Protección contra MINISTERIO DEL INTERIOR

Antofagasta, cuatro de junio de dos mil veintiséis. VISTOS: La comparecencia de doña Bárbara Luz Cardozo Carruyo, abogada, en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra del MINISTERIO DEL INTERIOR, por la dictación del Decreto Exento N.º NUM000 de fecha 09 de marzo de 2026 que rechaza su solicitud de carta de nacionalización, estimando vulnerada la garantía constitucional establecida en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando a esta Corte de Apelaciones adopte las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho. Informo la cartera recurrida instando por el rechazo del recurso. Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, la parte recurrente funda su acción constitucional denunciando la vulneración de sus derechos producto de un acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en la dictación del Decreto Exento N.º NUM000 de fecha 09 de marzo de 2026, notificado con fecha 20 de abril de 2026, mediante el cual el Ministerio del Interior rechaza su solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización. Señala en cuanto a los hechos que ingresó al país el 30 de enero de 2018, cumpliendo con la normativa vigente y obteniendo su residencia definitiva mediante Resolución Exenta N.º NUM001 de fecha 15 de diciembre de 2021. Agrega que, durante su estadía, ha ejercido ininterrumpidamente como médico cirujano en el Servicio de Salud de Antofagasta, que aprobó el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina, que cuenta con la especialidad en Obstetricia y Ginecología certificada por la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas, y que ha obtenido calificaciones de excelencia en su desempeño funcionario. Sin embargo, tras solicitar la carta de nacionalización el 30 de abril de 2024, la autoridad fundamentó su rechazo en la existencia de supuestos antecedentes negativos consistentes en la causa RUC N.º 1910000546-0 del Juzgado de Garantía de Antofagasta, por el delito de lesiones graves, y una denuncia por cuasidelito de lesiones. Aclara que ambas referencias corresponden a un mismo hecho clínico del año 2018, cuya investigación penal se encuentra archivada definitivamente desde el 24 de marzo de 2021, sin que existiera formalización, acusación ni condena en su contra. En cuanto al derecho, alega que la decisión es arbitraria e ilegal, ya que la recurrente no registra condenas en Chile ni en su país de origen. Sostiene que la autoridad fundamenta el decreto en una investigación penal concluida, contraviniendo el artículo 86 de la Ley N.º 21.325, norma que exige expresamente una sentencia condenatoria por crímenes o simples delitos para configurar un impedimento. Arguye que este actuar vulnera la presunción de inocencia al erigir una mera denuncia archivada en un antecedente negativo permanente, y transgrede la igualdad ante la ley dispuesta en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al someterla a un trato discriminatorio respecto a otros solicitantes en análogas circunstancias. Por las razones expuestas, solicita declarar ilegal y arbitrario el acto, dejando sin efecto el Decreto Exento N.º NUM000, retrotrayendo el procedimiento para que se emita un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho, prescindiendo de los antecedentes carentes de valor penal, con expresa condena en costas. SEGUNDO: Que, informó don Diego Esteban Valenzuela Esparza, abogado, en representación del Ministerio del Interior, solicitando el rechazo total de la acción de protección deducida en todas sus partes. Funda su defensa señalando que la dictación del Decreto Exento N.º NUM000 se enmarca en las facultades privativas y discrecionales de dicha Cartera de Estado. Argumenta que el otorgamiento de la carta de nacionalización constituye una concesión constitucional otorgada por una gracia del Estado, de acuerdo con lo prescrito en los artículos 1 y 2 del Decreto Supremo N.º 5.142 de 1960 y en la Ley N.º 16.436, requiriendo la evaluación del mérito de quien la solicita. Afirma que el ejercicio de dicha potestad es eminentemente discrecional y que la autoridad posee un margen de apreciación para analizar las solicitudes, no estando obligada a acceder a estas si estima que los antecedentes del peticionario, tales como la investigación por lesiones graves y el cuasidelito de lesiones cometidos por funcionarios de la salud, quebrantan bienes jurídicos de seguridad pública e individual y aconsejan no conceder la nacionalización. Descarta la transgresión a las garantías alegadas, advirtiendo que el hecho de que la causa penal haya terminado por archivo no impide a la autoridad valorar dichos antecedentes de forma negativa en el ejercicio de su facultad privativa. Añade que el acto se encuentra debidamente fundamentado en informes de la Policía de Investigaciones y que no priva a la recurrente de su nacionalidad de origen, actuando la Administración con estricto sometimiento a la Constitución y la ley. TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados. En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la Ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente. QUINTO: Que, en la especie, la controversia sometida al conocimiento y resolución de esta Corte radica en determinar si el Decreto Exento N.