Protección contra CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACION FAMILIAR LOS ANDES

Antofagasta, a diecinueve de febrero de dos mil dieciocho.

VISTOS:

nombre reservado, ingeniero en control de gestión, domiciliado en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACION FAMILIAR LOS ANDES, representada legalmente por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por considerar vulnerados los derechos fundamentales consagrados en los numerales 3, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política, por el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida.

Informó por la recurrida el abogado Jorge Cerda Godoy, solicitando el rechazo de la acción constitucional.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que fundando la acción, sostiene que en diciembre el año 2004, obtuvo un crédito social por la suma $1.000.000, pagadero en 48 cuotas y cuyo primer vencimiento se fijó para el día 31 de enero de 2005, considerando como modalidad de pago el descuento por planilla de remuneraciones con el empleador a esa época, obligación que cumplió hasta la cuota N°17, con vencimiento el 31 de mayo de 2006. Sin embargo, al cambiar de empleador, suspendió el pago del crédito, lo que motivó la interposición de una demanda ejecutiva, seguida ante el 9º Juzgado Civil de Santiago, Rol 4082-2007, que finalmente fue archivada al frustrarse la notificación, lo que importa a juicio del recurrente, que no se produjera la interrupción de la prescripción extintiva. Por otra parte, el año siguiente, el 07 de abril de 2005, se constituyó en avalista solidario de un segundo crédito que la recurrida entregó a un tercero, pactado en 60 cuotas con primer vencimiento el 31 de mayo de 2005, que también fue incumplida, constituyéndose en mora desde la cuota N°29, con vencimiento el 30 de septiembre de 2007.

Explica que desde Enero de 2008, se desempeña como trabajador dependiente de la Universidad de Antofagasta, sin embargo, a partir del mes de Enero de 2017 a la fecha, dicho empleador realiza descuentos de sus remuneraciones por concepto de créditos sociales, por la suma de $238.213, lo que ha significado descuentos hasta el mes de enero de este año, por $3.096.769, sin que su empleador cuente con el consentimiento del recurrente para efectuar dichos descuentos, infringiendo, según estima, el derecho de propiedad sobre tales remuneraciones y la protección de las mismas, contenidas en el Código del Trabajo.

Indica que requerida la Universidad, informó que el descuento se produjo a virtud de instrucciones impartidas por la recurrida, sin que existiera consentimiento previo o autorización formal de su parte y su empleador para realizarlos, respecto de una deuda que esta prescrita.

Sobre las garantías fundamentales vulneradas, apunta en primer término, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, dado que sin fundamento legal está en una situación desmejorada respecto de otros deudores cuyas acreencias han de exigirse mediante acciones ante tribunales ordinarios, cuestión que las recurrida han obviado, presuntamente amparadas en una norma de la ley de cajas de compensación, todo con la finalidad de proceder al cobro, citando jurisprudencia al efecto. En segundo lugar, se afectaría el derecho de propiedad, la libertad contractual y las normas de protección de las remuneraciones, en razón que el propio Código del Trabajo establece que solo con acuerdo escrito entre empleador y el trabajador, podrán deducirse de las remuneraciones sumas o porcentajes, destinados a pagos de cualquier naturaleza, destacando el dominio que tiene sobre tales remuneraciones, y en ese carácter amparables por la acción impetrada. Finalmente, también resultaría afectado, según expresa, el derecho a la libre contratación y libre elección de trabajo con una justa retribución, sin ahondar sobre ello.

A modo de suma, solicita la restitución de todas las sumas descontadas, con los intereses y reajustes que correspondan, ordenan a la Universidad o cualquier otro empleador que tenga o tuviera en el futuro, abstenerse de realizar descuentos de sus remuneraciones, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que informó por la recurrida el abogado Jorge Cerda Godoy, solicitando el rechazo de la acción constitucional.

Refiere que efectivamente en diciembre de 2004, otorgó un crédito al recurrido por la suma de $1.000.000 pagaderos en 48 cuotas mensuales, recibiendo el pago de las siete primeras cuotas del entonces empleador Sonda Servicios Profesionales S.A. Luego, con fecha 4 de octubre de 2005, recibió el pago de la cuota de los meses de agosto a diciembre de 2005, más un abono en la cuota del mes de enero de 2006, por $ 2.318, que correspondía a la N° 13.

En relación a su actual empleador, Universidad de Antofagasta, ésta enteró la cantidad de $646.566, registrado como pago de la diferencia de cuotas de enero de 2016, y las sucesivas hasta diciembre de 2006, más un interés penal de $ 281.510. En ese contexto, la deuda al 29 de Enero de 2018, ascendería a $1.330.251, compuesto por las cuotas de los meses de enero de 2007 a diciembre de 2008, por $ 734.943, interés penal por $ 551.219, y un gasto de cobranza por $ 44.089.

