JUNTA DE VECINOS SECTOR ESTADIO REGIONAL con SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Antofagasta, a diecinueve de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que, comparece Ignacio Barrientos Pardo, abogado, en representación de la Junta De Vecinos N°9 "ESTADIO REGIONAL", persona jurídica sin fines de lucro domiciliada en domicilio reservado, representada por su presidenta doña nombre reservado, como también de los vecinos del Sector Parque Brasil; quien deduce acción constitucional de protección en contra de Ilustre Municipalidad De Antofagasta, representada por su Alcalde don Sacha Razmilic Burgos, y en contra de la Secretaría Regional Ministerial De Salud De Antofagasta, representada por nombre reservado, por la omisión ilegal y arbitraria en que han incurrido ambos organismos al abstenerse de ejercer las facultades y potestades que el ordenamiento jurídico les asigna expresamente para eliminar el foco de reproducción de vectores y el riesgo sanitario que afecta al sector residencial de domicilio reservado de esta ciudad, vulnerando sus derechos garantizados en el artículo 19 N°1 y 8 de la Constitución Política de la República.

Informan las recurridas instando por el rechazo del recurso.

Asimismo, informa La Superintendencia de Salud.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda su recurso señalando que, desde hace más de cinco años existe en domicilio reservado, un sitio abandonado correspondiente a las obras paralizadas del proyecto inmobiliario denominado “SOHO”, de propiedad de Inmobiliaria Mackenzie Limitada, proyecto consistente en un edificio en altura cuya construcción fue autorizada por la Dirección de Obras Municipales, incluyendo una excavación de gran profundidad destinada a estacionamientos subterráneos.

Señala que la inmobiliaria abandonó las obras sin ejecutar medidas de mitigación respecto de la excavación, produciéndose en ella una acumulación permanente de agua de afloramiento subterráneo, que describe como un verdadero pantano urbano emplazado en un sector residencial.

Agrega que fotografías y videos darían cuenta de la existencia de aguas verdes y estancadas, algas y desechos, además de un cierre perimetral precario, situación que habría generado un foco permanente de reproducción de zancudos y otros insectos vectores, junto con la presencia de roedores que ingresarían a viviendas y edificios cercanos, configurándose, a juicio de la recurrente, un riesgo sanitario grave, concreto y actual para la comunidad.

Añade que la situación adquiere especial relevancia atendido el contexto epidemiológico existente, haciendo referencia al Decreto N°32, de 30 de julio de 2025, que modificó y prorrogó el Decreto N°28 de 2023, declarando alerta sanitaria por enfermedades vectoriales y zoonóticas emergentes hasta el 31 de julio de 2026; a la detección de un ejemplar de mosquito Aedes aegypti en el aeropuerto nombre reservado en enero de 2026; y a la Resolución Exenta N°332, de 27 de febrero de 2026, que aprobó el “Plan de Preparación y Respuesta ante Casos Autóctonos de Arbovirus transmitidos por AEDES SPP en Chile Continental, 2025”, el cual contempla la detección de criaderos mediante inspección y control de depósitos de agua detenida. Asimismo, refiere que la propia SEREMI de Salud de Antofagasta informó, mediante comunicado de 23 de abril de 2026, el hallazgo de muestras positivas a Aedes aegypti en la Provincia de Tocopilla, recomendando evitar la acumulación de agua en inmuebles.

En cuanto a las gestiones realizadas, indica que el problema fue puesto formalmente en conocimiento de las autoridades recurridas hace más de dos años. Así, el 17 de enero de 2023 representantes de la Junta de Vecinos se reunieron en el lugar con la entonces SEREMI de Salud y su equipo, oportunidad en que se habría constatado visualmente la situación y asumido el compromiso de adoptar medidas coordinadas; al día siguiente se efectuó una segunda reunión con representantes de la Municipalidad de Antofagasta, con participación de SECOPLAN, la Dirección de Seguridad Pública y el equipo jurídico municipal.

