SERVICIOS INDUSTRIALES SPA con DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO, ANTOFAGASTA

Antofagasta, a once de junio de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

La comparecencia de don Dusan Yure Gasic Klett, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de Servicios Industriales SpA., empresa del giro de su denominación, RUT RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, quien dedujo recurso de protección en contra de la Dirección Regional del Trabajo de Antofagasta, por cuanto con la dictación de la Resolución Exenta N°200-8508/2024, de fecha 03 de abril del año en curso, rechazó el recurso extraordinario de revisión, acto ilegal y arbitrario que vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 N°3 y N°24 de la Constitución Política de la República, solicitando se declare que la misma es nula y no produce efecto alguno, ordenando a la recurrida acoger el recurso extraordinario de revisión; en su defecto, se ordene a la recurrida a dejar sin efecto la multa administrativa de modo que la recurrente pueda llevar a cabo todas las gestiones tendientes a restituir el monto injustamente pagado; lo anterior, con costas.

Informó la recurrida, instando por el rechazo del arbitrio constitucional.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON nombre reservado Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Funda la recurrente su acción, indicando ser una pequeña empresa domiciliada en la ciudad de Valdivia, que presta servicios como contratistas a empresas de mayor tamaño, sin haber nunca ejercido su giro fuera de la Región de los Ríos y, en lo que respecta a sus obligaciones laborales, mantiene su información al día en los registros de la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia sin haber sido previamente multada por órgano administrativo alguno.

Esgrime que, durante los meses de junio y julio de 2023, recibe dos correos electrónicos de parte de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta; el primero, con fecha 01 de junio, en que le notifican el inicio de un procedimiento de fiscalización y le solicitan antecedentes laborales, para cuya respuesta tenía el plazo de dos días; el segundo, con fecha 05 de julio, en que le aplican una multa por la suma de $7.581.136.-; precisamente, por no haber dado respuesta al primer correo electrónico. En cuanto a la individualización de la empresa multada, se indicaba en la resolución que esta tendría domicilio domicilio reservado.

Hace presente que, dicha cuenta de correo electrónico la manejaba el representante legal de la empresa, don nombre reservado, y como sólo había mantenido comunicación con la Inspección Provincial de Valdivia y nunca había recibido correo alguno de parte de la Inspección de Antofagasta, el primer correo recibido, de fecha 01 de junio, quedó alojado en la carpeta de “SPAM” sin tener conocimiento de él, sino hasta cuando recibió el segundo correo en que se le notificó la multa. Que, le resultó muy extraño haber sido fiscalizado por la Inspección Provincial de Antofagasta, atendida la distancia con la ciudad de Valdivia, lo que parecía indicar que se trataba de una confusión, más si se consideraba que la resolución fijaba como domicilio de la recurrente una avenida ubicada en la ciudad de Mejillones.

Añade que, posteriormente y tras haberse contactado con la Inspección de Valdivia, logró recabar antecedentes sobre el proceso de fiscalización, el que se habría iniciado por denuncia de un trabajador y no de oficio por parte del Servicio; que dicha denuncia la hace el trabajador en contra de una empresa denominada “PROMET SPA” por un accidente del trabajo ocurrido en agosto de 2021, en la comuna de Mejillones; que, el 25 de mayo de 2023, la funcionaria fiscalizadora se entrevista en terreno con el representante de “PROMET SPA” quien le indica que el trabajador no tiene vínculo laboral con su empresa sino con una filial denominada “SERVICIOS INDUSTRIALES”.

Agrega que, si se revisan las causas laborales del Juzgado de Letras de Mejillones entre 2021 y 2023, existe una empresa denominada “SERVICIOS INDUSTRIALES SPA”, RUT RUT reservado, cuyo domicilio es, precisamente, Avenida Fertilizantes S/N, Comuna de Mejillones, y que indudablemente es a la cual se intentaba fiscalizar, además de constar que existió comparendo de conciliación ante la Inspección Provincial de Antofagasta de fecha 17 de julio de 2023, en que la empresa SERVICIOS INDUSTRIALES habría reconocido relación laboral con la trabajadora denunciante.

