nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Antofagasta, a veintiséis de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia de Juan Manuel Olivares Araya, abogado, en representación de nombre reservado, quien dedujo recurso de protección en contra del Servicio Local de Educación Pública Licancabur Calama, y de la Contraloría General de la República, por el acto ilegal y arbitrario que vulnera sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 numerales 2, 16, 24 y 26 de la Carta Política, consiste en los descuentos mensuales practicados a su remuneración, solicitando se ordene a las recurridas el cese de dichos descuentos, junto con la devolución de la asignación de antigüedad o experiencia ya descontada, con expresa condena en costas.

Informaron las recurridas al tenor del recurso de autos, instando por su rechazo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, según se desprende del escrito del recurso, el recurrente alega que con fecha 26 de marzo de 2006, doña nombre reservado inició relación laboral con la Ilustre Municipalidad de Tocopilla, inicialmente como inspectora de piso en el Liceo Politécnico Diego Portales, siendo posteriormente trasladada al DAEM, donde ejerció funciones administrativas y de proyectos. Su vínculo siempre se rigió por el Código del Trabajo.

Añade que, desde julio de 2012 hasta agosto de 2022 percibió la asignación de bienios por antigüedad, beneficio suprimido mediante Decreto Alcaldicio N° 1519/2022, que ordenó dejar de pagarlo y regularizar la situación de los funcionarios. La Contraloría General de la República instruyó la restitución de las sumas percibidas, ascendentes a $8.457.363, lo que motivó que la recurrente solicitara su liberación, alegando haber obrado de buena fe y considerando dicho beneficio parte de su remuneración contractual.

Finalmente, por oficio Ordinario N° 1168/2023, de 30 de noviembre de 2023, se comunicó el término de su relación laboral a partir del 1 de enero de 2024, fundado en las necesidades de la empresa derivadas del cierre del DAEM por el traspaso del sistema educacional al SLEP Licancabur. No obstante, su finiquito permanece retenido en virtud del artículo 38° transitorio de la Ley N°21.040. Hace presente que la actora no fue traspasada al SLEP Licancabur, sino que postuló por concurso a dicho organismo, siendo aceptada.

Alega que, el pago de la asignación de bienios se efectuó ininterrumpidamente durante diez años, configurando una cláusula tácita del contrato de trabajo, en los términos reconocidos por la doctrina de la Dirección del Trabajo. Ello, por cuanto se cumplió con los requisitos de reiteración en el tiempo, voluntad de las partes y otorgamiento de un beneficio incorporado a la relación laboral.

En consecuencia, dicha asignación pasó a formar parte de la remuneración de la recurrente, conforme al artículo 41 del Código del Trabajo, en tanto contraprestación en dinero derivada del contrato laboral, habiendo sido incluida regularmente en sus liquidaciones. Se trata, por ende, de un derecho adquirido que no puede desconocerse mediante actos administrativos posteriores.

Refiere que, la Contraloría, en el ejercicio de sus funciones, puede controlar la legalidad de los actos administrativos, pero no dictaminar contra legem. En la especie, al desconocer el pago de bienios efectuado durante diez años, ha vulnerado normas del Código del Trabajo relativas al contrato individual y a las cláusulas tácitas que lo integran. Luego, la Resolución E4612/2025, que ordena descuentos mensuales desde marzo de 2025 por parte del SLEP Licancabur, desconoce un derecho adquirido del recurrente derivado de una estipulación tácita incorporada a su contrato, por lo que los bienios deben considerarse válidamente pagados y parte integrante de su remuneración.

SEGUNDO: Que, compareció nombre reservado, ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública Licancabur, quien informó al tenor del recurso de autos, instando por su rechazo.

En primer lugar, indica que la actora se desempeña actualmente como administrativa grado N° 12 del Servicio Local de Educación Pública Licancabur, cargo al que ingresó mediante concurso a contar del 1 de marzo de 2025. Previamente, mantuvo relación laboral con la Ilustre Municipalidad de Tocopilla desde marzo de 2006 hasta el 1 de enero de 2024, prestando servicios en el DAEM bajo contrato regido por el Código del Trabajo.

