nombre reservado con nombre reservado

Antofagasta, a veintiuno de junio de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

La comparecencia de Felipe Concha Téllez, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en nombre, favor y beneficio de nombre reservado, chilena, pensionada, cédula de identidad N°RUT reservado, y de nombre reservado, chileno, comerciante, cédula de identidad N°RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, pueblo y comuna de nombre reservado, quien interpone acción de protección en contra de la nombre reservado, representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, pueblo y comuna de nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente la aplicación de una sanción sin existir un procedimiento sancionatorio, lo que se traduce en la privación por un plazo de dos años de los legítimos derechos de los recurrentes al interior de la comunidad.

Informó la nombre reservado, solicitando el rechazo de recurso.

Asimismo, informó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la parte recurrente funda su acción señalando que los recurrentes son parte de la nombre reservado desde hace más de 20 años, y con fecha 7 de junio de 2020 se creó el grupo WhatsApp “Comunidad SPA oficial” en el contexto de la pandemia de Covid-19 con el objeto de ser el lugar de comunicación de los miembros de la comunidad durante la emergencia sanitaria.

Relata que con fecha 18 de agosto de 2021 en asamblea remota de la Comunidad, se discutió el protocolo interno respecto al uso de este grupo WhatsApp y con fecha 09 de septiembre de 2021 se envió un formulario de Google para su aprobación, protocolo que fue aprobado, y que cita.

Agrega que luego de la aprobación de este protocolo, se restringió el envío de mensajes por parte de los comuneros al grupo, siendo solo posible que los administradores, en este caso, los miembros del directorio de la Comunidad, estarían facultados para el envío de mensajes. Hace presente que el protocolo sólo es aplicable para el grupo “Comunidad SPA oficial”.

Indica que con fecha 11 de febrero de 2022 la señora nombre reservado crea un grupo de WhatsApp con el nombre “Económico comunidad SPA”, cuyo nombre sería cambiado a “Económico Atacama SPA” con fecha 6 de diciembre de 2023, y que la descripción de este grupo era entregar información relevante de los acontecimientos que suceden en la zona, es decir, se trataba de un grupo diferente al medio de comunicación oficial de la Comunidad, reflejado en el distinto nombre, descripción y composición del mismo, ya que formaban parte diversas personas de la zona, tanto miembros de la Comunidad como también personas ajenas, siendo los temas de discusión a su interior de gran amplitud.

Expone que, en asamblea de la Comunidad realizada durante el mes de abril de 2024, a instancias del directorio de la comunidad, se propuso sancionar a los recurrentes con la “pasividad” al interior de la Comunidad por un plazo dos años, lo que acarrearía la pérdida de todos los derechos y beneficios que percibían en su calidad de comuneros y adultos mayores, entre los cuales se encuentran:

1.- Derecho a postularse a cargos directivos;

2.- Derecho a votar en asamblea;

3.- Bono adulto mayor (mes por medio) ascendiente a $480.000.-. Beneficio que debía ser entregado durante el mes de mayo del presente año;

4.- Derecho a postular a proyectos de mejora habitacional. En este caso concreto, la pérdida de la adjudicación del proyecto de instalación de panel fotovoltaico que la recurrente nombre reservado había obtenido durante el año en curso;

5.- Acceso a fondos de apoyo de enfermedades adulto mayor; y 6.- Postulación a cualquier proyecto al interior de la comunidad.

Dice que el motivo tras la propuesta de aplicación de la sanción de “pasividad”, en el caso de nombre reservado, se funda en la participación en calidad de administradora del grupo WhatsApp denominado “Económico Atacama SPA” y la emisión de comentarios al interior del mismo; mientras que respecto del recurrente nombre reservado, fue la participación en dicho grupo y la emisión de comentarios al interior, ambos emitiendo opiniones sobre materias que no son resguardadas por deber de secreto o reserva de ningún tipo.