Arguye que, todos los antecedentes recabados permiten concluir que la Inspección Provincial de Antofagasta se propuso iniciar una Fiscalización de la empresa “SERVICIOS INDUSTRIALES SPA” RUT RUT reservado, con domicilio en la ciudad de Mejillones y, por un error administrativo, solicita antecedentes laborales vía correo electrónico a la recurrente, también “SERVICIOS INDUSTRIALES SPA”, RUT RUT reservado, con oficio en Valdivia, y sin ninguna relación con la fiscalizada. Y que pese al evidente error de hecho, la recurrente debió pagar la multa administrativa a fin de no mantener deuda vigente con la Tesorería General de la República, salir de DICOM y poder ejercer su actividad económica adecuadamente.

Bajo dicho contexto, señala haber interpuesto Recurso Extraordinario de Revisión ante la Dirección Regional del Trabajo de Antofagasta, por el evidente error de hecho en el proceso de fiscalización y de multa, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 60 letra b) de la Ley N°19.880, fundado en un error en la individualización de la empresa fiscalizada que concluye con la aplicación de una multa a una tercera ajena al proceso.

Enseguida, el 04 de abril del año en curso, se notificó a la recurrida la Resolución Exenta N°200-8508 de la Dirección Regional del Trabajo de Antofagasta que resolvió rechazar el recurso extraordinario de revisión incoado, de cuya lectura se advierte que la misma centra su análisis en la existencia de una notificación válida a un correo electrónico previamente registrado y, que de los considerandos 8° y 9°, la Dirección Regional de Antofagasta sostiene que no importa ni el origen de la Fiscalización, ni si es la misma empresa que la denunciada por el trabajador; habiéndose pedido antecedentes a un correo electrónico válido, se verifica un incumplimiento susceptible de ser multado, y con el máximo establecido para infracciones gravísimas. Respuesta que resulta arbitraria y abiertamente contraria a derecho, en lo que respecta a la normativa interna que rigen los actos de fiscalización de las Inspecciones del Trabajo.

En lo que respecta a la antijuridicidad alegada, la funda en que se le cursó una multa sin ser fiscalizada, lo que se traduce en un primer agravio. Y, en cuanto al proceso de fiscalización, reclama que una empresa no puede ser fiscalizada antojadizamente por Inspección Provincial alguna, salvo las circunstancias que indica, y las que en la especie no concurren respecto de la recurrente, pues la fiscalización refiere a una empresa distinta, de igual nombre, denunciada por un trabajador que le prestó servicios, proceso de fiscalización en el que no se respeto las reglas sobre fiscalizaciones fuera del territorio de competencia de la Inspección respectiva, remitiéndose a la página 32 del Manual de Procedimientos de Fiscalizaciones.

Sobre la arbitrariedad, transcribe aquella parte de la resolución recurrida donde se indica que “carece de toda relevancia, el motivo que originó la fiscalización, así como también si la empresa es la misma sancionada toda vez que (...) el inicio de fiscalización y requerimiento de documentación, se efectuaron válidamente a la casilla electrónica registrada por el empleador recurrente”, respuesta que a juicio de la recurrente contiene una degradación de la propia labor de las Inspecciones del Trabajo, pues, siguiendo la tesis de la Dirección Regional de Antofagasta, cualquier Inspección Provincial puede solicitar de manera antojadiza y vía correo electrónico, antecedentes a cualquier empresa de cualquier parte del país, las que, en el plazo de breves días deberán responder la petición, so pena de incurrir en infracción gravísima y arriesgar una multa de casi ocho millones de pesos como ocurrió en el caso de marras.

A lo anterior, recalca el hecho que lo expuesto daría luces a una infracción al principio general del derecho de repudio al enriquecimiento sin causa, al ordenarse el pago de la multa cursada, la circunstancia de haberse incurrido en error de hecho, al confundir dos personas jurídicas de similar denominación pero diferente individualidad, priva de causalidad la multa ordenada, quedando a este efecto un pago sin justificación legal.

SEGUNDO: Informó doña Carolina Herrera Vargas, abogada, en representación de la Dirección Regional del Trabajo de Antofagasta, al tenor del recurso de autos, instando por su rechazo.

