nombre reservado con MINISTERIO BIENES NACIONALES (MAULE)

Antofagasta, veintiuno de junio de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

La comparecencia de nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien dedujo recurso de protección en contra del Ministerio de Bienes Nacionales, por haber incurrido dicha institución, por sí, o por personal de su dependencia o contratado al efecto, en actos ilegales y/o arbitrarios, originados en virtud de diversas resoluciones administrativas, que lo han privado del bien que singulariza, ello, con la finalidad de obtener el arriendo de dicho predio fiscal, solicitando: Permitir Acceso al arriendo del inmueble que indica; Dejar sin efecto la resolución que ordena el abandono del predio fiscal; Permitir usar y gozar de la heredad por medio de contrato de arriendo, con expresa condena en costas.

Con fecha 08 de mayo del año en curso, y teniendo presente que se interpuso recurso de protección respecto del mismo acto u omisión invocado como fundamento del recurso, en causa Rol Corte 1198-2024 (PROTECCIÓN) y considerando lo dispuesto en el numeral 13 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acumuló a estos autos al recurso de protección antes indicado, por ser el más antiguo. En efecto, se precisa que se trata de idénticos recursos -tanto en su contenido y de los intervinientes que figuran en él-, por lo que, será abordado en el presente fallo, como única acción cautelar.

Informó la recurrida al tenor de la acción de protección interpuesta.

Puesta la causa en estado, se trajeron los antecedentes para dictar sentencia.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que el recurrente se dirige en contra del Ministerio de Bienes Nacionales por considerar arbitrarios los actos administrativos que resolvieron no dar lugar a su solicitud de arriendo fiscal, en particular contra las siguientes resoluciones: Resolución Exenta N°771 de fecha 15 de noviembre de 2023, que declaró el término del trámite de arriendo y el cierre del expediente administrativo que lo contenía (Expediente N°2AR21764); Resolución Exenta N° E-5233 de fecha 20 de febrero de 2024, que rechazó el recurso de reposición con recurso jerárquico en subsidio interpuesto por el recurrente en contra de la Resolución indicada y Resolución Exenta N°331 de fecha 05 de abril de 2024, que declaró no ha lugar al recurso jerárquico interpuesto por el recurrente contra la Resolución Exenta N°771 ya mencionada.

Cuenta que realizó la postulación de arrendamiento respecto de un predio fiscal ubicado en sector quintas kilómetro 12, comuna, provincia y Región de Antofagasta para desarrollar y ejecutar un taller de soldadura, vulcanización y lavado de camiones. Así las cosas, se rechazó dicha solicitud considerando diversos factores inexistentes a la hora de tomar en cuenta y de considerar las circunstancias pertinentes que finalmente condujeron al rechazo de sus solicitudes, toda vez que, al efectuar el análisis de pertinencia se decidió no acoger la postulación requerida considerando, ya que, según indicó la secretaria de ministerio de bienes nacionales, y a propósito de una fiscalización realizada el 19 de octubre de 2022, se observaron diversas irregularidades.

En concreto, se estableció que, en el lugar, existen cierres perimetrales de materiales mixtos y el interior del predio fiscal, se encuentra subdividido con un sector habitacional, que cuenta con una construcción de tabiquería de madera de dos pisos en el cual vive junto a su madre. Agregó que en el inmueble existe un uso industrial con una construcción de estructura metálica y tabiquería de madera en la cual funciona un taller de soldadura y vulcanización, estableciendo que el inmueble se encuentra subdivido de forma ilegal por varios ocupantes afectando la normalización de la propiedad.

Enfatizó que los hechos supuestamente constatados, son erróneos, ya que, sólo existen materiales para efectos de efectuar la prestación de servicios indicada al momento de presentar la solicitud ante el ministerio de bienes nacionales, ante lo cual dichas circunstancias de una eventual subdivisión predial, o cualquier tipo de separación o creación de inmuebles es totalmente falsa, considerando que dicho predios sólo se usa para efectos de llevar a cabo la prestación de servicios de vulcanización, los que ciertamente han beneficiado a los habitantes de dicho lugar, contribuyendo a la comuna y siendo un gran aporte al barrio industrial.

Indica que, la Resolución Exenta, que rechazó sus recursos, carece de fundamentos plausibles que permitan establecer una conclusión adecuada, pues, no se consideró que todo aquello que existe en dicho terreno, ha sido edificado a modo de mejoras respecto del inmueble -que incluso ya existían-, razón por la cual es totalmente impertinente la resolución que se invoca, ante la nula investigación producida al respecto, dando cuenta de los hechos expuestos precedentemente en relación con las malas praxis a la hora de la interpretar dichas construcciones y a la hora de efectuar a tiempo y forma las fiscalizaciones previas y que han permitido que su familia haga uso de dicha propiedad por casi 30 años y jamás se ha utilizado la misma para fines habitacionales.

