nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

Antofagasta, a cinco de mayo de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece Martina Jacinta Infante Larrondo, abogada habilitada para el ejercicio de la profesión, interponiendo recurso de protección, en favor de nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, chileno, dependiente, casado, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, y en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada legalmente por nombre reservado.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente basa su acción cautelar en que ambas partes tienen una relación de origen convencional, mediante la cual, la recurrida le otorgó un crédito a su representado. Tal crédito, consta en el Pagaré N°00304043296, que fue suscrito el día 09 de diciembre de 2016, el que tenía un capital ascendente $1.059.768, devengaría un interés del 2,79% mensual vencido desde la fecha de suscripción del pagaré hasta su pago íntegro y efectivo. El capital conjuntamente con los intereses se pagaría en 18 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $52.400 cada una, pagaderas el día 30 de cada mes.

Agrega que el pagaré fue reprogramado con fecha 04 de noviembre de 2018, aumentando el capital a $1.377.208.-, el que se pagaría en 48 cuotas mensuales y sucesivas de $46.401, que devengará el interés de 2,1% cada una, manteniéndose en lo demás las mismas condiciones del pagaré original.

Hace presente que, producto del incumplimiento del pago, la recurrida, inició un juicio ejecutivo en su contra que actualmente se tramita ante el 3° Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta, bajo el ROL C-6142-2019, solicitando se despache mandamiento de ejecución y embargo en contra de su representado por $1.319.824.

En tal juicio, en el líbelo de la demandante se señala lo siguiente a propósito de los lineamientos de la pretensión sometida a consideración del Tribunal;

“ (…)Se pactó que el simple retardo y/o mora en el pago íntegro y oportuno de todo o parte de una de las cuotas en la época pactada para ello, facultará a la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes para exigir sin más trámite el pago total de la deuda o del saldo a que se halle reducida, considerándose la obligación como si fuera de plazo vencido y capitalizados los intereses devengados y no pagados, todo conforme al artículo 9° de la ley 18.010. El nuevo capital así formado, devengará intereses a la tasa correspondiente al interés máximo convencional existente para operaciones de crédito de dinero. (…)”

De lo citado, puede entenderse que la demandante en ese juicio y recurrida en autos proteccionales, hizo uso de la cláusula de aceleración, pretendiendo el cobro el total de la deuda insoluta que ascendía a $1.319.824. Por lo tanto, en el mes de diciembre de 2019, su representado al ser notificado en el juicio aludido, hizo valer sus derechos deduciendo dentro de plazo excepciones a la ejecución. De esto da cuenta la resolución acompañada que confiere traslado a las excepciones.

Luego, el recurrente al recibir su liquidación al día 05 de marzo que corresponde al periodo trabajado en febrero, se percató que existía un descuento bajo ítem de “Crédito Caja” por la suma de $132.947, monto que no guarda relación con lo autorizado para efectuar el descuento ($46.401 pesos).

En cuanto a la deuda respecto de la cual la recurrida pretende cobrarse, ésta emana de un pagaré cuya acción para el cobro se encuentra prescrita, por lo menos desde el año 2018.

De lo expuesto, debe tenerse presente que el acreedor (y recurrida) hasta antes de la fecha de la primera actuación ilegal, fue latamente negligente respecto del cobro de la deuda. En ese orden de ideas, la recurrida primero ha demandado civilmente a su representado, incluso pretendiendo el total de la deuda acelerada, y luego decide abusivamente afectar su derecho de propiedad con descuentos arbitrarios y/o ilegales, sin respetar la legítima expectativa del trabajador de percibir sus remuneraciones de forma íntegra.

Lo anterior, constituye un abuso del derecho a propósito de analizar las facultades que le concede la ley a un acreedor para buscar el cumplimiento de las obligaciones pretendidas. Por lo tanto, no puede la recurrida pretender tener un derecho de prenda general más amplio que el resto de las personas. Corolario de lo anterior, es que por el tiempo que hubo de inactividad, debe ordenársele a la recurrida utilizar la misma vía que ha utilizado para el cobro del crédito y de paso restituir las sumas que obtuviere por los descuentos aplicados desde la notificación de la demanda.