Posteriormente, el 13 de agosto de 2025, la Junta de Vecinos presentó al Alcalde de Antofagasta un petitorio formal solicitando medidas concretas y, finalmente, el 17 de marzo de 2026 formuló solicitudes fundadas tanto al municipio, invocando el procedimiento contemplado en el artículo 2.5.1 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, como a la SEREMI de Salud, requiriendo el ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 31 del Código Sanitario y aquellas derivadas de la alerta sanitaria vigente. Sostiene que, a la fecha de interposición de la acción, ninguno de los organismos habría dado respuesta formal a dichas presentaciones ni adoptado medidas materiales destinadas a solucionar el problema.

Sostiene la procedencia de la acción conforme al artículo 20 de la Constitución Política de la República, afirmando que la omisión denunciada posee carácter permanente y continuo, pues se renueva mientras las autoridades no ejerzan sus potestades, razón por la cual estima que el recurso fue deducido dentro de plazo.

Respecto de la garantía prevista en el artículo 19 N°1 de la Carta Fundamental, expresa que la exposición permanente de los vecinos a un foco de reproducción de vectores potencialmente transmisores de enfermedades, sumada a la presencia de roedores y emanaciones provenientes de las aguas estancadas, constituye una amenaza actual a su vida e integridad física y una perturbación a su integridad psíquica. Invoca al efecto jurisprudencia de la Corte Suprema, particularmente la sentencia dictada en causa Rol N°18.026-2023, relativa a focos de insalubridad en el Barrio San Borja, en la que se habría reconocido el deber municipal de adoptar medidas y coordinarse con otras instituciones para proteger eficazmente a los vecinos. Asimismo, cita sentencia de esta Corte de Apelaciones de Antofagasta de 9 de diciembre de 2022, Rol N°20.369-2022, relativa al ex vertedero municipal La Chimba, destacando los deberes que recaen sobre el municipio respecto de situaciones que puedan afectar la vida, integridad física y psíquica y el medio ambiente de los habitantes de la comuna.

En relación con el artículo 19 N°8 de la Constitución, sostiene que la existencia de aguas estancadas, algas, vectores e insectos en una excavación abandonada emplazada en una zona residencial configura una situación de contaminación ambiental y que la falta de actuación de las recurridas para eliminarla vulnera el derecho de los vecinos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, reiterando al efecto lo resuelto por esta Corte en la causa relativa al ex vertedero La Chimba, en cuanto a las obligaciones municipales derivadas de la Ley N°18.695 y del Código Sanitario.

Respecto de la Municipalidad de Antofagasta, atribuye ilegalidad y arbitrariedad a su omisión por cuanto, a su juicio, existirían normas que le imponen deberes específicos de actuación. Invoca el artículo 2.5.1 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y el artículo 58 bis del Decreto Ley N°2.385, sosteniendo que el inmueble reuniría las condiciones para ser declarado propiedad abandonada y que correspondería al Alcalde iniciar el procedimiento respectivo, notificar al propietario y, cumplidos los requisitos legales, disponer las medidas de cierro, higiene y mantención pertinentes. Añade las obligaciones previstas en el artículo 11 del Código Sanitario y las funciones establecidas en los artículos 3° y 4° letra b) de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, relativas a la administración de bienes nacionales de uso público, salud pública y protección del medio ambiente. Afirma, además, que existiría responsabilidad municipal desde el origen del problema, por haber autorizado la Dirección de Obras Municipales la excavación del proyecto sin que, paralizadas posteriormente las obras, se hubiesen exigido medidas de mitigación o relleno, situación que, según sostiene, se mantiene hasta la actualidad.

En cuanto a la SEREMI de Salud de Antofagasta, sostiene que su omisión resulta igualmente ilegal y arbitraria, atendidas sus competencias en materia de salud pública y riesgos sanitarios ambientales. Invoca los artículos 3° y 31 del Código Sanitario, destacando que este último permite a la autoridad sanitaria ordenar el vaciado, relleno o tratamiento químico de acumulaciones de agua que sirvan de criaderos de mosquitos, afirmando que dicha disposición resultaría directamente aplicable a la situación denunciada.

Indica las atribuciones y deberes contemplados en los artículos 4° N°3 y N°4, 12 N°2 y 13 del DFL N°1 de 2006, además de las facultades derivadas del Decreto N°32 de 2025 y del Plan de Arbovirus aprobado por Resolución Exenta N°332 de 2026. Asimismo, invoca los principios de celeridad, conclusivo e inexcusabilidad establecidos en los artículos 7°, 8° y 14 de la Ley N°19.880, argumentando que la Administración se encuentra obligada a impulsar los procedimientos y pronunciarse respecto de las solicitudes formuladas.

