nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Antofagasta, a dos de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

nombre reservado, conductor logístico, domiciliado en domicilio reservado, beneficiario de los Programas de Apoyo a la Identidad de Género y Salud Trans, quien dedujo acción constitucional de protección en contra de la Contraloría General de la República, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el requerimiento y eventual entrega de datos sensibles de su ficha clínica e identidad de género, contenido en el Oficio N°8163/2026 de 14 de enero de 2026, el que vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°1 y N°4 de la Carta Fundamental. Solicita se ordene a la recurrida abstenerse de entregar y/o procesar cualquier dato que permita su identificación personal en relación con los programas de salud señalados.

Informó la Contraloría General de la República al tenor del recurso deducido.

A su turno, informó la Subsecretaría de Redes Asistenciales, toda vez que atendido los hechos en que se basa el recurso se ofició al efecto.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que señaló el recurrente el 14 de enero de 2026 la Contraloría General de la República emitió el Oficio N°OF8163/2026, mediante el cual reitera a la Subsecretaría de Redes Asistenciales la solicitud de información detallada de los beneficiarios de la "Iniciativa de Apoyo a la Identidad de Género" y del "Programa Salud Trans". El órgano contralor exige la remisión de antecedentes que, por su naturaleza, se encuentran contenidos en fichas clínicas y registros de salud protegidos por reserva legal.

Indica que dicho acto es ilegal por cuanto infringe el artículo 10 de la Ley N°19.628, que prohíbe el tratamiento de datos sensibles salvo autorización legal o consentimiento expreso, y el artículo 13 de la Ley N°20.584, que restringe el acceso a la ficha clínica. Si bien la Contraloría invoca el artículo 9° de su Ley Orgánica (N°10.336), dicha facultad de fiscalización no es absoluta y debe ejercerse respetando el núcleo esencial del derecho a la privacidad y la protección de datos personales. La entrega de listados de beneficiarios con diagnósticos y tratamientos específicos de identidad de género constituye una intromisión desproporcionada a su vida privada.

Estima que se ha vulnerado el derecho a la vida privada y protección de datos, garantía constitucional contenida en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, pues la divulgación de su condición de salud y tránsito de género a un organismo externo, sin su consentimiento, transgrede la autodeterminación informativa. Asimismo, la garantía a la integridad psíquica, contemplada en el numeral 1° de la norma constitucional citada, pues la exposición de estos datos sensibles genera un riesgo inminente de estigmatización y afectación a su honra y estabilidad emocional.

Con todo, solicita se ordene a la recurrida abstenerse de entregar y/o procesar cualquier dato que permita su identificación personal en relación con los Programas de Apoyo a la Identidad de Género y Salud Trans.

SEGUNDO: Que, informó Yasmina Viera Bernal, abogada, jefa de la División Jurídica del Ministerio de Salud, en representación de la Subsecretaría de Redes Asistenciales de dicho ministerio.

En primer término, se refirió al marco regulatorio contenido esencialmente en la Ley N°21.120, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. En ésta, se reconoce el derecho de toda persona a ser reconocida y protegida conforme a su identidad de género, entendida ésta como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente. Además, establece las garantías asociadas al goce y ejercicio del derecho a la identidad de género (reconocimiento y protección de la identidad y expresión y libre desarrollo de la persona), así como una serie de principios, tales como el de no patologización, confidencialidad, dignidad en el trato. Estos principios a pesar de que se encuadran en el procedimiento de cambio registral son aplicables a toda la Administración del Estado, pues debe tenerse siempre a la vista, que la identidad es una manifestación de la dignidad humana.

Destaca las garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia contemplados en la referida normativa, pues exige que toda actuación administrativa observe estrictamente el interés superior del niño, niña y adolescente, aplicando criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, de modo de resguardar de manera prioritaria sus derechos fundamentales y reducir al mínimo cualquier riesgo de estigmatización, exposición indebida o afectación psicosocial. Es por ello, que la solicitud de información identificatoria y clínica relativa a niños, niñas y adolescentes debe ser evaluada bajo un estándar de protección reforzada, en atención a su especial condición de sujetos de derecho.