En primer lugar, alega la inadmisibilidad del recurso en atención a la naturaleza del acto recurrido, pues, los artículos 503 y 512 del Código del Trabajo establecen en forma expresa un procedimiento para revisar judicialmente ante el Tribunal del Trabajo competente, la legalidad del procedimiento de fiscalización, resolución y sanción llevado a efecto por la Dirección del Trabajo, circunstancia que por sí sola, permite afirma que la acción impetrada en autos resulta del todo inadmisible, y que en dicho tenor se han pronunciado los tribunales superiores de justicia. Que, cuando se cursa una multa en casos como el de autos, no existe, como el recurrente quiere mostrar, un verdadero problema constitucional que amerite la intervención de un Tribunal Superior de Justicia en tanto derechos fundamentales se encuentren amagados, sino que eventualmente nacerá una discusión acerca de hechos y normas cuyo estadio será la sede administrativa o la judicial de primera instancia y no la sede de protección.

Precisa que, la Resolución de Multa respecto de la cual se pronuncia la Resolución objeto de la acción de protección, fue notificada el 05 de julio de 2023, correspondiendo a la recurrente ejercer la acción judicial de reclamación de multa, contemplada del artículo 503 del Código del Trabajo, o recurrir ante este mismo Servicio a través del recurso de Reconsideración administrativa establecido en el artículo 511 del mismo cuerpo legal señalado. Sin embargo, la recurrente no ejerció ninguna de las acciones anteriores en la oportunidad correspondiente, sino que ocho meses después, presentó recurso extraordinario de “Revisión”, estipulado en el artículo 60 de la Ley N°19.880, lo anterior y a juicio de la recurrida, por haber caducado el plazo para ejercer las acciones establecidas por el legislador para impugnar una resolución de multas como la reclamada en el presente recurso. Que dicha tesis ha sido la reiterada por tribunales superiores de justicia, citando variada jurisprudencia al efecto. En consecuencia, y desde una perspectiva formal, estima que el recurso de protección deducido, debe ser declarado inadmisible, por cuanto los fundamentos de los actos de administración impugnados deben ser revisados por medio del procedimiento ordinario, declarativo y de lato conocimiento, previsto especialmente para el caso en nuestro ordenamiento jurídico y que corresponde utilizar para la acertada resolución de este tipo de controversias, no siendo procedente reemplazar tales medios, franqueados expresamente por la ley para asuntos como el de la especie, por una acción constitucional destinada, en forma y fondo, a un objeto diverso al pretendido por el recurrente de autos, siendo además, imposible destruir la presunción de veracidad de lo constatado por un fiscalizador, a través de la vía del recurso de protección, debiendo ocurrirse a un juicio de lato conocimiento para destruir tal presunción.

Enseguida, se refiere al acto administrativo impugnado, señalando que con fecha 01 de junio de 2023 se efectuó un procedimiento inspectivo a la empresa SERVICIOS INDUSTRIALES SPA, RUT RUT reservado, por la fiscalizadora que indica, dependiente de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, iniciándose éste de forma remota, a través de la notificación del inicio de la referida fiscalización a la casilla electrónica del empleador registrada en la página web de la Dirección del Trabajo, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normativa laboral y previsional vigente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo, requiriéndosele a la recurrente documentación a fin de que fuera remitida mediante correo electrónico, en el plazo de dos días hábiles desde la remisión del mismo, lo que no se hizo, pese a haber sido debidamente solicitada por la fiscalizadora, en cumplimiento del procedimiento establecido al efecto. Que, aquello constituye infracción al tenor de lo prescrito en los artículos 31 y 32 del D.F.L. N°2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en relación con el artículo 8 de la Ley N°18.018 y artículo 30 del Decreto Supremo N°51 de 1982 del Ministerio de Justicia, razón por la cual se procedió a aplicar la Resolución de Multa N°8585/23/24 al empleador fiscalizado, siendo notificada con fecha 05 de julio de 2023 mediante correo electrónico, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo, al no haber exhibido toda la documentación exigida que deriva de las relaciones de trabajo, necesaria para efectuar labores de fiscalización según el detalle que indica.

Posteriormente, el 06 de marzo de 2024 el empleador, representado legalmente por su representante legal, dedujo ante la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, recurso extraordinario de revisión respecto de la multa cursada el 12 de junio de 2023, el que fue derivado a la Dirección Regional del Trabajo de Antofagasta para su resolución, el que fue rechazado en consideración a que, la fiscalización reclamada, se dio inicio respecto de la empresa recurrente, remitiendo el documento respectivo al correo electrónico correo reservado, que corresponde al registrado en el sitio web de la Dirección del Trabajo, con fecha 25.10.2021, encontrándose a la fecha de la respectiva fiscalización vigente para todos los efectos legales, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo, citado precedentemente, mediante el cual se le requirió la documentación individualizada pormenorizadamente, otorgándose un plazo de dos días hábiles al efecto para la remisión de los mismos, sin recibir respuesta, por lo que se procedió a cursar la multa respectiva.

