nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

Antofagasta, a tres de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que comparece nombre reservado, empleado, chileno, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado; quien deduce acción constitucional de protección en contra de Caja De Compensación De Asignación Familiar De Los Andes, representada por su gerente general nombre reservado, por actos que califica como ilegales y arbitrarios al ordenar retenciones mensuales sobre la remuneración del recurrente, pese a encontrarse la deuda correspondiente actualmente judicializada, vulnerando su derecho establecido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Informó del recurso el recurrido, solicitando el rechazo de éste.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la parte recurrente funda su acción señalando que con fecha 28 de mayo de 2015 celebró con la recurrida un contrato de mutuo denominado crédito social por la suma de $2.518.022, obligación que debía pagarse en cuotas mediante descuentos efectuados por planilla, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833. Señala que, transcurridos algunos meses desde la contratación del crédito, fue despedido de su trabajo por circunstancias ajenas a su voluntad, situación que le impidió continuar cumpliendo regularmente con el pago de las cuotas pactadas, incurriendo en mora.

Indica que, frente a dicha situación, concurrió en diversas oportunidades a dependencias de la Caja de Compensación con el propósito de regularizar la deuda, solicitando alternativas de pago distintas a la repactación ofrecida por la institución. Explica que rechazó dicha opción por estimar que implicaba un incremento considerable del monto adeudado, insistiendo en la búsqueda de otra solución. Sin embargo, sostiene que la recurrida le informó que, de no aceptar la repactación, ejercería las acciones judiciales correspondientes para obtener el cobro del crédito.

Refiere que la Caja de Compensación optó por hacer efectiva la cláusula de aceleración contenida en el contrato, declarando exigible la totalidad de la deuda pendiente e interponiendo con fecha 29 de diciembre de 2015 una demanda ejecutiva por el total del crédito, tramitada ante el Primer Juzgado de Letras de Calama bajo el Rol C-3597-2015, procedimiento que actualmente se encuentra archivado.

Expone que, pese a la existencia de dicho procedimiento judicial y al ejercicio de la cláusula de aceleración por parte de la acreedora, durante los meses de marzo y abril del año 2026 advirtió que en sus liquidaciones de remuneraciones se practicaron descuentos ascendentes a $264.684 en cada uno de esos meses, descuentos efectuados por instrucción de la Caja de Compensación Los Andes respecto del mismo crédito que había sido objeto de la demanda ejecutiva.

Agrega que, al consultar a la unidad de Recursos Humanos de su empleador acerca del origen de tales descuentos, se le informó que éstos obedecían exclusivamente a instrucciones impartidas por la Caja de Compensación, sin que el empleador pudiera explicar las razones jurídicas de la retención ni la forma en que se determinó el monto descontado.

Sostiene que dicho proceder constituye un acto arbitrario e ilegal, por cuanto la recurrida, luego de haber optado por perseguir judicialmente el cobro íntegro de la obligación haciendo uso de la cláusula de aceleración, continuó paralelamente obteniendo pagos mediante descuentos directos sobre sus remuneraciones, situación que estima configura un mecanismo de autotutela incompatible con el ordenamiento jurídico, permitiendo a la acreedora utilizar simultáneamente dos vías distintas para obtener el pago de una misma obligación.

Desde el punto de vista jurídico, el recurrente reconoce que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 autoriza a las Cajas de Compensación para efectuar descuentos por planilla respecto de los créditos sociales otorgados a trabajadores afiliados. No obstante, sostiene que dicha facultad debe ejercerse dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley, sin que pueda utilizarse de manera arbitraria, caprichosa o irrazonable, especialmente cuando la institución ya ha decidido ejercer la acción ejecutiva por el total de la deuda mediante la aplicación de la cláusula de aceleración.

Afirma que, una vez ejercida dicha cláusula, la Caja manifestó de manera expresa su voluntad de exigir el pago íntegro e inmediato del crédito, renunciando con ello al cobro individual de las cuotas originalmente pactadas. En consecuencia, estima contradictorio y carente de fundamento jurídico que, mientras mantiene o mantuvo un procedimiento ejecutivo destinado al cobro total de la obligación, continúe obteniendo pagos mensuales mediante descuentos directos en las remuneraciones del deudor, circunstancia que considera lesiona su derecho de propiedad respecto de las sumas descontadas.