Manifiesta que la conducta de ambas recurridas configuraría tanto una inactividad formal, consistente en la ausencia de pronunciamiento respecto de solicitudes que exigirían una decisión administrativa, como una inactividad material, por la falta de ejecución de acciones destinadas a solucionar el riesgo sanitario denunciado, precisando que no se pretende mediante el recurso revisar el ejercicio discrecional de una potestad administrativa, sino obtener que los organismos recurridos ejerzan las atribuciones que, según afirma, la legislación les impone expresamente.

Concluye solicitando que se acoja el recurso, con costas, y se ordene a la Municipalidad de Antofagasta iniciar, dentro del plazo de cinco días de ejecutoriado el fallo, el procedimiento de declaración de propiedad abandonada respecto del inmueble de domicilio reservado, disponer un cierre perimetral adecuado, ejecutar o encargar las obras de vaciado, saneamiento y relleno de la excavación y realizar las acciones de higiene y limpieza correspondientes, sin perjuicio de repetir posteriormente contra el propietario. Respecto de la SEREMI de Salud, pide que se le ordene dictar resolución disponiendo el vaciado, relleno o tratamiento químico del pozo, realizar una inspección vectorial y entomológica del sector, aplicar las medidas de control pertinentes, iniciar el correspondiente sumario sanitario y coordinar dichas actuaciones con la Municipalidad y los demás organismos competentes; solicitando, además, que se disponga la actuación coordinada y oportuna de ambas recurridas para evitar duplicidades y dilaciones.

SEGUNDO: Que informa Felipe Ubilla Zañartu, fiscal (S), de la Super Intendencia de Salud, quien señala que la materia sometida al conocimiento de esta Corte no se encuentra comprendida dentro del ámbito de competencias de dicho organismo, razón por la cual indica que no le resulta posible emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia ni acompañar antecedentes relacionados con ella, limitándose, en consecuencia, a hacer presente su falta de competencia en la materia.

TERCERO: Que informa Eduardo Astudillo Borlando, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad De Antofagasta, solicitando el rechazo de la acción constitucional.

La recurrida municipalidad controvierte haber incurrido en alguna omisión ilegal o arbitraria, sosteniendo que ha ejercido las competencias que el ordenamiento jurídico le confiere y que su actuación se encuentra sometida al principio de juridicidad establecido en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, artículo 2° de la Ley N°18.575 y Ley N°18.695, de modo que únicamente puede intervenir dentro del ámbito de las atribuciones que expresamente le han sido conferidas.

Explica que, conforme al artículo 58 bis del Decreto Ley N° 3.063 sobre Rentas Municipales y al artículo 2.5.1 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, la declaración de un inmueble como propiedad abandonada requiere un procedimiento previo, debiendo notificarse al propietario para que ejecute las mejoras o reparaciones relativas a cierro, higiene y mantención y, sólo una vez vencido el plazo otorgado sin que se cumpla lo ordenado, puede dictarse el correspondiente decreto alcaldicio fundado que declare la propiedad abandonada. Añade que, una vez efectuada dicha declaración, la Municipalidad queda facultada para intervenir directamente en el inmueble únicamente con fines de cierro, higiene o mantención general, siendo los costos respectivos de cargo del propietario.

En cuanto a las actuaciones concretamente realizadas, informa que, a raíz de una denuncia presentada el 26 de febrero de 2026 por nombre reservado ante la Superintendencia del Medio Ambiente contra Constructora SOHO, por el abandono del inmueble de domicilio reservado, la Dirección de Asesoría Jurídica municipal emitió el Informe DAJ N° 00180/2026, de 7 de abril de 2026, recomendando al Alcalde disponer la notificación del propietario para que, dentro de quince días hábiles, adoptara las medidas de higiene, limpieza y mantención necesarias para remediar las condiciones de insalubridad del predio. Se estableció asimismo que, de no resultar posible determinar el domicilio o datos de contacto del propietario, debía efectuarse la notificación mediante publicación y que, de persistir su inactividad una vez vencido el plazo concedido, procedería iniciar el procedimiento administrativo destinado a declarar el inmueble como propiedad abandonada, habilitando así al municipio para ejecutar directamente las medidas pertinentes y posteriormente repetir contra el propietario por los gastos respectivos.