Agrega que, en el contexto del procedimiento de rectificación de sexo y nombre registral, se instauraron los Programas de Acompañamiento profesional, comúnmente conocidos como “Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género” (PAIG). Así, a través del Decreto N°3, publicado el 29 de agosto de 2019, se aprobó el reglamento del artículo 26 de la Ley N°21.120, que regula las acciones mínimas que deben contemplar estos programas de acompañamiento profesional. Su objetivo es entregar acompañamiento psicosocial a niño, niña o adolescente, sus familias y contextos sociales cercanos (principalmente comunidades educativas) a través del trabajo de una dupla psicosocial (integrada por profesionales psicológico y trabajadores sociales). Tiene un carácter promocional y preventivo e implementa acciones destinadas a reducir la exposición a factores de riesgo que afectan a niño, niña o adolescente trans y género no conforme y promover su desarrollo integral y nivel más alto posible de salud. Para cada caso y según las características y necesidades individuales, se elabora un Plan de Cuidados Integrales que incluye una intervención en los ámbitos individual, familiar y social y educativo, mientras que no incluye la prescripción de hormonoterapia para bloqueo puberal o género afirmativa, ni la indicación de cirugías que pudieran estar asociadas a reafirmación sexo genérica.

Menciona que del mismo modo se ha desarrollado un programa para personas trans mayores de edad, denominado “Programa de Salud Trans”, que consiste en la evaluación integral para la terapia hormonal género afirmativa solo para adultos. Así, por medio de Resolución Exenta N°733 de 27 de junio de 2025, se aprobaron las “Consideraciones técnicas operativa para el abordaje de la terapia hormonal género afirmativa en personas transadultas”.

Expuso con especial relevancia la protección de datos sensibles y sobre los derechos y deberes del paciente. En tal sentido, citó el numeral 4° del artículo 19 de la Carta Fundamental, relativo a la protección de los datos personales, que prescribe que el tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley. Así, la Ley N°21.120, ya citada, como la Ley N°20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, hacen aplicable –tanto al procedimiento de cambio registral como al manejo de la ficha clínica— el artículo 2°, letra g), de la Ley N°19.628 sobre protección a la vida privada. Ésta última norma se refiere al concepto de “datos sensibles”, dentro de los cuales contempla la información relativa a la vida sexual, a la orientación sexual y a la identidad de género de una persona. Además, define el tratamiento de este tipo de datos, en el que determina que su acceso o utilización solo resulta procedente con consentimiento del titular o habilitación legal expresa y específica, no siendo suficiente la invocación de facultades generales ni el deber de reserva del organismo solicitante.

Por su parte, se refirió a la regulación de la reserva de la información de salud de las personas, especialmente la contenida en la ficha de salud. En ese orden, citó el artículo 134 del Código Sanitario que prescribe que éstas tendrán el carácter de reservado, salvo para las autoridades judiciales, del Ministerio Público y para el Servicio Nacional de Salud. Lo anterior, concordante con lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la Ley N°20.584, pues respecto de la ficha clínica señala que ha de ser considerada como dato sensible, además su carácter de reservado respecto de terceras personas. Esta limitación de acceso a la información que consta en la ficha clínica se extiende incluso al personal de salud y administrativo del mismo prestador que no esté vinculado a la atención del paciente. Luego, este mismo artículo enumera una lista taxativa de aquellos terceros distintos del personal que participa directamente de la atención de salud, que se encuentra facultado para acceder a la información que consta en este instrumento, dentro de las cuales no figura la Contraloría recurrida.

Precisa además que la Contraloría General de la República puede dirigirse directamente a cualquier jefe de oficina o funcionario para solicitar información relativa al servicio e impartir instrucciones y que las entidades del Estado están obligadas a proporcionar la información solicitada en el marco de sus funciones fiscalizadoras, pero que como todo organismo público, sus potestades están sujetas a las limitaciones previstas en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, que establecen los principios de legalidad, juridicidad y primacía constitucional. Asimismo, delimitan sus atribuciones la necesidad de resguardar la protección de los derechos fundamentales, particularmente cuando su ejercicio incide sobre la esencia de dichos derechos.

En ese orden de ideas, sostuvo que, en el caso de reconocer la atribución de la Contraloría General para conocer datos clínicos nominados sin autorización de su titular, se verifica que su solicitud no satisface los principios de idoneidad y proporcionalidad, que debe regir a todos los organismos de la administración pública, ni los principios de finalidad y calidad establecidos en la Ley N°19.628, de protección de datos personales. Lo anterior, obedece a que, del análisis de la solicitud, es posible constatar que los datos que se requieren no son idóneos para satisfacer la finalidad declarada. En efecto, los datos de la identidad de las personas que acceden al Programa de Salud Trans no son pertinentes para determinar el destino de los fondos considerados en la atención de determinadas patologías, ni son necesarios para verificar el cumplimiento de alguna política pública vinculada con la oportunidad y calidad en que se otorgan ciertas prestaciones.

