nombre reservado con AFP MODELO

Dpp/ Antofagasta, treinta de julio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia de PABLO DANIEL PEÑALOZA PARRA, abogado, por sí y a favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, región De Antofagasta, quien deduce acción de Protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A, representada por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, región Metropolitana de Santiago, por el acto que considera ilegal y arbitrario ejecutado con fecha 24 de junio de 2025, el cual rechaza la solicitud de retiro de fondos para extranjero, a fin de que se acoja la misma, adoptándose las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho, en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho que expone:

Informó la recurrida, instando por el rechazo de la acción.

Asimismo, remitió informe la Superintendencia de Pensiones, al tenor de lo solicitado.

Puesta en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente funda la acción en los siguientes hechos:

Refiere que, don nombre reservado, solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican.

Añade que, en este contexto, el recurrente es notificado vía correo electrónico con fecha 24 de junio de 2025, que su solicitud habría sido rechazada, en virtud de “1.- Se reitera que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no cumple con los requisitos de la normativa vigente, ya que, no es un certificado de afiliación, no señala las prestaciones por las cuales usted se encuentra cubierto y, además, no está́ firmado por quien lo emite ni se encuentra apostilla o legalizado, según corresponda.”.

Sostiene que, la recurrida desconoce lo señalado en la normativa especial, puesto que la Administradora de Fondos de Pensiones admite que efectivamente se encuentra afiliado a la seguridad social del país de origen no obstante, rechazan el certificado presentado argumentando que el mismo no se encuentra apostillado, por lo que se tiene que hacer presente que es un hecho de público conocimiento la imposibilidad de los nacionales venezolanos acudir a la representación consular para estos efectos, más aún, las recurridas incorporan un requisito adicional que se aparta a lo estatuído en el cuerpo legal que regula la materia.

Señala que, se debe tener en consideración lo establecido por la ley 18.156, en sus artículos N°1 en relación con el artículo N°7 de la misma norma:

“Artículo N°1: Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: - Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y; - Que el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Artículo N°7: En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.”

Destaca que, el recurrente realizó su solicitud de retiro de fondos previsionales, debido a que al ser profesional extranjero cumple con los requisitos supra señalados, concluyendo que el recurrente ha dado íntegro cumplimiento con los requisitos establecidos en la ley 18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con una obstaculización de su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato de certificado de relación laboral y la validez de sus documentos.

Debido a lo anterior, indica que la recurrida incorpora requisitos que no están expresamente establecidos en la ley, lo que deviene en un actuar arbitrario e ilegal.

Hace presente que, el certificado emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, debidamente notariado y apostillado, puede ser verificado y validado en el link que incorpora, pues cuenta con un código de verificación, que se encuentra incorporado en el documento, siendo de fácil validación buscando la página en internet. Sumado a lo anterior, indica que el documento ha sido acompaña debidamente notariado, por lo que refiere se debe concluir que el recurrente efectivamente se encuentra afiliado a la seguridad social de su país de origen y, que el actuar de la recurrida es arbitrario e ilegal, vulnerando el derecho de propiedad del recurrente.

Aunado a lo anterior, indica que, la señalada constancia es expedida por la autoridad venezolana competente, en cumplimiento de sus facultades legales y, puede ser absolutamente verificable empleando medios electrónicos y, en el evento improbable que no fuere suficiente, se realizó declaración jurada ante notario público con firma electrónica avanzada para su constatación, señalando que asó lo han resuelto otras administradoras de fondos de pensiones, estableciendo que dicho documento cumple con los requisitos establecidos en la ley.

Adjunta fotocapturas, a fin de evidencias la forma en que se puede verificar la validez del documento acompañado por el recurrente, haciendo presente que incluso se puede verificar realizando una búsqueda con su número de documento de identidad, en la página: http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/,es por ello que considera, que contando con instrumentos para verificar la autenticidad de la constancia, la recurrida adoptó una decisión a todas luces contraria a derecho, puesto que de forma arbitraria e ilegal rechaza la solicitud del recurrente sin que la respuesta estuviera lo suficientemente motivada, sin siquiera, cotejar el documento acompañado por el recurrente.

