Protección contra Fiscalía Regional de Antofagasta

Antofagasta, veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Comparece María Catalina Zuleta Álamos, abogada, en representación de nombre reservado, ambas domiciliadas en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Fiscalía Regional de Antofagasta, representada por su Fiscal Regional Juan Castro Bekios, abogado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por no dar lugar a la eliminación de los antecedentes de la investigación RUC 2000337974-5 y RUC 2000794509-5, de los registros SAF, en que figura como imputada, acto ilegal y arbitrario que vulnera sus derechos consagrados en el artículo 19 N° 1, 2 y 4 de la Constitución Política de la República, solicitando ordenar la eliminación de antecedentes del registro denominado Sistema de Apoyo de Fiscales, en que aparece en calidad de imputada en la investigación RUC 2000337974-5 y RUC 2000794509-5, ordenando todas las acciones necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, con expresa condena en costas.

Evacua informe la recurrida instando por el rechazo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda su recuso en que solicito a la recurrida la eliminación de los antecedentes de la investigación RUC 2000337974-5 y RUC 2000794509-5, de los registros SAF, en que figura como imputada la actora, toda vez que no existe norma en nuestro ordenamiento jurídico que autorice a mantener vigente un registro después de que se ha dictado sobreseimiento definitivo.

Indica que la actora fue sobreseída definitivamente en causa RIT 6410-2020, RUC 2000337974-5 del Juzgado de Garantía de Antofagasta, dictándose el sobreseimiento definitivo en fecha 22 de junio de 2023. Posteriormente fue requerida en procedimiento monitorio por falta al artículo 318 del Código Penal, situación que terminó con suspensión del procedimiento, dictándose con fecha 07 de octubre de 2022 el sobreseimiento definitivo.

Refiere que mediante Plataforma “Mi fiscalía en línea” se solicitó la eliminación de ambos registros bajo el argumento que; “De conformidad al artículo 37 bis de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, y además, conforme el artículo 17 letra d) de la Ley N°19.640. al Ministerio Público le son aplicables los artículos 20 y 21 de la Ley N°19.628 sobre Tratamiento de Datos Personales. Se requiere de la fiscalía regional de Antofagasta que eliminara de sus registros y sistemas informáticos la calidad de imputada de la Sra. nombre reservado, respecto a registro SAF”.

Señala que se recibió respuesta respecto de la solicitud de causa RUC 2000794509-5, que no dio lugar a la solicitud de eliminación de antecedentes , y en el entendido que es el criterio único de la Fiscalía Regional dicha respuesta ha de ser la misma para la solicitud de causa RUC 2000337974-5, respuesta que a la fecha sigue pendiente.

Alega que la negativa de la Fiscalía Regional de Antofagasta constituye una vulneración a las garantías y derechos constitucionales, desde que, no existe razón, necesidad jurídica ni lógica, para que su nombre siga figurando en los registros y sistemas informáticos del Ministerio Público como imputada en las causas RUC 2000337974-5 y RUC 2000794509-5, especialmente porque en ambas se dictó sobreseimiento definitivo y en ninguna de ellas tuvo la calidad de condenada.

Arguye que el registro SAF contiene información sobre datos personales de los ciudadanos, incluidos en un registro interno de carácter administrativo cuyo tratamiento se rige por el artículo 20 de la Ley N°19.628, en el cual se mantienen de forma indefinida cualquier antecedente de personas que se han visto envueltos en situaciones relacionadas con el sistema penal de justicia.

Sostiene que la Fiscalía se estructura por la Ley Orgánica Constitucional N°19640 y en el inciso cuarto del artículo 8° de dicha ley se regula la publicidad de sus “actos administrativos”. Sobre el particular, el artículo 227 del Código Procesal Penal, dispone la obligación de registro de las diligencias realizadas por el Ministerio Público en el contexto de su labor de investigación de ilícitos penales, sin embargo no tiene el alcance de disponer la mantención de un registro de datos personales de quienes hubiesen tenido la calidad de intervinientes, como lo es la calidad de “imputado” en los respectivos procesos, máxime si ha existido sobreseimiento definitivo.