Añade que los descuentos practicados carecen de toda explicación respecto de su monto y de la forma en que éste fue determinado, privándolo de parte de sus remuneraciones sin una resolución judicial que así lo ordene y afectando directamente su patrimonio, razón por la cual estima vulnerada la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Concluye solicitando que el recurso sea acogido en todas sus partes, declarando que el actuar de la recurrida es ilegal y arbitrario. En consecuencia, se ordene a la Caja de Compensación abstenerse de continuar efectuando descuentos en sus remuneraciones por concepto del crédito social materia de autos; que restituya las sumas ya descontadas, así como aquellas que eventualmente continúe reteniendo mientras se sustancia el presente procedimiento, y que la recurrida sea condenada al pago de las costas de la causa.

SEGUNDO: Que informó Inés Riquelme Arao, abogados, en representación de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicitando sea rechazado el recurso.

Señala que con fecha 28 de mayo 2015 otorgó al recurrente un crédito social identificado con el código RUT reservado, por un monto de $ 2.518.022, pactado a una tasa de interés de 2,38%, en un plazo de 24 meses y con una cuota mensual de $ 145.534, cuyo primer vencimiento ocurrió el 30 de junio de 2015. Indica que las primeras siete cuotas, correspondientes al período comprendido entre junio a diciembre del 2016, fueron pagadas regularmente, mientras que las cuotas comprendidas entre enero 2016 y mayo 2017 se encuentran actualmente en mora, por lo que sostiene que la obligación subsiste y continúa siendo exigible.

Afirma que los descuentos practicados respecto del crédito social se ajustan plenamente al procedimiento previsto en el artículo 22 de la Ley N°18.833, norma que obliga al empleador afiliado a descontar de las remuneraciones del trabajador las cuotas correspondientes al crédito social, retenerlas y remesarlas a la Caja acreedora, sometiéndose dichas obligaciones al mismo régimen de pago y cobro de las cotizaciones previsionales. En consecuencia, sostiene que los descuentos efectuados obedecen al mecanismo legal establecido para este tipo de créditos y no constituyen una actuación arbitraria ni ilegal.

Asimismo, en cuanto a la prescripción de la deuda, indica que dicha institución no opera de pleno derecho, sino que requiere ser alegada por quien pretende aprovecharse de ella y declarada judicialmente por el tribunal competente, conforme a los artículos 2492 y siguientes del Código Civil. Añade que, mientras no exista una sentencia que declare prescrita la acción de cobro, la obligación continúa siendo plenamente exigible, razón por la cual la acción constitucional de protección no constituye la vía idónea para discutir la prescripción de una obligación de carácter civil, por tratarse de una materia que requiere un procedimiento de lato conocimiento y respecto de la cual el recurrente no ostenta un derecho indubitado que justifique la intervención cautelar de esta Corte.

No obstante mantener íntegramente su posición respecto de la vigencia de la deuda y de la legalidad de los descuentos, informa que, con el objeto de dar cumplimiento a lo solicitado en el recurso, dispuso el cese definitivo de los descuentos asociados al crédito social y la restitución de todas aquellas sumas percibidas con ocasión de la reanudación de los cobros. Precisa que las planillas de descuentos son emitidas el día 25 del mes anterior a aquel en que éstos se hacen efectivos, por lo que cualquier suma que eventualmente sea percibida durante dicho proceso también será íntegramente devuelta al recurrente.

Sobre la base de lo anterior, sostiene que el recurso ha perdido oportunidad, toda vez que la situación denunciada ha cesado por decisión voluntaria de la Caja, de modo que actualmente no existe una medida cautelar urgente que esta Corte deba adoptar para restablecer el imperio del derecho.

Concluye solicitando el rechazo del presente recurso por falta de oportunidad, manteniendo su posición en cuanto a que la deuda no se encuentra extinguida y que cualquier discusión relativa a su eventual prescripción debe ventilarse ante el tribunal competente y mediante el procedimiento ordinario correspondiente.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento; razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados que puede verse afectado por un acto ilegal y/o arbitrario.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica; es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que para una acertada resolución se debe tener presente que el artículo 22 de la Ley Nº18.333, dispone expresamente que las deudas provenientes de prestaciones de créditos sociales otorgados a un trabajador afiliado a una Caja de compensación, debe ser deducido de su remuneración por la entidad empleadora afiliada, reteniendo y remesando a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas reglas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. En consecuencia, las Cajas acreedoras pueden pagarse del crédito moroso, a través de la planilla de remuneración del afiliado.

Sin embargo, en este caso, la Caja de Compensación Los Andes, previamente optó por judicializar el cobro de la obligación, en procedimiento ejecutivo, seguido ante 1° Juzgado Civil de Calama, Rol C-3597-2015.

