Protección contra LUVAL S

Antofagasta, a veinticuatro de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

La comparecencia de las abogadas Francisca Gutiérrez Soto y Yenifer Cornejos Quevedo, en representación de Sociedad de Transportes nombre reservado Medall Limitada, Rut N°77.RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, e interponen recurso de protección en contra de LUVAL S.A., Rut RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, de Antofagasta y en contra de Servicios Equifax Chile Ltda., con domicilio en domicilio reservado, de Santiago, por el acto, que estiman ilegal y arbitrario consistente en el ingreso de la recurrente en un registro de morosidad por una deuda inexistente y mal emitida, vulnerando las garantías constitucionales del artículo 19 N°4 y N°24 de la Constitución Política de la República, solicitando se ordene el retiro inmediato de dichos registros.

Con fecha 11 de mayo de 2026 y sin perjuicio de la presentación que antecede, la recurrente solicitó ampliar el recurso de protección, incorporando como recurrido a Servicios Equifax Chile Ltda.

Informó la recurrida Luval S.A. al tenor del recurso, complementando posteriormente su informe.

La recurrida Servicios Equifax Chile Ltda., evacuó el informe pidiendo el rechazo, con costas, de la presente acción constitucional.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, se indica en el recurso que la recurrente mantiene relaciones comerciales habituales con la recurrida LUVAL S.A., adquiriendo constantemente los productos que ofrece y el 4 de junio del 2025 LUVAL S.A., emitió la factura número 1523994, por $1.264.068, por un producto, pero emitido a una persona distinta al recurrente o su representante legal, ya que, la factura fue emitida a una persona de apellido González, quien aparece como firmante, aunque su parte no conoce a dicha persona, pues, la empresa no verificó los antecedentes antes de emitir la factura.

Destacan que el 18 de abril de 2026 el recurrente supo que la acreedora ingresó la supuesta deuda a Equifax, afectando el crédito y reputación del recurrente, al enterarse a solicitar un crédito en una entidad bancaria.

Añaden que por ello el recurrente contactó a la empresa LUVAL S.A., la que reconoció expresamente el error, pues, el antiguo trabajador la emitió de manera incorrecta, sin verificar la identidad de la persona o empresa que realmente estaba comprando, y no obstante aquello, la recurrida LUVAL S.A., se negó injustificadamente a eliminar íntegramente la factura y cesar la comunicación de la deuda, señalando que “por protocolo” no podía hacer más que derivar la obligación a cobranza o eventualmente asumir parcialmente el monto.

Indican que la recurrente al no obtener una respuesta positiva por LUVAL S.A, con fecha 29 de abril, fue al Servicio de Impuestos Internos a realizar la respectiva denuncia por la emisión de aquella factura, lo que quedó registrado bajo el número RUT reservado.

Explican que, como consecuencia directa de lo anterior, la deuda continúa publicada en los registros comerciales, siendo una condición de morosidad injusta y arbitraria, que ha afectado gravemente su acceso al crédito y normal desenvolvimiento comercial, vulnerando sus derechos fundamentales, actuar de la recurrida reviste especial gravedad, porque mantienen y comunican una obligación cuya inexistencia conocen expresamente.

Sostienen que la publicación en DICOM es ilegal, ya que la deuda no es líquida, exigible ni de plazo vencido, contraviniendo la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada, al tratarse de una "factura no emitida con las calidades referidas", careciendo de sustento contractual; y asimismo, la factura informada carece de todo fundamento jurídico, ya que, según el artículo 1445 del Código Civil, para que una persona resulte obligada es indispensable que otorgue su consentimiento, el acto conste de un objeto lícito y una causa lícita, lo que en este caso jamás ocurrió, pues jamás hubo contratación, aceptación ni consentimiento, siendo aquella obligación jurídicamente inoponible a su parte, vulnerándose, asimismo, el principio general de buena fe del artículo 1546 del Código Civil, siendo grave que la empresa LUVAL S.A., reconozca expresamente el error y aun así mantenga activa la comunicación de la deuda, ofreciendo cubrir la mitad del pago por el error cometido, conducta que excede la mera negligencia y constituye un actuar abiertamente arbitrario.

