nombre reservado con HOSPITAL DR. CARLOS CISTERNAS DE CALAMA

Antofagasta, a veinticuatro de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

La comparecencia de Ángel Miranda Ponce, abogado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de doña nombre reservado, funcionaria pública, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, e interpone Recurso de Protección en contra del Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama (en adelante HCC); por haber incurrido en actos u omisiones ilegales y arbitrarios que han vulnerado garantías constitucionales de la actora, al declarar vacante su cargo por supuesta salud incompatible, mediante la emisión de la Resolución TRA N°118292/6/2026, del Hospital Carlos Cisterna de Calama, y el Reservado N°225, año 2025, del Director(S) de la entidad aludida; solicitando se ordene dejar sin efecto la resolución TRA N°118292/6/2026, del Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama, y del Reservado N°225, año 2025, del Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama; ordenando el reintegro inmediato de la actora y el pago de las remuneraciones no percibidas desde la fecha de notificación del acto administrativo, o las medidas que se estimen necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho y asegurar la protección debida a la recurrente, con costas.

Atendido los hechos en que se basa el recurso se solicitó informe a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y al Servicio de Salud de Antofagasta, quienes lo evacuaron al tenor de lo solicitado, instando esta última por el rechazo del recurso.

El recurrido Hospital Doctor Carlos Cisternas de Calama, informó solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que se indica en la acción constitucional, que la actora se desempeñaba como funcionaria de contrata del Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama, con una antigüedad de 7 años en el servicio y durante su carrera profesional jamás presentó graves problemas de salud, ni licencias médicas extendidas, hasta el período 2023-2025, época en que su situación sanitaria comenzó a cambiar, lo que implicó que, por causas de fuerza mayor y totalmente ajenas a su voluntad, comenzara a ausentarse de su trabajo por el uso de licencias, acumulando más de seis meses de ellas en un lapso de dos años, por ello, mediante la Resolución TRA N°118292/6/2026 del Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama, se declaró que su salud era incompatible con el desempeño de su cargo, disponiéndose, en consecuencia, su cese de funciones por vacancia del mismo, resolución que le fue notificada con fecha 13 de abril del 2026, siendo cesada en su cargo y separada de sus funciones a contar de la notificación del acto, esto es, el 13 de abril de 2026, no habiendo sido reincorporada hasta la fecha, lo que implica la suspensión en el pago de sus remuneraciones y demás derechos funcionarios desde la fecha aludida y en lo sucesivo.

Explica que el acto administrativo de vacancia fue remitido a la Contraloría Regional de Antofagasta para el trámite de toma de razón, siendo cursado por dicha entidad.

Seguidamente sostuvo la ilegalidad por falta de fundamentación suficiente en el acto de vacancia, pues la declaración de vacancia por salud incompatible que se impugna adolece de un vicio de ilegalidad formal y sustantiva, careciendo de motivación suficiente que la justifique, contraviniendo con ello normas expresas que rigen la actuación administrativa y los criterios establecidos por la jurisprudencia, citando los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880, además de dictámenes de la Contraloría.

Sostiene que la Resolución TRA N°118292/6/2026, del Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama no cumple con el deber de motivación, porque se limita a señalar que la actora hizo uso de licencias médicas por más de 6 meses en 2 años y a reproducir el informe de la COMPIN que califica su estado de salud como “recuperable”, sin ofrecer razones adicionales que expliquen por qué dicha condición de salud sería incompatible con las funciones del cargo. Añade que los considerandos octavo y noveno del acto impugnado se limitan a referir circunstancias administrativas ajenas al estado de salud de la recurrente, tales como una visita domiciliaria y un informe elaborado por funcionarias del Departamento de Calidad de Vida, omitiendo todo análisis sustantivo sobre la condición médica que motiva la solicitud, y además, el acto recurrido es manifiestamente incompleto en su considerando duodécimo, al señalar: “12) Que, con fecha 18 de diciembre de 2.025, se realiza reunión con el Director Dr. nombre reservado, quien haciendo uso de sus facultades determina aplicar art …”, sin precisar la norma aplicable ni desarrollar los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten dicha determinación, omisión que no es meramente formal, sino que constituye un vicio sustancial de motivación, que impide conocer las razones efectivas de la decisión administrativa, vulnerando con ello las garantías del debido proceso y dejando a la recurrente en indefensión. Agrega que dichas referencias carecen de toda relación directa con el supuesto de hecho que justifica la aplicación del artículo 151 del Estatuto Administrativo, esto es, la existencia de una salud incompatible con el desempeño del cargo.

Destaca que el uso de licencias médicas no constituye por sí solo una configuración de incompatibilidad funcional, y menos aún puede considerarse como tal el efecto presupuestario o laboral que la ausencia temporal haya podido generar en el servicio y resulta grave que el acto administrativo fundamente su decisión en documentos y antecedentes que no han sido incorporados formalmente a la resolución impugnada, a los cuales la recurrente no ha tenido acceso y cuya existencia se deduce únicamente de afirmaciones atribuidas a una jefatura intermedia del establecimiento hospitalario, lo que vulnera abiertamente el principio de fundamentación de los actos administrativos, al impedir que el afectado pueda conocer, confrontar o controvertir los elementos que supuestamente sustentan la decisión que le perjudica.

Hace presente que el Reservado N°225 de 31 de diciembre del 2.025 del Director (S) del Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama, lejos de subsanar la falta de fundamentación del acto original, la confirma y profundiza, pues, de su análisis, se desprende que la autoridad administrativa reconoce expresamente que la condición de salud de la recurrente ha sido calificada como recuperable por los organismos técnicos competentes, particularmente por la COMPIN, informando que se procederá a iniciar trámite administrativo en la Contraloría General de la República para que cese sus funciones por salud incompatible con el cargo, sin efectuar un análisis concreto, individualizado y funcional que permita sostener que dicha condición de salud resulta incompatible con el desempeño efectivo del cargo que servía la aludida, pues, la resolución se limita a reiterar consideraciones de carácter general, sin establecer una relación causal directa entre el estado de salud de la actora y una imposibilidad real, actual y objetiva de cumplir sus funciones.

Añade que el acto confirmatorio no incorpora nuevos antecedentes médicos, técnicos o funcionales que permitan justificar la medida extrema adoptada, sino que, valida la decisión impugnada sobre la base de antecedentes administrativos, ajenos al supuesto de hecho que habilita la aplicación del artículo 151 del Estatuto Administrativo, lo que vulnera el deber de motivación reforzada que rige respecto de los actos administrativos que afectan gravemente derechos funcionarios, configurando una ilegalidad sustantiva por falta de fundamentación suficiente, citando jurisprudencia.

Señala que el acto recurrido muestra una falta de fundamentación evidente, puesto que de su lectura aparece que la decisión se apoyó únicamente en un dato estadístico (días de licencia), presupuestario y en la constancia de que la COMPIN informó salud recuperable, sin extraer de ello una conclusión razonada sobre la supuesta incompatibilidad, por lo que si la autoridad igualmente decidió cesar a mi representado, debió fundamentar con mayor rigor qué elementos objetivos configuraban una “salud incompatible” más allá del mero uso de licencias, y al no hacerlo, incumplió su carga legal de motivación, viciando el acto por falta de fundamentación y por desviación de la finalidad de la norma.