Indica que, al no haber sido posible determinar el domicilio de Inmobiliaria Mackenzie Ltda., propietaria del inmueble, se recurrió al mecanismo de notificación supletoria, para lo cual, mediante Oficio ALC N° 00170/2026, de 28 de mayo de 2026, se solicitó al Diario Oficial la publicación de un aviso, fijándose para ello el 3 de junio de 2026, por el cual se requirió al propietario ejecutar las medidas de mitigación, higiene, saneamiento, mantención, limpieza y reparación de cierres necesarias, otorgándole un plazo de diez días corridos desde la publicación y advirtiéndole que, en caso de incumplimiento, se procedería a dictar el decreto alcaldicio declarando el inmueble como propiedad abandonada.

Agrega que, conforme al Memorándum DOM N° 00324/2026, de 20 de mayo de 2026, desde el año 2022 se han cursado cinco infracciones al propietario del inmueble, todas derivadas a los Juzgados de Policía Local de Antofagasta por infracciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y a su Ordenanza General.

Sostiene que ha adoptado las medidas comprendidas dentro de sus atribuciones para procurar que el propietario asuma las obligaciones relativas a las condiciones de insalubridad y deterioro del predio, encontrándose en curso el procedimiento administrativo correspondiente, por lo que la pretensión dirigida en su contra se encontraría satisfecha y no existiría inactividad susceptible de ser calificada como ilegal o arbitraria.

Concluye que no ha incurrido en conducta u omisión alguna que prive, perturbe o amenace las garantías constitucionales invocadas, toda vez que emprendió las actuaciones destinadas a notificar al propietario y exigirle la adopción de las medidas de mitigación, higiene, saneamiento y mantención necesarias.

CUARTO: Que informa nombre reservado, Seremi de la Salud Región de Antofagasta.

Señala que acompaña un informe técnico elaborado por la Unidad de Zoonosis y Vectores del Departamento de Acción Sanitaria, en el cual se detallan cronológicamente las acciones efectuadas en el inmueble denunciado, además de una minuta de alerta sanitaria por zoonosis relativa a la reintroducción del mosquito Aedes aegypti en la Región de Antofagasta, de 28 de mayo de 2026; el Memo CP N°12505/2026 del Departamento de Salud Pública y Planificación Sanitaria, que da cuenta del cambio de la situación epidemiológica de la comuna de Antofagasta a partir de la confirmación de un caso de Aedes aegypti; y un análisis técnico efectuado en contexto de gestión del riesgo en emergencias y desastres.

En cuanto a la petición destinada a que se ordene el vaciado, relleno o tratamiento químico del pozo o pantano existente en el inmueble, conforme al artículo 31 del Código Sanitario, refiere que se encuentra vigente la Resolución Exenta N°1602, de diciembre de 2023, que dispone, entre otras medidas, que las empresas del giro de la construcción deben eliminar dentro del plazo de veinticuatro horas toda acumulación de agua producida como consecuencia de operaciones de excavación y que toda persona natural o jurídica que mantenga acumulaciones de agua en inmuebles públicos o particulares, urbanos o rurales, debe adoptar medidas preventivas de carácter mecánico y químico destinadas a impedir el acceso y proliferación de mosquitos, además de evitar acumulaciones de basura.

Explica, sin embargo, que para iniciar el correspondiente procedimiento administrativo sancionatorio se requiere contar con un domicilio en el cual efectuar la notificación, antecedente que no ha sido posible obtener.

Respecto de la solicitud de inspección vectorial y entomológica del sector y la aplicación de las medidas de control correspondientes, indica que la normativa invocada para casos autóctonos no resulta aplicable en esos términos, toda vez que dicha situación no se ha presentado hasta la fecha en Chile continental; no obstante, conforme al Manual Operativo de Vigilancia, Prevención y Control de Aedes aegypti para Chile continental, de enero de 2026, desde el 26 de mayo de 2026 la comuna de Antofagasta cambió su estratificación a nivel E1, circunstancia que permite implementar medidas de control vectorial mediante las estrategias definidas para foco y perifoco, incluido el uso de control químico.

