nombre reservado con nombre reservado

Antofagasta, veintiséis de julio de dos mil veintidós.

VISTOS:

Comparece Jorge Van De Wyngard Moyano, abogado, en favor de nombre reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, por incorporar a la Plataforma de Oficina Judicial Virtual chats de mensajería instantánea WhatsApp que corresponden a comunicaciones estrictamente privadas, vulnerando las garantías de los artículos 19 N°4 y 5 de la Constitución Política, solicitando acoger el presente recurso.

Informa la recurrida instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda su recurso en que el recurrido no debió haber puesto a disposición del tribunal, donde se tramita su demanda contra el Municipio, los textos completos de un chat privado que involucraba a su representado sin tener responsabilidad en su despido, además de no solicitar reserva de la causa.

Con fecha 30 de mayo de 2022 el recurrido incorpora a la Plataforma de Oficina Judicial Virtual, más de 700 páginas de chats de texto de software de mensajería instantánea WhatsApp, que corresponden a comunicaciones estrictamente privadas realizadas con el equipo de trabajo más cercano del Alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez Ramírez. Antecedentes incorporados en audiencia preparatoria por demanda laboral presentada por el recurrido en causa caratulada T-129-2022, del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, sin solicitar el secreto de la causa.

Una vez conocidos los mensajes por la opinión pública, en particular por medios escritos y digitales de Antofagasta, comenzó a difundirse una serie de publicaciones y reportajes que hacen alusión al contenido de lo expresado en los grupos de WhatsApp. Publicaciones efectuadas por los medios digitales “El Diario de Antofagasta” y “El Termómetro”.

Si bien, tanto la Municipalidad, como el propio demandante de la causa laboral, solicitan el secreto del expediente. Desde esa fecha ha existido más de una docena de noticias en medios digitales, escritos y televisivos relacionados con la señalada divulgación de conversaciones privadas que efectuó el recurrido nombre reservado, lo que, a su vez, ha implicado que a través de diversas redes sociales se repliquen, y se haga mención del actor en términos que resultan deshonrosos, desacreditadores y menospreciadores. Incluso los concejales Camilo Kong Pineda, Waldo Valderrama Salazar, Ignacio Pozo Piña y Norma Leiva Escalona, han utilizado sus propias redes sociales de Instagram y Facebook para mostrar fotografías y extractos de las conversaciones del grupo de WhatsApp, refiriéndose en términos desacreditadores hacia el recurrente.

En general, las diferentes noticias están centradas en la totalidad de los integrantes del grupo “Chat completo grupo de WhatsApp equipoJV”, del cual formaba parte, siendo relevante distinguir que las expresiones que él en particular formula en ese grupo hacen referencia a sus labores propias en el Municipio, en el tiempo que desempeñaba el rol de Jefe de Gabinete, y no a las categorías que han sido denunciadas por la prensa y algunos concejales. Solo de manera ocasional se formulan de su parte comentarios sarcásticos o intrascendentes, en el contexto de un animus iocandi, los que, si bien pueden resultar improcedentes, son propios de conversaciones llevadas a cabo en un contexto más informal, de confianza y de privacidad.

Su representado formaba parte del grupo de WhatsApp denominado “Chat completo grupo de WhatsApp equipoJV” y tenía una expectativa legítima de privacidad respecto de lo que allí se expresaba. Donde el recurrido, también formaba parte de dicho grupo y, al ser desvinculado de la Municipalidad, meses después, y en el marco de su demanda de tutela laboral contra el Municipio, procede, a develar todas las conversaciones sostenidas en el señalado chat, que involucran a todos sus participantes, sin autorización ni conocimiento previo de su representado. Cabe consignar que esa acción, respecto de su persona, resulta totalmente injustificada y abusiva, toda vez que su representado no tenía ningún tipo de conflicto con el recurrido y tampoco es parte del juicio de tutela laboral.

En consecuencia, no existe justificación alguna para develar el texto completo de las conversaciones de un chat del que su representado formaba parte, afectando con ello su intimidad, privacidad y honra, produciéndose, como consecuencia de lo anterior, el escarnio público de su persona, sufriendo descalificaciones y generando un contexto mediático que lo obligó a renunciar a sus labores en el municipio.

Por lo que se está en presencia de una acción ilegal y arbitraria que ha implicado una vulneración del legítimo ejercicio de su derecho a la vida privada y de su derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.