En ese sentido, señaló que resulta plenamente viable llevar a cabo una fiscalización detallada del uso de los recursos públicos, incluyendo el registro preciso de la cantidad de usuarios que participan en el programa, así como del personal involucrado y de los insumos financiados con cargo al presupuesto asignado. Este enfoque permitiría asegurar la transparencia y eficiencia en la gestión de los fondos públicos.

Por su parte, en lo relativo a la oportunidad y calidad de las prestaciones que se pretende verificar por medio de esta auditoría, es pertinente aludir a las definiciones legales que se contemplan en el marco de la Ley N°19.966 que establece garantías explícitas en salud. A grandes rasgos, por garantía de oportunidad (artículo 4°, letra c) entendemos el plazo máximo para el otorgamiento de las prestaciones de salud garantizadas. Al respecto, es pertinente tener en cuenta que en el caso de las prestaciones asociadas al acompañamiento previsto en la Ley N°21.120, éstas no se encuentran dentro de las patologías respecto de las cuales se han previsto garantías de oportunidad. De todas formas, en caso de pretender verificar los tiempos de atención, estos son factibles de revisar sin conocer la identidad específica de los niños, niñas y adolescentes usuarios. A su vez, en relación con el aseguramiento de la calidad, el artículo 4 letra b) de la ley citada, indica que por calidad se entiende el otorgamiento de las prestaciones de salud garantizadas por un prestador registrado o acreditado, de acuerdo con la Ley Nº19.937. Siendo que es una medida que se realiza en relación con el prestador, sea este individual o institucional, la identificación de los usuarios y la información que consta en las fichas clínicas no resulta idónea para constatar su verificación y cumplimiento.

TERCERO: Que, a través del Oficio N°OF27528/2026 informó la Contraloría General de la República, la que solicitó se desestime en todas sus partes el recurso deducido en estos autos.

En primer lugar, hizo presente que el origen y fundamento de la solicitud de auditoría, tuvo en consideración el Informe de la Comisión Investigadora de la H. Cámara de Diputadas y Diputados (CEI 57) “Encargada de reunir antecedentes sobre los actos del gobierno relacionados con los planes y programas de acompañamiento para personas cuya identidad de género no coincida con su nombre y sexo registral”, de 19 de noviembre de 2024. Por lo anterior, la División de Fiscalización, mediante Oficio N°E203452, de 28 de noviembre de 2025, comunicó a la Subsecretaría de Redes Asistenciales el inicio de una auditoría a los referidos Programas de Apoyo a la Identidad de Género y Salud Trans, ejecutados entre los años 2023 a 2025, indicándose que los funcionarios designados para practicarla actuarían investidos de las facultades previstas en los artículos 131 y 132 de la Ley N°10.336. Dicha comunicación fue distribuida a la Subsecretaría de Salud Pública, al Fondo Nacional de Salud, a la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud y a los Servicios de Salud de la Región Metropolitana.

Indicó que frente a la respuesta de las Subsecretarías de Salud Pública y de Redes Asistenciales, en orden a que no disponían de un “registro pormenorizado con la individualización de los pacientes beneficiarios de ambos programas”, la mencionada División de Fiscalización, mediante su Oficio N°OF3818, de 8 de enero de 2026, dispuso que tales subsecretarías y todos los servicios de salud debían remitir la información que allí se indica. Así, a través de su oficio N°32, de 12 de enero de 2026, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en relación con la señalada solicitud, precisó que no contaba con “facultades legales expresas” que la habilitaran “para vulnerar la reserva de datos sensibles, y la obligación superior de proteger la vida privada y el interés superior del niño”, agregando que existen limitaciones derivadas de las leyes N°19.628 y N°20.854, así como de los estándares internacionales de derechos humanos, que le impiden entregar las nóminas identificadas de usuarios -niños, niñas y adolescentes- de los mencionados programas, atendidos los resguardos de confidencialidad y protección de datos personales que resultan procedentes. En respuesta a lo anterior, mediante Oficio N°OF8163, de 14 de enero de 2026 -acto que ha sido impugnado por el recurrente-, reiteró el requerimiento formulado a través de los indicados oficios N°E203452, de 2025, y N°3818 de 2026, fundamentando jurídicamente su procedencia, conforme con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N°10.336, así como el criterio contenido en el dictamen N°86.382 de 2013, de este origen, entre otros argumentos que se detallan.

