nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Antofagasta, a seis de junio de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

La comparecencia de doña Karina Ibarra Figueroa, abogada, en nombre y representación de doña nombre reservado, chilena, soltera, médico general, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, todo con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, quien dedujo recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, por cuanto con la dictación de la Resolución Exenta N°240220189802 del 17 de abril de 2024, dispuso de forma arbitraria e ilegal la suspensión de la emisión de licencias médicas, vulnerando las garantías consagradas en el artículo 19, numerales 24, 16, 4, 3 inciso 5 y 2 de la Constitución Política de la República, solicitando se restablezca el imperio del derecho, ordenando dejar sin efecto el bloqueo administrativo y suspensión de la facultad de emitir licencias médicas en cualquier plataforma electrónica o bien física, sea del sistema público o privado, disponiendo se habilite el sistema interno para la emisión de Licencias Médicas según la normativa vigente en la Ley N°20.585; además de dejar sin efecto la multa de 10 UTM cursada en su contra; ordenar a la COMPIN no realizar solicitudes de información a la recurrente fuera de lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N°20.585; condenando a la recurrida con costas.

Informó la recurrida, instando por el rechazo del arbitrio constitucional.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Funda la recurrente su acción, indicando se doctora general que ejerce su profesión de forma responsable y eficiente desde el año 2005 a la fecha, dedicándose especialmente al área de salud mental con una atención aproximada de 15 a 20 pacientes diarios.

Expone que, con fecha 01 de abril del año en curso recibió en su casilla de correo electrónico un mail por parte del Departamento de Fiscalización de la COMPIN de Antofagasta, en donde le solicitan antecedentes de 50 licencias médicas que habría emitido durante el año 2013, informe que debía evacuar dentro del plazo de 7 días corridos. Que, debido a la carga laboral diaria, además de la gran cantidad de información que debía recopilar, conjugado con el reducido plazo otorgado para evacuar lo solicitado, es que no alcanzó a recopilar toda la información, logrando acompañar 34 informes.

Posteriormente, con fecha 09 de abril de 2024 nuevamente recibió un correo electrónico en donde le concedieron un nuevo plazo de 7 días corridos para rellenar los antecedentes faltantes, solicitud que cumplió a cabalidad acompañando en el portal del COMPIN los 50 informes médicos, fichas clínicas y las boletas de atención de todo y cada uno de los pacientes.

Agrega que, el día 23 de abril de 2024 en circunstancias que intentó emitir una licencia médica, recibió un mensaje de IMED el cual indicaba que se encontraba bloqueada para hacerlo, por incumplimiento del requerimiento según la Resolución Exenta N°240220189802, respecto de la cual niega haber sido notificada. Y, que tras varios intentos para obtener dicha resolución, recién el día 25 de abril de 2024 obtuvo respuesta a través de correo electrónico en que se le adjuntó dicha resolución, instante en el cual, tomó conocimiento de la sanción por supuestamente no haber acompañado los antecedentes solicitados por la COMPIN en el procedimiento de fiscalización.

Precisa que, la resolución Exenta N°240220189802 de fecha 17 de abril de 2024, la sancionó con una multa de 10 UTM a beneficio fiscal, con la suspensión de la facultad de emitir licencias médicas y la venta de talonarios de licencias médicas por un plazo de 15 días a contar del 23 de abril de 2024, por no haber presentado, reiteradamente, la solicitud de antecedentes por las licencias médicas individualizadas, aún cuando, envió la documentación solicitada dentro de plazo conforme al modelo indicado por la COMPIN, pero que de forma arbitraria, algunos fueron validados y otros no. Que, todas las boletas solicitadas fueron válidamente emitidas a través de la página del Servicio de Impuestos Internos y subidas a la plataforma de la COMPIN.

Reitera que, todos los informes cumplen con la información requerida por la recurrida, en los formatos por ella dispuestos, además de remitir ficha clínica de cada paciente junto a la copia del bono y/o boleta de atención médica correspondiente según el caso, todo dentro de plazo previamente establecido por la COMPIN al efecto, negando incumplimiento, y mucho menos que el mismo haya sido reiterado, pero que a pesar de ello, de forma arbitraria e ilegal se aplicó la sanción, estimando que la misma es del todo improcedente.

En cuanto al derecho, se remite al artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como también a los artículos 1 y 2 de la Ley N°20585, a fin de desarrollar aquellas garantías fundamentales que alega conculcadas con la dictación de la resolución exenta recurrida, pues es enfática en afirmar que dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo de la citada ley, remitiendo los antecedentes o informes complementarios como lo serían las fichas médicas.