Luego, se refirió a la arbitrariedad y vulneración del principio de igualdad ante la ley, señalando que la carencia de fundamentación no es solo un aspecto de legalidad, sino que redunda en que el acto sea arbitrario, esto es, adoptado sin razón suficiente y de manera discrecional al margen de la justicia del caso, lo que vulnera el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 Nº2 de la Constitución, añadiendo que en la especie, la aplicación de la causal de salud incompatible, fue arbitraria, porque no se le dio el mismo trato que exige la ley en comparación con otros funcionarios en situación similar, pues, la normativa otorga una facultad que debe ejercerse con criterio, ya que, si un funcionario se enfermó por un tiempo pero luego recupera su salud, la autoridad puede evaluar cesarlo, pero no está obligada a hacerlo si la continuidad del funcionario es viable. Añade que el máximo Tribunal ha resaltado que la potestad del artículo 151 del Estatuto Administrativo no es automática y que la autoridad debe ser especialmente diligente en la fundamentación al ejercer una facultad discrecional, para demostrar que no actúa de manera antojadiza, ya que decisiones de esta índole, deben estar siempre debidamente fundadas en antecedentes técnicos objetivos, sin que baste sólo el número de días de licencia, y al no observarse tal estándar en el actuar del Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama, el resultado es que se trató a la actora en forma distinta sin un fundamento legítimo, ya que, simplemente se aplicó la máxima sanción (cese definitivo) sin atender a sus circunstancias personales (su recuperación médica, su disposición a volver al trabajo, sus calificaciones funcionarias, etc.), mientras que otros funcionarios que también superaron los seis meses de licencia no fueron separados de la misma forma.

Explica que por información pública es posible conocer de otros funcionarios en distintos servicios que, habiendo tenido licencias prolongadas, no fueron removidos cuando evidenciaron recuperación, siguiéndose con ellos un tratamiento más prudente (por ejemplo, reubicación temporal, evaluaciones adicionales, etc.), lo que no sucedió respecto de la actora, añadiendo que mediante Ordinario N°452, el Director(S) del Hospital Dr. Carlos Cisterna de Calama, emitió en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública N°AO114T0000236, en la cual se informó oficialmente que, entre los años 2024 y 2026, existían más de 77 (setenta y siete) funcionarios de la red asistencial con más de 180 días de licencia médica, reconociendo el propio Servicio que la aplicación del artículo 151 del Estatuto Administrativo se efectuó solo respecto de un número ínfimo de funcionarios, sin que se indique criterio objetivo alguno que justifique dicha selección, pues, el Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama ha aplicado desde el año 2020 a la fecha, el artículo 151 del Estatuto Administrativo, solo a 14 funcionarios en idéntica situación, vulnerando el derecho de igualdad ante la ley.

Afirma que es particularmente grave que la resolución recurrida no entregue explicación alguna para comprender por qué, dentro de un universo tan amplio de funcionarios en igualdad de condiciones fácticas y jurídicas, sea solo un grupo reducido el que fue objeto de la declaración de vacancia, pues, no se identifican parámetros diferenciadores, criterios objetivos de priorización ni evaluaciones funcionales individualizadas que justifiquen dicha distinción, omisión que transforma la decisión administrativa en un acto selectivo, carente de razonabilidad y, por ende, discriminatorio, vulnerando directamente el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Seguidamente sostuvo la desviación de finalidad en la aplicación del artículo 151 del Estatuto Administrativo, explicando que dicha norma fue concebida como una medida excepcional destinada a proteger el interés público únicamente cuando existe una incompatibilidad objetiva, real y persistente entre la condición de salud del funcionario y el ejercicio de sus funciones, pero del tenor de la resolución impugnada se desprende que la mantención de la vacancia se funda en consideraciones ajenas a dicho propósito legal, no constituyéndose el supuesto habilitante previsto por el legislador, lo que implica que la autoridad incurre en una desviación de poder, configurándose así un acto arbitrario y contrario a derecho.

Enfatiza que la decisión impugnada omite considerar antecedentes médicos actuales y plenamente vigentes, ya que, los síntomas que motivaron sus primeras licencias médicas se originaron en un contexto de alta exigencia laboral, con sobrecarga de funciones, jornadas extendidas y trabajo en fines de semana, lo que derivó en un cuadro de estrés significativo, acompañado de manifestaciones físicas consistentes en dolores intensos en zona lumbar, cervical, extremidades y episodios de parestesia, iniciando la recurrente un proceso diagnóstico que incluyó evaluaciones por medicina interna, exámenes de laboratorio e imagenológicos, y posterior derivación a especialidad de neurocirugía, pero dicho proceso se vio marcado por extensos tiempos de espera en la atención, propios del sistema público de salud, lo que incidió directamente en la prolongación del periodo de tratamiento y reposo; y en esa etapa, se emitieron diagnósticos iniciales que posteriormente fueron descartados o reevaluados —como ocurrió con la presunta sacroileítis —, lo que obligó a continuar con estudios y derivaciones a otras especialidades, prolongando la incertidumbre clínica respecto de la causa real de sus síntomas; pero, tras la reevaluación por un nuevo especialista, se logró establecer un diagnóstico certero, correspondiente a hernias discales lumbares, complementado posteriormente con bursitis de cadera izquierda, condiciones que explicaban adecuadamente la sintomatología presentada y que fueron abordadas mediante tratamientos conservadores, incluyendo farmacoterapia, kinesioterapia y manejo especializado. Añade que, en paralelo a este proceso físico, la salud mental de la actora también se vio afectada, desarrollando un cuadro ansiosodepresivo reactivo, directamente asociado tanto a su condición médica como a la incertidumbre diagnóstica y a las dificultades experimentadas durante su tratamiento, lo que fue debidamente abordado mediante apoyo psicológico institucional, pero pese a la complejidad y extensión del proceso clínico descrito, los antecedentes médicos más recientes —incluyendo informes del profesional tratante y evaluaciones de organismos competentes— han sido categóricos en establecer el carácter recuperable del estado de salud de la actora, particularmente la evaluación efectuada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), mediante Resolución de Evaluación N°19359399, de fecha 1 de septiembre de 2025, concluyó expresamente que su condición corresponde a una salud recuperable.

Expresa que la decisión impugnada omite considerar no solo la evolución real del cuadro clínico de la actora sino también los diagnósticos definitivos y los pronósticos actualizados, todos los cuales desvirtúan de manera concluyente la existencia de una condición de salud incompatible con el desempeño del cargo, omisión grave pues, la extensión de las licencias médicas no obedeció a una patología permanente, sino a un proceso diagnóstico prolongado y a las limitaciones propias del sistema de salud, circunstancias que debieron ser debidamente ponderadas por la autoridad administrativa, omitiendo el acto administrativo impugnado completamente la consideración de estos antecedentes médicos vigentes, los cuales refutan la supuesta configuración de una salud incompatible con el cargo, lo que infringe el principio de motivación suficiente y torna el acto en cuestión carente de fundamento.

