nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN Y ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

Antofagasta, a dieciocho de junio de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

La comparecencia de don Manuel Alejandro Valdebenito Ávalos, abogado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, en representación de don nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien dedujo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andres, RUT RUT reservado, representada legalmente don nombre reservado, Gerente General, debido al acto ilegal y arbitrario que vulnera su garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, solicitando a esta Corte de Apelaciones que ordene a la recurrida abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de sus remuneraciones; que reembolse los montos que indebidamente pudiesen ser descontados; y, se le condene en costas.

Informó la recurrida, instando por el rechazo del arbitrio constitucional.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Funda el recurrente su acción, señalando que el 16 de marzo de 2021 contrajo un mutuo de dinero con la recurrida, denominado “crédito social”, por la suma de $10.129.749.-, por concepto de mutuo, más los intereses correspondientes, pagadero en 60 cuotas mensuales y sucesivas de $240.289.-, venciendo la primera de ellas el 30 de junio de 2021, cuyos pagos se efectuarían de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833.

Refiere que, por causas ajenas a la voluntad del actor, fue desvinculado de su trabajo, cayendo en mora a los meses después de haber contraído el crédito. Y, que en diversas ocasiones se dirigió a las sucursales de la recurrida para regularizar su situación, sin embargo, la única opción que le ofrecieron fue repactar la deuda, con todo el incremento artificial de la misma que esto conlleva.

Agrega que, con fecha 30 de abril del año en curso, fecha en la que tomó conocimiento del acto ilegal y arbitrario que denuncia, recibió su liquidación de remuneración correspondiente a dicho mes, en el que figura un descuento de la recurrida por concepto de crédito social de $411.737.- A lo anterior, se suma el hecho que, la recurrida interpuso demanda ejecutiva en contra del actor, la que se tramita bajo el ROL C-640-2022 del 3° Juzgado de Letras en lo Civil de esta ciudad. Vale decir, a pesar de existir un juicio pendiente, donde se estarían realizando acciones para embargar bienes del recurrente y pagarse la deuda, la recurrida, incurriendo en una completa arbitrariedad, procedió a efectuar un descuento incluso superior a la cuota originalmente pactada, que constaría en la misma demanda ejecutiva.

Alega que, la situación antes descrita lo deja en un estado de total indefensión, pues un porcentaje importante de su remuneración le fue arrebatada de forma totalmente arbitraria. En consecuencia, sostiene que la recurrida pretende descontar de forma ilegal y arbitraria de la remuneración del recurrente, una deuda claramente prescrita que asciende a la fecha a $411.737.-, y que se reiterará durante los próximos meses sin siquiera tener certeza o claridad de por cuantos meses ocurrirá.

Sobre el derecho, alega conculcada su garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, a saber, el derecho a propiedad, solicitando mediante el ejercicio de la presente acción, se pueda restablecer el imperio del derecho.

Acto seguido, cita el artículo 22 de la Ley N°18.833, para señalar que, el crédito fue contraído en el año 2021, cayendo en mora dentro del mismo mes en que se solicitó dicho crédito, resultando del todo irracional, abusivo y por consiguiente arbitrario, que la recurrida haga uso de dicha norma sin previo aviso y sin que el recurrente tenga la posibilidad de defenderse ante una deuda que se encuentra en cobranza judicial, citando jurisprudencia emanada de la Excma. Corte Suprema de Justicia al efecto.

En relación con la arbitrariedad denunciada, recalca que la recurrida al momento de interponer la demanda ejecutiva manifestó su voluntad expresa e inequívoca de ejercer la cláusula de aceleración, produciendo el vencimiento anticipado de todas las cuotas pendientes, lo que también implica que conscientemente declinó de perseguir el pago individual de las cuotas, resultado del todo caprichoso y arbitrario que habiendo ejercido la cláusula de aceleración, y estando ello en tramitación en sede civil, la recurrida ordene la retención de los montos. Es decir, la recurrida inicialmente priva al recurrente de seguir pagando sus cuotas como fue estipulado inicialmente, y luego, mientras exige el total por vía judicial, de forma paralela y por vías de hecho obtiene un pago parcelado y mensual semejante y superior a un pago en cuotas, a su conveniencia.