Destaca que, el recurrente en su recurso administrativo no niega ni desconoce el acto de notificación efectuado, así como tampoco un error en que el requerimiento de documentación, particularmente por no corresponder al correo electrónico al cual se remitió, sino por el contrario, reconoce válidamente la notificación de la resolución de multa enviada a la misma dirección electrónica, debiendo descartar con ello el error de hecho alegado, razón por la cual igualmente se rechazó el recurso extraordinario de revisión, toda vez que la infracción se verificó, al no remitir la recurrente la información que le fuera solicitada en su oportunidad.

Precisa que, efectivamente el origen de la fiscalización se verificó a consecuencia de una denuncia de un trabajador en contra de su empleadora, distinta a la empresa reclamante, y al concurrir la fiscalizadora al lugar de prestación de servicios, constató que ésta ya no se encontraba en las dependencias informadas por el denunciante, requiriendo información sobre las labores desarrolladas en dicho lugar. A consecuencia de aquello, se informó que el trabajador denunciante, desarrollaba labores para la empresa SERVICIOS INDUSTRIALES SPA, por lo que la funcionaria procedió a recabar antecedentes respecto de la misma, con el objeto de dar respuesta al requerimiento del trabajador, verificando la empresa EQUIFAX, registra los datos de la empresa señalada, procediendo a solicitar a la misma la información correspondiente al trabajador denunciante, para cumplir de esta forma con la labor encomendada, requiriendo aquello al correo electrónico registrado ante este Servicio.

Atendida la falta de respuesta, procedió a cursar la sanción respectiva, toda vez que, conforme al hecho verificado, éste constituye un incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 31 y 32 del DFL N°2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en relación con el artículo 8 de la Ley N°18.018 y artículo 30 del Decreto Supremo N°51 de 1982 del Ministerio de Justicia. En este punto, resulta esencial señalar, que al verificar fehacientemente un incumplimiento a la norma legal indicada, la funcionaria no se encuentra “facultada” de eximirse o inhibirse de aplicar la sanción administrativa correspondiente, debido a que el artículo 503 y en particular el artículo 505, ambos del Código del Trabajo, expresamente consignan la obligación contraria, con absoluta independencia de la razón que originó la respectiva fiscalización.

En base a lo anterior, alega ausencia de la antijuridicidad que se le imputa, puesto que la multa impuesta a la recurrente se originó a consecuencia de una fiscalización realizada en comisión, de conformidad a la norma legal invocada al efecto, al no remitir para su exhibición la documentación solicitada, a fin de verificar la existencia, vigencia y aspectos relacionados con la relación laboral del trabajador denunciante. Asimismo, niega la existencia de arbitrariedad en la resolución recurrida, remitiéndose a los fundamentos señalados latamente en su informe.

Por último, en relación con el enriquecimiento sin causa que indica la recurrente, sostiene en primer lugar que la sanción se originó a consecuencia de un incumplimiento fehaciente de su parte, y que si bien esta decía o no relación con el objeto central de la fiscalización, se verificó en los hechos, sin que existe por tanto un error en la actuación de la recurrida. En segundo lugar, indica ser una cuestión de público conocimiento que las multas aplicadas por la Dirección del Trabajo, no es de propiedad de ésta, sino que va directamente al erario fiscal.

En base a todo lo anterior, concluye que el recurso de protección interpuesto es absolutamente improcedente, por razones de forma y de fondo toda vez que no es la vía idónea para reclamar de las multas del caso y porque no existe acción u omisión alguna por parte de la recurrida, que haya afectado, ni aún en grado de amenaza, los derechos y garantías constitucionales invocadas por la recurrente.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, según lo expuesto por el recurrente en su presentación, la presente acción se dirige en contra de la Resolución Exenta N°200-8508/2024, de fecha 03 de abril del año en curso, que resolvió el recurso extraordinario de revisión deducido ante la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, respecto de la Resolución de Multa N°8585/23/24, de fecha 12 de junio de 2023, que le impuso una multa de 26,73 IMM, ascendentes a dicha época a la suma de $7.581.136.-, al no exhibir la recurrente toda la documentación necesaria para efectuar labores de fiscalización.