Agregó que, la emisión del aludido Oficio N°OF8163, de 2026, se enmarca en el legítimo ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, sin que el acto emitido incurra en ilegalidad y/o arbitrariedad alguna, ni importe la vulneración de las garantías consagradas en los numerales 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política.

Por su parte, precisó que el recurso de protección de autos se dirige en su contra por la emisión del Oficio N°OF8163, de 2026, cuyo destinatario no es el recurrente, sino que la Subsecretaría de Redes Asistenciales, y se funda en la errada hipótesis de que divulgará información o datos sensibles de los usuarios de los programas que se auditarán, lo que no es verdadero ni se condice con su actuar. Sumado a que la actuación de que se trata no recae sobre personas naturales, sino que tiene por objeto auditar la actuación de diversas instituciones públicas que se vinculan con la ejecución de los Programas de Apoyo a la Identidad de Género y de Salud Trans.

En ese orden de ideas, señaló que el control se desarrolla comprobando la información relativa al desarrollo, a la práctica, a los procedimientos y resultados de los programas; el cumplimiento de las prestaciones asociadas; las transferencias o entrega de recursos y/o beneficios a los interesados, en los términos en que la normativa lo dispuso; como la circunstancia de que se hayan empleado e invertido correctamente los recursos públicos que la ley autorizó, entre otros. Así, la única forma de evidenciar tales aspectos en la fiscalización es conociendo el nombre, RUT y datos de las personas beneficiarias. Ello, con la exclusiva finalidad de confirmar que, efectivamente, el órgano público atendió a los interesados, cómo y cuándo lo hizo, y si las prestaciones o atenciones involucradas se otorgaron en la forma prevista, entre ellas, en lo que concierne al suministro de medicamentos.

Por otro lado, aseveró que su actuar se ajusta a la legalidad, cuyos fundamentos jurídicos se encuentran regulados en el artículo 98 inciso 1° de la Constitución Política de la República, artículos 9 y 21 A de la Ley N°10.336, de las que puede advertirse que, en el marco del ejercicio de sus atribuciones propias, puede requerir de información a las entidades sujetas a su fiscalización, salvo, por cierto, la obligación que pesa sobre él de resguardar debidamente la reserva o secreto de la información, como lo ha hecho siempre en las múltiples fiscalizaciones que ha realizado a lo largo de su historia, en que ha accedido a datos sensibles de menores de edad y adultos, sin publicar jamás información que tenga carácter de reservada o secreta.

Además, señaló que, a la luz del artículo 20 de la ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada, la información que revista el carácter de dato personal puede ser traspasada entre organismos públicos, en la medida en que estos actúen en el ámbito de sus respectivas competencias, que es precisamente lo que ocurrirá en la especie. Ello, pues se trata de antecedentes que mantienen las entidades públicas antes individualizadas, en relación con sus atribuciones propias, y que es requerida por la Contraloría General para dar cumplimiento a los mandatos que le impone el ordenamiento jurídico. En el ámbito de los datos sensibles -como sucede, por ejemplo, con aquellos contenidos en la ficha clínica de una persona-, de conformidad con la normativa y con la jurisprudencia de larga data, contenida, entre otros, en el dictamen N°86.382, de 2013, los órganos sujetos a la fiscalización de la Contraloría General están obligados a entregar a ésta toda información o documento que se encuentre en su poder, en la medida que ello sea necesario para el debido ejercicio de las funciones que la Constitución y la ley le confieren.

A su turno, descartó que el oficio que se ha impugnado pueda ser calificado como arbitrario, toda vez que, tanto la planificación, como la ejecución de la auditoría en la que se enmarca el requerimiento de información y el acto que lo reitera se ha ajustado a las directrices que regulan este tipo de actividad de fiscalización, sin que en la especie haya existido una diferencia arbitraria o injustificada debido a la materia objeto de la consulta, teniendo en especial consideración que conforme al Registro de Publicación de Informes de la Contraloría General, dichos programas gubernamentales nunca habían sido objeto de una fiscalización desde su implementación en 2023, lo que desde el punto de vista técnico constituye un riesgo evidente que debe mitigarse mediante su fiscalización; aspecto relevante pues comprenden a miles de beneficiarios como elevados montos de recursos públicos asignados a los dos programas.

