ISS SERVICIOS GENERALES LIMITADA con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE ANTOFAGASTA

PAGE Antofagasta, a veintidós de mayo de dos mil diecisiete.

VISTOS:

Que comparece Jeannette Contreras Sepulveda, abogada, en representación de ISS SERVICIOS GENERALES LTDA., RUT RUT reservado,500-6, ambos con domicilio en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE ANTOFAGASTA, representada por doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Antofagasta por el acto que estima ilegal y arbitrario que indica.

Consta el informe evacuado por el abogado Manuel Pozo Loo en representación de la recurrida, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que se señala en el recurso que el día 24 de enero de 2017, la fiscalizadora de la Inspección del Trabajo de Antofagasta, doña nombre reservado, dictó la resolución N° 1648.17.009, notificada a su parte el día 26 de enero del 2017, por medio de la cual se aplicaron dos multas administrativas por los siguientes hechos: 1, “No otorgar descansos dentro de (a jornada” 2. “ No cumplimiento de resolución fundada que autoriza sistema excepcional de distribución de jornadas de trabajo y descanso" Agrega que el 09 de marzo de 2017, se envía a través de Chile Express, a la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, recurso administrativo de reconsideración de multa. Sin embargo, la recurrida no da curso a la misma sosteniendo en el Ordinario N° 817 de fecha 29 de marzo del 2017 que: "No se presentó dentro del plazo de 30 días corridos contados desde su notificación”, es decir, según el criterio de la Inspección, la solicitud era extemporánea.

Refiere que tanto la jurisprudencia emanada de la Excma. Corte Suprema como de otras Cortes de Apelaciones del país han concluido que el artículo 512 del Código del Trabajo no consagra reglas que señalen cómo debe computare el plazo de 30 días para deducir reconsideración administrativa, es decir, si se trata de días hábiles o corridos, por lo que ante el vacío de procedimiento que no ha sido normado, se debe acudir a la normativa de la Ley N° 19.880 y en atención a resultar conciliable con la naturaleza del procedimiento administrativo especial que se trata, cabe dar plena aplicación a su artículo 25, el cual indica que los plazos de días establecidos en la ley son de días hábiles, entendiendo que son inhábiles los sábados domingos y festivos.

Señala que con lo resuelto la Inspección Provincial del Trabajo ha incurrido en hechos graves excediendo sus atribuciones desconociendo un derecho que le ha entregado el ordenamiento jurídico a su representada, vulnerando con ello gravemente su derecho de propiedad, ya que en forma indebida y arbitraria la obliga a pagar a una multa de 100 UTM, habiendo ejercido correctamente el derecho al recurso administrativo, en consecuencia se le ha impedido hacer uso de la rebaja y/o dejar sin efecto la multa, que contempla la norma para este tipo de procedimientos, todo lo cual se ha hecho sin existir motivo justificado para ello, actuando de esta forma en contra del texto expreso de la normativa.

En consecuencia, solicita se restablezca a la brevedad el pronto imperio del derecho y adopten las providencias necesarias para tal efecto, dejando sin efecto la resolución N° 817 de fecha 29 de marzo de 2017, que niega lugar al recurso administrativo y en consecuencia deja firme la multa N° 1648.2017.9-1 y 2 cursada por la suma de 40 y 60 UTM respectivamente, declarando en consecuencia que el recurso administrativo se encuentra presentado dentro del plazo, con costas.

SEGUNDO: Que en su informe, la recurrida solicita el rechazo del recurso señalando que la notificación de la resolución de multa se practicó el día 26 de enero del presente año, en tanto que la recurrida de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo, y solo respecto de la multa N° 1, presenta recurso administrativo de reconsideración con fecha nueve de marzo de dos mil diecisiete, es decir, fuera del plazo de 30 días corridos contados desde notificada la infracción. Por lo anterior no se admitió a trámite dicha reconsideración dictando el Ordinario N° 817 de fecha veintinueve del mismo mes que declara la extemporaneidad de la presentación efectuada por la Empresa.

