nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN Y ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

Antofagasta, a veinticinco de junio de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

La comparecencia de don Benjamín Alonso Rodríguez Serrano, abogado, en representación de don nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, quien dedujo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación y Asignación Familiar Los nombre reservado, RUT RUT reservado, representada legalmente don nombre reservado, Gerente General, debido al acto ilegal y arbitrario que vulnera su garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, solicitando a esta Corte de Apelaciones que ordene a la recurrida cesar de todo tipo de retención o descuento en la remuneración del recurrente y, restituirle, reajustados, los descuentos efectuados, así como también los que puedan llegar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción, con costas.

Informó la recurrida, instando por el rechazo del arbitrio constitucional.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Funda el recurrente su acción, señalando que con fecha 16 de agosto de 2023, la recurrida interpuso demanda ejecutiva, la que se encuentra actualmente en tramitación, y donde se despachó y notificó un mandamiento por la suma de $6.733.353.-, en causa ROL C-3723-2023 ante el 4° Juzgado de Letras en lo Civil de esta ciudad.

Agrega que, el crédito demandado proviene de un pagaré signado por el recurrente en el que se compromete al pago en 48 cuotas de un crédito por $9.793.989.-, identificado bajo el “código de crédito: 003CON102962600”, respecto del cual, por los vaivenes de la economía del actor no pudo pagar.

Alega que, a pesar de ser manifiesta la voluntad de la recurrida de valerse de la vía ejecutiva para acceder al cobro del crédito, con fecha 26 de abril del año en curso, el actor en su lugar de trabajo se enteró de retenciones hechas a su sueldo por instrucciones de la recurrida a su empleador, consignándose específicamente en su liquidación de sueldo los descuentos que indica, a saber, “Crédito Personal Caja Los Andes Cuota 17/48 $304.635.-“ y “Crédito Personal Caja Los Andes Cuota 15/36 $50.396.-“.

Que, lo antes descrito, y tal como lo han manifestado de manera contundente las Cortes del país, constituye una vulneración al derecho a la propiedad puesto que el recurrido elige, de manera caprichosa o arbitraria, acogerse al régimen especial de cobro para los créditos sociales, en circunstancias que, ya había optado por el régimen de cobro vía juicio ejecutivo.

SEGUNDO: Que, informó doña Inés Riquelme Arao, abogada, en representación de la recurrido Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Antes, solicitando rechazar la presente acción.

Sostiene que, con fecha 23 de julio de 2021 otorgó al recurrente el crédito código N°003CON102962600, por la suma de $9.793.989.-, a una tasa de 1.1% en un plazo de 48 meses, con una cuota de $272.198.-, cuyo primer vencimiento fue el 31 de diciembre de 2021. Que, las cuotas 1 a 15 se pagaron regularmente en el plazo establecido, mientras que, la cuota N°16, más el interés penal se pagó el 10 de mayo de 2024. Y, que desde la cuota N°17 a N°29 se encuentran en situación de morosidad, mientras que las restantes cuotas se encuentran con fecha de vencimiento desde el 21 de mayo de 2024 al 30 de noviembre de 2025.

Asimismo, indica que con fecha 30 de diciembre de 2021 se otorgó al recurrente otro crédito, N°08DIG100084839, por la suma de $1.082.664.-, a una tasa de 1.85% en un plazo de 36 meses, con una cuota de $41.982.-, cuyo primer vencimiento fue el 28 de febrero de 2022. Que, las cuotas 1 a 13 se pagaron regularmente en el plazo establecido, mientras que, la cuota N°14, más el interés penal se pagó el 10 de mayo de 2024. Y, que desde la cuota N°15 a N°27 se encuentran en situación de morosidad, mientras que las restantes cuotas se encuentran con fecha de vencimiento desde el 21 de mayo de 2024 al 31 de enero de 2025.

Estima que en la especie nos encontramos frente a créditos plenamente vigentes, actualmente exigibles y cuyas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo con el mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

Acto seguido, precisa que el descuento por planilla tiene varias particularidades, tales como, se trata de un mecanismo especial de pago inherente al régimen de “crédito social”, otorgado por las cajas de compensación; se trata de un mecanismo que no depende de la voluntad o decisión de las cajas de compensación; la obligatoriedad del “descuento por planilla” recae sobre el empleador y precisamente por eso es que el sistema legal establece que se entiende que el trabajador paga el crédito al momento de aplicársele el descuento; el trabajador no puede oponerse ni negarse al “descuento por planilla; es técnica y fácticamente imposible que pueda sostener que el funcionamiento del “descuento por planilla” constituya una gestión de cobro por parte de Caja Los Andes, pues dicho mecanismo aplica y funciona aun en el evento de que la recurrida no haga nada o no lo desee, al corresponder a una obligación legal y reglamentaria para este especial tipo de “créditos sociales”.

Afirma que, la recurrida está efectuando el cobro, conforme al mecanismo dispuesto en la Ley N°18.833, de una deuda vigente, actualmente exigible y cuya prescripción no ha sido declarada, la cual emana de un contrato de mutuo de dinero celebrado entre su parte y el recurrente.

Indica que una C.C.A.F., sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como aquella que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que tienen plazos de prescripción diversos, la que no ha sido declarada a favor del recurrente de marras.

Señala que la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, de acuerdo al artículo 22 de la Ley 18.833. Así, mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de C.C.A.F, sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa.