Que, lo atacado concretamente en contra de la resolución impugnada, corresponde derechamente los motivos 9° y 10°, y que son del siguiente tenor:

“9. Que, carece de toda relevancia, el motivo que originó la fiscalización, así como también si la empresa es la misma sancionada, toda vez que como se ha señalado en los considerandos precedentes, el inicio de fiscalización y requerimiento de documentación, se efectuaron válidamente a la casilla electrónica registrada por el empleador recurrente, sin que se verifique al efecto, un error en la identificación de la empresa sancionada, puesto que respecto de ella se constató la infracción, sin tener relación en la misma, la empresa Servicios Promet Spa.

10. Que, de igual forma no tiene relevancia el comparendo de conciliación N°0201/2023/2423, debido a que éste se refiere a una empresa distinta a la recurrente, no constituyendo un antecedente esencial para la aplicación de la sanción, puesto que como se ha manifestado, la infracción se verificó respecto de Servicios Industriales Spa, Rut RUT reservado, al no remitir la documentación solicitada en el plazo otorgado para aquello.”

Que la resolución exenta en cuestión en su parte resolutiva consigna lo siguiente:

“I. Se RECHAZA el recurso extraordinario de revisión deducido por el empleador SERVICIOSINDUSTRIALES SPA, Rut RUT reservado, en consideración a lo señalado en los considerandos N°6 a10 de la presente resolución.

II. NOTIFÍQUESE la presente Resolución al correo electrónico registrado por el recurrente en el portal MIDT, a saber, correo reservado, de acuerdo a lo establecido en los artículos 508 y 515 del Código del Trabajo.

III. REMÍTANSE para su archivo a la INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE ANTOFAGASTA los antecedentes tenidos a la vista para dictar la presente resolución.”

SEXTO: Claro lo anterior, alega la recurrente que la resolución impugnada resulta ilegal por cuanto se le cursó una multa sin ser fiscalizada, y que dichas fiscalizaciones son de oficio o solicitadas, lo que en la especie no ocurrió. Además de ser la misma arbitraria, toda vez que los considerandos que destaca no satisfacen el estándar mínimo de racionalidad procedimental. Todo ello, aunado a una transgresión al principio de enriquecimiento sin causa producto de la multa cursada. Recalcando que, la intención del Servicio recurrido era fiscalizar a otra empresa, de idéntica razón social, pero con diferente RUT.

A su turno, la recurrida niega las imputaciones a su actuar, el que encontraría su justificación en la legislación laboral, artículos 503 y siguientes del Código del Trabajo, entre otros, por lo que la interposición de la presente acción resulta inadmisible al no configurarse los presupuestos establecidos por el legislador al efecto.

Sobre la imposición de la multa en cuestión, sostiene que la misma se encuentra plenamente justificada, y que obedece a la no exhibición de la documentación requerida para efectos de desarrollar sus labores de fiscalización habiendo sido notificada la recurrente en la casilla electrónica registrada en el sitio web respectivo.

SÉPTIMO: Que, basta para acoger el presente recurso, lo reconocido por ambas partes en sus respectivas presentaciones, corroborado en estrados por el Servicio recurrido, en el sentido de que la empresa en contra la cual se dirigía la fiscalización adoptada por la funcionaria fiscalizadora de la Inspección del Trabajo de Antofagasta era en contra de aquella denominada “Servicios Industriales SpA., RUT RUT reservado”, y no, en contra de la empresa recurrente “Servicios Industriales SpA., RUT RUT reservado”, quien finalmente resultó sancionada a pagar a título de multa la cantidad de 26,73 ingresos mínimos mensuales, ascendente a la época de su imposición, a saber, el día 12 de junio de 2023, al monto de $7.581.136.-, fundada en la no exhibición por parte de la actora de toda la información necesaria para desarrollar labores de fiscalización.