Indica no existir ilegalidad ni arbitrariedad en el acto recurrido toda vez que ha actuado conforme las atribuciones legales de dicho servicio y, en cuanto al cómputo de los plazos para interponer la reconsideración, indica que se debe determinar si el plazo de 30 días señalado para este trámite este días hábiles o de días corridos, para lo cual es necesario analizar el Código del Trabajo. Sobre el particular, cita el artículo 312, relativo a los plazos en la negociación colectiva, y el artículo 435, ninguno de los cuales aplica al citado artículo 512. De este modo, recurriendo a las normas de interpretación establecidas en el artículo 19 y siguientes del Código Civil, sostiene que hay diversos plazos en el Código del Trabajo de los que se puede colegir que la intención del legislador fue establecer, para este caso en especial, que el plazo sea computado por días corridos, lo que se puede deducir de la interpretación sistemática de los artículos 12, 162, 168, 171, 201 inciso final, 223, 282, 360 y 412 del Código del Trabajo.

Finalmente, alega que este criterio ha sido sostenido por esta Iltma. Corte en fallo que cita y ha sido criterio de la Contraloría General de la República que los plazos deben contarse por días corridos. En definitiva, insiste en que la resolución recurrida no adolece de arbitrariedades, por ajustarse a la normativa laboral, responde a motivos razonables y son consecuencia de la constatación de hechos determinados, todo lo cual conlleva a estimar que no se han vulnerado garantías de la recurrente, por lo que estima que el recurso debe ser rechazado en todas sus partes, por carecer de fundamento, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que debe recordarse que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para que opere cuando, por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarios, alguna persona sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías expresamente señalados, dentro de los cuales se incluye el derecho de propiedad que el recurrente estima afectado.

De la descripción que hace el Constituyente, se desprende que debemos estar en presencia de actos ejecutados al margen de la ley, en contra de la justicia y la razón, y que se realicen en forma voluntariosa, o sea, sólo por la voluntad o el capricho de quien está en posición de afectar, amenazar o privar del derecho que se invoca por el recurrente.

CUARTO: Que, del mismo modo, este instituto procesal ha sido creado para asegurar el respeto al orden jurídico establecido y reparar de inmediato la juridicidad quebrantada, manteniendo el “statu quo” vigente. En virtud de ello, enfrentadas a un derecho indubitado, se autoriza a las Cortes de Apelaciones para adoptar las providencias que permitan restablecer el imperio del derecho, asegurando la oportuna protección del afectado.

QUINTO: Que una vez acotado el ámbito de aplicación del recurso de protección de garantías constitucionales, debe el tribunal que conoce de tal arbitrio establecer la existencia de la acción u omisión que lo motiva; identificar a la persona u órgano responsable de aquélla o ésta, y si existe privación, perturbación o amenaza de algún derecho, en términos tales que justifiquen la adopción de medidas que tiendan a la debida protección de el o los afectados y, por supuesto, que la acción u omisión sea ilegal o arbitraria, en los términos ya expresados.

SEXTO: Que prima facie, si bien la imputación del acto arbitrario o ilegal radica en la decisión administrativa respecto de la cual podía intervenir el Juez del Trabajo según el inciso 2° del artículo 512 del Código del Trabajo, lo cierto es que, por tratarse de derechos indubitados que buscan únicamente restablecer el imperio del derecho y dar debidamente protección al afectado, es el constituyente en el artículo 20 de la Constitución Política de la República que permite la intervención del recurso constitucional incluso en estos casos cuando pueda presentarse una ilegalidad o arbitrariedad que afecte a la igualdad ante la ley y al derecho de propiedad entendido también sobre bienes incorporales.