SEXTO: Que la recurrida sostiene que los descuentos efectuados encuentran fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833, norma que autoriza a las Cajas de Compensación para instruir el descuento por planilla de las cuotas correspondientes a créditos sociales.

Sin embargo, dicha facultad legal no puede entenderse como absoluta ni ilimitada, sino que debe ejercerse dentro del marco del principio de juridicidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, excluyendo toda forma de autotutela y respetando el debido ejercicio de las acciones judiciales que el propio ordenamiento contempla.

En efecto, una vez que la acreedora optó por acelerar el crédito e interponer la correspondiente demanda ejecutiva para obtener el cobro íntegro de la obligación, sometió la satisfacción de su pretensión al conocimiento del órgano jurisdiccional competente, resultando incompatible con dicho actuar que, paralelamente, procediera a obtener pagos mediante descuentos directos sobre las remuneraciones del deudor respecto de la misma obligación, sin mediar resolución judicial que así lo autorizara.

SÉPTIMO: Que, por otra parte, la recurrida solicita el rechazo del recurso por estimar que habría perdido oportunidad, toda vez que habría dispuesto voluntariamente el cese definitivo de los descuentos y la restitución de las sumas retenidas. Sin embargo, tal alegación no puede prosperar, toda vez que, quien afirma haber cesado el acto cuya ilegalidad se denuncia debe acreditar fehacientemente dicha circunstancia mediante antecedentes objetivos que permitan tener por restablecido el imperio del derecho.

En la especie, Caja Los Andes no acompañó documento alguno que dé cuenta de haber instruido efectivamente el cese de los descuentos, ni antecedentes que acrediten haber comunicado tal decisión al empleador del recurrente, ni comprobantes de devolución de las sumas descontadas, limitándose únicamente a efectuar una declaración.

En consecuencia, al no existir respaldo documental que permita verificar el efectivo término del acto recurrido ni la restitución del patrimonio afectado, esta Corte no puede estimar desaparecida la perturbación denunciada ni concluir que el recurso haya perdido oportunidad.

OCTAVO: Que tampoco resulta atendible la alegación relativa a que la discusión planteada correspondería a una controversia de lato conocimiento vinculada con la eventual prescripción de la deuda.

En efecto, el recurrente no solicita que esta Corte declare extinguida la obligación ni que se pronuncie acerca de la prescripción de la acción ejecutiva, materias que evidentemente corresponden al conocimiento de los tribunales ordinarios.

Lo que se somete al conocimiento de esta judicatura constitucional dice relación exclusivamente con la legalidad del mecanismo de cobro utilizado por la recurrida, consistente en continuar obteniendo pagos mediante descuentos por planilla después de haber ejercido judicialmente la acción ejecutiva para exigir el pago íntegro del crédito, cuestión que constituye una actuación susceptible de ser revisada por esta vía cautelar al incidir directamente en el derecho de propiedad del actor sobre sus remuneraciones.

NOVENO: Que, conforme se ha referido, resulta evidente la arbitrariedad existente en el acto descrito, ya que es la misma Caja de Compensación, quien, una vez elegida la vía judicial para el cobro de la operación del crédito antes mencionado, quedó privada de ejercer el derecho consagrado en el artículo 22, significando ello, en la práctica, el cobro de su acreencia por dos vías independientes, implicando una merma considerable en los ingresos del actor, conculcando, en consecuencia, el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por consiguiente, resulta arbitraria la medida de efectuar una cobranza por vía judicial, y posteriormente, proceder a los descuentos del crédito en la forma prevista en la norma antes señalada, haciendo de esta manera, uso abusivo de la facultad que la ley le confiere a la Caja de Compensación.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de La Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, sólo en cuanto, la recurrida se abstendrá de practicar el cobro del crédito social N°RUT reservado, vía descuento de remuneraciones, debiendo reembolsar el o los montos indebidamente descontados de sus liquidaciones, luego de interpuesta la demanda ejecutiva por la recurrida en la causa ya singularizada.

Asimismo, La Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, deberá informar a esta Corte, dentro del plazo de treinta días corridos, contado desde que la presente sentencia quede ejecutoriada, el cumplimiento de lo ordenado precedentemente.

Se previene que el ministro Sr. Juan Fernando Opazo Lagos fue de parecer de desestimar el recurso, por estimar suficiente para superar el riesgo a derechos fundamentales la manifestación de voluntad del recurrido de cesar en el cobro por vía descuento, y por estimar improcedente ordenar devolver lo cobrado, desde que de los antecedentes aparece que la deuda existe.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1195-2026 (Protección)