Solicita ordenar al recurrido abstenerse de realizar cualquiera otra acción, directa o indirecta, que implique difusión, por él mismo o por terceros, de conversaciones, correos electrónicos, o cualquier otro tipo de comunicación que se haya producido entre él y su representado de manera bilateral, o como parte de algún grupo del cual hayan formado parte, y que estén contenidas o almacenadas en un soporte electrónico o en una aplicación o herramienta informática de cualquier tipo, que los integrantes del Concejo Municipal de la Municipalidad de Antofagasta se abstengan en el futuro de realizar publicaciones referidas a su representado y den de baja o eliminen de sus plataformas de Internet, Instagram y Facebook toda publicación realizada en la que se hayan referido a su representado, sea con su imagen, nombre o dichos y en general, todas las otras medidas que estimen sean necesarias, procedentes y proporcionadas para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de su representado.

SEGUNDO: Que nombre reservado, abogado, informa solicitando el rechazo del recurso, que jamás he tenido contacto alguno con la prensa y que las conversaciones de la aplicación WhatsApp que fueron publicadas por los medios, no son una conversación privada, y el hecho que el señor nombre reservado participara de esos grupos, a través de su teléfono móvil personal no lo hace privada, porque se trata de conversaciones que se realizaron en sede laboral, a propósito del ejercicio de su cargo como jefe de gabinete del señor Alcalde de la comuna. Por lo que yerra en el sentido de entender que ejercer el derecho a presentar pruebas en juicio, vulnere sus derechos fundamentales, en particular, el derecho a la privacidad. No obstante, efectivamente se ha solicitado la reserva de la prueba, según consta en expediente electrónico de la demanda de tutela laboral.

Alega la falta de legitimidad pasiva, toda vez que no ha puesto en la prensa o redes sociales, ni tampoco ha solicitado a ningún medio insertar información referente al juicio de tutela laboral, no ha entregado o "filtrado" información, sólo cumplió con la carga procesal que subyace a una audiencia laboral preparatoria vía telemática, ofreciendo la prueba pertinente en juicio, evidenciándose aún más la falta de legitimación pasiva. Por lo que el recurso de protección debió haberse presentado en contra de aquellos medios que han publicado las conversaciones de WhatsApp presentado en juicio, y en contra de aquellos concejales que supuestamente han insertado en sus redes sociales cuestiones o elementos que atañen a la honra del actor.

Sostiene que el recurrente no es parte del juicio de tutela laboral y el hecho de verse afectada su honra y vida privada por publicaciones de ciertos medios informativos o publicaciones de ciertos concejales en sus redes sociales, no puede atribuirse a su parte, desde que los documentos han sido incorporados como un elemento de prueba en juicio. En relación a ello, la intimidad de la vida privada dice relación con aspectos íntimos o doméstico de una persona, pero lo ventilado en marras no es susceptible de tutela judicial, en el entendido que toda información relativa a asuntos políticos y de interés público, es materia sobre la cual los medios de comunicación y periodistas tienen el derecho a informar y los ciudadanos el derecho a recibir información.

Respecto de la expectativa de privacidad alegada por la recurrente no resulta legítima, ya que hay una notoria falta de legitimación pasiva y no resulta razonable, porque la supuesta vulneración a la privacidad se hizo en el contexto del legítimo ejercicio del derecho del debido proceso consagrado en la carta fundamental, más precisamente la carga procesal de aportar pruebas en la causa de tutela laboral, por lo que no existe actuación ilegal o arbitraria.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que la discusión está centrada en la incorporación, por parte del recurrido, de chats de mensajería de WhatsApp en causa laboral T-129-2022 del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, antecedentes ingresados en la oficina judicial virtual por el demandante -recurrido- como medio de prueba de sus pretensiones.

En este sentido, la Ley N°20.886 que modifica el Código de Procedimiento Civil, para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales, regula el principio de publicidad en el artículo 2° letra c, que indica; “Principio de publicidad. Los actos de los tribunales son públicos y, en consecuencia, los sistemas informáticos que se utilicen para el registro de los procedimientos judiciales deberán garantizar el pleno acceso de todas las personas a la carpeta electrónica en condiciones de igualdad, salvo las excepciones establecidas por la ley.