Puntualizó que con motivo del control de legalidad o de las auditorías o fiscalizaciones, no se podrán evaluar los aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones políticas o administrativas, sino que se circunscribe a la revisión del correcto e íntegro uso de los recursos públicos, así como a la verificación del debido cumplimiento del ordenamiento jurídico por parte de las entidades prestadoras o colaboradoras, sin que corresponda calificar la conveniencia de dicha política pública o intervenir en sus aspectos de mérito. Además, que el requerimiento de información efectuado en esta oportunidad no difiere de solicitudes de la misma naturaleza realizadas en numerosas fiscalizaciones previas que ha efectuado con los más altos estándares de resguardo de los datos reservados o secretos considerados en la auditoría.

Finalmente, descartó que su actuar haya vulnerado la integridad psíquica del actor, es más, de aceptarse su planteamiento, habría que concluir que cada vez que los organismos del Estado ejercen las facultades de que han sido dotados, estarían afectando a aquellos con las actuaciones que de ellas se deriven, cuando su tenor no se condiga con la opinión particular que tales personas tengan acerca del asunto que les concierne. Así tampoco que se haya transgredido su autodeterminación informativa, pues además que no proporciona elementos de juicio, ni ha acreditado con medio de prueba alguno, de qué forma las actuaciones habría conculcado la aludida garantía constitucional, tampoco se concibe como si actuando dentro de sus facultades, al tomar conocimiento de ciertos datos personales y/o sensibles de beneficiarios de programas financiados con fondos públicos, pueda afectar la vida privada, la honra o la protección de los datos personales.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, en la especie, se dirige la acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, consistente en requerir mediante el Oficio N°OF8163/2026, de 14 de enero de 2026, a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, información detallada de los beneficiarios de la "Iniciativa de Apoyo a la Identidad de Género" y del "Programa Salud Trans". Dichos antecedentes, que, por su naturaleza, según el actor, se encuentran contenidos en fichas clínicas y registros de salud protegidos por reserva legal.

El actor declaró ser beneficiario de los Programas de Apoyo a la Identidad de Género y Salud Trans, por lo que estimó que, al proporcionarse la información solicitada, se vulnerarían las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°1 y N°4 de la Carta Fundamental.

SÉPTIMO: Que, del mérito de los documentos acompañados por las partes, más el informe evacuado por la recurrida, es posible constatar los aspectos sucesivos.

I.- El 19 de noviembre de 2024 la Comisión Especial Investigadora de la cámara de diputados, encargada de fiscalizar los actos de gobierno relacionados con los planes y programas de acompañamiento para personas cuya identidad de género no coincida con su nombre y sexo registral (CEIn°57), dentro de las recomendaciones en relación con la ejecución de los programas señalados, resolvió enviar los antecedentes a la Contraloría General de la República, para que realice auditorías a todo el sistema público de salud, en especial a los Hospitales y Servicios de Salud, a fin de determinar la cantidad exacta de menores de edad ingresados al PAIG, según edad, sexo; determinar la cantidad exacta de menores de edad que se encuentran en tratamiento hormonal, sea bloqueo puberal u hormonación cruzada, según edad, sexo, tipo de tratamiento, duración, tipo de medicamentos. En los dos casos anteriores comprobar la existencia de consentimiento informado de representantes legales que autoricen el ingreso o derivación del menor al PAIG, así como a la realización de tratamientos hormonales; identificación y determinación del gasto del arsenal farmacológico de los hospitales en terapias hormonales, desde 2010 a la fecha, considerando la existencia de programas de identidad de género propios con anterioridad a la Ley Nº21.120; auditoría a organizaciones de la sociedad civil que realizan acompañamientos con enfoque afirmativo.

II.- El 8 de enero del año en curso, la Contraloría General de la República remitió a los servicios de salud del país oficios que disponen la entrega de información en el marco de la fiscalización iniciada en las Subsecretarías de Salud Pública y de Redes Asistenciales, sobre la ejecución de los Programas de Apoyo a la Identidad de Género y de Salud Trans. La información requerida es la siguiente, a saber:

1. Programa de Apoyo a la Identidad de Género.

1.1. Nómina de beneficiarios -niños, niñas y adolescentes, NNA- del programa de Apoyo a la Identidad de Género, PAIG, ingresados en los años 2023, 2024 y 2025, la cual debe contener, a lo menos, los siguientes campos: a) RUN; b) nombre social; c) nombre registral; d) fecha de nacimiento; e) sexo registral; f) identidad de género; g) fecha de ingreso al programa; h) fecha de egreso del programa, en caso de aplicar; i) entidad hospitalaria; j) indicar se está vigente o no al 31.12.2025.

