nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE

Antofagasta, diez de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

La comparecencia de don nombre reservado, de nacionalidad boliviana, empleado, domiciliado en domicilio reservado, quien de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, deduce acción de protección de garantías constitucionales en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, por el acto que califica de arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la Resolución Exenta Código de trámite 75147508 de fecha 13 de abril de 2026, que no acogió a trámite su solicitud de residencia definitiva; vulnerando con ello las garantías establecidas en el artículo 19 N.º 2, 3 y 7 de la Carta Fundamental, solicitando a esta Corte adoptar las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

El Servicio recurrido opuso primeramente excepción de cosa juzgada rechazada de plano mediante resolución de folio 6 conforme sus propios argumentos. En cuanto al fondo, informó instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la parte recurrente funda su acción de protección señalando que ingresó regularmente al territorio nacional el 24 de enero de 2020 por el paso habilitado de Colchane, obteniendo durante el año 2021 una residencia temporaria.

Indica que, con el fin de establecerse definitivamente, presentó una solicitud de residencia definitiva el 8 de enero de 2022. Expone que, durante la espera de dicha resolución, se vio enfrentado a una causa penal ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta por el delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad causando daños sin haber obtenido licencia de conducir, bajo el RIT 8005-2023, por la cual fue condenado mediante sentencia de 8 de julio de 2024 a la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio y una multa de dos unidades tributarias mensuales, pena que cumple mediante el beneficio de remisión condicional con un control de firmas vigente hasta el 20 de mayo de 2026.

Señala que, mediante Resolución Exenta N.º 2500100183507 de fecha 9 de octubre de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones rechazó su solicitud de residencia definitiva y ordenó su abandono del país en el plazo de diez días, imponiéndole una prohibición de ingreso por veinte años. No obstante lo anterior, con fecha 22 de enero de 2026, el recurrente volvió a presentar una nueva solicitud de residencia definitiva, la cual fue declarada como no acogida a trámite el 13 de abril de 2026 mediante la resolución código de trámite 75147508, bajo el fundamento de registrar una medida de abandono vigente dictada en su contra, de acuerdo con lo estatuido en el artículo 50 inciso final del Reglamento de la Ley N.º 21.325.

Alega poseer un profundo arraigo familiar y laboral en Chile, habiendo celebrado un acuerdo de unión civil el 3 de noviembre de 2025 con su pareja de nacionalidad boliviana, quien posee residencia definitiva, además de desempeñarse como garzón con contrato de trabajo indefinido desde el año 2021; agregando que vive con su madre y padrastro quienes son su sustento económico en el país.

En cuanto al derecho, sostiene que el acto impugnado carece de motivación suficiente y vulnera sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso, libertad ambulatoria y el respeto y protección a la familia. Finaliza solicitando que se declare la ilegalidad y arbitrariedad del acto, se deje sin efecto la resolución de 13 de abril de 2026 y se ordene acoger a trámite su solicitud de residencia.

SEGUNDO: Que, informó la abogada doña María José Astudillo Vásquez en representación del Servicio Nacional de Migraciones, quien solicita el rechazo de la acción por no existir acto u omisión ilegal o arbitraria que vulnere las garantías fundamentales protegidas.

Sostiene que su actuación se ajusta estrictamente a la legalidad, precisando que el rechazo de la residencia definitiva original y la consecuente orden de abandono se fundaron válidamente en las causales de los artículos 32 N.º 6 y 88 N.º 2 de la Ley N.º 21.325, debido a que el extranjero fue condenado en Chile por la comisión de un ilícito penal. Agrega que la decisión adoptada en la resolución impugnada de no acoger a trámite la nueva solicitud de 22 de enero de 2026 es la aplicación obligatoria y directa de lo dispuesto en el artículo 50 inciso final del Decreto Supremo N.º 296, norma que prohíbe taxativamente admitir a trámite peticiones de residencia de extranjeros que cuenten con una medida de abandono vigente.