Señala que durante el desarrollo de la asamblea, la presidenta, nombre reservado, esgrimió que sería procedente la sanción ya que se estaría vulnerando el “Protocolo de uso de WhatsApp” al crear y participar emitiendo diversas opiniones sobre materias supuestamente reservadas, lo que se condice con la conclusión del informe evacuado por la “Comisión investigadora”, la cual fue creada al interior de la Comunidad con el sólo objeto de investigar el grupo de mensajería instantánea “Económico Atacama SPA”.

Añade que copia del informe de esta comisión fue enviado con posterioridad a la asamblea en que se propuso la posible sanción en contra de los recurrentes y el documento fue enviado con fecha 10 de abril al grupo de WhatsApp “Comunidad SPA oficial”, siendo este día en que la documentación “fundante” de la posible sanción obró en poder de los recurrentes para su estudio. Refieren que de esta “investigación” no fue posible extraer el raciocinio que los haría objeto de la sanción, ya que el documento se limita a compilar comentarios (capturas de pantalla) y la “conclusión” del mismo no dice nada de relevancia, no siendo un documento idóneo para aplicar una sanción.

Dice que en asamblea de la Comunidad de fecha 4 de mayo de 2024, se tuvo por aprobada el acta de la asamblea anterior, instancia en que la sanción propuesta en contra de los recurrentes entra en vigor, esto sin haber mediado ningún tipo de proceso en que hayan podido ejercer su derecho a defensa, fundando la sanción en la convicción errada de que es posible castigar la emisión de comentarios en las redes sociales de los recurrentes, los cuales fueron emitidos en el ejercicio legítimo de los derechos de libertad de expresión y libertad de reunión, siendo ésta la fecha en que se configura de manera efectiva la lesión a los derechos fundamentales cuya tutela se pretende obtener mediante esta acción.

Hace presente que en reiteradas oportunidades se solicitó a nombre reservado el envío de la notificación de la sanción impuesta ya que no existe un decálogo de conductas sancionables al interior de la Comunidad, y la notificación formal, los fundamentos de hecho y de derecho no ha sido efectuada, dejando a los recurrentes en un estado de incerteza jurídica respecto a dicha sanción.

Menciona que los estatutos vigentes de la Comunidad son de fecha 07 de abril de 2029, se establece en su artículo 40 la forma de resolución de conflictos, que está sometido a arbitraje de la respectiva Subdirección Nacional, Dirección Regional u Oficina de Asuntos Indígenas de la CONADI, siendo el procedimiento al interior de la Comunidad inexistente, no se describen conductas sancionables, tipos de sanciones, ni duración de estas, así como tampoco la posibilidad de los sancionados de hacer algún tipo de descargo.

Agrega que la “pasividad” es mencionada como sanción a la inasistencia a las asambleas de la Comunidad, no así para otro tipo de faltas.

Señala que con fecha 04 de mayo de 2024, durante la asamblea de dicho mes, se dio lugar a la aprobación del acta de la asamblea del mes de abril de 2024, privando de manera efectiva a los recurrentes de ser miembros activos de la Comunidad, perdiendo así el acceso a todos los derechos y beneficios.

En cuanto al derecho, menciona que los estatutos vigentes de la Comunidad cuenta con 42 artículos, no existiendo en ninguno de ellos un procedimiento sancionatorio, el artículo 22 letra b) sólo establece la posibilidad del Directorio de establecer sanciones, y el artículo 8 letra d) establece que son obligaciones de los mientras acatar los acuerdos de la Asamblea o del Directorio adoptados de conformidad a la ley, su reglamento y estatutos.

Sostiene que la aplicación de sanciones por parte de la Comunidad sin que previamente obre en parte de los sancionados la documentación necesaria y suficiente que justifique su procedencia, la falta de explicitación y acuerdo en asamblea en torno a las conductas sancionables, tipos de sanciones impuestas y la duración de las mismas, y que no exista la posibilidad de defensa por parte de los sancionados, vulnera abiertamente las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 números 3, 12 y 13, lo que hace que la aplicación de la sanción de pasividad sea arbitraria e ilegal.