A modo de resumen, refiere que el actuar de la recurrida ha sido arbitrario e ilegal, por cuanto:

a) El rechazo se obtuvo de forma verbal, sin que medie una debida fundamentación;

b) Se acompañó certificado de afiliación emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, notariado y;

c) La recurrida cuenta con distintos medios para acreditar que el recurrente efectivamente se encuentra afiliado, pero no los ha utilizado, limitándose a rechazar la solicitud.

Considera que este actuar vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política Nacional, exigiento requisitos no establecidos, realizando interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, en el entendido que la solicitud cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la ley 18.156, actuando de forma caprichosa al rechazar el retiro de fondos de pensión.

Se refiere a la admisibilidad del recurso y derechos vulnerados, haciendo hincapié en que, el sentido de la ley es claro al señalar que el técnico solo tiene que estar afiliado a la seguridad social de su país de origen, por lo que la recurrida desatiende su sentido literal, aunado al hecho de incorporar requisitos que no están expresamente señalados, lo que se traduce en un actuar arbitrario e ilegal, además, agrega que es un hecho de público conocimiento que actualmente no existe representación diplomática venezolana en Chile, por lo tanto, incorporar un requisito que a todas luces es imposible de cumplir contradice lo estatuído en el artículo 45 del Código Civil, en lo atingente al caso fortuito o fuerza mayor, reiterando que se acompañó el certificado de afiliación expedido en su oportunidad, por el Consulado de Venezuela en Chile, siendo descartado por la recurrida por encontrarse vencido, no obstante, conforme a la ley sólo sería necesario acreditar la afiliación, lo cual se puede realizar por cualquier medio, más aun teniendo en consideración la compleja situación vigente en el estado de origen del amparado, lo cual se encontraría reconocido por los Tribunales Superiores de Justicia, citando fallo de la Excelentísima Corte Suprema, Rol 7254-2025, de fecha 18 de marzo de 2025.

Cita abundante jurisprudencia, conforme a la cual, las administradoras de pensiones no pueden realizar una interpretación excesivamente literal, puesto que ésta conducta deviene en la imposibilidad de que los profesionales extranjeros obtengan la devolución de los fondos, contradiciendo el propósito de la ley en comento.

Entre ellos, fallo de esta Corte, ROL 247.104-2023, de fecha 27 de julio del 2023.

Conforme a lo expuesto, solicita finalmente, se acoja el recurso, ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho SEGUNDO: Que se solicitó informe a la SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, el cual fue evacuado en tiempo y forma, al tenor de lo solicitado, señalando lo siguiente:

Primero, da cuenta someramente de la acción deducida, para luego emitir derechamente el informe solicitado indicando que, ante esa Superintendencia no se registra reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección consultada.

Luego, cita la normativa aplicable, artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156, indicando que la ley establece que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales es un régimen de excepción sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales, que cumplan con los requisitos copulativos, exigidos en la ley señalada.

“ARTICULO 1°.- Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.

“Artículo 7°.- En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.”

Indica que, las Administradoras de Fondos de Pensiones sólo pueden acceder a las solicitudes de los trabajadores extranjeros para obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales o la exención de cotizar en el Sistema de Pensiones del D.L. N°3.500, de 1980, siempre y cuando los solicitantes acrediten haber cumplido los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de la ley N°18.156, de conformidad a la normativa aplicable en la especie, y conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de esa institución, conforme a la cual, se ha exigido para acreditar el requisito de cobertura previsional de la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, que el trabajador extranjero acredite que ha contado con un seguro por todos los riesgos exigidos en ese mismo precepto y durante toda la extensión del tiempo en que prestó servicios en Chile. En cuanto a la cobertura de salud, se ha exigido que aquella sea integral, es decir, que comprenda el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias, en caso de enfermedad de origen común. Asimismo, ha aclarado que la afectación a un régimen de seguridad social fuera de Chile debe existir con anterioridad al inicio de la prestación de los servicios del técnico extranjero en nuestro país y, finalmente, que la voluntad de mantenerse afecto a éste debe manifestarse en el contrato de trabajo que suscriba con su empleador chileno o en un anexo al mismo.