SÉPTIMO: Que el plazo en cuestión y sobre el cual gira la controversia que motiva el presente recurso, es aquel señalado en el inciso primero del artículo 512 del Código del Trabajo, que dispone que la solicitud a que esta norma se refiere debe ser presentada dentro del término de treinta días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa, sin especificar si se trata de días corridos o hábiles.

OCTAVO: Que la reclamación que la actora efectuó ante el Director del Trabajo no es otra cosa que parte del procedimiento administrativo, el que concluiría con ésta decisión, y el sólo hecho que el plazo para reclamar se encuentre incorporado al artículo 512 inciso primero no lo torna parte del procedimiento judicial regido por el Código del Trabajo, pues lo que se conoce en sede jurisdiccional es la decisión terminal del Director del Trabajo que se pronuncia sobre la solicitud escrita que se debió presentar ante dicha Dirección dentro de treinta días.

NOVENO: Que en consecuencia, no cabe sino concluir que el procedimiento seguido ante la Dirección del Trabajo o su Director corresponde a un procedimiento administrativo en los términos del artículo 18 de la ley 19.980, de modo que tratándose de una norma especial aplicable a este tipo de procedimiento, el plazo a que se refiere el inciso primero del artículo 512 debe computarse como de días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 19.880, entendiéndose por tales aquellos comprendidos entre los días lunes y viernes, ambos inclusive.

Este razonamiento se ve reforzado por las disposiciones generales contenidas en el Código Civil. Si bien es cierto, el artículo 50 del Código Civil prescribe que los plazos son de días corridos, ello es sin perjuicio, como advierte la misma norma, que una ley especial disponga o establezca un plazo de días hábiles. Una interpretación sistemática, además, debe conducirnos inequívocamente a la aplicación del artículo 25 de la citada ley, por cuanto los artículos 4 y 13 del Código Civil establecen que las disposiciones se aplican con preferencia a las generales siempre que entre una y otra no haya oposición.

Hoy, modernamente aparece la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo, que rige a todos los actos de los órganos de la Administración del Estado, cuyas normas recogen el estudio científico-técnico que realizó el legislador justamente para regular todos los conflictos que deban intervenir los órganos del Estado. Ello no es baladí, porque es de conocimiento público y notorio, que en general, los órganos del Estado no funcionan los días sábado y domingo, así como tampoco han desplegado oficinas que trabajen permanentemente para la recepción de presentaciones o escritos en forma diaria. Por ello dispuso en el artículo 25 de la Ley 19.880 que el cómputo de los plazos en los procedimientos administrativos será de días hábiles e incluye como inhábil los días sábado, domingo y festivos, lo que está directamente relacionado con la actividad de esos órganos y parece de justicia así regularlos.

DÉCIMO: Que en razón de lo señalado, al haberse concluido por la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta que el cómputo del plazo previsto en el inciso primero del artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos, ha incurrido en una infracción de ley que significa privar ilegal y arbitrariamente del derecho del recurrente de la defensa correspondiente en el proceso administrativo, sobre la base de la falta de igualdad ante la ley, ya que ello constituye un principio némine discrepante en cuanto al cómputo de los plazos.

UNDECIMO: Que por lo razonado y establecido se acogerá el recurso, sin costas, por haber tenido la Inspección del Trabajo motivos plausibles para sostener su tesis en la medida que existe un dictamen obligatorio para ello de la Contraloría General de la República.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 N° 2 y 20 de la Constitución Política de la República, Autos Acordados de la Corte Suprema, de fechas 24 de junio de 1992 y 4 de mayo 1998 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, y artículos 212 y siguientes, 486 y 505 y siguientes del Código del Trabajo, se dispone que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Jeannette Contreras Sepulveda en representación de ISS SERVICIOS GENERALES LTDA., en contra de la Inspección Provincial del Trabajo Antofagasta, disponiéndose que la solicitud de reconsideración deducida por el recurrente sea acogida a tramitación y se resuelva en el fondo lo que corresponda.

Regístrese y comuníquese.

1195-2017 (PROT)

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