Solicita se acoja el recurso adoptando las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, ordenando: 1.- se declare como arbitrario e legal el acto descrito, pues vulnera las garantías constitucionales mencionadas; 2.- que la recurrida mantenga todos los derechos y beneficios que les corresponden a los recurrentes en su calidad de comuneros activos; 3.- la restitución y pago de todas las sumas de dinero y otros beneficios que debieron recibir en el tiempo transcurrido desde la aplicación de la sanción y el fallo de la presente acción; y 4.- se condene en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que informó Felipe Ignacio Reyes Zaraza, abogado, en representación de la Comunidad Indígena nombre reservado, solicitando el rechazo del presente recurso, con costas.

Hace presente que la comunidad es una entidad compuesta íntegramente por miembros pertenecientes al pueblo originario atacameño, legalmente reconocido por el Estado de Chile, a través de lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N°19.253, quien permite constituir personas jurídicas con la finalidad de facilitar su actuación dentro del ordenamiento jurídico, reconocer su preexistencia y junto con ello, proteger su cultura y manifestaciones étnicas propias, así como proteger su conjunto de conocimientos, sus juicios, modos de vida y costumbres.

Agrega que el Estado de Chile con fecha 02 de octubre de 2008 promulgó el Decreto N°236 que “promulga el convenio N°169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la organización internacional del trabajo”.

En cuanto a los hechos del recurso, señala que efectivamente existía un grupo de la aplicación WhatsApp en el que participaban sólo personas pertenecientes a la Comunidad, el cual fue creado el 11 de febrero de 2022 bajo el nombre “Económico comunidad SPA” por la comunera nombre reservado, para que los comuneros pudieran ofrecer sus productos y servicios. Luego, con fecha 06 de diciembre de 2023 modifica el nombre a “Económico Atacama SPA”, y ese mismo día la recurrente nombre reservado elimina del grupo a nombre reservado y a Rosa Yanjari, presidenta y consejera, respectivamente, del directorio de la Comunidad.

Menciona que luego se modifican el ícono y descripción del grupo, desvirtuando el origen del chat, y en la descripción se señala que este medio de mensajería es para poder entregar información relevante de los acontecimientos que suceden en la zona, para posteriormente los recurrentes enviar una serie de documentos e información relacionada al conflicto que se suscitaba en aquella época, relacionado al eventual acuerdo tripartito entre el Consejo de Pueblos Atacameños, la empresa Codelco y SQM respecto a los proyectos de explotación del litio.

Así, dice que el grupo fue creado para promocionar actividades comerciales, pero luego las dirigentes fueron eliminadas del grupo por la propia recurrente, y se comenzó a agregar a miembros desconocidos y a ventilar asuntos internos de la Comunidad.

Indica que conforme al artículo 22 de los estatutos actualmente vigentes, es una facultad, atribución y deber del Directorio el interpretar sus estatutos y vigilar el cumplimiento de los mismos, estableciendo e imponiendo sanciones en su caso, y el Directorio, premunido de sus facultades, a través de su presidenta, decide someter a la decisión de la asamblea general la aplicación de una sanción en contra de los comuneros recurrentes, doña nombre reservado y don nombre reservado, siendo la asamblea el órgano máximo de resolución que define la procedencia de una sanción y en el caso de ser procedente, el tipo de sanción. Con fecha 06 de abril del año 2024, se realiza asamblea ordinaria de la comunidad indígena nombre reservado, en la que participa y se encuentra presente nombre reservado, recurrente de estos autos, quien participa de la discusión sobre los conflictos generados al interior de la comunidad a causa del grupo de WhatsApp mencionado, citando parte del extracto de la asamblea. Agrega que la aplicación de la sanción se sometió a votación a mano alzada y la opción de sancionar a los recurrentes obtuvo la mayor cantidad de votos, existiendo como antecedente que en otras ocasiones se ha sancionado por dos años, por lo que debía mantenerse ese criterio, además que también se sometió a votación el tipo de duración de la sanción, obteniendo mayor cantidad de votos la sanción por dos años.

Estima que no se trata de una decisión y acto arbitrario e ilegal, sino que el directorio propuso ante el órgano máximo de resolución de la Comunidad en conformidad a sus estatutos la posibilidad de sancionar a los recurrentes, siendo parte de la costumbre y uso habitual el acordar sus decisiones en conjunto con los comuneros a través de una asamblea general, además que la recurrente doña nombre reservado tuvo la oportunidad de señalar lo pertinente y emitir libremente su opinión en la asamblea.