Sostiene que, para los efectos de arribar al criterio interpretativo relativo a la cobertura previsional en el extranjero exigida en la letra a), del artículo 1° de la ley N°18.156, ese Servicio ha tenido en especial consideración el espíritu del legislador de dicho cuerpo legal, el cual queda evidenciado del texto del Informe Técnico de fecha 23 de diciembre de 1987, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el que señala, en lo pertinente, lo siguiente: “El fundamento de las disposiciones contenidas en este proyecto de ley se encuentra en la concepción misma del Nuevo Sistema de Pensiones. En efecto, este Sistema, que tiene como finalidad primordial el otorgamiento de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia se basa en la capitalización individual. El monto resultante de las pensiones de que gozan los afiliados guarda directa relación con los fondos acumulados por éstos en sus respectivas cuentas de capitalización individual. Así, si los trabajadores extranjeros de que trata el proyecto mantienen fuera de Chile un régimen previsional que les cubra los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte, en tanto desempeñen actividades en este país, resulta innecesario que además se afilien en una Administradora de Fondos de Pensiones y coticen en ésta durante el período por el cual permanezcan en Chile, el que es transitorio, por cuanto finalmente obtendrá los beneficios previsionales que correspondan del régimen extranjero al cual han permanecido afectos a lo largo de su vida laboral.

Agrega que, por su parte, los fondos depositados por estos trabajadores en una Administradora de Fondos de Pensiones, según las normas legales vigentes en la actualidad, deben permanecer en ella hasta el momento en que el trabajador extranjero cumpla con los requisitos para pensionarse que exige el D.L. N° 3.500, de 1980, no obstante que en ese momento ya habrán abandonado el país y les será sumamente engorroso obtener desde el extranjero su pensión y recibir su pago. Además, las pensiones que se devenguen en estas circunstancias tendrán montos ínfimos, pues los fondos existentes en las respectivas cuentas de capitalización individual de este personal corresponderán generalmente a un breve período de servicios prestados en Chile.”.

Sostiene que, se evidencia tanto del tenor literal de la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, como del espíritu del legislador, que este beneficio excepcional sólo resulta procedente en tanto el trabajador extranjero se haya mantenido afecto a un régimen previsional fuera de Chile durante el transcurso de toda la prestación de servicios que ha ejecutado en el país, respecto de la cual pretende obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales, régimen previsional que le otorgue cobertura por los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

En este sentido, refiere que acorde con la invariable jurisprudencia de ese Servicio, contenida en los Oficios N°s 21.480 de 2017, 23.208, de 2023 y 3141, de 2024, entre otros, para acreditar la cobertura en el país de origen exigida en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, no sirve un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, ni tampoco una cartola que dé cuenta de las cotizaciones previsionales enteradas en tal sistema, sino que se ha requerido para acreditar dicha exigencia, que se consigne en forma específica por la autoridad previsional competente el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Añade que, resulta pertinente hacer presente que el N° 1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Respecto al caso concreto del recurrente, indica que acompañó para acreditar la exigencia de cobertura previsional en el extranjero prevista en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 una Declaración Jurada suscrita con fecha 16 de abril de 2025, mediante la cual sostiene que los documentos acompañados son auténticos y veraces, fueron otorgados en conformidad a la normativa chilena, y que ha tomado conocimiento de las consecuencias que podría implicar un eventual retiro de sus fondos previsionales, así como de las acciones que podría adoptar la AFP si existieran sospechas de la utilización de instrumentos falsos ante el Ministerio Público. Sin embargo, dicho documento no resulta idóneo para probar la mencionada exigencia, toda vez, que la certificación relativa a la cobertura previsional en el extranjero debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente. Ello, por cuanto dicha entidad es la única que posee las facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia, conforme al ordenamiento jurídico del Estado en el que se haya emitido la certificación.