En virtud de denuncia formulada por una funcionaria del DAEM, la Contraloría General de la República, mediante Resolución N° E254083/2022, determinó la improcedencia del pago de bienios al personal regido por el Código del Trabajo, criterio reiterado en dictámenes previos. Posteriormente, el Decreto Alcaldicio N° 1519/2022 ordenó el cese del beneficio, afectando a la señora nombre reservado.

Ante ello, la recurrente solicitó condonación o prescripción de la deuda, ascendente inicialmente a $8.475.363. La Contraloría Regional de Antofagasta, mediante Oficio N° E290624/2022, declaró prescritas las sumas percibidas entre julio de 2012 y octubre de 2017, manteniendo la obligación de reintegrar los montos recibidos entre noviembre de 2017 y agosto de 2022, fijados en $6.677.428 conforme a Oficio N° 1183/2024 de la Municipalidad de Tocopilla.

Finalmente, mediante Resolución N°E4612/2025, la Contraloría Regional rechazó la solicitud de condonación y dispuso el pago en 46 cuotas, ordenando al SLEP Licancabur efectuar los descuentos mensuales de las remuneraciones de la señora nombre reservado y remitirlos a la Municipalidad de Tocopilla, medida que comenzó a ejecutarse desde marzo de 2025.

Enseguida, alega que en la especie no se dan las circunstancias fáticas propias para la procedencia del recurso de protección, sin que exista vulneración de los derechos fundamentales invocados por la actora.

Esgrime que, a Resolución N°E4612/2025 de la Contraloría Regional de Antofagasta se enmarca en el principio de juridicidad, ordenando la restitución de pagos de bienios improcedentes, con el fin de resguardar el uso correcto de fondos públicos. Por ello, el Servicio Local de Educación Pública Licancabur se limitó a cumplir lo resuelto, observando dicho principio. Que, la Contraloría ejerció su potestad fiscalizadora en estricto apego a la normativa vigente y dentro de sus competencias constitucionales y legales.

Concluye, señalando que no existe en la actuación del Servicio Local de Educación Pública Licancabur acto ilegal ni arbitrario, pues únicamente ha dado cumplimiento a la Resolución N°E4612/2025 de la Contraloría Regional de Antofagasta y a la jurisprudencia administrativa aplicable.

TERCERO: Que, informó la Contraloría General de la República, a través de la Contraloría Regional de Antofagasta, por medio de su Fiscala Carolina Beatriz Requena Duschner.

Indica que, doña nombre reservado se desempeñó en el DAEM de la Municipalidad de Tocopilla entre los años 2006 y 2024, bajo régimen del Código del Trabajo, percibiendo por una década la asignación de bienios. La Contraloría Regional de Antofagasta, mediante los oficios N° E254083/2022 y E290624/2022, determinó la improcedencia del beneficio y declaró prescritas solo las sumas pagadas entre 2012 y 2017, ordenando el reintegro de lo percibido entre 2017 y 2022. Posteriormente, por Resolución Exenta N° E4612/2025, fijó la deuda en $6.677.428, otorgando facilidades de pago en 46 cuotas. La actora nunca cuestionó la improcedencia del beneficio, limitándose a solicitar condonación o prescripción. Finalmente, a partir del 1 de enero de 2025, ingresó al Servicio Local de Educación Pública Licancabur como funcionaria administrativa grado 12, tras proceso de concurso en el marco del traspaso legal de personal desde el DAEM.

Acto seguido, alegó la extemporaneidad del presente recurso, toda vez que, la actuación impugnada correspondiente a la Resolución Exenta N°E4612, de 3 de marzo de 2025, dictada por la Contraloría Regional de Antofagasta, que rechazó la solicitud de condonación y otorgó facilidades de pago a la recurrente, fue notificada a la actora el 4 de marzo de 2025 en la casilla electrónica señalada por ella misma. No obstante, el recurso de protección fue interpuesto recién el 4 de julio de 2025, es decir, casi cuatro meses después de notificada la resolución, excediendo con creces el plazo fatal de 30 días corridos previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

Sin perjuicio de lo anterior, alega que, la resolución impugnada lejos de constituir un agravio produjo un beneficio para la actora, al permitirle reintegrar la suma adeudada en parcialidades y no de manera inmediata, situación que sin esta decisión sería más gravosa. Además, previamente, mediante Oficio N°E290624/2022, la Contraloría ya había declarado prescritas las sumas percibidas entre julio de 2012 y octubre de 2017, accediendo parcialmente a lo solicitado por la recurrente.