Junto con lo anterior, alega que el acto administrativo recurrido carece de motivación, por cuanto la actora no tuvo la oportunidad de controvertir los cargos formulados, ni tampoco la oportunidad de controvertir el hecho de que realmente las fichas médicas si cumplían con lo establecido en el Decreto N°41 de 2012, faltando así al principio de suficiencia y legalidad consagrado constitucionalmente.

Que en la especie, se tiene por parte de la recurrida una sanción, contenida en una resolución, manifestando que las fichas médicas presentadas no cumplen los requisitos, pasando a dar mención de las normas infringidas, tales como el artículo 2 de la Ley N°20.585 y el Decreto 41 de 2012, lo que la recurrente no se explica, por cuanto asevera que la ficha médica cumple con los requisitos del referido decreto, sin que la misma resolución profundice cuales serían los criterios que no se cumplen.

Reclama además, la falta de notificación de la resolución impugnada, dejando a la recurrente sin la posibilidad de ejercer las acciones previstas en la vía administrativa. Falta de notificación que determina un trámite fundamental del proceso ya que tiene por objeto que el inculpado pueda ejercer de manera oportuna las acciones que el ordenamiento establece a su favor, afectando de dicha manera la garantía constitucional del N°3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, informó doña nombre reservado, Presidente de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de Antofagasta, instando por el rechazo del recurso.

En primer lugar, señala que en el año 2012 se publicó la Ley N°20.585 del Ministerio de Salud sobre Otorgamiento y Uso de Licencias Médicas, estableciendo regulaciones que permitan asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección al cotizante y beneficiarios de las Instituciones de Salud Previsional y del Fondo Nacional de Salud, mediante la aplicación de medidas de control y fiscalización, y de sanciones respecto de las conductas fraudulentas, ilegales o abusivas relacionadas con dicho instrumento. Que, dicha norma en su artículo 2° otorgó facultadas a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez para fiscalizar a los prestadores que emiten licencias médicas, desarrollando el Departamento de COMPIN Nacional, en uso de sus facultades, un proceso normado y estandarizado para la aplicación del mencionado artículo 2°. Procedimiento conforme al cual, se establecen criterios considerados riesgosos en aquellos profesionales emisores que puedan presentar entre otros comportamientos, emitir 1600 licencias por año móvil, 400 licencias médicas en un trimestre o 133 licencias médicas al mes, incluyendo licencias medidas emitidas para Fonasa e Isapre.

En dicho sentido, indica que la profesional recurrente de autos, doña nombre reservado, registró la emisión de un total de 5.612 licencias médicas en 1 año móvil, correspondiente al período del 28 de marzo de 2023 al 27 de marzo de 2024, por lo que cumple con el criterio considerado riesgoso, razón por la cual, se determinó iniciar un proceso de fiscalización, el que actualmente y en el marco de la Ley N°20.585, se realiza a través de la Plataforma MIDAS del Ministerio de Salud habilitada para tales efectos en el sitio web que indica; sistema diseñado para supervisar y controlar el uso de licencias médicas por parte de los prestadores, asegurando que se utilicen de manera adecuada y en línea con la normativa, donde el prestador es notificado mediante correo electrónico que figura ingresado por éste en los registros de los operadores de licencias médicas I-MED y MEDIPASS, con el detalle de la solicitud de antecedentes e informes complementarios. Plataforma que además, posee un manual de usuario como guía para verificar e incorporar los antecedentes que le están siendo solicitados al prestador.

Bajo dicho contexto, sostiene la recurrida que de la revisión de las licencias médicas Fonasa emitidas por la actora, se logró evidencias que ésta emitió un total de 5.612 licencias médicas en el período del 28 de marzo de 2013 al 27 de marzo de 2024, razón por la cual se dispuso efectuar un procedimiento de fiscalización en el marco de la Ley N°20.585, creándose el Expediente folio N°2402201898, considerando 50 licencias médicas a fiscalizar, solicitándole a la recurrente con fecha 01 de abril de 2024 a la casilla electrónica que indica, antecedentes al respecto, los que conforme al procedimiento la profesional contaba con 7 días corridos para incorporar los mismos en el sitio web respectivo.

Añada que, no habiéndose presentado los antecedentes solicitados en forma por parte de la profesional en el plazo establecido, con fecha 09 de abril de 2024 se le envió una reiteración de solicitud de antecedentes mediante ordinario N°24020189801 a través de correo electrónico, contando así con otros 7 días corridos para aportar los antecedentes solicitados por cada una de las 50 licencias médicas fiscalizadas.