Respecto al certificado electrónico, acompañado por el recurrente, denominado “constancia electrónica de cotizaciones”, señala que es aplicable el mismo criterio contenido en la jurisprudencia administrativa que ya ha sido citada, por cuanto el certificado no señala las coberturas con que cuenta el recurrente, ni de este se puede inferir un determinado período de cobertura, sino que se limita a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano. Por otra parte, tampoco se encuentra firmado por quien emite el documento y no se encuentra apostillado o legalizado, según lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, o Convención de la Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, por tanto, no sirve para acreditar el cumplimiento de la cobertura previsional en el extranjero prevista en la letra a)

del artículo 1° de la ley N°18.156 y el Compendio de Normas del Sistema.

Sostiene que, en esas condiciones, no se cuenta con antecedentes sobre la situación previsional reclamada por el recurrente señor nombre reservado, que permitan concluir que cumple con las exigencias de la ley 18.146 para acceder a la devolución de fondos previsionales.

TERCERO: Que informó RODRIGO MONTERO ATRIA, abogado, en representación de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A., solicitando el rechazo del recurso por las siguientes consideraciones:

En primer lugar, da cuenta de la acción planteada por el recurrente y sus fundamentos, así como la solicitud presentada ante la recurrida y antecedentes acompañados por el recurrente ante dicha institución.

Indicando que, AFP Modelo rechazó la solicitud de devolución de fondos por técnico extranjero debido a que el recurrente acompañó un documento llamado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” documento que no sirve para dar cumplimiento a las exigencias contenidas en la ley 18.156, toda vez que no es un certificado de afiliación, no menciona las prestaciones con las que cuenta el afiliado en su caso específico, sino que señala de forma genérica las prestaciones que otorga el sistema previsional venezolano, no se encuentra firmado por la persona que lo emite y no se encuentra debidamente legalizado o apostillado, según corresponda.

Sostiene que, diferentes Cortes de Apelaciones, han rechazado recursos de protección respecto a la misma materia, citando fallos al efecto, mencionando específicamente fallo dictado en causa Rol Libro Protección - 22142 - 2024 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, la cual fue confirmada por la Excelentísima Corte Suprema mediante sentencia dictada con fecha 26 de junio de 2025 en causa Rol Libro Civil / 13722 – 2025, en el cual se expresa: “Cuarto: La revisión del documento aparejado por la recurrente, denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” permite constatar que efectivamente el mismo no satisface las exigencias de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, esto es, no ha sido debidamente legalizado ni se encuentra apostillado, en términos que no es posible asignarle un carácter fehaciente…”.

Concluye que, no se puede aprobar el retiro de los fondos de pensiones toda vez que la recurrente no ha dado cumplimiento íntegro a los requisitos establecidos en las letras a) del artículo primero de la ley 18.156, esto es, acreditar que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Por lo tanto, estima que la recurrida, no ha actuado de forma arbitraria ni ilegal, al contrario, ha dado estricto cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa.

Agrega fundamentos de derecho, citando lo dispuesto en los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156, indicando que el cumplimiento del requisito de lo señalado en la letra b del citado artículo 1°, debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Hace presente que la Ley N° 18.156 es un régimen de excepción que establece los requisitos copulativos que tiene que cumplir todo trabajador extranjero que pretenda la exención del pago de las cotizaciones previsionales.

Asimismo, refiere que, las Administradoras de Fondos de Pensiones son sociedades anónimas cuyo objeto único y exclusivo es la administración de fondos de pensiones, además de otorgar los beneficios y prestaciones establecidos en el D.L. 3.500 de 1980. La supervigilancia, control y fiscalización de estas sociedades corresponde a la Superintendencia de Pensiones, según lo establece el artículo 52 del Reglamento del D.L. 3.500 de 1980.

En el uso de estas facultades, la Superintendencia de Pensiones se ha pronunciado respecto a esta materia, mediante el Oficio Ordinario N°3141 de fecha 20 de febrero de 2024, el cual señala:

"el trabajador debe aportar un documento que acredite en forma específica que en su caso ha contado durante la prestación de sus servicios en Chile, con la protección para todos los riesgos indicados en dicho precepto legal, esto es, vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad. Cabe hacer presente que, al referirse a la cobertura de salud, se ha exigido, además, que se especifique si ella comprende prestaciones pecuniarias y médicas.