En definitiva, solicita poner término a las actuaciones ilegales y arbitrarias denunciadas, ordenando; declarar que los descuentos informados y percibidos por la recurrida son ilegales, instruir a la recurrida el reintegro de los descuentos aplicados, ordenar a la recurrida abstenerse en lo sucesivo de efectuar o informar descuentos en las remuneraciones del recurrente; o en subsidio de lo anterior, todo lo que US., ILTMA estime pertinente para reestablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas, ya que a su juicio se han vulnerado los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N° 2, 3 y 24 de nuestra Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que informó nombre reservado en representación de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solicitando el rechazo del presente arbitrio, en virtud de los siguientes antecedentes:

El recurrente señala haber suscrito el pagaré N°00304043296 en favor de mi representada, con fecha 9 de diciembre de 2016, por la suma de $1.959.768, el que fue reprogramado con fecha 4 de noviembre de 2018, por un monto de $1.337.208.-, pagadero en 48 cuotas mensuales de $46.401.- Asevera que, producto del incumplimiento en el pago, mi representada inició un juicio ejecutivo que se tramita en el 3º Juzgado Civil de Antofagasta, bajo el Rol C-6142-2019, del cual fue notificado en diciembre de 2019 y en el que hizo valer excepciones a la ejecución.

Indica que, al recibir su liquidación de sueldo el 5 de marzo, por el periodo trabajado en febrero, se percató de la existencia de un descuento por la suma de $132.047.- el cual, según señala, no guardaría relación con “lo autorizado para efectuar el descuento”.

Expone que la deuda emana de un pagaré cuya acción para su cobro se encuentra prescrita. Debido a lo expuesto, por la recurrente, debe considerarse los siguientes antecedentes para el rechazo de su arbitrio.

Respecto a los créditos otorgados al recurrente, es del caso, que no es uno sino dos los créditos concedidos por Caja Los Andes al Sr. nombre reservado, los cuales actualmente son cobrados a través del mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833, a saber:

1.- Operación de crédito código N°RUT reservado

Con fecha 21 de junio 2016, Caja Los Andes otorgó al señor nombre reservado la operación de crédito indicada, por un capital inicial de $2.042.851.-, pagadero en un plazo de 36 meses, con cuotas mensuales de $93.091, cuyo primer vencimiento correspondió al 31 de agosto 2016.

Las cuotas de los meses de agosto 2016 a marzo 2017, cuotas N°1 a la N°8, fueron pagadas a través de descuentos en la remuneración del Sr. nombre reservado, durante el periodo del 10 de septiembre 2016 al 10 de mayo 2017. La cuota del mes de abril 2017, cuota N°9, fue pagada con fecha 31 de enero 2018, cesando en el pago de las cuotas posteriores.

Producto de la morosidad existente, con fecha 04 de septiembre 2018, el Sr. nombre reservado efectuó una reprogramación de la deuda por la suma $1.273.742.-, pagadero en un plazo de 48 meses, con cuota mensual de $50.744, cuyo primer vencimiento se verificó el 31 de octubre 2018, de las cuales pagó las primeras 2 en forma regular.

Posteriormente, habiéndose detectado el ingreso del Sr. nombre reservado como trabajador de la empresa afiliada “Geológica Servicios Spa”, se informó para la realización de descuentos para el cobro de las cuotas adeudadas, recaudándose la cuota N°3 con fecha 10 de marzo de 2020. A la fecha, la referida operación de crédito mantiene en morosidad las cuotas de enero de 2019 a marzo de 2020, N°4 a N°18; y aun por vencer las que van desde abril de 2020 a septiembre de 2022.

2.- Operación de crédito código N° RUT reservado

Con fecha 09 de diciembre 2016, Caja Los Andes otorgó al señor nombre reservado la operación de crédito indicada, por un capital inicial de $1.059.768.-, pagadero en un plazo de 36 meses, con cuotas mensuales de $52.400, cuyo primer vencimiento correspondió el 28 de febrero 2017.