Arguye que la desvinculación decretada es desproporcionada, pues, el acto administrativo impugnado transgrede gravemente el principio de proporcionalidad, al adoptar la medida más gravosa —el cese del cargo— sin haber agotado previamente alternativas menos lesivas, como el acompañamiento funcional, la adecuación de tareas o el seguimiento progresivo del reintegro laboral, siendo grave que durante todo el periodo de licencias médicas, no se activó el Protocolo de Ausentismo vigente en el establecimiento ni se realizaron gestiones por parte del Comité de Ausentismo o de cualquier otra instancia institucional, como lo exigen las orientaciones técnicas emanadas desde el Ministerio de Salud, añadiendo que el empleo de la actora es su única fuente de ingresos, pues ella no ejerce su profesión libremente en forma privada, ni tiene otra actividad remunerada, por lo que la decisión afecta profundamente el sustento de su familia.

Por otro lado, señaló que no se justifica la aplicación de la medida, en el contexto de la existencia de otras situaciones similares, reiterando que se vulnera el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, por las razones ya indicadas.

Seguidamente examinó latamente las garantías constitucionales que estima vulneradas, del artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República, y tras ello, termina solicitando se ordene dejar sin efecto la resolución TRA N°118292/6/2026, del Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama, y del Reservado N°225, año 2025, del Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama; ordenando el reintegro inmediato de la actora y el pago de las remuneraciones no percibidas desde la fecha de notificación del acto administrativo, o las medidas que se estimen necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho y asegurar la protección debida a la recurrente, con costas.

SEGUNDO: Que nombre reservado, presidenta de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de Antofagasta, informando el recurso, señaló que la certificación de salud irrecuperable del funcionario público se establece en el DFL 29 del 2004, del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834 (1989), sobre Estatuto Administrativo, que indica que el funcionario público puede ser evaluado respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud, para acceder al beneficio que regula el estatuto, de seis meses de mantención de su remuneración sin obligación de trabajar, debiendo retirarse de su cargo al término de este periodo y de no hacerlo se procederá la declaración de su vacancia, pero, no obstante lo anterior, la Ley 21.050 del 7 de diciembre de 2017, incorpora al artículo 151 de la Ley 18.834, un inciso que establece la obligatoriedad de realizar este procedimiento por parte del Jefe del Servicio, para poder declarar la incompatibilidad con el cargo y consecuentemente la vacancia de este.

Explica que, por ello, toda institución pública, a través del jefe superior del Servicio deberá solicitar a Compin el pronunciamiento de salud irrecuperable del funcionario público, debiendo por tanto, la propia institución oficiar a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez competente según la jurisdicción que corresponda al domicilio laboral del funcionario, adjuntando los antecedentes respectivos.

Aclara que para esa evaluación se considerarán sólo las licencias aprobadas de tipo común y que sumen 180 días o más en los últimos dos años continuos o discontinuos y en el conteo de los 180 se consideran desde que se ingresa la solicitud del trámite a Compin como acto administrativo, excluyéndose las licencias médicas pre y postnatal, enfermedad grave del niño menor del año, accidente del trabajo o del trayecto, enfermedad profesional, patologías del embarazo, preventiva parental, patología asociada a un diagnóstico de cáncer y Ley Sanna.

Refiere que el jefe superior de Servicio debe notificar al funcionario/a público/a cuando se declara la vacancia y la Contraloría General de la Republica efectúa la toma de razón.

Explica que, según lo señalado, y cumpliéndose con los criterios de solicitud, COMPIN Antofagasta efectuó el procedimiento de Evaluación de Salud Irrecuperable solicitado mediante ORD. N°392, de la Directora subrogante de Hospital Carlos Cisternas de fecha 28.02.2025, respecto de doña nombre reservado, Run RUT reservado.

Seguidamente aludió a la tramitación evaluación de salud irrecuperable de funcionario público, indicando que al efecto se recabaron los antecedentes del caso, previa revisión de los documentos médicos y técnicos-administrativos; y en su tramitación, trazabilidad y resolución, COMPIN, por ser un órgano técnico y fiscalizador cuya función consiste en velar, de acuerdo a ley, por el cumplimiento de normas médico legales, actuando como garante de la fe pública en la certificación de estados de salud, desarrollar prestaciones médico-administrativas para constatar, evaluar, la capacidad de trabajo o recuperabilidad de los estados patológicos permanentes o transitorios, avalado por Decreto Supremo N° 3 de 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba el “Reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional”, y Decreto N° 7, de fecha 26-02-2013, del Ministerio de Salud, “Reglamento sobre Guías Clínicas referenciales, relativa a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas.”, con fecha 02.06.2025, dio curso al trámite de Evaluación de Salud Irrecuperable de Funcionario Público respecto de doña nombre reservado, por solicitud del Hospital Carlos Cisternas mediante ORD. N°392 de fecha 28.02.2025.

Hace presente que la institución adjuntó solicitud de evaluación de salud irrecuperable de funcionario público, informe de ausentismo y resumen del periodo de licencias médicas del funcionario entre el 28.04.2023 y el 12.07.2024. Además, se indica que la recurrente se desempeña como Administrativa del Depto. de Finanzas del Hospital.

Añade que el 05.06.2025 COMPIN Antofagasta, notificó mediante correo electrónico del inicio del trámite a la recurrente y le informa que le asiste la posibilidad de aportar antecedentes de salud para revisión de Contraloría Médica de COMPIN, por lo que, transcurrido el plazo para el envío de antecedentes, la recurrente aportó, entre otros, los siguientes antecedentes: certificado médico, emitido por Dra. nombre reservado, del 31.03.2025; informes atención kinésica emitidos por Klogo nombre reservado; Informes de Resonancia Magnética, Certificado de lista de espera poli traumatología, Informe de Ecografía.

Indica que, de la revisión de los antecedentes, con fecha 01.09.2025 COMPIN Antofagasta dictamina patología recuperable, considerando “certificado médico tratante marzo 2025 Indica marcado deterioro de funcionalidad y realización de actividades diarias mantiene analgesia multimodal e intervenciones de rehabilitación. Hospital Carlos Cisternas Calama, se adjunta exámenes imagenológicos, Certificado kinésico abril 2025 con 20 sesiones alcanzando capacidad funcional acorde a habilidades neuro motrices con ciertas limitaciones en actividades diarias. Se determina estado de salud recuperable, dado que médico tratante no establece la irrecuperabilidad”.

Expresa que el 01.09.2025, COMPIN Antofagasta emite Resolución Exenta N°32882594, que dictamina estado de salud recuperable respecto de la actora y transcurrido el plazo legal, la recurrente no interpone apelación a lo resuelto por esa Comisión Médica, quedando la resolución definitiva y ejecutoriada con fecha 25.09.2025.

Seguidamente señaló que COMPIN da estricto cumplimiento a los plazos establecidos para la tramitación del Procedimiento de Evaluación de Salud Irrecuperable de Funcionario Público, según el DFL 29 del 2004 del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834 (1989), sobre Estatuto Administrativo, en relación con la modificación que la Ley 21.050 introdujo al art. 151 del estatuto administrativo.