Refiere que en los estatutos de la comunidad no se encuentra contemplado un proceso sancionatorio, pues no es práctica de los pueblos indígenas atacameños codificar sus delitos en un símil al Código Penal, sino que este se basa en saberes y usos de su pueblo, sin perjuicio de que los estatutos vigentes contemplan a la asamblea general como su órgano máximo resolutor.

En cuanto al artículo 40 de los estatutos, sostiene que el arbitraje de CONADI sólo procede en aquellos casos en que exista un conflicto entre los miembros del directorio y en el caso de conflictos entre los miembros de la comunidad, pero la norma sólo se circunscribe a conflictos que digan relación con los bienes comunes de la comunidad y cómo se relacionan con los derechos, obligaciones y usufructo de los miembros de ella, lo que debe ser interpretado de manera coherente con el artículo 42 que se refiere a la disolución de la comunidad.

Finalmente, respecto a la vulneración de las garantías fundamentales de libertad expresión y derecho a reunirse libremente, afirma que no se ha impedido el pleno ejercicio de aquellas porque la misma recurrente tuvo la libertad y el derecho a manifestar su opinión en la asamblea general, además que el derecho a libertad de reunión lo pueden ejercer cuando estimen pertinente, lo que es diferente a que se haya decidido aplicar una sanción.

TERCERO: Que informó al tenor del recurso nombre reservado, Jefa (S) de Oficina de Asuntos Indígenas CONADI nombre reservado, señalando que la nombre reservado se encuentra constituida legalmente desde el día 30 de octubre de 1994, se encuentra compuesta por 386 socios y 140 familias, la presidenta del directorio es nombre reservado, y los recurrentes aún mantienen la calidad de socio de la Comunidad, sin embargo pudieran respecto de ellos estar pendiente renovaciones no arribadas a la Unidad.

Expresa que las comunidades indígenas como personas jurídicas están regladas por sus respectivos estatutos, de acuerdo usos y costumbres propios de su etnia, incluso por reglamentos internos que la asamblea acuerde, en virtud de los principios de independencia, autodeterminación y autonomía consagrados en la Carta Magna, lo establecido sobre esta materia en la Ley N°19.253 sobre protección, fomento y desarrollo indígena y crea la COANDI, así como el Convenio N° 169 de 1989, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo, promulgado mediante Decreto Supremo N°236 de 2008 del Ministerio de Relaciones Exteriores, instrumentos que reconocen como principio rector LA AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS Y ASOCIACIONES INDÍGENAS, reflejados en otras leyes como lo establecido en el inciso segundo del artículo 2 de la Ley N°20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, la que previene que los órganos de la Administración del Estado garantizarán la plena autonomía de las asociaciones y no podrán adoptar medidas que interfieran en su vida interna.

Hace presente que los estatutos de las comunidades indígenas corresponden a la materialidad de la manifestación de voluntad de sus asociados, y por tanto cualquier inconveniente de interpretación de sus disposiciones, debe ser resuelto e interpretado por los mismos asociados, quienes obligaron su actuar a las disposiciones de este, agregando que el servicio no cuenta con los protocolos internos de las comunidades respecto a grupos de WhatsApp, ni el alcance de las sanciones respecto a infringir normativas de este.

Por último, respecto de la medida sancionatoria, informa que CONADI no lleva registro de beneficios sociales o ayudas económicas que realizan las comunidades a sus socios y otras personas o entidades, aportes que realizan en virtud del principio de independencia que tienen estas, y por sobre todo con recursos propios, no fiscales, y que de existir criterios o interpretaciones divergentes relacionadas a los estatutos, no corresponde que sea valorada por la Corporación, por escapar aquellas materias a la esfera de las atribuciones de CONADI.