Concluye que la propia ley penal señala un tiempo específico de duración de una pena y/o condena, y permite una vez cumplida está, eliminarla de todos los registros públicos, así como del registro de anotaciones prontuáriales, por lo que con mayor razón el Ministerio Público, debiese proceder a la eliminación de los registros que figuran en el Sistema de Apoyo a Fiscales, a fin de actuar en coherencia con la intención de proporcionar a cualquier persona, que alguna vez tuvo la calidad de imputado en una investigación que terminó con el sobreseimiento definitivo, de desarrollar una vida acorde con el respeto a sus garantías constitucionales y no permanecer esa información a perpetuidad.

Solicita ordenar la eliminación de antecedentes del registro denominado Sistema de Apoyo de Fiscales, en que aparece en calidad de imputada en la investigación RUC 2000337974-5 y RUC 2000794509-5, ordenando todas las acciones necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, todo con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que Juan Castro Bekios, abogado, Fiscal Regional de la Región de Antofagasta, informa solicitando el rechazo del presente recurso.

Expone que la información contenida en el Sistema de Apoyo a Fiscales (SAF) corresponde al registro de las actuaciones del Ministerio Público en las investigaciones que realiza por mandato constitucional. Naturalmente, el registro de las investigaciones incluye a las personas que se ven involucradas en ellas en cualquier condición, sea víctima, denunciante, imputado o testigo. Este corresponde a un registro interno, de carácter administrativo del Ministerio Público y, en ningún caso, a un registro abierto al público, existiendo diversas disposiciones legales que fundan, facultan y obligan a mantener los registros, conforme a los artículos 227 y 246 del Código Procesal Penal, por lo que ese deber de registro debe constar en alguna plataforma, la cual, para dar cumplimiento a este imperativo legal, corresponde al Sistema Informático de Apoyo a los Fiscales (SAF).

Indica que sobre la información contenida en el SAF, la Ley N°19,628 sobre Protección a la Vida Privada, contempla el tratamiento de datos personales, señalando en su artículo 2 que se entenderá por datos de carácter personal o datos personales “los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables”. Por su parte, en su artículo 20 dispone que “El tratamiento de datos personales por parte de un organismo público sólo podrá ejecutarse respecto de las materias de su competencia y con sujeción a las reglas precedentes. En estas condiciones, no se necesitará el consentimiento del titular.”

De esta manera, dada la naturaleza, funciones y facultades del órgano persecutor, concebido según se indica en el artículo 1 de su Ley Orgánica Constitucional como un organismo autónomo y jerarquizado, cuya función es dirigir de forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercer la acción penal pública en la forma prevista por la ley, no hay duda que los antecedentes y diligencias, recabados en las investigaciones penales, cuya información es esencial para el inicio, desarrollo y demás decisiones que son adoptadas por el Ministerio Público, son materias de competencia de esta Institución, incluyendo los datos sobre las personas involucradas contenidos en el SAF. En consecuencia, el artículo 20 de la Ley N°19.628 autoriza al Ministerio Público para tratar datos respecto de las materias de su competencia, sin necesidad del consentimiento del titular. Así, existe una disposición legal expresa que autoriza al Ministerio Público a hacer tratamiento de datos personales e impone, bajo esta misma lógica, en miras a la aplicación del principio de inocencia, un sistema que permite como su nombre lo indica, “apoyar” la labor de los fiscales a través de un sistema plenamente ajustado a derecho.

En el caso particular, el hecho que la actora tenga registrada la investigación penal RUC 200337974-5 y 2000794509-5, asociada a su persona, como se consigna en dicho sistema informático interno del Ministerio Público, en cuanto tuvo la calidad de imputada en ella, concluida la primera por sobreseimiento definitivo, y la segunda por un acuerdo reparatorio de fecha 14 de diciembre de 2020 y luego por sobreseimiento definitivo el 27 de marzo de 2023, no constituye vulneración alguna de las garantías constitucionales en general, ni en especial las garantías invocadas, menos aún si, por imperativo legal en los términos establecidos en el artículo 246 del Código Procesal Penal, se debe llevar registro de aquello. Aquello, ante la existencia de disposiciones legales expresas que autorizan al Ministerio Público a hacer tratamiento de datos personales, en contexto de investigaciones en materias que son de su competencia, dicho registro y proceder del Ministerio Público se encuentra plenamente ajustados a derecho.