Arguyen que la morosidad publicada no reviste ninguna de las calidades del inciso 1° del artículo 17 de la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada o Protección de Datos de Carácter Personal, Título III de la ley 19.628, ya señalada, que versa sobre la utilización de datos personales relativos a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, pues el artículo 17 señala cuáles son las obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial que pueden ser publicadas y cuando pueden serlo, manifestando la voz “sólo podrán” previo a nombrar cada una de ellas, no señalando la citada norma en ninguno de sus incisos a las obligaciones que emanan de la factura, por lo tanto, proceder a publicarlas en su informe comercial por parte de la recurrida importa necesariamente una acto ilegal y arbitrario. Añade que para que proceda la comunicación y posterior inclusión de ésta en la base de datos de “Dicom” era necesario, además, que en ella constara el consentimiento expreso del deudor, autorización que no existió en la especie, como así lo ha resuelto reiteradamente la jurisprudencia que cita.

Afirman que la actuación recurrida carece completamente de razonabilidad y fundamento racional, no existiendo justificación jurídica válida para mantener informada una deuda inexistente, sostener registros comerciales falsos, afectar el prestigio comercial de un tercero ajeno a la operación, reiterando que la recurrida reconoce el error, pero pretende igualmente trasladar las consecuencias de su negligencia al recurrente, lo que constituye la arbitrariedad que el recurso de protección busca corregir.

Seguidamente aludió latamente a las garantías constitucionales vulneradas, del artículo 19 N°4 y 21° de la Constitución Política de la República, luego a la ilegalidad de publicar facturas, y a la legitimidad activa de las personas jurídicas en la protección a su honra, citando al efecto jurisprudencia.

Termina solicitando el cese del acto ilegal y la eliminación de la empresa de los registros de Equifax, y resolviendo que, al publicar la factura en que el recurrente aparece como moroso, ha actuado en forma arbitraria e ilegal, perturbando y amenazando las garantías constitucionales previstas en los N°4, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ordenándose a la recurrida que se abstenga de continuar publicando la factura.

Más adelante hicieron presente que la factura acompañada e individualizada en autos, fue mal emitida por la empresa LUVAL S.A, pero su parte al hacer una revisión exhaustiva de las facturas de la empresa, tomó conocimiento que esa factura N°1523994, no es la que figura actualmente en SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA, pues, fue anulada mediante nota de crédito N°1022339 pero la empresa LUVAL S.A, con 21 días de diferencia emitió nuevamente de forma errónea, la factura N°1524281, siendo esa nueva factura la que se encuentra en el sistema de SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA. Añaden que las referidas facturas contienen un error material que no alteran la naturaleza de la obligación discutida en autos, pero que resulta necesario aclarar para una correcta apreciación de los antecedentes acompañados.

SEGUNDO: Que la recurrida, Luval S.A. informó el recurso, señalando que su parte emitió la factura N°1524281 por $1.264.068 a la recurrente con fecha 26/06/2025 y cuya fecha de vencimiento es 26/07/2025, factura que fue válidamente emitida por la venta de dos lubricantes marca valvoline eurodiesel 15w40 ci-4 tb.208 lt, como se detalla en la misma, añadiendo que esa factura está impaga y recibida, sin observación alguna ante el SII por lo cual se entiende que dichas mercaderías fueron recibidas por la recurrente de manera satisfactoria, teniéndose por irrevocablemente aceptada, y por ello su parte está ejerciendo el derecho legal de cobro de dicha factura según la Ley 19.983, que regula la transferencia y otorga merito ejecutivo a copia de la factura, factura que no fue reclamada en tiempo y forma, y que actualmente está vencida e impaga, cumpliendo así con los requisitos legales para tener mérito ejecutivo, siendo publicada según el artículo 17 de la Ley 19.628, en tanto la factura emitida por su parte, es consecuencia de una relación comercial existente entre las partes, cumpliendo con el presupuesto fáctico de la antes dicha norma citada.

Más adelante, ampliando su informe, señaló que el recurso interpuesto y los hechos descritos hacen alusión a la factura N°1523994 por la suma de $1.264.068, emitida el 5 de junio, factura que fue anulada el mismo día 5 de junio, con nota de crédito 1022339, por la suma de $1.264.068.

Hace presente que ambas facturas, tanto la que actualmente se persigue su cobro, (factura N°1524281) como aquella factura que fue anulada (N°1523994) fueron emitidas correctamente a Sociedad de Transportes nombre reservado Ltda., por lo que la factura que actualmente se cobra y que se encuentra publicada, es la factura N°1524281 por la suma de $1.264.068, emitida a la recurrente el 26/06/2025 y cuya fecha de vencimiento es 26/07/2025, factura – reitera - válidamente emitida a la Sociedad señalada, por la venta de dos lubricantes marca Valvoline euro diésel 15w40 ci-4 tb.208 lt, como se detalla en la misma.

