nombre reservado con SOCIEDAD COMERCIAL VEGA CENTRAL LTDA

Antofagasta, a veintisiete de enero de dos mil veintidós.

VISTOS:

nombre reservado, chilena, en acuerdo de unión civil, trabajadora independiente, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, Región de Antofagasta, interpone recurso de protección en contra de Sociedad Comercial Vega Central Antofagasta Limitada, Rol Único Tributario número 88.648.800-9, representada por su directiva, que se encuentra integrada por las siguientes personas: a) Presidente, don nombre reservado, desconoce su cédula de identidad, b) Vicepresidente, don nombre reservado, desconoce su cédula nacional de identidad, c) Tesorero, don nombre reservado, desconoce su cédula nacional de identidad, d) Secretaria, doña JIMENA CRISTINA SANTIAGO, desconoce su cédula nacional de identidad, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, región de Antofagasta, por considerar vulneradas sus garantías fundamentales consagradas en la Constitución Política, por el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida.

Informó en representación de la recurrida nombre reservado, abogado de Inmobiliaria Nueva Vega Antofagasta Limitada.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que fundando su acción, indica que es arrendataria de Sociedad Comercial Nueva Vega Antofagasta Limitada y que se desempeña como feriante y comerciante de frutas y verduras en el local 8 del lugar, pagando a la recurrida la suma de $50.000 diarios por concepto de arriendo de dicho puesto. Indica que este contrato permanece vigente hace aproximadamente 2 años.

Hace presente que este trabajo es su único sustento económico para ella y su familia y a sus cuatro hijos, ya que su conviviente civil se encuentra privado de libertad sujeto a la medida de prisión preventiva por el delito de tráfico de drogas.

Siendo así las cosas, señala que con fecha aproximada 14 de diciembre de 2021, la recurrida le comunica que tenía que hacer abandono del local a más tardar el 31 de Diciembre de 2021, o que ellos mismos sacarían sus cosas de allí, sin dejarla volver a ingresar, indicando como fundamento la condición de interno en prisión preventiva de su conviviente por el delito de tráfico de drogas.

De tal manera, indica que el actuar de la recurrida es arbitrario puesto que se basa en su sola voluntad o capricho, ya que el fundamento por el que se da término al contrato es injustificado y que ella, quien es la titular del contrato, no ha sido imputada por ningún delito. Por otra parte, señala que su actuar es además ilegal, ya que no es una causal de término de la ley 18.101.- ni del Código Civil, y que la responsabilidad penal es personalísima, no debiendo ser alcanzada por los efectos del eventual hecho realizado por su conviviente.

La garantía que considera vulnerada, según indica, corresponde al artículo 19 número 3 de la Constitución Política de la República, en relación con el debido proceso, indicando que los recurridos pretenden ejercer la autotutela, obligándola a realizar abandono de su única fuente laboral. Así también, señala que han vulnerado su derecho de propiedad del número 24 del mismo artículo y el derecho a su integridad física y psicológica, establecido en el artículo 19 número 1 de la Carta Fundamental.

Solicita por tanto, que se ordene a la recurrida abstenerse de forzarme a desalojar el referido inmueble sin una orden o sentencia firme y ejecutoriada que así lo disponga y mediante los procedimientos que establezca la ley, y se adopte toda otra medida que S.S considere pertinente y ajustada a derecho, con expresa condenación en costas, sólo en el evento que exista oposición.

SEGUNDO: Evacuando el informe de rigor, don nombre reservado, abogado de la recurrida Inmobiliaria Nueva Vega Antofagasta Limitada señala que la sociedad tiene como objeto principal la administración del recinto denominado “Vega Central”, y que por ello se requiere desplegar diversas acciones de organización, lo que constituye en sí el proceso empresarial de la redistribución coherente de recursos humanos, físicos y tecnológicos. Para poder llevar a cabo estas funciones es que mi representada organiza cada sector, cada puesto, para que los vendedores puedan así ejercer sus labores de venta. De la misma manera, los vendedores deberán pagar un canon de arriendo diario por el uso del espacio designado y entregado por la administración para la labor del día, por ello considera que para todos los efectos legales, los comerciantes y locatarios, tienen la condición de clientes de la Inmobiliaria, en tanto ellos pagan derecho de acceso y/o arriendos para efectos de ingresar al recinto a comerciar sus mercaderías y productos.