A continuación, cita jurisprudencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, que rechaza recurso de protección, rol 2343-2023, de la misma naturaleza, al alegar un actuar arbitrario e ilegal de su representada por realizar supuestamente un doble cobro, sin embargo, se verifica que no existe por cuanto la demanda ejecutiva nunca fue notificada. En igual sentido cita diversa jurisprudencia de distintas Cortes de Apelaciones, como también de la Excelentísima Corte Suprema.

Por lo anterior, solicita se rechace el recurso de protección, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por su representada en relación con los hechos expuestos.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, para una acertada resolución, se debe tener presente que el artículo 22 de la Ley N°18.833, dispone expresamente que las deudas provenientes de prestaciones de créditos sociales otorgados a un trabajador afiliado a una Caja de Compensación, debe ser deducido de su remuneración por la entidad empleadora afiliada, reteniendo y remesando a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas reglas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. En consecuencia, las Cajas acreedoras pueden pagarse del crédito moroso, a través de la planilla de remuneración del afiliado.

Sin embargo, en este caso, y en particular respecto al pagaré N°003CON102962600, la Caja de Compensación Los Andes, optó por judicializar el cobro de la obligación, en procedimiento seguido ante el Cuarto Juzgado de Letras de esta ciudad, cuyo ingreso lo fue el 16 de agosto de 2023, despachándose en autos ejecutivos, el respectivo mandamiento de ejecución y embargo en contra del actor, cuyo título ejecutivo es justamente el mencionado pagaré, suscrito por el actor, y que coincide con uno de los pagarés informados por la recurrida.

Sobre este proceso judicial, seguido en dicho tribunal bajo el ROL C-3723-2023, es importante tener presente que, la demanda ejecutiva fue notificada con fecha 11 de septiembre de 2023, y que el deudor fue requerido de pago con fecha 12 de septiembre de 2023, por lo que nos encontramos con un proceso válido, en que se encuentra correctamente trabada la Litis.

SEXTO: Que, la recurrida al evacuar su informe, indicó además, haber otorgado otro crédito al actor, el que individualiza bajo el código 208DIG100084839, lo que logró acreditar en base al documento denominado “INFORMACIÓN DE CRÉDITOS PERSONALES”, emitido con fecha 10 de junio del año en curso, donde consta información relativa precisamente al crédito singularizado precedentemente, cuyo capital inicial ascendía a la suma de $1.028.664.

En dicho contexto, no habiendo señalado la parte recurrente la existencia de otra demanda dirigida en su contra para efectos de exigir compulsivamente el pago de la obligación contenida en dicho pagaré, es que se accedió al sitio web del Poder Judicial, sección “consulta de causas”, cuya búsqueda no arrojó la existencia de alguna otra causa distinta a la indicada en la motivación anterior, siendo posible determinar y establecer que actualmente no hay un doble cobro de este crédito social, por cuanto como se dijo, ninguna demanda interpuesta consta al efecto, descartándose desde ya, la existencia de cualquier acto ilegal o arbitrario a su respecto en relación al cobro de dicho crédito.

SÉPTIMO: Que entonces, tenemos que en autos, la recurrida ha iniciado el cobro judicial sólo de una, de las dos operaciones que refiere en su informe, a saber, crédito código N°003CON102962600, mediante la interposición de la demanda con fecha 16 de agosto de 2023, notificada el día 11 de septiembre de 2023, en la que el actor fue requerido de pago el día 12 del dicho mes y año. No obstante, la Caja recurrida continuó con los descuentos, según se aprecia de la liquidación de remuneraciones del actor acompañada en autos, correspondiente al mes de abril del año en curso.

Conforme se ha referido, resulta evidente la arbitrariedad existente en el acto descrito, ya que, es la misma Caja de Compensación, quien, una vez elegida la vía judicial para el cobro de la operación del crédito antes mencionado, quedó privada de ejercer el derecho consagrado en el artículo 22, significando ello, en la práctica de un cobro de su acreencia por dos vías independientes, implicando una merma considerable en los ingresos del actor, conculcando en consecuencia, el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En consecuencia, resulta arbitraria la medida de efectuar una cobranza por vía judicial, y posteriormente, proceder a los descuentos del crédito en la forma prevista en la norma antes señalada, haciendo de esta manera, uso abusivo de la facultad que la Ley le confiere a la Caja de Compensación.

OCTAVO: Que, asimismo, la Caja de Compensación recurrida, se encuentra obligada a dar noticia e información previa de sus determinaciones al afectado, tras el transcurso de un extenso tiempo entre la exigibilidad de la obligación y su cobro, y no actuar de improviso haciendo uso de una potestad unilateral consignada en la Ley N°18.833, de 26 de septiembre de 1989, que establece el Estatuto Legal para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.), más todavía cuando, como en la especie, se ha perseguido judicialmente el pago de la obligación en un proceso que se mantiene vigente.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don Benjamín Alonso Rodríguez Serrano, abogado, en representación de don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes, sólo en cuanto la recurrida se abstendrá de practicar el cobro del crédito social vía descuento de remuneraciones, respecto de la operación crédito código N°003CON102962600, de fecha 23 de julio de 2021, debiendo reembolsar el monto indebidamente descontados de las liquidaciones del actor desde el mes abril del presente año.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1206-2024 (PROT)