Añade que se han efectuado inspecciones vectoriales y entomológicas y enviado muestras al laboratorio de referencia, cuyos resultados determinaron la presencia de Culex sp. y Culex quinquefasciatus.

Asimismo, el 27 de mayo de 2026 se recibió una denuncia acompañada de una fotografía de un supuesto vector en el edificio Tamarugal, descartándose por el laboratorio local que el ejemplar correspondiera a Aedes aegypti o incluso a un culícido, resultado que fue comunicado mediante el sistema de vigilancia comunitaria.

Hace presente, además, que el inmueble objeto del recurso permanece cerrado, abandonado y sin personal responsable a cargo, careciendo la autoridad sanitaria de competencia para administrarlo, circunstancia que ha imposibilitado el ingreso para efectuar toma de muestras.

En relación con la solicitud de iniciar sumario sanitario contra el propietario, manifiesta que, si bien mediante actas de fiscalización se ha constatado incumplimiento de la Resolución Exenta N°1602/2023, no ha sido posible iniciar actualmente el procedimiento por no contarse con un domicilio ubicable para practicar la respectiva notificación, precisando que en fiscalizaciones efectuadas en años anteriores se han tramitado dos sumarios sanitarios entre los años 2020 y 2026.

Finalmente, respecto de la coordinación con la Municipalidad de Antofagasta y demás organismos competentes, informa que, atendido el cambio de estratificación comunal ocurrido el 26 de mayo de 2026, se declarará foco de insalubridad el inmueble en que se encuentran las aguas apozadas, lo que permitirá que las autoridades competentes ejecuten labores de limpieza, desinsectación y demás medidas que estimen pertinentes, sin perjuicio de que la responsabilidad corresponda a la persona jurídica propietaria del inmueble.

QUINTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes. Que, en esa misma disposición, se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEXTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados afectados o amenazados por actos arbitrarios o ilegales.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica; es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEPTIMO: Que, conforme a lo expuesto por la recurrente y a las defensas formuladas por las recurridas, la controversia sometida al conocimiento de esta Corte consiste en determinar si la Ilustre Municipalidad de Antofagasta y la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Antofagasta incurrieron en una omisión ilegal o arbitraria al no adoptar, con la oportunidad y eficacia requeridas, las medidas que dentro del ámbito de sus respectivas competencias resultaban necesarias para enfrentar y hacer cesar las condiciones de insalubridad existentes en el inmueble ubicado en domicilio reservado de esta ciudad, derivadas principalmente de la acumulación permanente de agua en una excavación correspondiente a una obra inmobiliaria paralizada y de la consecuente presencia o riesgo de proliferación de vectores.

En particular, deberá dilucidarse si las actuaciones administrativas invocadas por las recurridas resultan suficientes para descartar la omisión que se les atribuye; si las dificultades relativas a la ubicación del propietario del inmueble, al procedimiento previo exigido por la normativa urbanística y al acceso al recinto justificaban la falta de una intervención material anterior; cuál es la incidencia de las medidas adoptadas durante la tramitación de esta acción, especialmente la declaración del inmueble como foco de insalubridad por la autoridad sanitaria y su posterior declaración como propiedad abandonada por el Municipio; y, finalmente, si la conducta atribuida a las recurridas ha importado una amenaza o perturbación de las garantías contempladas en los números 1 y 8 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

OCTAVO: Que, previo al examen del fondo, corresponde pronunciarse acerca de la oportunidad de la acción. Sobre el particular, la recurrente sostiene que la omisión denunciada posee carácter permanente y continuo, por cuanto se renueva mientras las recurridas no ejerzan las potestades que les corresponden y subsista el riesgo sanitario denunciado.

En la especie, no se cuestiona un acto único y agotado en el tiempo, sino una conducta omisiva asociada a una situación material que se habría prolongado mientras permanecieron las condiciones de insalubridad del inmueble. Por consiguiente, encontrándose vigente al tiempo de deducirse la acción la situación que se atribuye a la falta de actuación suficiente de las recurridas, el recurso debe estimarse interpuesto dentro de plazo.