SEGUNDO: Que, informó doña Inés Riquelme Arao, abogada, en representación de la recurrido Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Antes, solicitando rechazar la presente acción.

Sostiene que, con fecha 15 de junio de 2021 otorgó al recurrente el crédito código N°010CON103046234, por la suma de $1.883.211.-, a una tasa de 1.59% en un plazo de 48 meses, con una cuota de $60.359.-, cuyo primer vencimiento fue el 31 de agosto de 2021, donde la primera cuota más el interés penal se pagó a través de descuento en a remuneración de abril, mientras que, las cuotas del mes de septiembre de 2021 a marzo de 2024, se encuentra en mora. Las cuotas restantes se encuentran con fecha de vencimiento 30 de abril de 2024 al 31 de julio de 2025.

Asimismo, con fecha 16 de marzo de 2021, refiere habérsele entregado al recurrente otro crédito, N°209CON100000438, por la suma de $10.129.749.-, a una tasa de 1.1% en un plazo de 60 meses, con una cuota de $240.289.-, cuyo primer vencimiento fue el 30 de junio de 2021, donde las primeras dos cuotas se pagaron regularmente en el plazo establecido y la cuota del mes de agosto de 2021, más el interés penal, se pagó a través del descuento en la remuneración de abril de 2024. Las cuotas del mes de septiembre de 2021 a marzo de 2024, se encuentran en mora, las otras cuotas vencen el 30 de abril del año en curso al 31 de mayo de 2026.

Luego, señala que si bien es cierto la recurrida inició una demanda en contra del recurrente, esto se debe a que el compendio de normas que regula a las Cajas de Compensación las obliga a iniciar el cobro del crédito social judicialmente dentro de 6 meses de mora.

Estima que en la especie nos encontramos frente a créditos plenamente vigentes, actualmente exigibles y cuyas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo con el mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

Acto seguido, precisa que el descuento por planilla tiene varias particularidades, tales como, se trata de un mecanismo especial de pago inherente al régimen de “crédito social”, otorgado por las cajas de compensación; se trata de un mecanismo que no depende de la voluntad o decisión de las cajas de compensación; la obligatoriedad del “descuento por planilla” recae sobre el empleador y precisamente por eso es que el sistema legal establece que se entiende que el trabajador paga el crédito al momento de aplicársele el descuento; el trabajador no puede oponerse ni negarse al “descuento por planilla; es técnica y fácticamente imposible que pueda sostener que el funcionamiento del “descuento por planilla” constituya una gestión de cobro por parte de Caja Los Antes, pues dicho mecanismo aplica y funciona aun en el evento de que la recurrida no haga nada o no lo desee, al corresponder a una obligación legal y reglamentaria para este especial tipo de “créditos sociales”.

Afirma que, la recurrida está efectuando el cobro, conforme al mecanismo dispuesto en la Ley N°18.833, de una deuda vigente, actualmente exigible y cuya prescripción no ha sido declarada, la cual emana de un contrato de mutuo de dinero celebrado entre su parte y el recurrente.

Indica que una C.C.A.F., sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como aquella que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que tienen plazos de prescripción diversos, la que no ha sido declarada a favor del recurrente de marras.

Señala que la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, de acuerdo al artículo 22 de la Ley 18.833. Así, mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de C.C.A.F, sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa.

A continuación, cita jurisprudencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, que rechaza recurso de protección, rol 2343-2023, de la misma naturaleza, al alegar un actuar arbitrario e ilegal de su representada por realizar supuestamente un doble cobro, sin embargo, se verifica que no existe por cuanto la demanda ejecutiva nunca fue notificada. En igual sentido cita diversa jurisprudencia de distintas nombre reservado de Apelaciones, como también de la Excelentísima Corte Suprema.

Por lo anterior, solicita se rechace el recurso de protección, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por su representada en relación con los hechos expuestos.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, para una acertada resolución, se debe tener presente que el artículo 22 de la Ley N°18.833, dispone expresamente que las deudas provenientes de prestaciones de créditos sociales otorgados a un trabajador afiliado a una Caja de Compensación, debe ser deducido de su remuneración por la entidad empleadora afiliada, reteniendo y remesando a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas reglas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. En consecuencia, las Cajas acreedoras pueden pagarse del crédito moroso, a través de la planilla de remuneración del afiliado.