Destaca que esa factura está impaga y fue recibida, sin observación alguna ante el SII por lo cual se entiende que dichas mercaderías fueron recibidas por la recurrente de manera satisfactoria, teniéndose por irrevocablemente aceptada.

Reitera que la factura N°1523994, por la suma de RUT reservado, emitida el 5 de junio, fue anulada el mismo día 5 de junio, con nota de crédito 1022339, por la suma de $ 1.264.068 y posterioridad LUVAL S.A. emitió la factura N°1524281 por la suma de $1.264.068, con fecha 26-06-2025, la cual se encuentra publicada y exigible para su cobro.

Termina solicitando tener por aclarado y complementado su informe.

TERCERO: Que, informó la recurrida Servicios Equifax Chile Limitada, solicitando el rechazo del recurso.

Hace presente que dentro de su giro se procesa información aportada por comerciantes, industriales o profesionales asociados a la base de datos Boletín Electrónico Dicom (“BED”), base de datos que se confecciona con antecedentes proporcionados por los propios aportantes al sistema, como ocurre en el caso sub-lite, quienes se obligan contractualmente a entregar mensualmente o con la periodicidad que se convenga, en nómina escrita o medio magnético, los nombres de morosos y/o aclaraciones por pago, con indicación de los nombres y apellidos del deudor moroso, domicilio, monto adeudado, etc; informar por escrito y oportunamente a Equifax las dudas que puedan plantearse respecto de los antecedentes entregados; aclarar a requerimiento de Equifax, en un plazo que se determina contractualmente, cualquier consulta o reclamo relacionado con los registros ingresados, acompañando y/o remitiendo la documentación respaldatoria de la información proporcionada, asimismo, el aportante es el único responsable de la exactitud de la información proporcionada, pues, los aportantes deben informar a Equifax, al instante los pagos, y/o regularizaciones de los registros, utilizando el portal BED, disponiendo para ello de una clave de acceso o password secreta, de su exclusivo conocimiento y administración, todo lo que consta en un contrato que Equifax suscribe con los aportantes de la información, el que detalla y establece contractualmente las obligaciones que asume cada una de las partes contratantes, y así, el aportante de información asume la obligación de no ingresar al BED morosidades respecto de las cuales exista concesión de esperas, prórroga de plazo; contienda, recursos o acciones anteriores o posteriores a la entrega de la información; que consten en documentos reclamados o con más de 5 años contados desde la fecha de su exigibilidad, y a mayor abundamiento, el suscriptor o aportante de la información debe comunicar inmediatamente a Equifax las aclaraciones de las deudas morosas, siendo el responsable del ingreso de información al portal BED el aportante, quien asume contractualmente toda responsabilidad derivada del ingreso de datos inexactos, inexistentes, incompletos, erróneos o caducos.

Indica que sin que la recurrente haya efectuado presentación alguna ante su Servicio de Atención, Equifax revisó los respaldos de la publicación al aportante LUVAL S.A., resultando que estos fueron incluidos en la presente causa mediante escrito que consta a folio 12, de 8 de junio de 2026, adjuntando copia de la Factura Electrónica N°1524281 por $1.264.068 con fecha de vencimiento 26 de julio de 2025 y Registro de Registro de aceptación o reclamo de DTE emitidos por el Servicio de Impuestos Internos donde consta que la factura no fue reclamada dentro del plazo de 8 días de acuerdo a la Ley 19.983, estando irrevocablemente aceptada, cumpliendo así, al menos formalmente, con los requisitos para su publicación, solicitando el aportante que se mantenga vigente la misma.

Destaca el artículo 160 inciso 2° del Código de Comercio, norma que señala: “No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada”, mientras que el artículo 3° de la Ley 19.983, también indica que “Para los efectos de esta ley, se tendrá por irrevocablemente aceptada la factura si no se reclamara en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio”.

Afirma que, por lo anterior, no existe acto ilegal ni arbitrario que pudiere imputarse a su parte, por cuanto Equifax ha obrado en todo momento, con estricto apego a sus obligaciones legales y contractuales, por lo que el recurso de protección deberá ser rechazado.

Expresa que la presente acción no debe prosperar porque no existe la acción u omisión ilegal o arbitrario que la recurrente indica y no existe privación, perturbación o amenaza de derechos constitucionales, y además, la recurrente deberá acreditar, la existencia de un derecho indiscutido y preexistente, de aquellos cuyo imperio ha de ser protegido por esta vía cautelar de urgencia, lo que no ocurre en el caso de autos, por lo que la presente acción ha de ser rechazada.