Añade que la referida medida de abandono es una consecuencia legal e imperativa ante el rechazo de un permiso migratorio fundamentado en derecho, concluyendo que la autoridad se ha ceñido rigurosamente a lo normado en la legislación especial migratoria, descartando cualquier actuar caprichoso o antojadizo.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la Ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que para la adecuada resolución del presente arbitrio resulta necesario asentar los siguientes hechos que no se encuentran controvertidos: a) El recurrente posee una condena penal en Chile por el delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad causando daños sin haber obtenido licencia de conducir, encontrándose actualmente en cumplimiento de pena bajo la modalidad de remisión condicional; b) Existe la Resolución Exenta N.º 2500100183507 de fecha 9 de octubre de 2025 que rechazó su solicitud previa de residencia y dispuso su abandono del país con una prohibición de ingreso por veinte años, acto que se encuentra firme tras el rechazo jurisdiccional del recurso de amparo deducido en su contra; c) La autoridad migratoria no acogió a trámite la nueva solicitud de residencia ingresada el 22 de enero de 2026, invocando de forma expresa la orden de abandono que se mantiene ineludiblemente vigente a su respecto.

SEXTO: Que, respecto de la legalidad del acto impugnado, el artículo 50 inciso final del Reglamento de la Ley N.º 21.325, aprobado mediante Decreto N.º 296, dispone de manera imperativa: “No se admitirán a trámite las solicitudes de residencia de extranjeros que (...) cuenten con una medida de abandono del país o de prohibición de ingreso vigentes”. En el caso de marras, el Servicio Nacional de Migraciones se limitó a dar estricto cumplimiento a dicha norma reglamentaria, constatando objetivamente que el señor nombre reservado se encuentra afecto a una orden de abandono y a una prohibición de ingreso válidas y plenamente eficaces, dictadas de conformidad a las potestades imperativas que otorgan los artículos 32 N.º 6 y 88 inciso final de la Ley N.º 21.325.

SÉPTIMO: Que, en lo referente a las alegaciones de arraigo familiar y laboral invocadas por el actor, si bien esta Corte reconoce plenamente la importancia y protección del núcleo familiar, tales circunstancias no eximen al extranjero de las consecuencias legales derivadas de la comisión de delitos en el país, ni otorgan la virtualidad de purgar la vigencia y obligatoriedad de la orden de abandono legítimamente dictada en su contra. Todo lo anterior se asienta sin perjuicio de la ponderación que la autoridad administrativa deberá efectuar respecto de estas concretas circunstancias de arraigo en el marco de un eventual procedimiento de expulsión, dando estricto cumplimiento al mandato dispuesto en el artículo 129 de la Ley N.º 21.325.

OCTAVO: Que, en consecuencia, no se advierte ilegalidad alguna en el proceder de la recurrida, por cuanto actuó dentro de la esfera de su competencia y en aplicación de normas vigentes que imponen el rechazo de plano a nuevas tramitaciones cuando existe una sanción migratoria previa no cumplida, encontrándose la resolución debidamente fundada. Tampoco se vislumbra arbitrariedad, pues la decisión de no acoger a trámite la solicitud no obedece al mero capricho, sino que corresponde a la consecuencia legal ineludible de la existencia de una orden de abandono vigente fundamentada en antecedentes fácticos objetivos, a saber, la existencia de una condena penal por un ilícito criminal, hecho que la ley migratoria contempla expresamente como causal suficiente para denegar la permanencia en el territorio nacional, descartándose así cualquier vulneración a la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N.º 2 de la Carta Fundamental.

NOVENO: Que, sin perjuicio de lo analizado previamente, en lo tocante a las alegaciones de vulneración al debido proceso y a la libertad ambulatoria, estas resultan improcedentes en esta sede. La primera de ellas, dada la expresa restricción consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental que ampara de manera exclusiva el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales previsto en el artículo 19 N.º 3 inciso quinto; y, la segunda, desde que el recurso de protección no es la vía idónea para tutelar el derecho a la libertad personal y seguridad individual, el cual cuenta con la acción especial de amparo contemplada en el artículo 21 de la Constitución Política de la República. Con todo, el análisis de vulneraciones en torno a dicha libertad, surgidas a partir de la resolución de abandono base, ya fue objeto de conocimiento y ulterior rechazo mediante sentencia recaída en el proceso Rol N.º 858-2025 de esta Corte Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1213-2026 (Protección)