Agrega que el artículo 21 de la Ley N°19.628 no se opone a lo anterior. Esta norma prohíbe la comunicación de datos sobre sanciones o condenas, pero en ningún caso ordena su eliminación, ni la eliminación de otros registros que no sean propiamente condenas o sanciones. Por otra parte, el artículo 37 bis de la Ley N°19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que crea el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, autoriza al Ministerio Público a mantener registro de sus investigaciones, y efectuar análisis a partir de ella, manteniendo una base de datos y hacer tratamiento de la información ahí reunida. Además, el artículo 11 de la Ley N°20.391, conocida como “Ley de Agenda Corta Anti-delincuencia”, publicada el 5 de julio de 2016, ordena crear un sistema compartido de información entre las instituciones vinculadas a la persecución penal, y a intercambiar, de conformidad con el artículo 20 de la Ley N°19.628, los datos personales de imputados y condenados.

Añade que el Decreto N°899, de fecha 1 de octubre de 2018, del Ministerio del Interior, que aprueba reglamento para el funcionamiento del banco unificado de datos del artículo 11 de la Ley N°20.931, viene a precisar la mantención y uso de los registros de las investigaciones que realiza el Ministerio Público y de incorporarlas al Banco Unificado de Datos (BUD). Así, las instituciones inyectan datos y se va creando un repositorio con la información histórica del sujeto, es decir, si una persona estuvo imputada y se le aplicó, alguna salida judicial o no, el BUD dará cuenta de ambas situaciones. En este contexto, cuando una persona pierde la condición de imputado, permanece en la base, señalándose que la investigación respecto a él terminó.

Concluye que el Ministerio Público está facultado legalmente para tratar y mantener los datos personales en las materias de su competencia, lo cual incluye la información asociada al recurrente, quien tuvo la calidad de imputado en la investigación penal RUC N°2000337974-5 y 2000794509-5, argumentos que han sido respaldados por nuestro máximo tribunal de justicia en la jurisprudencia más reciente.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que la recurrente solicita la eliminación de los antecedentes de los registros SAF del Ministerio Público en que figura como imputada respecto de las investigaciones seguidas en causas RUC 2000337974-5 y RUC 2000794509-5.

En este sentido, no existe discusión que en causa RUC N°2000337974-5 y N°2000794509-5, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 250 letra d) del Código Procesal Penal (“Cuando se hubiere extinguido la responsabilidad penal del imputado por algunos de los motivos establecidos en la ley”), se decretó el Sobreseimiento Definitivo de ambas causas.

SEXTO: Que a efectos de resolver es preciso determinar las facultades del Ministerio Público en cuanto a mantener en forma indefinida los datos de la actora en el denominado Sistema de Apoyo a Fiscales “SAF”.

En esta materia, sostiene el ente persecutor que el artículo 20 de la Ley N°19.628 autoriza al Ministerio Público para tratar datos personales respecto de las materias de su competencia, sin necesidad del consentimiento del titular. Así, el Sistema de Apoyo a Fiscales contiene información sobre datos personales de los ciudadanos, incluidos en un registro interno de carácter administrativo para los fines de investigación que le asignan la Constitución Política de la República y las leyes, destacando que es de uso interno y, en ningún caso, un registro abierto al público, existiendo diversas disposiciones legales que fundan, facultan y obligan a mantener los registros, conforme a los artículos 227 y 246 del Código Procesal Penal, por lo que ese deber de registro debe constar en alguna plataforma, la cual, para dar cumplimiento a este imperativo legal, corresponde al Sistema Informático de Apoyo a los Fiscales (SAF). Agrega que de acuerdo a lo estatuido en el artículo 37 bis de la Ley N°19.640, el Ministerio Público está obligado a mantener un registro de sus investigaciones y de los resultados de éstas, sin perjuicio de que el artículo 11 de la Ley N°20.931, dispone la formación de un sistema compartido de antecedentes entre las instituciones vinculadas a la persecución penal, tanto de condenados como de imputados.