Las cuotas de los meses de febrero a junio 2017, cuotas N° 1 a la N° 5, fueron pagadas a través de descuentos en la remuneración del Sr. nombre reservado, en forma discontinua, con fechas 10 de abril 2017, 10 de junio 2017 y 31 de enero 2018, cesando en el pago de las cuotas siguientes.

A fin de solucionar su situación de morosidad, el señor nombre reservado, con fecha 04 de septiembre 2018, efectuó una reprogramación de la deuda por la suma $1.377.208.-, pagadero en un plazo de 48 meses, cuotas mensuales de $53.466, cuyo primer vencimiento correspondió al 31 de octubre 2018. Las dos primeras cuotas fueron pagadas con fechas 10 de septiembre y 10 de diciembre de 2018, cesando en el pago de las cuotas posteriores.

Ante la falta de pago, con fecha 27 de noviembre de 2019, mi representada dedujo demanda ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza la referida operación, en autos ROL C-6142-2019 del 3º Juzgado Civil de Antofagasta.

Posteriormente, habiéndose detectado el ingreso del Sr. nombre reservado como trabajador de la empresa afiliada “Geológica Servicios SPA”, se informó a esta última para la realización de descuentos para el cobro de las cuotas adeudadas, recaudándose la cuota N°3 con fecha 10 de marzo de 2020.

A la fecha, la referida operación de crédito mantiene en morosidad las cuotas de enero de 2019 a marzo de 2020, N°4 a N°18; y aún por vencer aquellas que van desde abril de 2020 a septiembre de 2022.

En consecuencia, SS. Iltma., en la especie nos encontramos frente a dos créditos plenamente vigentes, actualmente exigibles y cuya acción no se encuentra prescrita, por lo que su cobro de acuerdo con el mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno según se dirá. A mayor abundamiento, ambos aún mantienen cuotas por vencer hasta el mes de septiembre de 2022.

Agrega que con la finalidad de comprender el contexto jurídico en el cual se desarrollan los hechos materia del presente recurso, ha de tener presente SS. Iltma, el carácter social de los créditos otorgados al actor y los mecanismos de cobro contemplados en el artículo 22 de la Ley N° 18.833. Así, Dada la naturaleza de entidad de previsión social de estas instituciones, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como la norma indicada dispone: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

En consecuencia, los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, pues a diferencia de otros préstamos de dinero que pueden obtenerse en el sistema financiero, son otorgados por entidades de previsión social.

En esta línea de razonamiento, el hecho que esta Caja de Compensación haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza uno de los mutuos otorgados al recurrente, no la libera de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del artículo transcrito. Por consiguiente, el actuar de mi representada no solo significa el ejercicio de una facultad conferida por la propia ley y los acuerdos contractuales, sino que obedece al cumplimiento de su obligación legal de cautelar el fondo social.

Destaca, que la obligación perseguida es actualmente exigible y la prescripción de esta debe ser declarada. En este sentido, yerra la contraria al señalar en su presentación que la recurrida estaría efectuando el cobro de una deuda cuya acción se encuentra prescrita.

Como bien sabe su SS. Iltma., la prescripción de las acciones está tratada por los artículos 2492 y ss. del Código Civil, de cuya lectura se desprende -con toda claridad-, que la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente, y que no opera de pleno derecho. De tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible. A lo anterior, debe agregarse que la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos.

Finalmente, y en virtud de lo expuesto estima que en la especie no se han vulnerado las garantías constitucionales denunciadas por la recurrente.

TERCERO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados, que buscan mantener el imperio del derecho y dar la debida protección al afectado frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal, es decir, cuando carece de razonabilidad, fundamentación suficiente, sustentación lógica o cuando proviene de una decisión caprichosa sin siquiera una racionalidad mínima, en el primer caso y en el segundo cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

CUARTO: Que como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de uno o varios actos u omisiones ilegales, esto es, contrarios a la ley, o arbitrarios, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

QUINTO: Que de los antecedentes acompañados al presente recurso, se colige que el recurrente se constituyó en deudor de la Caja de Compensación requerida, mediante la suscripción de dos pagarés en junio y diciembre de 2016, comprometiéndose a pagar el crédito otorgado a través de descuentos en sus emolumentos. Sin embargo, las partes el 04 de septiembre de 2018 reprogramaron ambas deudas, conforme a las normas que regulan la procedencia y forma de los pagos a las Cajas de Compensación, a saber, el artículo 58 del Código del Trabajo y 22 de la Ley 18.833.