1.2. Detalle de los gastos asociados al programa para los años 2023, 2024 y 2025, realizados con cargo a los subtítulos 21 y 22 del presupuesto de ese servicio de salud, desagregado por área transaccional o establecimiento asistencial.

2. Programa de Salud Trans.

2.1. Nómina de beneficiarios del programa de Salud Trans, en los años 2023, 2024 y 2025, la cual debe contener, a lo menos, los siguientes campos: a) RUN; b) nombre social; c) nombre registral; d) fecha de nacimiento; e) sexo registral; f) identidad de género; g) fecha de ingreso al programa; h) fecha de egreso del programa, en caso de aplicar; y i) entidad hospitalaria.

2.2. Detalle del arsenal farmacológico utilizado en los hospitales de la red para terapia hormonal, en el marco del programa de salud trans durante los años 2023, 2024 y 2025. Dicho registro deberá contener, a lo menos, los siguientes campos: a) año; b) nombre del establecimiento asistencial tratante; c) nombre del fármaco -comercial y/o genérico; d) presentación del fármaco; e) cantidad adquirida; f) costo total y unitario del fármaco y; g) cantidad consumida.

III.- El 12 de enero, la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, por medio de Ordinario C21/N°32, hizo presente al órgano contralor la restricción jurídica para recopilar y transferir dicha información en los términos solicitado. Especialmente, relevó la ausencia de facultades legales expresas que lo habilite para alzar la reserva de datos sensibles y la obligación de proteger la vida privada y el interés superior del niño, niña y adolescente. Sin perjuicio de ello, igualmente envió información estadística agregada y anonimizada a fin de verificar el adecuado uso de los recursos públicos, además de proporcionar aquellos datos que no sean sensibles.

IV.- El 14 de enero de 2026, a través del Oficio N°OF8163/2026, la Contraloría General reiteró la solicitud de beneficiarios de la iniciativa de apoyo a la identidad de género y del programa de salud trans. Invocó el artículo 9° de la Ley N°10.336, que le habilita para requerir a los funcionarios públicos y diversos servicios las informaciones y datos que sean necesarios para el mejor ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, destacando que, en caso de materias secretas o reservadas, dicha obligación se extiende a los funcionarios de la Contraloría, lo que ocurre en una serie de situaciones que detalla. El oficio resalta que, en caso de no darse cumplimiento, la ley habilita a la Contraloría para aplicar una serie de sanciones que van desde una multa equivalente a 15 días de remuneraciones hasta la suspensión sin goce de remuneraciones.

V.- El 26 de enero del presente año, a través del Oficio A/15 N°136, la Subsecretaría de Redes Asistenciales discurrió acerca de la normativa aplicable, especialmente los principios aplicables en la especie, y dio cuenta que no se pretende desatender las competencias constitucionales y legales de la Contraloría General de la República, por lo que aportó información que permita satisfacer las necesidades asociadas a la finalidad declarada en sus oficios. De esta manera, aplicando los principios de proporcionalidad, idoneidad, razonabilidad y minimización de datos, se estima que dicha finalidad puede satisfacerse exitosamente a través del examen de información estadística o agregada, datos seudonimizados o anonimizados, revisión de protocolos y procedimientos que se han formalizado y que se encuentran vigentes.

Añadió que en mérito de aquello, el 10 de diciembre de 2025 ya se entregó acceso a sus fiscalizadores a carpeta compartida que provee información acerca de la i) estructura orgánica de la Subsecretaría de Redes Asistenciales; ii) Orientaciones técnicas, manuales y otros instructivos vinculados al Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género y al Programa de Salud Trans; iii) Descripción de Cargos vinculados al Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género; iv) informes de auditoría interna vinculadas a los referidos programas; v) identificación de las contrapartes del programa en la red asistencial y; vi) datos anonimizados y estadísticos de ingresos y egresos al programa.

Finalmente hizo presente que en el afán de colaborar en el cumplimiento de su Ord. 8163/2026 quedan disponibles para una reunión para evaluar alternativas de entrega de información, incluyendo el establecimiento de una mesa técnica que permite realizar un diseño de fiscalización que cumpla con los requisitos de verificación del uso correcto de recursos públicos, resguardando aquellos aspectos de la vida privada de los usuarios, en el marco de las competencias de cada organismo involucrado.