Luego, habiendo transcurrido el plazo legal otorgado de 14 días en total, y tras la revisión de los antecedentes aportados por la profesional, la recurrida concluyó que ésta no presentó los antecedentes requeridos en forma, verificándose ciertas observaciones, dando cumplimiento a los informes médicos de cada paciente, así como de los bonos o boletas de atención de cada paciente, más no respecto de las fichas clínicas al no cumplir lo establecido en el Decreto N°41 de 2012 del Ministerio de Salud. Y, que si bien la recurrente adjuntó los antecedentes dentro de los 14 días en total que tenía como plazo, específicamente no cumplió con adjuntar la ficha clínica de cada paciente en los términos contenidos en el mencionado decreto, habiendo la COMPIN durante el proceso de fiscalización remitido mediante correo electrónico, el formato que no fue modificado por la profesional respecto de las fichas clínicas, las que carecían de datos completos del paciente, no se identificaba el número de ficha, ni se visualizaba un registro cronológico y fechado de todas las atenciones de salud recibidas.

Añade que, ante la no entrega de la totalidad de los antecedentes requeridos, se configura la hipótesis dispuesta en el inciso 2° de la Ley N°20.585, que faculta a la recurrida par sancionar al profesional con multas a beneficio fiscal de hasta 10 UTM, además de suspender tanto la venta de formularias de licencias médicas, como la facultad para emitirlas hasta por 15 días, emitiéndose con fecha 17 de abril del año en curso la Resolución Exenta N°240220189802, mediante la cual se aplicó a la recurrente una multa a beneficio fiscal de 10 UTM, que debía ser pagada en la Tesorería General de la República dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la fecha de notificación respectiva. Asimismo, se le suspendió la facultad para emitir licencias médicas por un plazo de 15 días, a contar del día 23 de abril del año en curso. Y, que incluso a pesar de la sanción, no proporcionó los antecedentes requeridos por la COMPIN respecto de la información de las 50 licencias médicas, por lo que, con fecha 09 de mayo del año en curso, se emitió una nueva Resolución Exenta N°240220189803 que renovó la sanción de suspender la facultad de emitir licencias médicas y la venta de talonarios de licencias médicas, por un plazo de 15 días renovables, a contar de la fecha antes indicada, enfatizando que, en la misma resolución se le informó que una vez proporcionados los antecedentes requeridos, la Comisión podrá poner término a la suspensión.

Hace presente que, las notificaciones de sanción fueron emitidas a la recurrente por carta certificada al domicilio consignado en el sistema de tramitación de licencias médicas de domicilio reservado, domicilio establecido por la misma profesional al emitir las licencias médicas fiscalizadas, destacando que los correos electrónicos a los que se aluden en el recurso son generados automáticamente desde la plataforma MIDAS, más no son remitidos por la Unidad de Fiscalización de la COMPIN.

Igualmente, controvierte lo sostenido por la actora en su presentación, al indicar que la información a recopilar correspondía a licencias médicas emitidas hace casi 10 años atrás, puesto que las 50 licencias médicas fiscalizadas corresponden al período entre el 28 de marzo de 2023 al 27 de marzo de 2024. Asimismo, la recurrida dice desconocer si en contra de las resoluciones exentas emitidas la recurrente efectuó reclamación ante la Superintendencia de Seguridad Social.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, fluye de los antecedentes aportados al proceso que con fecha 17 de abril de 2024 se dictó la resolución impugnada, Resolución Exenta N°240220189802, que aplicó a la recurrente una multa a beneficio fiscal de 10 Unidades Tributarias Mensuales y la suspensión de la facultad de emitir licencias médicas y la venta de talonarios de licencias médicas, por un plazo de 15 días a contar del 23 de abril del año en curso, por no haber presentado, reiteradamente, la solicitud de antecedentes por las licencias médicas individualizadas en la misma resolución. Asimismo, consta en dicha resolución la posibilidad de la actora a fin de reclamar sobre la sanción impuesta ante la Superintendencia de Seguridad Social, dentro de cinco días hábiles, contados desde su notificación.