Adicionalmente, para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos antes indicados, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile." A su vez, mediante el Oficio N° 21.480 de la Superintendencia de Pensiones, de fecha 20 de septiembre de 2017 ha instruido:

“…se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156…”

Y, recientemente, mediante el Oficio Ordinario N° 4277 de fecha 13 de marzo de 2025, ha señalado:

“A este respecto, esta Superintendencia informa a USIA ILUSTRISIMA, que conforme a la mencionada normativa contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil , en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, o Convención de la Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, el certificado electrónico emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales aportado por la recurrente no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, ya que no está firmado por quien lo emite, ni se encuentra apostillado ni legalizado.

En efecto, según se desprende del examen de dicho certificado se ha verificado que no existe constancia alguna de que haya sido apostillado por la autoridad competente venezolana; cuestión que impide que ese documento pueda producir efectos en nuestro país.”

En este orden de ideas, cita lo dispuesto en el artículo 345 del Código Civil, el cual señala que: “Los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas.

La autenticidad de las firmas y el carácter de estos funcionarios se comprobará en Chile por alguno de los medios siguientes:

1°. El atestado de un agente diplomático o consular chileno, acreditado en el país de donde el instrumento procede, y cuya firma se compruebe con el respectivo certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores;

2°. El atestado de un agente diplomático o consular de una nación amiga acreditado en el mismo país, a falta de funcionario chileno, certificándose en este caso la firma por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores del país a que pertenezca el agente o del Ministro Diplomático de dicho país en Chile, y además por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República en ambos casos; y3°. El atestado del agente diplomático acreditado en Chile por el Gobierno del país en donde se otorgó el instrumento, certificándose su firma por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República.”

Mientras que el Artículo 345 bis del mismo cuerpo legal señala que:

“Los instrumentos públicos otorgados en un Estado Parte de la Convención de La Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, no deberán ser sometidos al procedimiento de legalización, si respecto de éstos se ha otorgado apostillas por la autoridad designada por el Estado de que dimana dicho instrumento.

Las certificaciones oficiales que hayan sido asentadas sobre documentos privados, tales como menciones de registro, comprobaciones para la certeza de una fecha y autenticaciones de firmas, podrán presentarse legalizadas o con apostillas otorgadas, con arreglo al artículo precedente y a éste, respectivamente. Pero en estos casos la legalización o apostilla sólo acreditará la autenticidad de la certificación, sin otorgar al instrumento el carácter de público.

Según lo dispuesto por la Convención a que se refiere el inciso primero, no podrán otorgarse apostillas respecto de los documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares y los documentos administrativos que se refieren directamente a una operación mercantil o aduanera”.

En virtud de lo expuesto, concluye que, todo trabajador técnico extranjero que pretenda acogerse a la exención establecida en la ley N° 18.156, o que quiera retirar los fondos ya enterados, deberá necesariamente dar cabal cumplimiento a los requisitos exigidos. En el caso concreto, y en virtud de los antecedentes tenidos a la vista se pudo constatar que la recurrente no cumplía con los requisitos exigidos por la Ley Nº 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones, ni tampoco la jurisprudencia de la Superintendencia de Pensiones, ésta última, quien cuenta dentro de sus funciones el “7. Interpretar administrativamente en materias de su competencia las leyes, reglamentos y demás normas que rigen a las personas o entidades fiscalizadas.

8. Velar para que las instituciones fiscalizadas cumplan con las leyes y reglamentos que las rigen y con las instrucciones que la Superintendencia emita, sin perjuicio de las facultades.”

Finalmente, indica que el recurso de protección de garantías constitucionales es una acción que busca restablecer el imperio del derecho, cuando por actos u omisiones arbitrarias o ilegales se ha ocasionado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República. Para que proceda un recurso de protección, es necesario que haya existido perturbación o privación ilegítima en el ejercicio de un derecho, sin embargo, en este caso AFP Modelo ha actuado según no instruye la normativa y la Superintendencia de Pensiones, sin incurrir en ningún acto u omisión arbitrario o ilegal que amenace, prive, perturbe o vulnere los derechos fundamentales que la constitución le reconoce al Recurrente, por lo tanto, solicita el rechazo del recurso.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, el recurrente dedujo esta acción cautelar en contra de AFP MODELO, por considerar arbitraria e ilegal la Resolución que rechazó su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, dictada fecha 24 de junio de 2025, fundado en que ésta no cumpliría con los requisitos establecidos en la Ley que regula la materia, esto es la Ley N° 18.156, ya que no habría logrado acreditar las prestaciones a que se encontraría cubierto, además, el documento no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostillado o legalizado, según corresponda.