Precisa que Equifax no está obligada a realizar un análisis previo de los antecedentes comerciales que publica, como un examen de razonabilidad de la deuda, pues esta obligación no recae en quien la publica sino en quien la informa para que sea publicada, citando jurisprudencia al efecto.

Señala que la recurrente ha sostenido que la publicación efectuada por Equifax constituiría un actuar ilegal, porque vulneraría los preceptos de la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, pero es evidente que no es sujeto de protección de dicha norma, no obstante, la errónea aplicación del derecho que pretende la recurrente implicaría resolver contra texto expreso de la Ley, dado que en el artículo segundo de la Ley 19.628, literal f), define Datos de Carácter Personal como “los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables” y su literal ñ) define como Titular de los Datos a “la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal.”. citando al efecto los artículos 19 y 20 del Código Civil.

Afirma que la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada es absolutamente clara en su sentido, historia y espíritu, además de entregar el legislador definiciones precisas respecto a la aplicación de este estatuto jurídico.

Añade que la doctrina nacional ha rechazado la idea de que las personas jurídicas sean sujetos de protección de este derecho, pues, la privacidad es un derecho personalísimo basado en el patrimonio moral del sujeto y su dignidad, conceptos aplicables solamente al ser humano y a la personalidad humana”.

Agrega que lo sostenido en el recurso contraviene la intención del legislador que durante la tramitación de la Ley N°19.628, concibe este cuerpo legal para personas naturales y no jurídicas; y además, ello sería contrario a la interpretación por parte del Consejo para la Transparencia, ya que conforme al literal m) del artículo N°33 de la Ley N°20.285, sobre acceso a la información pública, se faculta al Consejo para la Transparencia para velar por el debido cumplimiento de la Ley N°19.628, por parte de la Administración del Estado, ya sea mediante resolución de casos particulares o la dictación de recomendaciones, y el 30 de noviembre del 2020, el Consejo para la Transparencia por resolución exenta N°304, aprobó el texto refundido y actualizado de las recomendaciones sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado, y en el caso particular, se destaca la definición de datos personales contenida en las referidas recomendaciones, que restringe la definición exclusivamente a personas naturales.

Expresa que, asimismo, lo sostenido por la recurrente es contrario a la definición que mantiene la reciente Ley N°21.719 que modifica la Ley N°19.628, que establece como dato personal “cualquier información vinculada o referida a una persona natural identificada o identificable.” lo que se refuerza en la historia de la ley, pues, el objetivo del proyecto es “perfeccionar las normas relativas al tratamiento de los datos personales de las personas naturales, de manera que éste se realice con el consentimiento del titular de dichos datos o en los casos que lo autorice la ley, asegurando estándares de calidad, información, transparencia y seguridad. Asimismo, crear la Agencia de Protección de Datos Personales, organismo público encargado de velar por la protección de los datos personales” y la Comisión del Senado, al referirse al objetivo del proyecto de ley, hace referencia únicamente a las personas naturales.

Añade que, por último, sería contrario a la jurisprudencia dominante al respecto, la que cita relativa a la inaplicabilidad de la Ley N°19.628 a las personas jurídicas.

Destaca que la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada es absolutamente clara en su sentido, historia y espíritu, además de entregar el legislador definiciones precisas respecto a la aplicación de este estatuto jurídico, y por ello no cabe sino rechazar el presente recurso porque la ley tantas veces citada, no le es aplicable a la recurrente por su condición de persona jurídica.

Sostiene que la actividad de Equifax se enmarca dentro de la legalidad, la que no le impone la obligación de hacer, previamente a la publicación de los antecedentes comerciales que recibe, un estudio o análisis de la razonabilidad de la deuda e investigar la efectividad de la misma, ya que la responsabilidad de la veracidad de esta información comercial no recae en quien la publicita, sino en quien proporciona la información para ser publicada, en este caso, en la sociedad SOCIEDAD DE TRANSPORTES nombre reservado MEDALL LIMITADA.

Agrega que en la normativa vigente no existe una regulación expresa en materia de remisión de información sobre personas jurídicas, y por ende, no existiendo norma legal que impida publicar o hacer circular una factura, ha de concluirse que, situado el conflicto en el ámbito del derecho privado en el que se puede realizar todo aquello que no está prohibido por la ley expresamente, la conducta de Equifax no resulta contraria al ordenamiento jurídico, lo que desde luego obsta a que la presente acción constitucional pueda prosperar, como ha sido resuelto reiteradamente por nuestros tribunales de justicia.