Que, tal como lo reconoce la propia recurrente, esta tomó conocimiento del proceso de fiscalización mediante correo electrónico el día 01 de abril del año en curso a través del ordinario N°2402201898, documento del cual se desprende la solicitud en el marco de la Ley N°20.585, de remitir antecedentes e informes complementarios que respalden las licencias médicas que indica, correspondientes al período fiscalizado, a saber, 28 de marzo del año 2023 al 27 de marzo del año 2024, donde la profesional médico emitió según los registros de la COMPIN Antofagasta, un total de 5.612 licencias médicas, otorgándose al efecto 7 días corridos, los que posteriormente fueron prorrogados por otros 7 días más, indicándose de manera expresa que, el no cumplimiento de lo solicitado en los términos exigidos por la recurrida, daría lugar a la imposición de una multa de hasta 10 UTM, junto con la posibilidad de suspender la facultad de emitir licencias médicas.

Cabe dejar establecido además, que si bien la Resolución Exenta impugnada fue remitida a través de carta certificada al domicilio que la actora tenía registrado en Fonasa, el mismo no indicaba comuna o región a la que pertenecía, razón por la cual, dicha carta fue devuelta al no contener toda la información para la entrega correspondiente. Sin perjuicio de aquello, el día 25 de abril del presente, y tal como lo reconocen ambas partes, la recurrida envió correo electrónico a la casilla correo reservado, adjuntando la resolución impugnada que impuso la sanción pecuniaria y de suspensión antes mencionadas, por lo que desde ya, se despeja toda duda acerca de la falta de emplazamiento y/o notificación alegada.

SEXTO: Que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Antofagasta, en uso de sus facultades legales impuso a la recurrente la medida prevista en la segunda parte del inciso segundo del artículo 2 de la Ley N°20.585, por cuanto la profesional médico no proporcionó oportunamente toda la información que le fue requerida ni tampoco en la forma que se le indicó, particularmente, no dio cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto N°41 de 2012 del Ministerio de Salud, ya que las fichas clínicas incorporadas o remitidas por la paciente mantenía datos incompletos del paciente, no se identificaba el número de ficha del paciente ni su fecha de creación, así como tampoco se visualizaba un registro cronológico y fechado de todas las atenciones de salud recibidas, en circunstancias que, según el ordinario que requirió tal documentación, se adjunto incluso en el anexo 1, un modelo de informe médico.

Dicha actuación se conforma con las instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social en la Circular N°3480 de 17 de diciembre de 2019, que imparte instrucciones a los operadores con relación al bloqueo en el Sistema de Licencia Médica Electrónica a profesionales emisores sancionados en virtud de la Ley N°20.585 con la suspensión de la facultad de emitir licencias médicas y/o con la suspensión de la venta de formularios de licencias médicas.

Cabe señalar que la recurrente, dentro de los parámetros que se dan a conocer por la recurrida, ha emitido un número muy alto de licencias médicas en el período de un año, 5.612 licencias médicas, por lo que es absolutamente esperable que el órgano estatal recurrido fiscalice este tipo de conductas, solicitando los antecedentes que sean pertinentes, como es el caso y, ante la negativa, demora o envío defectuoso de los mismos, aplique las sanciones correspondientes, lo que ha ocurrido en el caso de marras, según se extrae de los antecedentes aportados.

SÉPTIMO: Que, de esta forma, los actos administrativos respecto de los cuales se recurre por ser arbitrarios e ilegales han sido dictados dentro del marco de facultades legales otorgadas al Servicio recurrido, a través de la Ley N°20.585, así como los procedimientos administrativos internos y regulares dictaminados por el Ministerio de Salud, sin que en este caso exista una decisión caprichosa y ajena al ordenamiento jurídico. En consecuencia, la actuación de la recurrida no merece reproche, por cuanto se ha enmarcado en las facultades que le confiere la ley a la recurrida y para los fines previstos en ella.

OCTAVO: Que, por lo razonado y con los antecedentes que se han allegado, no puede estimarse abusiva o arbitraria la actuación que se reclama, por cuanto la recurrida hace uso de una herramienta que insta al fiscalizado a cumplir con la entrega de la información requerida y que se encuentra expresamente prevista por la ley para el caso de que se trata. Máxime cuando, hasta la fecha en que la recurrida evacuó su respectivo informe se ha mantenido la suspensión de su facultad de emitir licencias médicas, por un plazo de 15 días renovables, a contar del 9 de mayo del año en curso, mientras no incorpore en la plataforma destinada al efecto, la totalidad de los antecedentes y en los términos solicitados.

NOVENO: Que, por las consideraciones expuestas, el recurso deducido no podrá prosperar, por no existir un acto arbitrario o ilegal en el actuar de la recurrida, no configurándose los presupuestos básicos que justifiquen la intervención de esta Corte para brindar protección constitucional.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña Karina Ibarra Figueroa, abogada, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1211-2024 (PROT)