No obstante lo anterior, las demandas, las presentaciones relativas a medidas cautelares, incluso aquellas solicitadas en carácter prejudicial, y a otras materias cuya eficacia requiera de reserva serán accesibles únicamente al solicitante mientras no se haya notificado la resolución recaída en ellas.

Se prohíbe el tratamiento masivo de los datos personales contenidos en el sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial, sin su autorización previa. La infracción cometida por entes públicos y privados a lo dispuesto en este inciso será sancionada conforme a la ley Nº 19.628.

La Corte Suprema regulará mediante auto acordado la búsqueda de causas en el sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial”.

SEXTO: Que obra en la causa certificado del ministro de fe del Juzgado del Trabajo de Antofagasta, en causa RIT T-129-2022, que indica; “Que, conforme a los antecedentes que obran en autos, consta que con fecha 30 de mayo del año 2022, a las 08:34 horas y 08:34, don nombre reservado, incorpora a la Plataforma de Oficina Judicial Virtual, más de 700 páginas de documentos denominados “Chat completo grupo de WhatsApp equipo chico JV” y “Chat completo grupo de WhatsApp equipo JV”, sin que conste solicitud de reserva de la causa en dichas presentaciones. El mismo día 30 de mayo del año en curso se desarrolló audiencia preparatoria programada, en la que se proveyeron dichos documentos y, con fecha 02 de junio del mismo año, se decretó la reserva de la causa hasta la fecha”.

SÉPTIMO: Que la incorporación de los antecedentes en la causa laboral, reprochados en sede de protección, obedecen al ejercicio legítimo por parte del demandante, recurrido de autos, en cuanto acreditar los indicios necesarios en su acción laboral, sin observar una intención de perjudicar los derechos invocados como vulnerados por el recurrente, desde que, como el mismo indica en su recurso, las descalificaciones fueron efectuadas por algunos concejales y publicaciones en medios electrónicos, a propósito del principio de publicidad.

Así, efectuada la audiencia preparatoria y proveído los documentos se procedió a la reserva de los antecedentes según da cuenta el certificado del ministro de fe.

OCTAVO: Que el propio recurrente reconoce que junto con el recurrido eran integrantes del grupo “Chat completo grupo de WhatsApp equipoJV”, expresiones formuladas en ese grupo a propósito de “sus labores propias en el Municipio, en el tiempo que desempeñaba el rol de Jefe de Gabinete”, lo que sustenta la teoría que aquellos antecedentes pueden ser relevantes en la demanda de tutela laboral presentada por el recurrido en contra del Municipio, sin que se haya advertido a los participantes que se trataba de conversaciones de carácter reservado, sino que, por el contrario, se trataba de conversaciones de índole laboral.

De esta manera, es evidente que las conversaciones no dicen relación con la esfera privada del recurrente, y los documentos incorporados en la oficina judicial virtual gozan del principio de publicidad, sin perjuicio, una vez proveídos se decretó su reserva, por lo que no existe actuación ilegal o arbitraria que amerite una medida cautelar, considerando que no existe infracción de garantías constitucionales efectuadas por nombre reservado al incorporar los antecedentes como medio de prueba en su demanda de tutela laboral en contra del Municipio.

En este sentido, y a mayor abundamiento, en audiencia preparatoria el Juez Laboral dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 453 N°4 del Código del Trabajo, en cuanto; “El juez resolverá fundadamente en el acto sobre la pertinencia de la prueba ofrecida por las partes, pudiendo valerse de todas aquellas reguladas en la ley. Las partes podrán también ofrecer cualquier otro elemento de convicción que, a juicio del tribunal, fuese pertinente.

Sólo se admitirán las pruebas que tengan relación directa con el asunto sometido al conocimiento del tribunal y siempre que sean necesarias para su resolución.

Con todo, carecerán de valor probatorio y, en consecuencia, no podrán ser apreciadas por el tribunal las pruebas que las partes aporten y que se hubieren obtenido directa o indirectamente por medios ilícitos o a través de actos que impliquen violación de derechos fundamentales”.

De lo que se colige, que los antecedentes incorporados han sido evaluados como pertinentes para la resolución de la demanda de tutela, sin que implique violación de derechos fundamentales.

Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Jorge Van De Wyngard Moyano, abogado, en favor de nombre reservado, en contra de nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°12.022-2022 (Protección).