Sin embargo, en este caso, la Caja de Compensación Los Andes, optó por judicializar el cobro de la obligación, en procedimiento seguido ante el Tercer Juzgado de Letras de esta ciudad, cuyo ingreso lo fue el 17 de marzo de 2022, despachándose en autos ejecutivos, el respectivo mandamiento de ejecución y embargo en contra del actor, cuyo título ejecutivo es el pagaré N°209CON100000438, suscrito por el actor, es decir, uno de los pagarés informados por el recurrido.

Sobre este proceso judicial, rol C-640-2022, seguido ante el Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta, es importante tener presente que, la demanda ejecutiva fue notificada con fecha 09 de abril de 2022, y el deudor fue requerido de pago con fecha 11 de abril de 2022, por lo que nos encontramos con un proceso válido, en que se encuentra correctamente trabada la Litis.

Asimismo, habiéndose ingresado los datos del actor en la página web del Poder Judicial, sección “consulta de causas”, es posible advertir que, la Caja recurrida optó por judicializar el cobro de la obligación, ante el Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de esta ciudad, al haber interpuesto demanda con fecha 17 de marzo de 2022, despachándose en autos ejecutivos, el respectivo mandamiento de ejecución y embargo en contra del actor, cuyo título ejecutivo es el pagaré N°010CON103046234, suscrito por el actor, vale decir, el otro crédito informado por la recurrida y que el actor omite en su presentación. Procedimiento que se sigue bajo el ROL C-641-2022, donde consta que la demanda igualmente fue notificada el 09 de abril de 2022, siendo el actor requerido de pago el 11 de abril de 2022, encontrándose trabada la litis.

SEXTO: Que entonces, tenemos que en autos, la recurrida ha iniciado el cobro judicial de las dos operaciones que refiere en su informe, a saber, crédito código N°010CON103046234 y crédito código N°209CON100000438, mediante la interposición de las respectivas demandas con fecha 17 de marzo de 2022, ambas notificadas el día 09 de abril de 2022, en las que el actor fue requerido de pago el día 11 del dicho mes y año. No obstante, la Caja recurrida continuó con los descuentos, según se aprecia de la liquidación de remuneraciones del actor acompañada en autos, correspondientes a los meses de abril y mayo del año en curso.

Conforme se ha referido, resulta evidente la arbitrariedad existente en el acto alegado, ya que, es la misma Caja de Compensación, quien, una vez elegida la vía judicial para el cobro de las operaciones de los créditos antes mencionados, quedó privada de ejercer el derecho consagrado en el artículo 22, significando ello, en la práctica de un cobro de su acreencia por dos vías independientes, implicando una merma considerable en los ingresos del actor, conculcando en consecuencia, el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En consecuencia, resulta arbitraria la medida de efectuar una cobranza por vía judicial, y posteriormente, proceder a los descuentos del crédito en la forma prevista en la norma antes señalada, haciendo de esta manera, uso abusivo de la facultad que la Ley le confiere a la Caja de Compensación.

SÉPTIMO: Que, asimismo, la Caja de Compensación recurrida, se encuentra obligada a dar noticia e información previa de sus determinaciones al afectado, tras el transcurso de un extenso tiempo entre la exigibilidad de la obligación y su cobro, y no actuar de improviso haciendo uso de una potestad unilateral consignada en la Ley N°18.833, de 26 de septiembre de 1989, que establece el Estatuto Legal para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.), más todavía cuando, como en la especie, se ha perseguido judicialmente el pago de la obligación en un proceso que se mantiene vigente.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don Manuel Valdebenito Ávalos, abogado, en representación de don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes, sólo en cuanto la recurrida se abstendrá de practicar el cobro del crédito social vía descuento de remuneraciones, respecto de las operaciones crédito código N°010CON103046234 y crédito código N°209CON100000438, de fecha 15 de junio de 2021 y 16 de marzo de 2021, respectivamente, debiendo reembolsar el monto indebidamente descontados de las liquidaciones del actor desde el mes abril del presente año.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1226-2024 (PROT)