NOVENO: Que, asentado lo anterior, corresponde analizar primeramente las alegaciones de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, que solicita el rechazo del recurso argumentando, en síntesis, que no ha incurrido en omisión alguna, que su actuación se encuentra limitada por el principio de juridicidad y que la intervención directa del inmueble exigía previamente observar el procedimiento contemplado en el artículo 58 bis del Decreto Ley N° 3.063 y en el artículo 2.5.1 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Agrega que efectuó diversas actuaciones desde años anteriores, entre ellas notificaciones, derivaciones a los Juzgados de Policía Local e informes de sus unidades técnicas y jurídicas, y que, al momento de evacuar su informe, se encontraba en curso el procedimiento destinado a declarar el inmueble como propiedad abandonada.

DÉCIMO: Que, respecto de dichas alegaciones, consta efectivamente que la Municipalidad no permaneció absolutamente inactiva. En efecto, la Dirección de Obras Municipales informó de denuncias desde abril de 2022 por agua estancada y proliferación de mosquitos; de sucesivas notificaciones cursadas durante los años 2023 y 2024; de derivaciones a los Juzgados de Policía Local; y de un oficio de octubre de 2025 en que se solicitó al Alcalde proceder conforme al artículo 2.5.1 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Asimismo, la Dirección de Asesoría Jurídica municipal concluyó, mediante Informe DAJ N° 00180/2026, que correspondía notificar al propietario para que adoptara medidas de higiene y mantención y que, de persistir su inactividad, debía declararse la propiedad abandonada, habilitando así la intervención municipal. El mismo informe señaló que, cumplidos los trámites previos, el Municipio se encontraba en el imperativo legal de adoptar las medidas de higiene correspondientes atendido el estado del recinto y la inactividad de su dueño.

Por consiguiente, la defensa municipal es atendible sólo en cuanto demuestra la existencia de actuaciones administrativas anteriores y la necesidad de observar el procedimiento previsto por la normativa urbanística, pero no basta, por sí sola, para descartar la eventual existencia de una omisión jurídicamente reprochable.

UNDÉCIMO: Que, en efecto, invocar del principio de juridicidad tampoco resulta suficiente para excluir la procedencia de la acción, puesto que precisamente el artículo 2.5.1 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y el artículo 58 bis del Decreto Ley N° 3.063 contemplan potestades específicas destinadas a enfrentar la existencia de propiedades abandonadas y facultan, cumplido el procedimiento respectivo, la intervención municipal para fines de cierro, higiene y mantención general.

De este modo, la cuestión no consiste en exigir al Municipio actuar al margen de sus atribuciones, sino en determinar si hizo uso de ellas con la oportunidad exigible frente a una situación que conocía desde años anteriores y que afectaba las condiciones sanitarias del entorno.

Además, durante la tramitación de esta acción, mediante Decreto Exento N°01456/2026, de 24 de junio de 2026, la Municipalidad declaró propiedad abandonada el inmueble ubicado en domicilio reservado y dispuso expresamente su intervención con el propósito de ejecutar las medidas de higiene y mantención general del predio.

Esta actuación satisface una parte relevante de lo solicitado por la recurrente y demuestra, asimismo, que el ordenamiento jurídico efectivamente permitía al Municipio intervenir el inmueble, una vez cumplidas las actuaciones previas correspondientes.

DUODÉCIMO: Que corresponde ahora examinar las alegaciones de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Antofagasta.

Dicho organismo sostiene, en síntesis, que no ha permanecido inactivo, pues ha efectuado fiscalizaciones, vigilancia vectorial, toma y análisis de muestras y procedimientos sanitarios; que determinadas actuaciones sancionatorias no pudieron desarrollarse por no contarse con un domicilio conocido del propietario; que el recinto cerrado y abandonado dificultó el ingreso para ciertas inspecciones; y que la normativa relativa a casos autóctonos de arbovirus no resultaba aplicable en los términos pretendidos por la recurrente.