Refiere que según el Procedimiento Técnico Administrativo de Evaluación De Salud Irrecuperable De Funcionario Público, y respecto al plazo que tiene COMPIN para pronunciarse, al no existir normativa especial que regule el plazo de tramitación de la declaración de salud irrecuperable, se debe aplicar supletoriamente los establecidos en la Ley 19.880 sobre bases de procedimiento administrativo, la cual prescribe un plazo de 20 días hábiles contados desde que la petición se encuentre en estado de resolver, es decir, el inicio del plazo se cuenta desde que la Compin recibió todos los antecedentes solicitados y practicó las medidas o acciones pertinentes o cuando ya transcurrieron los plazos respecto de los cuales, las instituciones requeridas debían remitir los antecedentes solicitados y sin perjuicio de lo anterior, el procedimiento no podrá exceder de los 6 meses desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final, salvo fuerza mayor o caso fortuito.

Señala que el Dictamen 17.351 de Contraloría General de la República establece claramente que la resolución emitida por COMPIN debe referirse única y exclusivamente sobre la recuperabilidad o irrecuperabilidad del el/la funcionario/a público/a y no sobre la compatibilidad o incompatibilidad del funcionario con su cargo, pues, esa última determinación es facultad exclusiva del Jefe Superior del Servicio, quien utiliza como antecedente lo dictaminado por Compin, siendo en definitiva la autoridad de un servicio quien tiene la facultad exclusiva para calificar la procedencia de declarar la vacancia de un cargo por salud incompatible con su desempeño, una vez producidas las circunstancias de hecho requeridas por la normativa.

Termina solicitando tener por evacuado el informe peticionado.

TERCERO: Que Claudia Rivera Fernández, abogada, en representación del Servicio de Salud de Antofagasta señaló que el Servicio de Salud Antofagasta es un servicio público, que tiene personalidad jurídica y patrimonio propios distinta a la de otros Órganos o Servicios Públicos, citando al efecto los artículos 26 y 33 de la Ley N°18.575, y el DFL N°1, de Salud, de fecha 24 de abril de 2006 que fijó el texto Coordinado y Sistematizado del Decreto-Ley N°2.763, de 1979 y de las Leyes N°18.933 y 18.469, generando un compendio de normas que regulan los servicios de salud, cuyos artículos 16, 22 y 23 reproduce.

Refiere que el Servicio de Salud Antofagasta, con la dictación del DFL 1/2005 de Salud, mantuvo la condición de servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y sujeto a la supervigilancia del Ministerio de Salud, pero dejó de estar a cargo de la ejecución de las acciones asistenciales y fiscalización sanitaria, para cumplir una labor de articulación, gestión y desarrollo de la red asistencial, para dotar a los hospitales de mayor complejidad del desarrollo de especialidades, organización administrativa e independencia tanto administrativa como presupuestaria, pudiendo dentro del ámbito de sus funciones delegar atribuciones en los diferentes centros que formen parte de la Red asistencial.

Indica que el Hospital Carlos Cisternas de Calama, actualmente Autogestionado en Red, además, desde hace varios años, es un nosocomio evaluado de forma conjunta con los demás Establecimientos autogestionados en Red (EAR) en las distintas evaluaciones que realiza el Ministerio de Salud sobre indicadores que dan cuenta de los procesos estratégicos que deben controlar este tipo de establecimientos que entregan prestaciones de alta complejidad, para ser catalogados como tales. (Evaluaciones EAR). Además, las facultades del Director están establecidas en el artículo 46 del Decreto N°140 de 2004 del Ministerio de Salud que contiene el Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud, que señala: “Artículo 46.- Cada Hospital e Instituto estará a cargo de un Director, el que será responsable de ejecutar, con los recursos asignados, las acciones integradas de salud que éste deba cumplir en el ámbito de su competencia, de conformidad con las políticas, normas, planes y programas a que ellas deban sujetarse y bajo la supervisión y control de la Dirección del Servicio a que pertenezca. g) Ejercer las funciones de administración del personal destinado al establecimiento que el Director del Servicio le delegue; k) Ejercer las demás atribuciones que el Director del Servicio le delegue”.

Explica que actualmente el Servicio de Salud Antofagasta es un órgano descentralizado funcionalmente con personalidad jurídica patrimonio propio distinto del Fisco de Chile y, a su turno, el Hospital Carlos Cisternas de Calama, si bien forma parte de la Red Pública de Salud dependiente de ese SERVICIO, actualmente detenta por Ley la calidad de Hospital Autogestionado en Red, lo que implica desde un punto de vista administrativo una desconcentración territorial y funcional del Servicio de Salud de Antofagasta y en donde las facultades que la Ley atribuye al Director del Servicio de Salud, de pleno derecho se encuentran delegadas en el Director de dicho recinto hospitalario, gozando de independencia en la toma de decisiones en relación con el Servicio desde el cual forman parte, con algunas características especiales tales como, el hecho que la representación judicial y extrajudicial del Hospital respectivo está radicada en su Director y en las acciones judiciales que involucran a dicho recinto es la Ley quién expresamente mandata que el Servicio de Salud respectivo podrá intervenir en las mismas como tercero coadyuvante y no como parte en el juicio.

Refiere que el Hospital Carlos Cisternas de Calama, es un Recinto Hospitalario que desde varios años anteriores ha sido evaluado anualmente, por la Subsecretaría de Redes Asistenciales junto con el Ministerio de Hacienda, a través del nuevo instrumento de evaluación para los establecimientos autogestionados en red, metodología denominada Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral (CMI), la que se destaca por ser una herramienta de carácter estratégico, que recoge un conjunto coherente de indicadores que proporcionan a la alta dirección y a las unidades responsables, y dan cuenta en 47 indicadores que analizan los procesos estratégicos de cada hospital.

Añade que en materia judicial, el modelo de gestión de servicio público especializado en que reguló el artículo 33 inciso 1º y final de la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado, en relación con la Ley N°19.937, les delegó la representación judicial y extrajudicial del Servicio de Salud, en el caso de los Directores de los establecimientos autogestionados, con la sola obligación, que notificada una demanda, esta debe ser puesta en conocimiento del Director del Servicio de Salud en el plazo de 48 horas, para que este determine si interviene como coadyuvante en cualquier estado del juicio, es más incluso antes de la Resolución que determinó la Autogestión en Red del Hospital Carlos Cisternas, se dictaron Resoluciones que delegaba ciertas funciones en el Director del nosocomio, entre ellas la representación judicial y extrajudicial del mismo, por lo que resulta indiscutible que el Hospital Carlos Cisternas debió necesariamente ser el único demandado en estos autos, (sic) no teniendo el Servicio de Salud Antofagasta ninguna otra posibilidad de actuar más que la única que la ley prescribe, esto es, determinar si interviene en cualquier estado del juicio, pero únicamente como tercero coadyuvante, y por ello necesariamente debe ser el Hospital Carlos Cisternas de Calama, quien responda el fondo del asunto planteado en el presente Recurso de Protección, es más, el acto fue dictado por el Director(S) del recinto asistencial en uso de sus propias facultades.

Afirma que el Servicio de Salud Antofagasta, en caso alguno dictó acto administrativo relativo a la recurrente, careciendo de legitimación pasiva en esta causa y no le corresponde responsabilidad alguna por los actos o que hubiere realizado el Hospital Carlos Cisternas de Calama, en la dictación de declaración de vacancia en el cargo de la recurrente, facultad plenamente radicada en su Director.