SÉPTIMO: Que en este sentido, esta Corte adhiere al criterio jurisprudencial de la Excelentísima Corte Suprema, plasmado en causa Rol N°34.756-2021 de fecha 6 de septiembre de 2021, en cuanto dispone que; “Cuarto: Que, al respecto, cabe subrayar que el artículo 227 del Código Procesal Penal, aplicable en la especie, que se ubica en el párrafo 4°, intitulado “Registros de la investigación”, del Título I, llamado “Etapa de Investigación”, del Libro II dispone que “El ministerio público deberá dejar constancia de las actuaciones que realizare, tan pronto tuvieren lugar, utilizando al efecto cualquier medio que permitiere garantizar la fidelidad e integridad de la información, así como el acceso a la misma de aquellos que de acuerdo a la ley tuvieren derecho a exigirlo.

La constancia de cada actuación deberá consignar a lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar de realización, de los funcionarios y demás personas que hubieren intervenido y una breve relación de sus resultados“.

A su vez, el artículo 37 bis de la Ley N°19.640 prescribe, en lo que interesa, que: “Créase el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, en adelante ‘el Sistema’, para el fortalecimiento de la persecución penal, mediante la incorporación de estrategias de análisis e investigación sobre mercados delictuales u otras estructuras de criminalidad reconocibles.

El Sistema estará compuesto por unidades de análisis criminal y unidades de focos investigativos. Las unidades de análisis criminal, que formen parte del Sistema, tendrán las siguientes funciones:

a) Generar información mediante el análisis estratégico de los datos agregados provenientes de delitos contra la propiedad y, en general, de aquellos de mayor connotación social, calificados por el Fiscal Nacional, ya sea que su investigación se encuentre vigente o terminada.

b) Efectuar reportes de la información analizada sobre criminalidad regional, identificación de patrones comunes en ciertos tipos de delitos, reconocimiento de imputados y cualquier otro que se requiera en relación con un tipo de criminalidad específica.

c) Formular orientaciones y diseñar procedimientos estándares de gestión eficiente de la información que permitan el logro de los resultados propuestos por el Ministerio Público”.

Del tenor de las normas transcritas se colige que, si bien las obligaciones de registro y de análisis que en ellas se consagran dicen relación, en último término, con la labor de investigación de ilícitos penales que lleva a cabo el Ministerio Público, ellas no tienen, no obstante, el alcance que les atribuye el recurrido, esto es, el de disponer la mantención de un registro de datos personales de quienes hayan tenido la calidad de intervinientes o de imputados en los respectivos procesos.

Quinto: Que, en efecto, no existe norma legal que autorice la elaboración y mantención de un registro con las modalidades del denominado SAF, Sistema de Apoyo a los Fiscales, el que ha sido implementado en virtud de la potestad reglamentaria que al Fiscal Nacional asigna el artículo 17 letra d) de la Ley N°19.640 Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Así, y en uso de esta facultad, se dictó el Reglamento sobre procedimiento de custodia, almacenamiento y eliminación de registros, documentos y similares del Ministerio Público, cuerpo normativo reglamentario en el que se prevé la posibilidad de eliminación de datos de los registros que lleva el citado órgano persecutor, pero como una facultad, misma que, además, no alcanza a los antecedentes mantenidos en el SAF, de los que se predica que deben permanecer indefinidamente.

Sexto: Que, sin perjuicio de lo anterior, no es posible soslayar que no cabe sustraer al Ministerio Público de la normativa contenida en la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada, particularmente de lo consagrado en su Título IV que regula el tratamiento de datos por los organismos públicos, en cuyo artículo 20 se autoriza genéricamente a los órganos públicos para proceder al tratamiento de datos personales en la medida que ella se verifique en el ámbito de sus competencias “y con sujeción a las reglas precedentes”. Se añade que, de cumplirse estos parámetros, no es necesaria la autorización del titular.

Séptimo: Que, en este sentido, es relevante resaltar que el artículo 21 de la Ley N°19.628 regula la situación particular de los datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, estableciendo que no pueden ser comunicados una vez prescrita la acción penal o administrativa, o después de cumplida o prescrita la sanción o la pena, salvo que sean requeridos por los tribunales de justicia u otros órganos públicos en el ámbito de sus competencias.

Octavo: Que, en la especie, se trata de una causa concluida por sentencia condenatoria, respecto de la cual el citado artículo 21 establece la prohibición de comunicar los datos personales en los términos que dicha norma contempla, ya citados en el considerando anterior.