Desde ya, los motivos y fundamentos esgrimidos por el recurrente van envueltos, a juicio de esta Corte, de la plausibilidad suficiente para entender que lo obrado en su contra por el órgano público recurrido, resulta a lo menos arbitrario, por cuanto se le impuso una multa derivada de una denuncia, respecto de un trabajador con el que no tenía, ni tuvo, vínculo laboral alguno, a lo que se debe considerar además, el elemento territorial al que alude la recurrente, puesto que no resultó controvertido, ni tampoco discutido por la Dirección del Trabajo, que su domicilio se encuentra ubicado en la ciudad de Valdivia, y no en la comuna de Mejillones donde se desarrolló la fiscalización en cuestión.

OCTAVO: Que si bien, efectivamente no se recurrió en contra de la resolución de multa en su oportunidad, si se dedujo un recurso extraordinario de revisión bajo el alero del artículo 60, letra b), de la Ley N°19.880, el que fue rechazado mediante la resolución impugnada en autos.

Así, en dicho recurso extraordinario de revisión, el que se tuvo a la vista para efectos de resolver el presente recurso, se desprende que el mismo detalla de manera clara y precisa lo desarrollado en las consideraciones anteriores, y que llevaron a la recurrente a soportar la multa impuesta, lo que en definitiva, a juicio de la recurrida resultó insuficiente para desvirtuar lo ya lo resuelto, haciendo presente en estrados además, la dificultad o imposibilidad de dejar una multa ya ejecutoriada, la que además se encontraría pagada, lo que en caso alguno puede ser considerado para efectos de fundar el rechazo del recurso en cuestión, al vislumbrarse situaciones fácticas evidentes que llevan a concluir que el proceso de fiscalización intentado en contra de la recurrente, no se encuentra justificado, ni mucho menos aún, la multa impuesta.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don Dusan Yure Gasic Klett, abogado, en representación de Servicios Industriales SpA., en contra de la Dirección Regional del Trabajo de Antofagasta, solo en cuanto se ordena dejar sin efecto la Resolución Exenta N°200-8508/2024, que rechazó el recurso extraordinario de revisión impetrado por la recurrente, debiendo acogerse el mismo en los términos solicitados, dejando en consecuencia, sin efecto la Resolución de Multa N°8585/23/24, de fecha 12 de junio de 2023.

Acordada lo anterior con el voto en contra del Sr. ministro titular don Juan Opazo Lagos, quien estuvo por rechazar el presente recurso, al estimar que la resolución impugnada por esta vía de protección, que fue dictada por la autoridad competente y dentro del marco de sus competencias, si aparece revestida de fundamentos fácticos suficientes y por lo mismo, no resulta ser desmotivada o arbitraria, desde que en la misma resolución, compuesta por tres páginas, se hace una clara exposición de los fundamentos de hecho y de derecho que en definitiva llevaron a la recurrida a rechazar el recurso extraordinario de revisión, siendo los argumentos razonables y ajustado a derecho, desde que, notificado en forma regular la recurrente y requerida de información, no contestó, lo que es suficiente para configurar la infracción cursada.

Cabe tener presente que si lo pretendido por el recurrente era derechamente reclamar en contra de la resolución que le impuso la multa a la que hace alusión y en la cual funda su arbitrio, el recurso de protección no es la vía idónea establecida por el legislador al efecto, dada su naturaleza cautelar de urgencia ante la vulneración, perturbación o amenaza de derechos indubitados, los que en la especie no concurren, puesto que el quid del asunto controvertido, dice relación con la procedencia o no de la multa en cuestión, la que a juicio del actor no obedece ante el error de hecho que denuncia, pero cuya labor para determinar aquello esta entregada a los tribunales laborales, sin perjuicio de la vía administrativa destinada al efecto, más no a través de la interposición de este recurso de protección al no ser un sustituto jurisdiccional de procedimientos establecidos de manera específica para su resolución, toda vez que de accederse o emitir pronunciamiento tendiente a resolver el asunto controvertido en esta sede, sería ir en contra de la naturaleza propia de la acción cautelar, razón por la cual el mismo no podrá prosperar, debiendo necesariamente rechazarse, tal como se dispondrá en lo resolutivo, no siendo esta la vía para determinar si la aplicación de la multa se ajusta a derecho o disponer el dejarla sin efecto, lo cual requiere un juicio declarativo en que se escuche a la partes y, por sobre todo, se permita rendir prueba, para tener por establecido o no los hechos, por lo que el debate planteado excede sin lugar a dudas el margen de esta acción constitucional.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1230-2024 (PROT)