Enfatiza que el asunto es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección, no siendo una vía para pedir que se determine el sentido y alcance de una preceptiva determinada, tampoco como una instancia de declaración de derechos, ni menos aún para discutir hechos determinados y de la simple lectura del libelo, es posible advertir que la recurrente, más que procurar la defensa de derechos constitucionales determinados, pretende discutir la supuesta falta de fundamentación del acto administrativo dictado por el Director (S) del Hospital Carlos Cisternas de Calama, pretendiendo argüir erradamente obligaciones inexistentes a la normativa estatutaria, lo que supone cuestionar y probar hechos, aspectos que, por su propia naturaleza, excede el ámbito de aplicación de la presente acción constitucional.

Añade que la recurrente no alega una amenaza, perturbación o privación inminente y manifiestamente ilegal de sus derechos, sino que pretende que esta Corte revise el mérito y la fundamentación de un acto administrativo que fue cursado por el Contralor Regional de Antofagasta en el ejercicio de sus funciones de control de juridicidad, controversia, de índole eminentemente contencioso-administrativa, debe ser resuelta por las vías ordinarias contempladas en el ordenamiento jurídico —como el recurso de nulidad de derecho público, la acción contencioso-administrativa, y no a través de esta acción de protección, que no es sustitutiva de las acciones ordinarias, pues, reiteradamente la jurisprudencia de los tribunales superiores ha resuelto que el recurso de protección no procede cuando existe otra acción ordinaria o especial destinada a impugnar el acto administrativo en cuestión, o cuando la determinación del asunto requiere de un proceso de lato conocimiento. Añade que, en la especie, la recurrente cuenta con las vías procesales pertinentes para impugnar la resolución que declara la vacancia de su cargo, lo que hace improcedente esta acción cautelar.

Expresa que si lo que persigue la Sra. nombre reservado, es revisar de la legalidad y veracidad de los hechos que dieron lugar a la supuesta falta de fundamentación del acto impugnado, esto constituye un asunto ajeno a la naturaleza cautelar de este recurso.

Asimismo, sostuvo que la acción cautelar de la especie no está fundada en un derecho indubitado, no disputado, siendo que la procedencia del recurso de protección exige que el derecho cuya protección se invoca sea claro, indubitado y no disputado, y en el presente caso, la recurrente invoca la ilegalidad y arbitrariedad de la Resolución TRA N° 118292/6/2026 y del Reservado N°225 de 2025, basándose en argumentos que suponen un análisis profundo y técnico-jurídico de la motivación del acto administrativo, la ponderación de antecedentes médicos y la comparación con situaciones de otros funcionarios, materias que son por esencia, disputadas y controvertidas, pues, la legalidad o ilegalidad del acto administrativo impugnado no es evidente ni manifiesta, sino que requiere de un análisis jurídico de fondo que va más allá del marco del recurso de protección.

Enfatiza, al efecto, que la Contraloría General de la República cursó la resolución de vacancia mediante toma de razón, validando su conformidad a derecho.

Añade que la aplicación del artículo 151 del Estatuto Administrativo constituye una potestad reglada que fue ejercida previo informe de la COMPIN y cumplimiento del procedimiento administrativo establecido.

Señala que los argumentos de la recurrente relativos a falta de motivación, arbitrariedad y desviación de fin son, precisamente, materias de lato conocimiento que deben dilucidarse en sede contencioso-administrativa, no en sede constitucional, no concurriendo el requisito de claridad e indubitabilidad del derecho vulnerado que hace procedente la acción de protección, lo que determina su rechazo.

Sostiene que no se ha cometido arbitrariedad ni ilegalidad alguna por parte del Hospital Carlos Cisternas de Calama o del Servicio de Salud Antofagasta, pues como este último no ha actuado en autos, no existe posibilidad que hubiese cometido arbitrariedad e ilegalidad.

Indica que, para el evento que se estime procedente entrar al fondo del asunto, el Hospital Carlos Cisternas de Calama no ha cometido acto arbitrario o ilegal, ya que, el acto administrativo impugnado fue dictado en estricto apego a la ley, pues, el artículo N°150 letra a) de la Ley 18.834, indica que la declaración de vacancia procederá por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo, mientras que el artículo N°151 inciso primero de la Ley 18.834, indica que el Jefe Superior del Servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

Añade que el inciso tercero del artículo N°151 de la Ley 18.834, señala que, para ejercer la facultad indicada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.

Explica que, según lo indicado, es posible identificar los siguientes requisitos para poder declarar la vacancia por salud incompatible de un funcionario público:

a) Haber hecho uso de licencia médica por más de seis meses, continuos o discontinuos, dentro de los últimos dos años.

b) Que no se haya declarado la salud irrecuperable del funcionario.

c) Que no se trate de licencias por las circunstancias del artículo 115 del Estatuto Administrativo o por el título II del libro II del Código del Trabajo.

d) Debe ser declarada por el jefe superior del servicio.

e) Previo a lo señalado en el numeral anterior, debe haber requerido a la COMPIN que el funcionario sea evaluado respecto a la irrecuperabilidad de su salud.

Afirma que el caso de marras se cumplieron todos los presupuestos exigidos por la normativa estutaria para declarar vacante el cargo de la recurrente, pues, “la recurrente hizo uso de licencia médica tipo 1 (curativa) por un total de 1.252 días, equivalentes a 3 años, 5 meses y 7 días de ausentismo”, cuyo ausentismo estaría acreditado con los infromes de ausentismo acompañados, por lo que concurren plenamente los presupuestos fácticos y normativos de esta causal, ya que, la funcionaria hizo uso de licencias médicas que superaron los seis meses en el período 2023-2025, por lo que se solicitó al COMPIN que emitiera la debida Resolución de Evaluación de Salud Irrecuperable, y así, el Hospital Carlos Cisternas de Calama, en ejercicio de las facultades que la ley le confiere, emitió la resolución de vacancia, la cual fue sometida al trámite de toma de razón ante la Contraloría Regional de Antofagasta, siendo cursada por dicho órgano contralor.

Arguye que la circunstancia de que la COMPIN haya calificado la salud de la recurrente como "recuperable" no obsta a la aplicación del artículo 151 del Estatuto Administrativo, pues, dicha norma no exige que la condición de salud sea irrecuperable o permanente, ya que, la disposición legal habilita la declaración de vacancia cuando la salud es incompatible con el desempeño del cargo, independientemente del pronóstico de recuperación.

Señala que el acto administrativo está debidamente fundado, pues, la Resolución TRA N°118292/6/2026 expresa suficientemente los motivos de hecho y de derecho que la sustentan, cumpliendo con el estándar de motivación exigido por el artículo 41 de la Ley N°19.880, ya que, el acto da cuenta de:

a) La calidad funcionaria de la recurrente y su antigüedad en el servicio;

b) El período y extensión de las licencias médicas que motivaron la declaración de vacancia;

c) El informe de la COMPIN que acredita el estado de salud;

d) Los antecedentes recopilados por el Departamento de Calidad de Vida del establecimiento;

e) La referencia normativa al artículo 151 del Estatuto Administrativo.

