerando que esta última acreencia no ha sido judicializada, conforme a lo acordado por la parte resultaba procedente y ajustado a derecho el descuento de las cuotas de las remuneraciones del deudor, por las razones antes expuestas.

OCTAVO: Que, en consecuencia, el descuento de las remuneraciones cuestionado, en este caso no resulta ser ilegal o arbitrario, por lo que se rechazará la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por Jorge Andrés Correa Fuentes, abogado, en representación de nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 1234-2025 (Protección)