CUARTO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, de conformidad a lo expuesto en el recurso, se desprende que el objeto de la presente acción radica en determinar la ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la recurrida, nombre reservado, consistente en la aplicación de una sanción a los recurrentes que radica en la “pasividad”, lo que se traduce en la privación por un plazo de dos años de los derechos de los recurrentes al interior de la Comunidad, decisión que habría sido tomada en contravención a los estatutos vigentes, vulnerando así las garantías constitucionales de los numerales 3, 12 y 13 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, conforme a lo expuesto por las partes, no ha sido controvertida la aplicación de esta sanción a los recurrentes, quienes son miembros de la Comunidad, decisión que fue adoptada en reunión ordinaria de fecha 06 de abril de 2024.

OCTAVO: Que, en primer término, conviene tener presente el marco normativo de la controversia de autos.

Respecto de la Constitución y organización de las comunidades indígenas, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N°19.253 que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que dispone: “La constitución de las Comunidades Indígenas será acordada en asamblea que se celebrará con la presencia del correspondiente notario, oficial del Registro Civil o Secretario Municipal.

En la Asamblea se aprobarán los estatutos de la organización y se elegirá su directiva. De los acuerdos referidos se levantará un acta, en la que se incluirá la nómina e individualización de los miembros de la Comunidad, mayores de edad, que concurrieron a la Asamblea constitutiva, y de los integrantes de sus respectivos grupos familiares. La Comunidad se entenderá constituida si concurre, a lo menos, un tercio de los indígenas mayores de edad con derecho a afiliarse a ella. Para el solo efecto de establecer el cumplimiento del quórum mínimo de constitución, y sin que ello implique afiliación obligatoria, se individualizará en el acta constitutiva a todos los indígenas que se encuentren en dicha situación. Con todo, se requerirá un mínimo de diez miembros mayores de edad.”.

Por su parte, con relación a la costumbre indígena, conviene tener presente lo dispuesto en el artículo 54, que establece: “La costumbre hecha valer en juicio entre indígenas pertenecientes a una misma etnia, constituirá derecho, siempre que no sea incompatible con la Constitución Política de la República (…)”.

Igualmente, en la especie resulta aplicable lo dispuesto en la Ley N°20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, la que en el artículo 4 establece: “A través de sus respectivos estatutos, las asociaciones deberán garantizar los derechos y deberes que tendrán sus asociados en materia de participación, elecciones y acceso a información del estado de cuentas, sin perjuicio de las demás estipulaciones que ellas consideren incluir.

La condición de asociado lleva consigo el deber de cumplir los estatutos y acuerdos válidamente adoptados por la asamblea y demás órganos de la asociación, tanto en relación con los aportes pecuniarios que correspondan, como a la participación en sus actividades.”

NOVENO: Que, en virtud de lo anterior, resulta necesario recurrir a la revisión de los estatutos de la Comunidad Indígena, cuyo artículo 22 establece las atribuciones y deberes del Directorio, disponiendo en su letra b): “disponer la citación a las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de miembros de conformidad a los presentes estatutos y vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los miembros de la Comunidad, estableciendo e imponiendo, en su caso, sanciones”.

En este sentido, de conformidad al artículo 8 de los estatutos, las obligaciones de los miembros de la Comunidad, en lo pertinente, son: “a) cumplir con todas las obligaciones que le impongan los presentes estatutos, la ley, así como los reglamentos aprobados en conformidad a ésta;

b) Cumplir con las obligaciones contraídas por la organización o por su intermedio; (…)

h) El no cumplimiento con las letras anteriores, los comuneros pasarán automáticamente a calidad de pasivos, o sea, perdiendo sus derechos, artículo 7.”

DÉCIMO: Que, de las normas precitadas, corresponde dilucidar si la participación de los recurrentes en el grupo WhatsApp denominado “Económico Atacama SPA” y la emisión de comentarios al interior del mismo, constituye una vulneración a las obligaciones contraídas por los miembros y que imponen los estatutos, la ley o los reglamentos aprobados de conformidad a la ley, o aquellas contraídas por la organización y su intermedio.