Expresa que la mera discrepancia de la recurrente con la valoración que hizo la autoridad de esos antecedentes no convierte al acto en arbitrario ni falto de motivación, ya que, la motivación suficiente no equivale a motivación exhaustiva, ni a la que el particular hubiera preferido, sino que, solo basta con que el acto exprese los fundamentos que permitan comprender la decisión y que habiliten su control jurisdiccional.

Sostiene que no existe la alegada vulneración al principio de igualdad ante la ley, porque la alegación de que existirían 77 funcionarios en igual situación que no habrían sido afectados por la declaración de vacancia, es meramente referencial y no acredita fehacientemente que dichos funcionarios se encuentren en condiciones idénticas a las de la recurrente, añadiendo que la recurrente no ha acreditado, con antecedentes concretos y verificables, que los supuestos 77 funcionarios se encuentren en idéntica situación de salud, con igual tipo de licencias y circunstancias funcionales, de modo que el trato diferenciado que alega sea realmente injustificado, argumentación que requiere un análisis comparativo exhaustivo que, precisamente, no es posible realizar en el contexto de un recurso de protección.

En cuanto al fondo del asunto planteado, señala que el artículo 151 del Estatuto Administrativo tiene como presupuesto fáctico objetivo la acumulación de más de seis meses de licencias médicas en un lapso de dos años y dicho presupuesto se cumplió íntegramente respecto de la recurrente, circunstancia que no ha sido discutida en el recurso, por lo que a partir de ese hecho, la autoridad administrativa está legalmente habilitada para iniciar el procedimiento de declaración de vacancia, como ocurrió en el caso de la Sra. nombre reservado, reiterando que la calificación de salud como "recuperable" emitida por la COMPIN no impide la aplicación de la norma, pues la incompatibilidad funcional con el cargo puede presentarse con independencia del pronóstico de recuperación, citando jurisprudencia.

Asimismo, hace presente que el Reservado N°225 de 31 de diciembre de 2025 constituye un acto preparatorio o de inicio del procedimiento administrativo de vacancia, que no tiene por sí solo el carácter de resolución final ni produce el efecto de cese, pues, es la Resolución TRA N°118292/6/2026, cursada por la Contraloría, la que constituye el acto definitivo, resoluciones ambas que están debidamente fundadas en los antecedentes que la propia recurrente describe en su libelo, por lo que el acto impugnado se ajusta plenamente a la normativa vigente y no adolece de los vicios de ilegalidad ni arbitrariedad que se le atribuyen.

Finalmente sostuvo que no se conculcaron las garantías constitucionales esgrimidas en el recurso y termina solicitando se rechace la acción constitucional en todas sus partes por no existir acto u omisión arbitraria o ilegal por parte de su parte, ni del Hospital Carlos Cisternas de Calama, habiéndose apegado en todo momento a la ley, con costas.

CUARTO: Que la recurrida evacuó el informe a través de sus abogadas, quienes indicaron que de la presentación de la recurrente no es posible identificar un acto ilegal o arbitrario, porque la Resolución impugnada fue dictada en estricto cumplimiento del artículo 151 del Estatuto Administrativo, en ejercicio de una facultad expresamente conferida por el ordenamiento jurídico, previo cumplimiento íntegro de los requisitos legales que la hacen procedente y con toma de razón favorable de la Contraloría General de la República.

Refieren que la recurrente ingresó al Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama como contrata, con fecha 13 de febrero de 2019, desempeñando el cargo de Administrativa, Grado 22° E.U.S., en la Unidad de Tesorería del Departamento de Finanzas, con jornada de 44 horas semanales, con una antigüedad total de 6 años, 10 meses y 26 días.

Afirman que desde su ingreso y hasta el término de la relación laboral, esto es, el día 13 de abril de 2026, la recurrente hizo uso de licencia médica tipo 1 (curativa) por un total de 1.252 días, equivalentes a 3 años, 5 meses y 7 días de ausentismo, lo que se detalla en los “Informes de Ausentismo” que se acompañan y para el cómputo de dicho período se excluyeron, conforme a la ley, las licencias de pre y postnatal, enfermedad grave del niño menor de un año, accidente del trabajo o trayecto, enfermedad profesional y todas aquellas en estado pendiente o rechazado.

Añaden que desde el 13 de marzo de 2023 la recurrente se encontró en licencia médica prolongada y continua, sin reintegro efectivo en ningún momento posterior y el ausentismo total acumulado desde el inicio de la vinculación laboral hasta la fecha de desvinculación queda acreditado en el Informe de Ausentismo Detallado, correspondiente al período 22/11/2021 al 13/04/2026, del que se desprende que la recurrente acumuló un total de 1.252 días de licencia médica curativa, equivalentes a 3 años, 5 meses y 7 días, a un costo de $37.534.265.- (treinta y siete millones quinientos treinta y cuatro mil doscientos sesenta y cinco pesos) para ese Hospital.

Señalan que el 28 de noviembre de 2023, el Director (S), don nombre reservado remitió el Ordinario N°2550 a la Presidenta de COMPIN Antofagasta, solicitando la evaluación de irrecuperabilidad de la recurrente, en cumplimiento del artículo 151 inciso 3° del Estatuto Administrativo y el período informado comprendía desde el 22/11/2021 al 22/11/2023, con 271 días de ausentismo por licencia médica curativa, según consta en el siguiente Informe de Ausentismo que detalla.

Añaden que el 8 de febrero de 2024, la COMPIN emitió la Resolución de Evaluación Folio N°17156233, señalando que la recurrente presenta estado de salud recuperable y frente a dicho resultado y en un acto de deferencia hacia la funcionaria, la Dirección del Hospital resolvió en abril de 2024 no aplicar en lo inmediato el artículo 151, aguardando el posible reintegro de la recurrente y la resolución quirúrgica de su patología lumbar, pero, la actora no se reintegró a sus funciones en ningún momento posterior a esa fecha y rechazó el plan terapéutico que le fue propuesto.

Seguidamente aludieron a la segunda evaluación COMPIN (2025), indicando que, en enero de 2025, ante la persistencia del ausentismo, el Comité de Ausentismo del Hospital retomó el caso y con fecha 28 de febrero de 2025, la Directora (S), doña nombre reservado remitió el Ordinario N°392 a la Presidenta de COMPIN, solicitando una nueva evaluación de irrecuperabilidad por el período comprendido entre el 24/02/2023 y el 24/02/2025, en el que la recurrente acumuló 721 días de ausentismo por licencia médica tipo 1, según consta en el Informe de Ausentismo que detalla, añadiendo que el 1 de septiembre de 2025, la COMPIN emitió la Resolución de Evaluación Folio N°19359399, determinando nuevamente que la recurrente presenta un estado de salud recuperable.