Afirma que no existe un derecho indubitado que haga procedente acoger la acción de protección, pues, de los hechos de la causa y antecedentes acompañados se desprende irrefutablemente la existencia de una relación comercial entre la recurrente y el aportante, siendo un hecho indiscutido que la factura fue válidamente emitida por la recurrida y que no fue rechazada ni objetada dentro de los plazos legales, y de allí que no exista un derecho indubitado que merezca protección constitucional, toda vez, que efectivamente existe una deuda entre la recurrente y el aportante de la información al Boletín Electrónico Dicom, no habiendo acreditado la recurrente, de forma fehaciente, su cumplimiento o su extinción.

Enfatiza que la procedencia de la acción de protección de garantías constitucionales requiere la existencia de un derecho indubitado en favor del actor y, sólo de concurrir tal derecho, corresponde determinar si se dan o no los demás requisitos para otorgar la cautela requerida, citando jurisprudencia.

Termina señalando que no existe acto ilegal ni arbitrario que pudiere imputarse a su parte, por cuanto Equifax ha obrado en todo momento, con estricto apego a sus obligaciones legales, contractuales y conforme a la legislación vigente, motivos por los cuales, solicita que el recurso de protección sea rechazado, con costas.

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, primeramente es dable indicar que el recurso de protección, discurre genéricamente sobre la base del ingreso de la recurrente en un registro de morosidad por una deuda - a su juicio - inexistente y mal emitida, vulnerando con ello las garantías constitucionales del artículo 19 N°4, 21° y 24° de la Constitución Política de la República, al emitirse erróneamente la factura N°1523994 ingresándose dicha supuesta deuda a Equifax, la que continúa publicada en los registros comerciales, siendo la publicación en DICOM ilegal, porque la deuda no es líquida, exigible ni de plazo vencido, contraviniendo la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada, actuación que, además, es arbitraria, por carecer de racionabilidad y fundamento racional.

Más adelante, a través de un escrito “téngase presente”, señaló que la factura N°1523994 fue anulada, y que aquella que figura en el sistema de Servicios Equifax Chile Ltda., es la factura N°1524281 la que también se emitió de forma errónea, sin ahondar sobre dicho aserto.

SÉPTIMO: Que, del examen de los antecedentes no se advierte un obrar ilegal o arbitrario por parte de las recurridas.

En efecto, en cuanto a Servicios Equifax Chile Ltda., ha justificado su actuar en el marco del sistema de información comercial que administra, el cual se nutre de los antecedentes proporcionados por terceros aportantes quienes asumen contractualmente la responsabilidad por la veracidad, exactitud y actualización de los datos ingresados, limitándose aquella a su procesamiento y difusión. En la especie y conforme al documento que acompaña, se detalla como morosidad impaga la factura N°1524281 por la suma de $1.264.068, con vencimiento el 26 de julio de 2025, siendo el acreedor “Productos Lubricantes Luval Ltda.” y la fecha de publicación, el 23 de marzo de 2026. En este sentido, no se advierte que dicha recurrida haya incurrido en una actuación contraria al ordenamiento jurídico, pues operó según el mecanismo previsto para este tipo de información, no siendo aquello un obrar antojadizo ni carente de razonabilidad, más aún cuando consta, según el documento acompañado por la recurrida Luval S.A., que el contenido de la factura no habría sido reclamado por la recurrente.

A su turno, tampoco se vislumbra un acto ilegal o arbitrario en relación con la recurrida Luval S.A. porque la primigenia factura aludida en el recurso de protección N°1523994 fue anulada mediante la nota de crédito N°1022339, mientras que la factura N°1524281 informada a Servicios Equifax Chile Ltda., tiene el debido sustento según se desprende de los documentos allegados a su informe y, por lo demás, al efecto solo se indicó por la actora, que la factura N°1524281 se informó de forma errónea, sin especificar las razones de dicha afirmación, e incluso, ante tal aserto, es dable tener presente que las controversias relativas a la existencia, extinción o exigibilidad de la obligación contenida en la factura, constituyen una cuestión que excede el ámbito propio de la presente acción cautelar.

OCTAVO: Que, por las razones indicadas precedentemente, al no advertirse un obrar ilegal o arbitrario por parte de las recurridas que conculquen las garantías constitucionales esgrimidas en el recurso, se rechazará el presente arbitrio constitucional, según se dirá en la parte resolutiva.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de la Sociedad de Transportes nombre reservado Medall Limitada, en contra de Luval S.A. y Servicios Equifax Chile Ltda.

Regístrese y comuníquese.

Rol N°1200-2026 (Protección)

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