UNDÉCIMO: Que, al respecto, la recurrente acompaña documento denominado “Protocolo nombre reservado, respecto a grupo de WhatsApp”, que contiene 14 puntos y en el cual no consta fecha de emisión, quien lo efectuó, ni firma, así como tampoco el nombre del grupo WhatsApp respecto del cual se hace aplicable dicho protocolo.

En efecto, de la lectura del documento, se desprende que aquel regula someramente el ingreso, comportamiento y prohibiciones al interior de un grupo WhatsApp, indicándose únicamente en el punto 13.- que: “cualquier agresión a otro socio, será sancionada con la expulsión inmediata y definitiva del grupo.”

DUODÉCIMO: Que, constatado lo anterior, no puede considerarse que el actuar de los recurrentes en el grupo WhatsApp constituya una contravención a las obligaciones de los miembros de la Comunidad según se dejó asentado en el considerando Noveno precedente, por cuanto el protocolo singularizado no constituye una obligación impuesta por el estatuto, la ley o algún reglamento, así como tampoco se puede considerar una obligación contraída por la organización, toda vez que dicho documento no consta que emane de la Comunidad, no fue firmado por el Directorio, ni hace mención al grupo de WhatsApp que se aplicaría.

DÉCIMO TERCERO: Que, si bien la costumbre constituye una fuente de derecho especialmente reconocida para la justicia indígena, existiendo incluso norma legal expresa en el artículo 54 de la Ley N°19.253, es el propio legislador el que, en la misma norma, establece un límite a su aplicación, requiriendo su compatibilidad con la Constitución Política de la República. Así, alegándose por los recurrentes la vulneración de las garantías y derechos fundamentales amparados por el recurso de protección, la invocación de la costumbre indígena no reúne la aptitud necesaria para descartar la ilegalidad en el actuar de la recurrida.

Así, resultaba necesario, al menos, que la recurrida allegara a estos autos antecedentes que le permitieran demostrar la costumbre invocada, lo que no ha realizado, siendo patente la infracción a los estatutos de la comunidad, circunstancia de la que deviene la ilegalidad de la decisión adoptada, la que resolvió la sanción de “pasividad” de los recurrentes, miembros de la Comunidad.

DÉCIMO CUARTO: Que, en cuanto a la vulneración de las garantías constitucionales alegadas, se advierte que los recurrentes han sido sancionados por emitir opiniones y comentarios en el interior de un grupo WhatsApp, lo que vulnera la garantía de libertad de expresión establecida en el numeral 12 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, cuya sanción devino en la pérdida de beneficios que les correspondían en su calidad de miembros de la Comunidad.

DÉCIMO QUINTO: Que, de lo analizado en los considerandos precedentes, habiéndose constatado la ilegalidad en el actuar de la recurrida y la vulneración de la garantía constitucional señalada, corresponde acoger el presente arbitrio, según como se dirá.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por Felipe Concha Téllez, abogado, en representación de nombre reservado y de nombre reservado, en contra de la nombre reservado, dejándose sin efecto la sanción impuesta a los recurrentes, acordada mediante reunión ordinaria de fecha seis de abril de dos mil veinticuatro, debiendo hacer dicha Comunidad la restitución y pago de los beneficios que dejaron de percibir desde la aplicación de la sanción.

Acordado lo anterior con el voto en contra del Ministro sr. Juan Opazo Lagos, quien fue de parecer de rechazar el recurso en el entendido que la comunidad recurrida ha actuado democráticamente a través de su asamblea, forma de toma de decisiones de dichas comunidades desde tiempos inmemoriales, no afectando los límites de sus estatutos que contemplan expresamente la sanción aplicada, disponiendo que su aplicación se decide en la forma efectuada, siendo claro que la interpretación de los mismos queda entregada a los órganos de la misma comunidad, actuando en todo esto conforme a su autonomía y libre autodeterminación de los pueblos originarios, reconocida con rango constitucional a través del convenio 169 de la OIT, siendo improcedente otorgar interpretación distinta por esta vía y menos revisar el mérito adoptada por la comunidad conforme a los métodos aplicados conforma a la costumbre y sin exceder el marco de los estatutos que es el único límite que establece al respecto la Constitución y la ley.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1214-2024 (Protección)