Al efecto, enfatizó que su abuela, arrendó dicho inmueble desde el año 1995, falleciendo el 2021, lo que motivó que terceros intentaran regularizar la propiedad en su oportunidad, sin embargo, dichas solicitudes no fueron acogidas, considerando indicó, los derechos que tenía ésta, respecto a la heredad. Señaló, que su abuela, en sus últimos días, pretendió que él se hiciera cargo de dicho terreno, el que antes era un basural, realizando labores de limpieza para servir de manera precisa al fin que actualmente desarrolla. Incluso refiere, que dichas construcciones y edificaciones lo fueron con conocimiento del dueño del predio, sosteniendo que quien construye "a ciencia y paciencia del dueño del terreno", refiriéndose el conocimiento a la época de la construcción, se hace dueño de lo edificado; esto es, el constructor mantiene su calidad de dueño hasta que se le pague el "valor del edificio", de manera que su adquisición solo puede operar en virtud de la accesión con el requisito impuesto por el legislador, el pago. En efecto, insiste, que ha ejecutado diversas mejoras en el lugar, teniendo tan sólo la intención de hacer uso bajo arrendamiento del inmueble, para efectos de continuar prestando los servicios de necesidad para el Barrio Industrial, enfatizando que sólo desea hacer uso y goce de la propiedad para efectos de continuar con la prestación de los servicios que ejecuta.

Luego citó, la Orden Ministerial N°1, de fecha 14 de febrero 2022, del Ministerio de Bienes nacionales la cual establece que; los arriendos se deben otorgar en situaciones excepcionales y por un periodo transitorio determinado, lo que se cumple en la especie.

Por lo tanto, el actuar de la recurrida, ha vulnerado su derecho a propiedad.

SEGUNDO: Que informó nombre reservado, Trabajadora Social, en representación de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta, solicitando el rechazo de la acción cautelar promovida.

Aclaró que, con fecha 29 de agosto de 2022, el recurrente solicitó en arriendo fiscal el inmueble ubicado en domicilio reservado, Plano 11-2-4614-CR, de la Comuna, Provincia y Región de Antofagasta, para desarrollar un Proyecto Industrial de Taller de soldadura, vulcanización y lavado de camiones, bajo el expediente administrativo N°2AR21764. Luego, con fecha 12 de octubre de 2022, tras la realización del análisis catastral e informe de pertinencia respectiva, que constituyen los trámites administrativos para resolver sobre la solicitud de arriendo, se decidió no acoger la postulación requerida, atendido lo siguiente: Se constató ocupación ilegal de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y JK-DETAILING CHILE SPA. En efecto, al momento de la fiscalización se observa cierre perimetral de materiales mixtos, al interior se pudo observar que el inmueble se encuentra subdivido con un sector habitacional que cuenta con una construcción de tabiquería de madera de dos pisos en el cual vive el Sr nombre reservado y su madre. En otra parte del predio existe un uso industrial con una construcción de estructura metálica y tabiquería de madera en la cual funciona un taller de soldadura y vulcanización. En efecto, el predio se encuentra subdivido de forma ilegal por varios ocupantes, lo que afecta la normalización de la ocupación; Además de lo anterior, el uso habitacional que existe en el predio, no se ajusta a lo establecido en plan reglador comunal(PRC) instrumento municipal constituido por un conjunto de normas sobre adecuadas condiciones de higiene y seguridad en los edificios y espacios urbanos, y de uso de suelo en la relación funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento, la superficie se emplaza en zona ZUDC 09 Zona de Reserva Industrial Zona de reserva para uso exclusivamente industrial de densidad predial media y baja.

Sostiene que el actor presentó sendos recursos administrativos, todos rechazados, por los motivos anotados, agotando la sede administrativa.

Indica que el recurrente pretende hacer una analogía entre su pretendido derecho de propiedad y la pretensión indemnizatoria del dueño constructor, argumentando jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema sin indicar el rol de la sentencia que recogería sus argumentos. Dichos razonamientos deben ser desechados por tratarse de normas de orden público que no guardan ninguna relación con las categorías de dueño y constructor en una relación de derecho privado como señala el recurrente, resultando improcedente tal analogía.

Finalmente, indica que la acción de protección deberá desestimarse, ya que, además de ser totalmente infundada, impugna actos administrativos legítimos, según la presunción de legalidad.

TERCERO: Que informó Marcela Sandoval Osorio, Ministra de Estado, en representación del Ministerio de Bienes Nacionales.

Invoca mismos presupuestos fácticos sostenidos por la Secretaría Regional Ministerial de la cartera, indicando que tanto la ocupación en sí misma, como el uso que se le está dando al inmueble resulta ser de carácter ilegal, ya que, los ocupantes carecen de título alguno que permita validar su asentamiento, y, por otro lado, el uso que se le está dando, resulta contrario a la normativa de urbanismo vigente. De acuerdo con todo lo anteriormente indicado, es que la Seremi dispone el término del trámite de arrendamiento, a través de la emisión de la Resolución Exenta N°771 de 15 de noviembre de 2023.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, en mérito de los antecedentes expuestos, el recurrente de protección pretende: Se le permita el acceso al arriendo del inmueble o predio que indica; Se deje sin efecto la resolución que ordenó el abandono del predio fiscal y que se le autorice usar y gozar del predio por medio de contrato de arriendo de predio fiscal.