º NUM000 de fecha 09 de marzo de 2026 emitido por el Ministerio del Interior, mediante el cual se rechaza la solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización de la recurrente basándose en la existencia de un antecedente negativo consistente en una investigación penal archivada y sin condena, constituye un acto ilegal o arbitrario. Corresponde, consecuentemente, dilucidar si la negativa administrativa para conceder la nacionalidad pretendida en el marco de sus facultades discrecionales vulnera, priva o perturba la garantía fundamental de igualdad ante la ley invocada por la actora, para establecer si resulta procedente o no la adopción de las medidas cautelares tendientes al restablecimiento del imperio del derecho. SEXTO: Que, para resolver adecuadamente el conflicto propuesto, se debe tener presente el marco normativo que rige el procedimiento de concesión de la nacionalidad chilena. Conforme a lo estatuido en el numeral 3 del artículo 10 de la Constitución Política de la República, y en el artículo 84 de la Ley N.º 21.325 de Migración y Extranjería, la tramitación y otorgamiento de la carta de nacionalización se rige por el Decreto Supremo N.º 5.142 de 1960. De las disposiciones de este último cuerpo legal se desprende que el otorgamiento de la referida carta reviste la naturaleza de una concesión graciable, conferida de manera potestativa y discrecional por parte del Presidente de la República, a través de la autoridad recurrida, a aquellos extranjeros que reúnan el mérito suficiente para ello. SÉPTIMO: Que, establecido el carácter discrecional de la facultad conferida a la Administración, corresponde analizar la razonabilidad y fundamentación del acto reprochado. El Decreto Exento N.º NUM000 expresa como motivación basal el registro de antecedentes negativos informados por los organismos técnicos pertinentes, referidos a la causa RUC N.º 1910000546-0 seguida en contra de la ciudadana extranjera en calidad de imputada por el delito de lesiones graves y la denuncia por cuasidelito de lesiones. En este sentido, no se advierte que la autoridad haya actuado de manera inmotivada o caprichosa; por el contrario, la decisión se sustenta lógicamente en la evaluación del mérito y probidad exigibles a quien aspira a integrarse a la comunidad nacional, encontrando pleno amparo en la ponderación que recoge el artículo 8 del Decreto Supremo N.º 5.142 de 1960. OCTAVO: Que, desde la perspectiva de la legalidad, debe rechazarse la alegación de la actora en orden a una supuesta infracción al principio de presunción de inocencia y a la garantía de igualdad ante la ley, resultando necesario distinguir la naturaleza del procedimiento punitivo de la evaluación del mérito para el otorgamiento de un beneficio administrativo de gracia. La Administración, al denegar la carta de nacionalización, no impone una pena ni formula un juicio de reproche criminal anticipado en contra de la solicitante, sino que se limita a ponderar antecedentes objetivos que tornan desaconsejable la concesión del beneficio. Si bien el artículo 86 de la Ley N.º 21.325 establece impedimentos absolutos ligados a condenas, ello no inhibe la potestad discrecional general del Estado para rechazar solicitudes amparadas en otros factores negativos relevantes que obsten al mérito exigido por la normativa migratoria, cumpliendo cabalmente con la carga de fundamentación que exigen los artículos 11 y 41 de la Ley N.º 19.880. NOVENO: Que, finalmente, la decisión de la recurrida no afecta el estatus migratorio regular de la actora ni importa la privación de derechos adquiridos. La recurrente mantiene inalterable su nacionalidad de origen y su calidad de residente con permiso de permanencia definitiva vigente en el país. Por su parte, la supuesta vulneración al numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República queda desvirtuada, por cuanto no se ha acreditado la existencia de un trato discriminatorio, desigual o persecutorio en su perjuicio frente a sujetos en análogas condiciones procesales, no constituyendo la resolución administrativa una amenaza o privación que legitime la adopción de las excepcionales providencias de resguardo solicitadas en estos autos cautelares. Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por la abogada doña Bárbara Luz Cardozo Carruyo en favor de doña nombre reservado, en contra del MINISTERIO DEL INTERIOR. Regístrese y comuníquese.

Rol 1208-2026 (Protección)