En cuanto a la decisión del Director (S) y dictación de la Resolución impugnada, expresaron que el 18 de diciembre de 2025, el Director (S), don nombre reservado, en ejercicio de la facultad exclusiva que le confiere el artículo 151 inciso 1° del Estatuto Administrativo y habiendo cumplido previamente el requisito establecido en el inciso 3° de la misma norma (solicitud a la COMPIN en dos oportunidades, con resultado recuperable en ambas), resolvió declarar la salud de la recurrente incompatible con el desempeño del cargo y el 5 de marzo de 2026 se dictó la Resolución TRA N°118292/6/2026, la que fue tomada de razón por la Contraloría General de la República con fecha 11 de marzo de 2026. Añade que la resolución fue notificada personalmente a la recurrente los días 18 de marzo y 13 de abril de 2026.

Destacan que el procedimiento aplicado cumple íntegramente con el artículo 151 del Estatuto Administrativo, añadiendo que el artículo 150 letra a) de la Ley N°18.834 establece que la declaración de vacancia procede por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo y a su vez, el artículo 151 inciso 1° dispone que el Jefe Superior del Servicio "podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable".

Expresan que el inciso 3° de la misma norma, incorporado por el artículo 63 de la Ley N°21.050, exige que, para ejercer dicha facultad, el Jefe Superior del Servicio "deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud", requisito cumplido en dos oportunidades: en noviembre de 2023 (Ord. N°2550) y en febrero de 2025 (Ord. N°392), con resultado de salud recuperable en ambas instancias.

Afirman que la recurrente acumuló 1.252 días de licencia médica tipo 1 en el período de vinculación laboral, superando con creces el umbral legal de 6 meses en los últimos 2 años que habilita la declaración de incompatibilidad, por lo que los requisitos de hecho y de procedimiento se encuentran íntegramente acreditados.

Explican que la facultad de declarar salud incompatible es exclusiva del Jefe del Servicio cuando la COMPIN informa salud recuperable, añadiendo que la Contraloría General de la República ha señalado reiteradamente que, cuando la COMPIN informa salud recuperable, la autoridad administrativa queda habilitada, más no obligada, para declarar la incompatibilidad con el cargo, ejerciendo su facultad discrecional, como así lo ha sostenido en los Dictámenes N°17.351/2018, N°002743N20 (03/02/2020), N°E188441/2022 (24/02/2022) y N°E527522N24 (14/08/2024), entre otros, precisando este último que a la COMPIN solo le corresponde ponderar la irrecuperabilidad, no la compatibilidad con el desempeño del cargo, la que es materia de apreciación exclusiva del jefe de servicio.

Enfatizan que el acto administrativo impugnado fue sometido al control preventivo de legalidad de la Contraloría General de la República y la Resolución TRA N°118292/6/2026 fue tomada de razón por la Contraloría General de la República con fecha 11 de marzo de 2026, organismo que, conforme al artículo 99 de la Constitución Política de la República y los artículos 1° y 10° de la Ley N° 10.336, verificó su conformidad con el ordenamiento jurídico, y si bien el control judicial de constitucionalidad mediante recurso de protección es autónomo respecto del control de legalidad que ejerce la Contraloría, la toma de razón da cuenta de que el acto superó el escrutinio del órgano constitucional especialmente encargado del control preventivo de los actos de la Administración del Estado, lo que refuerza su presunción de juridicidad.

Arguyen que el acto impugnado no es ilegal, pues, la Resolución TRA N°118292/6/2026 se dictó en estricto cumplimiento del artículo 151 del Estatuto Administrativo (DFL N°29 de 2004) modificado por la Ley N°21.050, procedimiento que observó cada uno de los requisitos exigidos por la norma: verificación del ausentismo por más de seis meses (en los últimos dos años), solicitud previa a la COMPIN en dos oportunidades, pronunciamiento de salud recuperable y decisión fundada del Jefe Superior del Servicio. La existencia de norma legal expresa habilitante excluye toda ilegalidad.

Sostienen que el acto impugnado no es arbitrario, ya que, la decisión del Director (S) se fundó en antecedentes objetivos, constatables y graves, 1.252 días de licencia médica curativa acumulados durante la vigencia de la relación laboral; ausentismo continuo e ininterrumpido desde el 13 de marzo de 2023; dos pronunciamientos de la COMPIN con resultado recuperable; informe de la jefatura directa de la recurrente que constata que el 52,8% de los días del período corresponden a reposos médicos con alta discontinuidad funcional; y ausencia total de reintegro desde abril de 2024. La medida fue, además, precedida de una primera oportunidad otorgada a la recurrente en 2024, cuando la Dirección decidió no aplicar el artículo 151 aguardando su reincorporación, gesto que no fue correspondido.

Señalan que la medida se justifica en la necesidad de continuidad del servicio público, ya que, el Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama es un establecimiento asistencial de salud que presta servicios esenciales a la comunidad, por lo que el ausentismo crónico de la recurrente (superior a tres años acumulados sobre un período total de vinculación de menos de siete años) afecta de manera concreta y grave la continuidad del servicio y la satisfacción de las necesidades públicas que el establecimiento está llamado a atender. Añaden que la declaración de salud incompatible responde precisamente a la necesidad de velar por dicha continuidad, principio rector del derecho administrativo chileno y fundamento reconocido por la Contraloría General en los dictámenes citados, y por ello no se configura en la especie ningún acto ilegal ni arbitrario que amenace, perturbe o prive a la recurrente de alguna garantía constitucional de las contempladas en el artículo 20 de la Carta Fundamental. El recurso debe ser rechazado.

Aseveran que la resolución impugnada está debidamente motivada, ya que, la Resolución TRA N°118292/6/2026 expresa en sus considerandos los antecedentes de hecho que justifican la medida: el ausentismo acumulado superior a seis meses en los últimos dos años (acreditado mediante informes de ausentismo detallados), las dos evaluaciones de la COMPIN con resultado recuperable y el informe de jefatura directa. El deber de motivación no exige una fundamentación exhaustiva ni una relación causal médica individualizada, sino que los motivos de hecho y de derecho que sustentan la decisión sean identificables, lo que se cumple plenamente en la especie. Agregan que cualquier imprecisión formal en un considerando no vicia de nulidad el acto cuando el fundamento sustantivo es claro, ha sido verificado por la Contraloría General de la República en el trámite de toma de razón y la causa eficiente de la decisión, el ausentismo crónico objetivamente acreditado, resulta indesmentible.

Sostienen que no se vulnera el principio de igualdad ante la ley, pues, la facultad del artículo 151 del Estatuto Administrativo es discrecional y no automática, lo que implica que la autoridad debe ponderar cada caso en sus circunstancias particulares y la existencia de otros funcionarios con licencias prolongadas no genera una obligación de aplicar idéntica medida a todos ni configura discriminación arbitraria el ejercerla respecto de quienes reúnen los requisitos legales y cuyas circunstancias individuales lo justifican. Añaden que el caso de la recurrente presenta características que lo distinguen del universo general de funcionarios con ausentismo: 1.252 días de licencia médica acumulados sobre un período total de vinculación de menos de siete años; ausentismo continuo e ininterrumpido desde el 13 de marzo de 2023; dos evaluaciones de la COMPIN con resultado recuperable; rechazo del plan terapéutico propuesto; y ausencia total de reintegro pese a haberse concedido una oportunidad expresa en abril de 2024, por lo que la decisión no fue selectiva ni caprichosa, sino fundada en antecedentes específicos e individualizados de esa funcionaria que configuran, de manera palmaria, el supuesto de hecho habilitante de la norma.