SEXTO: Que es un hecho pacífico que la recurrida inició el cobro de la deuda mediante un juicio ejecutivo cuyo título corresponde a uno de los pagarés indicados, sin que exista precisión a cuál de ellos se refiere con relación al descuento efectuado en la remuneración de febrero del año en curso, como tampoco debe desconocerse el derecho al cobro de lo adeudado mediante la deducción de la remuneración por la entidad empleadora afiliada.

SEPTIMO: Que en suma existe una colisión de derechos frente a lo cual ha de reflexionarse sobre la afectación a la garantía constitucional reclamada de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad. Para ello es necesario dejar establecido que conforme al artículo 22 de la Ley 18.833, lo adeudado por este tipo de crédito, según señala expresamente esta disposición, “deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada”, ya que incluso para los efectos del cálculo de intereses el pago se entiende efectuado una vez realizado el descuento, en consecuencia el descuento en sí mismo no proviene de una decisión caprichosa o arbitraria sino justamente de un deber impuesto en la ley.

Por otro lado, la decisión de la Caja de Compensación de iniciar un juicio ejecutivo para obtener el cobro compulsivo del crédito, se efectuó cuando estaba imposibilitado de llevar a efecto la retención o deducción, como también, se tuvo como presupuesto para la pretensión ejecutiva la circunstancia de haber acelerado el crédito, a partir de la cual, se ha hecho incompatible el cobro por la vía del descuento, únicamente del pagaré N° 00304043296, por $1.059.768, por lo tanto, debe mantenerse incólume los descuentos efectuados o por deducir sobre el pagaré N° 033991530, por $2.042.851.

OCTAVO: Que en definitiva, la actuación de la recurrida ha vulnerado las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, pues se ha privado de éstas al iniciarse un cobro ejecutivo con todas las consecuencias que conlleva a la aceleración del crédito que implica el interés máximo convencional, gastos de costas y registro de morosidad frente a la posibilidad de efectuar un descuento mediante la deducción de la remuneración retenida por la entidad empleadora, afectando así el derecho de propiedad al causar un perjuicio en su patrimonio, incluso aunque no se ha reclamado a la honra de las personas; y por el otro lado, la igualdad ante la ley en la medida que siendo ejecutado a través de un título ejecutivo cuyo crédito se aceleró con todas las consecuencias ya referidas, se afectó esta igualdad al trabajador afiliado que se vio doblemente perjudicado al sufrir el descuento y enfrentar el cobro compulsivo mediante juicio ejecutivo, lo que exige adoptar las medidas correspondientes para restablecer el imperio del derecho y obliga a acoger el recurso parcialmente en cuanto los descuentos efectuados y por efectuar, que deben referirse exclusivamente al pagaré que no ha sido objeto de juicio ejecutivo N° 033991530, por $2.042.851, por consiguiente la Caja de Compensación deberá de inmediato adecuar la cuota que debe deducirse de la remuneración del trabajador, exclusivamente a este documento.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Martina Jacinta Infante Larrondo, en favor de nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, solo en cuanto se dispone que los descuentos efectuados por el empleador al recurrente desde la remuneración de febrero del año en curso, son procedentes exclusivamente respecto al pagaré N° 033991530, por $2.042.851, debiendo la Caja de Compensación recurrida comunicar dentro del sexto día hábil el monto exacto que corresponde a la cuota mensual que debe descontarse a la remuneración del trabajador respecto del pagaré indicado, adecuando no solo la cuota sino la liquidación correspondiente que pondrá en conocimiento del recurrente.

SE RECHAZA el presente recurso en todo lo demás.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1228-2020 (PROT)

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