Noveno: Que, de lo expuesto, es posible inferir que, en este caso, los datos personales relativos a condenas -a cuyo respecto se hacen expresamente aplicables los artículos 5, 7, 11 y 18 de la Ley N°19.628, que versan sobre la obligación de reserva de sus contenidos-, son los que se han de mantener disponibles para el sólo evento de que los tribunales u otros órganos del Estado, actuando en el ámbito de su competencia y guardando, además, la debida reserva o secreto a su respecto, los soliciten, sin que se desprenda de las disposiciones comentadas más arriba algún fundamento que permita conservar, en el Sistema de Apoyo a los Fiscales, los datos vinculados con una causa cuya pena fue cumplida, como ocurre en autos, considerando que, al tenor de los antecedentes incorporados por el recurrente, es posible establecer que además fue favorecido con el beneficio que reconoce el Decreto Ley Nº409, de 1932, del Ministerio de Justicia, es decir, que se le considere como si nunca hubiere delinquido para todos los efectos legales y administrativos.

Décimo: Que, en las circunstancias antes descritas, y por no existir norma legal alguna que autorice la mantención indefinida en el Sistema de Apoyo a los Fiscales de los datos de la investigación que involucró al recurrente y que culminó en la forma precedentemente indicada, no cabe duda qué su conservación en las condiciones mencionadas en el fundamento que precede configura un acto ilegal y, además, arbitrario que lesiona el derecho a la honra y a la privacidad de quien acciona por esta vía, con lo que se vulnera, de consiguiente, la garantía constitucional contemplada en el N°4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, motivo que se estima bastante para acoger el presente recurso de protección.”

OCTAVO: Que en este orden de ideas, si bien el artículo 246 del Código Procesal Penal, dispone que; “El ministerio público llevará un registro en el cual dejará constancia de los casos en que se decretare la suspensión condicional del procedimiento o se aprobare un acuerdo reparatorio.

El registro tendrá por objeto verificar que el imputado cumpla las condiciones que el juez impusiere al disponer la suspensión condicional del procedimiento, o reúna los requisitos necesarios para acogerse, en su caso, a una nueva suspensión condicional o acuerdo reparatorio.

El registro será reservado, sin perjuicio del derecho de la víctima de conocer la información relativa al imputado.”

Aquello no habilita, en ningún caso, a mantener el registro en forma indefinida, considerando además que respecto de ambas causas se decretó el sobreseimiento definitivo por haberse extinguido la responsabilidad penal, en virtud del artículo 250 letra d) del Código Procesal Penal.

NOVENO: Que, el ordenamiento jurídico actúa como un todo, y en estos casos no puedes soslayarse aquellas materias dispuestas en el Decreto Ley 409, en cuanto indica; “(…)Que, como un medio de levantar la moral del penado para que se esfuerce por obtener su mejoramiento por medio del estudio, del trabajo y de la disciplina, debe dársele la seguridad de que, una vez cumplida su condena y después de haber llenado ciertos requisitos, pasará a formar parte de la sociedad en las mismas condiciones que los demás miembros de ella y de que no quedará el menor recuerdo de su paso por la prisión; (…)”. De esta manera, si el legislador permite lo más, no se coligen argumentos legales que permitan mantener en forma indefinida los datos personales de la recurrente en el Sistema de Apoyo a Fiscales.

En consecuencia, existiendo una actuación ilegal y arbitraria de la recurrida al mantener en forma indefinida los datos personales de la actora en el Sistema de Apoyo a Fiscales asociado a las causas RUC 2000337974-5 y RUC 2000794509-5, el procedente acoger el presente recurso y ordenas su eliminación como se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, SIN COSTAS, el recurso de Protección interpuesto por María Catalina Zuleta Álamos, abogada, en representación de nombre reservado, en contra de la Fiscalía Regional de Antofagasta, en cuanto se dispone que el Fiscal Regional de Antofagasta deberá eliminar del Sistema de Apoyo a los Fiscales (SAF) los datos personales de la recurrente en su calidad de imputado en las investigaciones causas RUC 2000337974-5 y RUC 2000794509-5.

Regístrese y comuníquese Rol N°1212-2024 (Protección)