Señala por tanto, que el contrato celebrado con los locatarios es de carácter mercantil y que a su vez, su labor cuenta con una dotación importante de empleados, a los cuales se ha obligado proteger, no solamente en virtud de la ley sino también porque posee la convicción de lograr generar un ambiente laboral adecuado para y por sus trabajadores. En ese sentido, se ha levantado como una especial preocupación de la comunidad de la Vega, elevar el estándar de seguridad dentro del recinto comercial. De esta forma, la Inmobiliaria se obligó con su comunidad a no tolerar la ocurrencia de delitos y a mejorar la seguridad del establecimiento.

De tal manera, señala que el origen de esta acción debe ser visto por un juez civil, en un procedimiento ordinario. Conforme a lo anterior es que se logra apreciar que el tema de fondo de este recurso constituye una afectación eminentemente patrimonial, mas no una afectación a los derechos establecidos en el artículo 20 de nuestra carta constitucional, haciendo improcedente la misma acción interpuesta, toda vez que los derechos alegados como infringidos no son indubitados.

Agrega que los hechos narrados en el recurso son falsos y que constituyen meras declaraciones por parte de la recurrente, ya que además no hay prueba que acredite su ocurrencia, solo los dichos de terceras personas que no participaron en la reunión en que se le indica a la recurrente que no renovará su espacio.

Por otra parte, indica que no se ve como los hechos denunciados puedan constituir una afectación a la integridad física y psíquica de la persona garantizado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República como ya se ha explicado, siendo un conflicto originado por diferencias en el marco de una relación consensual. Señala que la supuesta e inexistente “amenaza” de desalojo resulta no solo irrisoria a la luz de la forma como ha trabajado todos estos años su representada. Además, señala que la recurrente intenta obligar a su representada a otorgarle la postura sin tener ningún derecho a ello, si no utiliza esta herramienta constitucional para instrumentalizar el término de dicho vínculo, aplicando elementos emocionales que no existen TERCERO: Que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para hacer frente a acciones u omisiones ilegales o arbitrarios, de los cuales derive una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de derechos o garantías expresamente señalados en la misma norma.

CUARTO: Que el supuesto de la acción de protección se configura por la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, que en la especie y al tenor de las alegaciones, se circunscribe al aviso de término de contrato de arriendo por parte de la recurrida, fundado en la existencia de un hecho delictivo por parte del conviviente de la recurrente.

QUINTO: Que, sobre esa base, debe indicarse que no es hecho controvertido que las partes celebraron un contrato de arrendamiento respecto de un local ubicada en la denominada Vega de esta ciudad, desde hace al menos dos años como, asimismo, que la renta está fijada en la suma de $50.000 diarios.

Además, la recurrida reconoció en estrados que efectivamente informó a la recurrida que debería dejar el local, añadiendo que existe un contrato de arrendamiento entre las partes que se renueva día a día.

Consecuente con lo anterior, con independencia del plazo de duración del contrato de arrendamiento, las partes de esta causa se encuentra unidas por un contrato y, por lo mismo, no ha podido la recurrida dejarlo sin efecto unilateralmente, disponiendo el desalojo o desocupación del local pues, al obrar de ese modo, se ha transformado en una comisión especial que atenta contra la garantía del debido proceso, previstas en el artículo 19 N°3 de la Carta Fundamental, en la medida que dichas cuestiones solo pueden ser acordadas bilateralmente o bien declaradas por un tribunal, en el procedimiento que corresponda.

Así corresponde acoger la acción de protección.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE sin costas, el recurso interpuesto por doña nombre reservado, sólo en cuanto se dispone que la recurrida Inmobiliaria Nueva Vega Antofagasta Limitada deberá abstenerse de desalojar a la recurrente empleando para ello vías de hecho.

Regístrese y comuníquese.

ROL 12049-2021 (PROTECCIÓN)