Dichas alegaciones encuentran sustento parcial en los antecedentes acompañados, pues consta que la autoridad sanitaria realizó actuaciones previas y que se efectuaron inspecciones y análisis de muestras, detectándose, entre otras especies, Culex sp. y Culex quinquefasciatus. También consta que la autoridad mantenía vigilancia epidemiológica y vectorial y que la comuna de Antofagasta pasó a un escenario E1 en el contexto de la presencia de Aedes en la región.

Sin embargo, las dificultades invocadas para ubicar al propietario o desarrollar procedimientos sancionatorios no agotan el análisis, pues las competencias de la autoridad sanitaria no se reducen a la potestad sancionadora, sino que comprenden igualmente funciones de vigilancia, prevención y control destinadas a resguardar la salud pública.

DECIMOTERCERO: Que reviste especial relevancia que, durante la tramitación de estos autos, la propia Secretaría Regional Ministerial de Salud declarara el inmueble de domicilio reservado como foco de insalubridad, circunstancia que posteriormente fue expresamente considerada por la Municipalidad al dictar el decreto de declaración de propiedad abandonada.

A ello se suma que los antecedentes técnicos de la autoridad sanitaria califican el riesgo asociado a lugares abandonados con acumulaciones de agua como un factor de especial preocupación en el contexto de la introducción de vectores de interés sanitario en la comuna.

En consecuencia, las alegaciones de la SEREMI permiten descartar una inactividad absoluta, pero no excluyen la necesidad de examinar si las actuaciones desplegadas fueron oportunas y suficientemente eficaces para enfrentar la situación sanitaria concreta que afectaba al inmueble.

DECIMOCUARTO: Que, despejadas las defensas formuladas por ambas recurridas, corresponde determinar si la conducta que se les reprocha reviste el carácter de ilegal o arbitraria.

Al respecto, la ilegalidad no deriva, en este caso, de una ausencia total de actuaciones administrativas, sino de que, pese al conocimiento prolongado de una situación de insalubridad y a la existencia de competencias legales para enfrentarla, las medidas destinadas a obtener una intervención material eficaz del inmueble no fueron ejercidas con la oportunidad suficiente, permitiendo que las condiciones denunciadas se mantuvieran durante un período prolongado, manteniendo el riesgo para salud de los vecinos del sector.

En cuanto a la Municipalidad, dicha conclusión se desprende de que las denuncias se remontan, al menos, al año 2022, mientras que el procedimiento que habilitó la intervención del inmueble sólo culminó durante la tramitación de esta acción, pese a que sus propias unidades técnicas y jurídicas habían reconocido con anterioridad la procedencia de adoptar las medidas contempladas en el artículo 2.5.1 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Respecto de la SEREMI de Salud, si bien efectuó fiscalizaciones y actuaciones sanitarias, la imposibilidad de ubicar al propietario podía explicar dificultades para el ejercicio de la potestad sancionatoria, pero no justificaba que una situación finalmente calificada por la propia autoridad como foco de insalubridad permaneciera sin una solución material eficaz.

Así, la omisión atribuida a las recurridas resulta ilegal, por no haberse ejercido oportunamente y con eficacia suficiente las potestades que el ordenamiento jurídico les confería para enfrentar la situación denunciada; y arbitraria, porque no aparece una justificación razonable y suficiente que explique la prolongación de tales condiciones durante años, pese al conocimiento que ambas autoridades tenían de ellas.

DECIMOQUINTO: Que, determinada en los términos precedentes la existencia de una omisión ilegal y arbitraria, corresponde establecer si ésta ha importado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas por los recurrentes.

En cuanto al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, los antecedentes reunidos permiten tener por acreditada la existencia prolongada de una excavación con acumulación de agua en un inmueble abandonado emplazado en un sector urbano residencial, así como la presencia de vectores y las reiteradas denuncias de los vecinos por las condiciones de insalubridad existentes en el lugar.

Tal situación adquirió especial relevancia durante la tramitación de estos antecedentes, desde que la propia autoridad sanitaria declaró el inmueble como foco de insalubridad, mientras que la Municipalidad, posteriormente, lo declaró propiedad abandonada y dispuso su intervención con fines de higiene y mantención general.