Por otra parte, también reconoce la calidad de aval solidario en el crédito de un tercero, pagadero en 60 cuotas mensuales, que según sus registros, enteró cotizaciones como afiliado trabajador de la empresa Sonda Servicios Profesionales S.A., hasta el 30 de septiembre de 2007, en tanto, el recurrente, actualmente se vincula laboralmente con la Universidad de Antofagasta, desarrollando en detalle los descuentos realizados contra el recurrente por sus empleadores, registrando al día de hoy un saldo adeudado de $3.437.272, compuesto por las cuota morosas desde noviembre de 2008 a a abril de 2010 por $1.899.045, interés penal por $1.424.284.-, y un gasto de cobranza por $113.943.- Como cuestión previa, alega la extemporaneidad del recurso, en tanto el primer descuento se verificó en enero de 2017, estando en conocimiento del descuento desde esa fecha al reflejarse mensualmente en las remuneraciones. Expresa que las Cajas de Compensación, en la forma actual desempeñan funciones de carácter obligatorias y otras facultativas, entre las segundas, se encuentran aquellas prestaciones destinadas al bienestar social, como los bonos por fallecimiento, matrimonio, escolaridad, becas de estudio, convenios médicos y, en particular, los créditos sociales.

Destaca en relación al recurso, que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 dispone “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”. En consecuencia, los créditos otorgados por dichas entidades revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, pues a diferencia de otros préstamos de dinero, son otorgados por entidades de previsión social, cuyo carácter no deriva de la finalidad que el deudor le otorga o el tipo de instrumento que hayan suscrito las partes, sino de la naturaleza de la entidad que lo otorga. Por lo anterior, el procedimiento de descuentos ejercido se sustenta en un derecho contenido en la propia ley, que permiten cumplir su obligación legal de cautelar el fondo social que administra, siendo irrenunciable el ejercicio de dicha facultad.

Sobre la prescripción alegada en razón de la fecha de tales acreencias, simplemente sostiene que la misma debe ser alegada y ser declarada judicialmente, siendo en consecuencia plenamente exigible, descartando que el recurso de protección sea la vía idónea para tal declaración, como la afectación del derecho de propiedad, pues es la propia ley la que permite en calidad de acreedor, solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible de acuerdo al citado artículo 22 de la ley 18.833, negando asimismo, una afectación de la libertad de trabajo, en la forma propuesta por el recurrente.

TERCERO: Que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para hacer frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios, por los cuales una persona sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de derechos o garantías expresamente señalados, dentro de los cuales se incluye la igualdad ante la ley contenida en el numeral segundo del referido artículo 19 de la Carta Fundamental, la libertad de trabajo y su protección, como el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales e incorporales.

CUARTO: Que los hechos que se estiman vulneratorios, se circunscriben a los descuentos de remuneraciones practicados al recurrente desde el mes de enero de 2017 hasta la fecha. En concreto, tales descuentos son efectuados por su empleador a requerimiento de la recurrida, en razón de dos créditos denominados “sociales“ obtenidos durante los años 2004 y 2005, sobre los cuales no se discute su existencia.

Según se advierte, sea de manera directa o subsidiaria, tales créditos se encuentran en mora desde el año 2006 el primero y el 2007 el segundo, sin que la recurrente haya manifestado interés efectivo en el cobro de tales acreencias sino transcurridos 10 años desde que se hicieron exigibles. Desde luego, el hecho de haber intentado un juicio ejecutivo en el año 2007 no es óbice a entender la falta de interés en la ejecución si ni siquiera fue notificada o requerida de pago en su oportunidad, no obstante haber tenido el recurrente un trabajo dependiente ante el mismo empleador al cual hoy comunicó el año 2017, que retuviera parte de sus remuneraciones por créditos hace más de 10 años en mora.

QUINTO: Que en ese sentido, tal como lo ha resuelto la Corte Suprema, en causa Rol N° 68.700-2016, el obrar de la recurrida resulta caprichoso e injustificado, al revivir y forzar unilateralmente un mecanismo de cobro que esta solo dispuesto por la ley para el cobro oportuno de tales acreencias, y no respecto de aquellas sobre las cuales no ha manifestado interés efectivo en su prosecución, resultando el procedimiento arbitrario y carente de fundamento legal.

Sin perjuicio de la arbitrariedad e ilegalidad del mecanismo de cobro, lo cierto es que aquellas cuotas ya descontadas de sus remuneraciones hasta la fecha, al menos en lo sustancial, se configuran como obligaciones naturales que facultan la retención de lo recibido o pagado en su favor, siendo en consecuencia, a partir de la fecha de esta sentencia injustificado la prosecución de su cobro, debiendo a efectos de tornar eficaz el presente arbitrio, comunicar lo resuelto a la Universidad de Antofagasta a fin de abstenerse, en lo sucesivo, de efectuar descuentos de las remuneraciones del recurrente de tales créditos.

Finalmente, el hecho de continuar los descuentos actualmente, permite descartar la falta de oportunidad del recurso, en tanto, la afectación del derecho de propiedad sobre las remuneraciones -que hoy se estima vulnerado- se verifica en cada uno de los descuentos de tales créditos.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, con costas, el recurso deducido por nombre reservado en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACION FAMILIAR LOS ANDES, debiendo comunicarse por la vía más expedita a la Universidad de Antofagasta en tanto agente retenedor, de abstenerse de descontar y retener aquellas cuotas de créditos en contra del trabajador nombre reservado a favor de la recurrida.

Regístrese y comuníquese.

ROL 121-2018 (PROT)