OCTAVO: Que, tal como ha sido reseñado por ambas partes, a fin de resolver este arbitrio judicial, es menester tener presente algunas disposiciones, especialmente las contempladas en las normas constitucionales invocadas por el recurrente. Esto, pues el asunto sometido a decisión de esta Corte se reduce en definitiva en determinar si la solicitud de la Contraloría General de la República, que incluye, entre otros, información nominada de todos los pacientes que han sido atendidos en el marco de los programas de apoyo a la Identidad de Género y de Salud Trans; especialmente los antecedentes que obran en la ficha clínica de éstos, para determinar el destino de los fondos considerados en la atención de determinadas patologías, o bien, para verificar el cumplimiento de alguna política pública vinculada con la oportunidad y calidad en que se otorgan las prestaciones, conllevaría, en el evento de ser proporcionada, una vulneración a la protección de sus datos personales y su integridad psíquica.

En primer término, tal como se desprende del artículo 1° la Ley N°10.336, el órgano recurrido independiente de todos los ministerios, autoridades y oficinas del Estado tiene por objeto fiscalizar el debido ingreso e inversión de los fondos del Fisco. En el marco de dichas facultades el artículo 9 de la citada ley prescribe que, el contralor general estará facultado para dirigirse directamente a cualquier jefe de Oficina o a cualquier funcionario o persona que tenga relaciones oficiales con la Contraloría o que le haya formulado alguna petición, a fin de solicitar datos e informaciones o de dar instrucciones relativas al Servicio. En tal sentido, podrá requerir los datos e informaciones que necesite para el mejor desempeño de sus labores y podrá, también, dirigirse a cualquiera autoridad o funcionario para impartir instrucciones relativas a la fiscalización que legalmente le corresponda.

Como se puede apreciar, es indiscutido que el órgano contralor recurrido detenta legalmente las facultades de fiscalización que se ha arrogado en la solicitud remitida al Ministerio de Salud. Sin perjuicio de ello, y tal como ha expuesto el recurrente y la Subsecretaría de Redes Asistenciales, debe ponderarse la necesidad de proporcionar la información en los términos en que ha sido solicitada, esto es, datos que incluyan el RUT, nombre social, nombre registral, fecha de nacimiento, sexo registral, identidad de género, fecha de ingreso y egreso al programa como la entidad hospitalaria en el caso de ser aplicable, pues de su lectura fluye que incluye datos personales que inciden a su vez en la protección de la vida privada.

NOVENO: Que, se debe advertir a priori que el caso que nos ocupa, busca resolver las garantías que el recurrente asume como conculcadas con el accionar fiscalizador de la Contraloría General de la República, en los términos que se han precisado en forma previa, debiendo dejarse constancia a priori, que en la especie se trata de una persona adulta, por lo que las referencias que se puedan realizar a derechos y amparos respecto a NNA no forman parte de este conflicto, ni de los razonamientos que integran la decisión sucesiva.

En efecto, el caso debe ser resuelto, ponderando el origen y fundamento de la solicitud de auditoría, esto es, el Informe de la Comisión Investigadora de la H. Cámara de Diputadas y Diputados (CEI 57) “Encargada de reunir antecedentes sobre los actos del gobierno relacionados con los planes y programas de acompañamiento para personas cuya identidad de género no coincida con su nombre y sexo registral”, de 19 de noviembre de 2024. Por lo anterior, la División de Fiscalización, mediante Oficio N°E203452, de 28 de noviembre de 2025, comunicó a la Subsecretaría de Redes Asistenciales el inicio de una auditoría a los referidos Programas de Apoyo a la Identidad de Género y Salud Trans, ejecutados entre los años 2023 a 2025, indicándose que los funcionarios designados para practicarla actuarían investidos de las facultades previstas en los artículos 131 y 132 de la Ley N° 10.336. Dicha comunicación fue distribuida a la Subsecretaría de Salud Pública, al Fondo Nacional de Salud, a la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud y a los Servicios de Salud de la Región Metropolitana.

Ahora bien, la pregunta que subyace en el asunto, es si la Contraloría General de la República puede dar cumplimiento a la fiscalización que se le ordena ejecutar desconociendo la identidad de las personas a quienes se han entregado las diversas prestaciones que se han relacionado en forma previa, y con ello el gasto autorizado por el Estado a ese respecto.