En el mismo sentido, arguye que lo pretendido a través de la presente acción excede la naturaleza cautelar del recurso de protección, el cual no constituye una instancia de declaración de derechos, sino de amparo de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se vean afectados por actos ilegales o arbitrarios.

Que, la resolución en cuestión fue dictada por la Contraloría en el ejercicio de las facultades que el artículo 67 de la Ley N°10.336 le confiere al Contralor General, delegadas en los contralores regionales, y en concordancia con lo dispuesto en la Constitución y la normativa interna aplicable. Que incluso, de accederse a la pretensión de la recurrente se configuraría un enriquecimiento sin causa a su favor, negando la vulneración a las garantías constitucionales invocadas en el recurso.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO Que, según se desprende del libelo recursivo, el acto que se reprocha como ilegal y arbitrario consiste En la dictación por parte de la Contraloría Regional de Antofagasta de la Resolución Exenta N°E4612, del 03 de marzo de 2025, que no dio lugar a la condonación de deuda formulada por la recurrente, otorgando facilidades para su pago en cuotas a través de descuentos en sus remuneraciones; las que se han llevado a cabo a contar del mes de marzo del año en curso por parte de su actual empleador el Servicio Local de Educación Pública Licancabur Calama.

SÉPTIMO: Que, en primer lugar, y en lo que dice relación con la excepción de extemporaneidad alegada por la recurrida Contraloría Regional de Antofagasta, fundada en que la resolución impugnada fue notificada a la actora a través de correo electrónico el día 04 de marzo de 2025, en circunstancias que, el presente recurso se dedujo el 04 de julio pasado, lo cierto es que, correspondiendo el acto impugnado al descuento mensual practicado a sus remuneraciones para efectos de pagar la deuda determinada por el ente contralor, los mismos se iniciaron en marzo del año en curso y se mantienen, incluso, a la época de interposición del presente recurso, razón por la cual dicha alegación será desestimada.

OCTAVO: Que, tal como se indicó en el considerando cuarto de la presente sentencia, resulta indispensable para el acceso positivo al recurso, que aquellos por quienes se recurre cuenten con un derecho indubitado, que amerite la intervención de esta Corte para efectos de su cautela, en atención a la naturaleza autónoma y de urgencia de la acción de protección.

NOVENO: Que, en dicho contexto, es que la presente acción no podrá prosperar, toda vez que, lo pretendido por la actora corresponde a la declaración de un derecho cuya existencia, vigencia y su consecuente exigibilidad ha sido cuestionada y desconocida por los recurridos; máxime cuando, la teoría del caso planteada por la recurrente encuentra sustenta en lo que a su juicio obedece a una cláusula tácita del contrato de trabajo que vinculó a la actora con su ex empleador, existiendo al efecto un claro y fundado pronunciamiento por parte de la autoridad llamada por ley a resolver dicha controversia, tal como se hizo a través de la Resolución Exenta impugnada en autos dictada por el ente Contralor; limitándose el SLEP Licancabur a ejecutar lo ordenado por dicha autoridad. Desde ahí, encontrándose discutido el derecho que invoca el actor, la discusión ventilada en autos excede los límites establecidos por el legislador constitucional para el ejercicio de la presente acción, cuya naturaleza corresponde a una de carácter cautelar y de urgencia, cuestiones que no se vislumbran en estos antecedentes, sobre todo, cuando se carece de una etapa probatoria a fin de que cada parte logre acreditar sus aseveraciones como ocurren en un procedimiento de lato conocimiento, lo que conlleva necesariamente a rechazar el presente recurso toda vez que el derecho invocado y en el cual se sustenta la presenta acción, no es indubitado.

Abunda la decisión anterior, el hecho de que la resolución impugnada en caso alguno deviene en ilegal, ni mucho menor en arbitraria, desde que fue dictada por autoridad competente, en el ejercicio de sus funciones y dentro del marco legal vigente, encontrándose plenamente fundada.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por Juan Manuel Olivares Araya, abogado, en representación de nombre reservado, en contra del Servicio Local de Educación Pública Licancabur Calama, y de la Contraloría General de la República.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1231-2025 (Protección)