SEPTIMO: Que, asentado lo anterior, corresponde centrar el análisis respecto de la actuación de la recurrida en base al marco normativo aplicable, al efecto se deberá tener presente lo señalado en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, el cual señala:

“ARTICULO 1° Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”

En este caso, de la revisión de los antecedentes acompañados por la recurrente y, conforme a lo señalado por la recurrida en su informe, es posible establecer que el recurrente se encuentra sujeto a contrato de trabajo, suscrito con fecha 15 de abril de 2019, entre el trabajador extranjero recurrente y la empresa Explora Chile S.A., respecto del cual se suscribió un anexo de contrato de trabajo con fecha 01 de abril de 2025, en el que se consigna: SEGUNDO. A través del presente anexo se agrega una nueva cláusula al contrato mencionado en el punto anterior, del siguiente tenor:

“Cláusula previsional. El Trabajador declara: a) ser técnico profesional extranjero conforme a lo establecido en el artículo 1° de la Ley 18.156 y numeral primero de la Circular N° 553 de 1988 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones; b) encontrarse afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, el que le otorga prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y, c) su voluntad de mantener su afiliación al referido sistema de seguridad social o previsión en el extranjero.”.

Dicho anexo de contrato de trabajo se entiende formar parte integrante del mismo, y se entiende con ello cumplir con el segundo de los requisitos establecidos en el artículo 1° de la ley N° 18.156..

OCTAVO: Que, dicho lo anterior, es necesario analizar si con los documentos acompañados por el recurrente, se logra acreditar el primero de los requisitos que establece la Ley referida en su artículo 1°, esto es, lo relacionado con: “a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y (…)”

NOVENO: Que, al efecto, el recurrente ha acompañado:

1.- Título Profesional debidamente apostillado.

2.- Declaración Jurada de la recurrente ante notario.

3.- Constancia electrónica de cotizaciones de la recurrente de fecha 31 de marzo de 2025.

4.- Contrato y anexos de contrato suscrito con el empleador EXPLORA CHILE S.A., RUT RUT reservado

DÉCIMO: Que, respecto al documento signado como Constancia electrónica de cotizaciones de la recurrente, de su texto se desprenden dos conclusiones:

La primera, es que en el mismo se señala que tendrá validez hasta el 31 de marzo de 2025, por lo tanto a la fecha, no es posible tener por acreditada la afiliación del actor al Sistema Previsional Venezolano, desde que han transcurrido al menos 4 meses desde su vencimiento, siendo desconocido si el recurrente mantiene su afiliación al Sistema Previsional Venezolano.

Em segundo lugar, el mismo da cuenta de su afiliación al Sistema, al menos hasta el 31 de mayo de 2025, más nada refiere respecto a la cobertura y alcance de dicho sistema.

DECIMO PRIMERO: Que, de acuerdo con lo anterior, y conforme fue expuesto por la recurrida y por la Superintendencia de Seguridad Social, teniendo presente la basta jurisprudencia administrativa existente en la materia, no es posible tener por acreditado el primero de los requisitos establecidos en la Ley para dar lugar a la exención de pago de cotizaciones en Chile, por trabajador extranjero. En atención a lo expuesto, atendido que no se vislumbra un actuar arbitrario e ilegal por parte de la recurrida, quien ha actuado en el marco de sus competencias y conforme a la legislación pertinente, no cabe sino rechazar la presente acción, como se dirá en la parte resolutiva del fallo.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales SE RECHAZA, sin costas el recurso de protección deducido por PABLO DANIEL PEÑALOZA PARRA, abogado, a favor de don nombre reservado, en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

Registres y comuníquese.

Rol 1194-2025 (Protección)