En este orden de ideas, es la misma recurrida la que señala la imposibilidad de realizar su función sin que se entreguen los datos pertinentes, desde que se debe comprobar la información relativa al desarrollo, práctica, procedimientos y resultados de los programas. Además del cumplimiento de las prestaciones asociadas; las transferencias o entrega de recursos y/o beneficios a los interesados, en los términos en que la normativa lo dispuso; como la circunstancia de que se hayan empleado e invertido correctamente los recursos públicos que la ley autorizó, entre otros. Así, la única forma de evidenciar tales aspectos en la fiscalización es conociendo el nombre, RUT y datos de las personas beneficiarias. Ello, con la exclusiva finalidad de confirmar que, efectivamente, el órgano público atendió a los interesados, cómo y cuándo lo hizo, y si las prestaciones o atenciones involucradas se otorgaron en la forma prevista, entre ellas, en lo que concierne al suministro de medicamentos.

En este contexto, deviene categórico que las acciones ejecutadas por la Contraloría General de la República resultan legales, y no quebrantan los derechos que se suponen amagados, pues el ente que los solicita tiene la misma obligación de reserva de aquellos a quienes se les está requiriendo la información. En este sentido lo expone el claro tenor del inciso cuarto del artículo 9° del Decreto 2421 Texto refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, al indicar: “Las normas que establezcan el secreto o reserva sobre determinados asuntos no obstarán a que se proporcione a la Contraloría General la información o antecedente que ella requiera para el ejercicio de su fiscalización, sin perjuicio de que sobre su personal pese igual obligación de guardar tal reserva o secreto”.

Los razonamientos previos, se ven corroborados de igual modo por lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada, en cuanto sostiene que la información que revista el carácter de dato personal puede ser traspasada entre organismos públicos, en la medida en que estos actúen en el ámbito de sus respectivas competencias, que es precisamente lo que ocurre en la especie. Ello, pues se trata de antecedentes que mantienen las entidades públicas antes individualizadas, en relación con sus atribuciones propias, y que es requerida por la CGR para dar cumplimiento a los mandatos que le impone el ordenamiento jurídico. En el ámbito de los datos sensibles -como sucede, por ejemplo, con aquellos contenidos en la ficha clínica de una persona-, de conformidad con la normativa y con la jurisprudencia de larga data, contenida, entre otros, en el dictamen N°86.382, de 2013, los órganos sujetos a la fiscalización de la Contraloría General están obligados a entregar a ésta toda información o documento que se encuentre en su poder, en la medida que ello sea necesario para el debido ejercicio de las funciones que la Constitución y la ley le confieren.

DECIMO: Que, en cuanto a la arbitrariedad que se alega, esta también debe ser desestimada, desde que tanto la planificación, como la ejecución de la auditoría en la que se enmarca el requerimiento de información y el acto que lo reitera se ha ajustado a las directrices que regulan este tipo de actividades fiscalizadoras, sin que en la especie haya existido una diferencia arbitraria o injustificada debido a la materia objeto de la consulta, teniendo en especial consideración que conforme al Registro de Publicación de Informes de la Contraloría General, dichos programas gubernamentales nunca habían sido objeto de una fiscalización desde su implementación en 2023, lo que desde el punto de vista técnico constituye una necesidad ya que comprende a miles de beneficiarios con elevados montos de recursos públicos asignados a los dos programas.

Así las cosas y conforme a lo que se ha dicho, admitida la atribución de la Contraloría General de la República para conocer datos clínicos nominados sin autorización de su titular, no acarrea una transgresión a su vida privada, pues dicha actividad se enmarca en la legalidad vigente, respecto a las garantías fundamentales que se reclaman como amagadas y cumple las funciones que en beneficio del bien común se ordena su ejecución, solicitud que por cierto, también respeta los principios de idoneidad y proporcionalidad, que debe regir a todos los organismos de la administración pública, como los principios de finalidad y calidad establecidos en la Ley N°19.628, de protección de datos personales, por lo que solo puede ser rechazada la acción constitucional deducida.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, beneficiario de los Programas de Apoyo a la Identidad de Género y Salud Trans, en contra de la Contraloría General de la República, por el requerimiento y eventual entrega de datos sensibles de su ficha clínica e identidad de género, contenido en el Oficio N°8163/2026 de 14 de enero de 2026 de dicha entidad, el que se encuentra ajustado a la legalidad vigente y a las garantías amparadas por la Carta Política en lo pertinente.

Regístrese y comuníquese.

Rol 120-2026 (Protección)

Redacción del ministro titular Sr. Jaime Rojas Mundaca.

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