Señalan que la medida es proporcional y fue precedida de instancias previas de acompañamiento, pues, el Hospital adoptó diversas instancias de seguimiento y acompañamiento antes de aplicar el artículo 151: visitas domiciliarias, entrevistas con el Departamento de Calidad de Vida Laboral, gestión del Comité de Ausentismo y fundamentalmente, una oportunidad expresa de reintegro en abril de 2024 que la recurrente no aprovechó y durante la cual rechazó el plan terapéutico propuesto, siendo la declaración de vacancia la última instancia de un proceso institucional que se extendió por más de dos años, en el que el Hospital obró con deferencia y gradualidad antes de ejercer la facultad legal que le confiere el ordenamiento jurídico.

Terminan solicitando rechazar el recurso de protección interpuesto en todas sus partes, por no ser ilegal ni arbitrario el acto impugnado y no vulnerar garantía constitucional alguna de la recurrente y; condenar en costas a la recurrente.

QUINTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEXTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SÉPTIMO: Que la controversia de autos radica en determinar la ilegalidad o arbitrariedad en el actuar del recurrido Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama, consistente en la dictación de la Resolución TRA 118292/6/2026 de fecha 5 de marzo de 2026, tomada de razón con fecha 11 de marzo de 2026, mediante la cual se declaró vacante el cargo en el que desempeñaba la actora por salud incompatible, en virtud de lo dispuesto en el artículo 151 del Estatuto Administrativo; y asimismo, la actora propugnó la ilegalidad y arbitrariedad del Reservado N°225 de 2025 del Director (S) de la recurrida que notificó a la actora sobre la aplicación del artículo 151 del Estatuto Administrativo, Ley N°18.834.

OCTAVO: Que, según consta de los antecedentes allegados por la recurrida, la actora presentó diversas licencias médicas entre el 22 de noviembre de 2021 al 13 de abril de 2026, que en su conjunto totalizan 1252 días, sin perjuicio que la cuestionada Resolución TRA 118292/6/2026 tuvo como basamento diversas licencias médicas del periodo que inicia el 24/02/2023 hasta el 24/02/2025 contabilizando 721 días de ausentismo del ejercicio de sus funciones. Asimismo, debe tenerse presente, en lo atingente al recurso que por Oficio Ord. N°392 la recurrida solicitó a la COMPIN evaluar la irrecuperabilidad laboral de la actora, emitiendo la COMPIN el 1 de septiembre de 2025 Resolución Exenta que dictamina el estado de salud recuperable respecto de la recurrente.

NOVENO: Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, se debe señalar la normativa aplicable en la especie.

Así, el artículo 146 de la Ley N°18.834 del Estatuto Administrativo, refundida por el D.F.L. N°29, establece que: “El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: c) Declaración de vacancia”.

Asimismo, el artículo 150 del referido cuerpo legal señala cuándo procede esta causal de término, indicando que: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo”.

A su vez, sobre el fundamento invocado por la resolución impugnada por esta vía, el artículo 151 del mismo cuerpo normativo, establece que: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Titulo II, del Libro II, del Código del Trabajo. El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Continúa el artículo 152 del mismo cuerpo legal indicando que: “Si se hubiere declarado irrecuperable la salud de un funcionario, éste deberá retirarse de la Administración dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que se le notifique la resolución por la cual se declare su irrecuperabilidad. Si transcurrido este plazo el empleado no se retirare, procederá la declaración de vacancia del cargo.

A contar de la fecha de la notificación y durante el referido plazo de seis meses el funcionario no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones correspondientes a su empleo, las que serán de cargo del empleador.”.

DÉCIMO: Que, en la especie la vacancia fue declarada de conformidad al inciso 1° del artículo 151 previamente citado, esto es, “vacancia de cargo por salud incompatible”, sin mediar declaración de salud irrecuperable, lo que per se no permite acreditar ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la recurrida, advirtiéndose, por el contrario, que la decisión se encuentra debidamente fundada y que ha sido adoptada en base a la normativa vigente, cumpliendo los requisitos establecidos para proceder a dictar la vacancia del cargo de conformidad a lo dispuesto en los artículos 150 y 151 del Estatuto Administrativo. Además, en lo que dice relación con el Oficio Reservado N°225 de 31 de diciembre de 2025 tampoco se vislumbra la ilegalidad o arbitrariedad que se propugna, porque dicho Oficio solo tuvo por propósito noticiar a la actora de la aplicación del artículo 151 de la Ley 18.834, lo que se encuentra dentro de las facultades del Director del Hospital en su calidad de Jefe Superior del Servicio, explicándose suficientemente las razones que motivaron dicha decisión, constituyendo aquello no un acto terminal.

Asimismo, es dable señalar que la conclusión sobre la legalidad del acto impugnado por la recurrente se refuerza por la sola circunstancia que la Contraloría General de la República, con fecha 11 de marzo del presente año, “tomó razón” de la cuestionada Resolución TRA N°118292/6/2026, lo que supone un examen preventivo de la legalidad del acto administrativo.

UNDÉCIMO: Que, asimismo, debe considerarse la aplicación del principio de servicialidad que impone a los jefes de los servicios, el deber de velar por la continuidad de la prestación de los mismos para la satisfacción de las necesidades colectivas que justifican su existencia, razón por la cual, no mediando abuso o desviación de poder, no es ilegal ni arbitraria la declaración de vacancia de un cargo por salud incompatible de quien lo sirve, considerando que, en el caso de marras, el cargo que ostentaba la recurrente, permite justificar la decisión de la recurrida, atendido el prolongado ausentismo y la necesidad de contar con personal disponible que permita atender las necesidades de salud de los usuarios del sistema.

DUODÉCIMO: Que, en otro orden de ideas, tampoco se advierte una falta de motivación en la Resolución que se cuestiona, no siendo un acto irracional o caprichoso, sino que se sustentó en un ausentismo continuo e ininterrumpido durante un lapso prolongado que excedió con creces el término de seis meses en los últimos dos años, contemplado en el artículo 151 de la Ley 18.834, no siendo óbice lo dictaminado por la COMPIN pues, su pronunciamiento dice solo relación con la recuperabilidad o irrecuperabilidad del funcionario público, y no sobre la compatibilidad o incompatibilidad del funcionario con su cargo.

DÉCIMO TERCERO: Que, en consecuencia, atendido lo analizado en los considerandos precedentes, el acto administrativo recurrido no es ilegal ni arbitrario, pues emana de la autoridad competente y sus fundamentos se ajustan a la ley, desde que la declaración de vacancia de un cargo por salud incompatible de empleado público solo requiere estar con licencia médica por más de 180 días en el plazo de dos años, lo que sucedió en la especie, no siendo relevante para estos efectos que la salud se pueda recuperar o no, porque en uno otro caso la conclusión es la misma, con la única salvedad que si la salud es irrecuperable, debe aplicarse el procedimiento del artículo 152 del Estatuto Administrativo, situación diversa de la indicada en el artículo anterior, por lo que deberá rechazarse el arbitrio constitucional.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Ángel Miranda Ponce, en favor de doña nombre reservado, en contra del Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1204-2026 (Protección)