SÉPTIMO: Que cabe tener presente que la Resolución Exenta que declaró el término del procedimiento de arriendo, fue dictada el 15 de noviembre de 2023, la que posteriormente fue objeto de diversos recursos administrativos, consignó en lo pertinente: Se constató ocupación ilegal de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y JK-DETAILING CHILE SPA. En efecto, al momento de la fiscalización se observa cierre perimetral de materiales mixtos, al interior se pudo observar que el inmueble se encuentra subdivido con un sector habitacional que cuenta con una construcción de tabiquería de madera de dos pisos en el cual vive el Sr nombre reservado y su madre. En otra parte del predio existe un uso industrial con una construcción de estructura metálica y tabiquería de madera en la cual funciona un taller de soldadura y vulcanización. Analizado esto, el predio se encuentra subdivido de forma ilegal por varios ocupantes, lo que afecta la normalización de la ocupación; Además de lo anterior, el uso habitacional que existe en el predio, no se ajusta a lo establecido en plan reglador comunal(PRC) instrumento municipal constituido por un conjunto de normas sobre adecuadas condiciones de higiene y seguridad en los edificios y espacios urbanos, y de uso de suelo en la relación funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento, la superficie se emplaza en zona ZUDC 09 Zona de Reserva Industrial Zona de reserva para uso exclusivamente industrial de densidad predial media y baja.

OCTAVO: Que luego, no existe controversia, respecto a que el inmueble que se pretende es un inmueble fiscal ubicado en Sector Quintas Kilómetro 12, de la Comuna, Provincia y Región de Antofagasta.

NOVENO: Que, para una adecuada resolución del presente arbitrio, necesario es consignar que el inciso segundo del artículo 19 del Decreto Ley N° 1.939, de 1976, que fija Normas sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, previene que: “Los bienes raíces del Estado no podrán ser ocupados si no mediare una autorización, concesión o contrato originado en conformidad a esta ley o de otras disposiciones legales especiales”. A continuación, su inciso tercero preceptúa que: “Todo ocupante de bienes raíces fiscales que no acreditare, a requerimiento de la Dirección, poseer alguna de las calidades indicadas en el inciso anterior, será reputado ocupante ilegal, contra el cual se podrá ejercer las acciones posesorias establecidas en el Título IV del Libro III del Código de Procedimiento Civil, sin que rija para el Fisco lo establecido en el número 1 del artículo 551, del citado Código”.

DÉCIMO: Que entonces, la recurrida tiene la obligación de vigilancia de los bienes del Estado e impedir su ocupación, lo que así hizo, conforme consta en la Resolución Exenta singularizada, la que aparece suficientemente fundada. De otro lado, el recurrente incorpora en esta sede: Resolución de Bienes Nacionales, Apelación de Bienes Nacionales; Imágenes de Predio Fiscal. Antecedentes que en todo caso aparecen insuficientes para sustentar las alegaciones que invoca en su recurso, debiendo consignarse desde luego, que no cuenta con un derecho de propiedad indubitado ni legítimo sobre el predio o el contrato de arrendamiento que busca proteger con esta acción constitucional; por el contrario, el legítimo dueño es el fisco de Chile, quien administra los Bienes Nacionales según las facultades que le ha conferido el legislador. Por lo tanto, las expectativas legítimas de los ciudadanos no pueden confundirse con la necesidad jurídica de su satisfacción, toda vez que en cuanto tales las solicitudes efectuadas al Ministerio de Bienes Nacionales son meras expectativas, no constituyen derechos y por lo tanto no son justiciables a través del recurso de protección, por tanto, la acción constitucional impetrada resulta inidónea para sus pretensiones.

DÉCIMO PRIMERO: Que, en consecuencia, la recurrida actuó dentro del marco de sus facultades y atribuciones, con fundamento plausibles, legales y razonables, otorgando al afectado la posibilidad de recurrir y justificar sus alegaciones, lo que así hizo, dictando finalmente en cada caso resoluciones debidamente fundadas.

Por lo tanto, descartada la concurrencia en la especie de un acto arbitrario o ilegal, no corresponde analizar la eventual conculcación de garantías constitucionales, constituyendo este motivo suficiente para rechazar la acción interpuesta.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, SIN COSTAS, el recurso de protección deducido por, nombre reservado, en contra del Ministerio de Bienes Nacionales.

Regístrese y comuníquese.

ROL 1197-2024 (PROTECCIÓN) (Acumulado el recurso de protección ROL 1198-2024)