En estas condiciones, la permanencia de aquel estado de cosas configura una amenaza cierta y suficientemente determinada para la integridad física de quienes habitan en las inmediaciones del inmueble, sin que resulte necesario, para los fines cautelares de esta acción, que el riesgo sanitario se haya traducido efectivamente en una enfermedad o daño corporal, pues la protección constitucional se extiende también a la amenaza al legítimo ejercicio del derecho.

DECIMOSEXTO: Que, en relación con la garantía contemplada en el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de la República, relativa al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, los antecedentes igualmente permiten establecer la existencia de condiciones ambientales adversas derivadas de la acumulación prolongada de agua, el abandono del inmueble y la proliferación de vectores, circunstancias que exceden una mera molestia propia de las relaciones de vecindad.

A su vez, el inciso segundo del artículo 20 de la Carta Fundamental exige, para la tutela de la garantía del artículo 19 N° 8, que la afectación provenga de un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada, presupuesto que en la especie concurre, desde que las omisiones anteriormente establecidas son atribuibles a órganos determinados de la Administración y se relacionan directamente con el mantenimiento de las condiciones sanitarias y ambientales que motivaron la presente acción.

En consecuencia, las omisiones constatadas han importado una amenaza al legítimo ejercicio de las garantías contempladas en los números 1 y 8 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

DECIMOSEPTIMO: Que, establecido lo anterior, corresponde pronunciarse sobre las medidas concretamente solicitadas por la recurrente, quien, respecto de la Municipalidad de Antofagasta, pretende que se ordene iniciar el procedimiento contemplado en el artículo 58 bis del Decreto Ley N° 3.063 y en el artículo 2.5.1 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para declarar el inmueble como propiedad abandonada y, una vez cumplidas las etapas legales, proceder a su intervención.

Dicha petición ha perdido oportunidad en cuanto a la iniciación y culminación del referido procedimiento, pues durante la tramitación de esta causa se dictó el Decreto Exento N° 01456/2026, de 24 de junio de 2026, que declaró propiedad abandonada el inmueble de domicilio reservado y dispuso expresamente su intervención municipal para ejecutar medidas de higiene y mantención general.

Sin embargo, la satisfacción sobreviniente de aquella pretensión formal no comprende necesariamente la ejecución material de las medidas destinadas a solucionar las condiciones que dieron origen al recurso, de manera que subsiste la necesidad de tutela en cuanto a este último aspecto.

DECIMOCTAVO: Que, respecto de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, la recurrente solicita, entre otras medidas, disponer el vaciado, relleno o tratamiento químico del pozo; realizar una inspección técnica y vectorial exhaustiva; instruir un sumario sanitario; y coordinar las actuaciones pertinentes con los demás organismos competentes.

Sobre el particular, la declaración del inmueble como foco de insalubridad y las actuaciones de vigilancia y fiscalización efectuadas por la recurrida permiten tener por parcialmente satisfechas las peticiones relacionadas con la constatación sanitaria del lugar.

No obstante, no corresponde a esta Corte determinar directamente que la solución técnicamente apropiada consista en el vaciado, relleno o tratamiento químico de la excavación, pues la elección de las medidas sanitarias concretas requiere conocimientos técnicos y una evaluación actual de las condiciones del inmueble, correspondiendo dicha determinación a la autoridad sanitaria en ejercicio de sus competencias.

Asimismo, no resulta procedente ordenar, en los términos solicitados, la instrucción de un determinado procedimiento sancionatorio, desde que corresponde a la autoridad sanitaria establecer, conforme a los antecedentes que recabe y a las normas que regulan el ejercicio de su potestad fiscalizadora y sancionadora, si concurren los presupuestos que justifiquen su iniciación o prosecución.

Lo anterior no significa eximir a la recurrida del ejercicio de sus potestades, sino únicamente reconocer que esta Corte, en sede cautelar, no puede sustituir a la autoridad administrativa en la determinación del contenido específico de decisiones técnicas o sancionatorias que el ordenamiento jurídico entrega a su competencia.

DECIMONOVENO: Que, en cuanto a la solicitud de coordinación entre las recurridas, los antecedentes demuestran que la solución de la situación denunciada requiere necesariamente la actuación concurrente de distintos órganos dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones.

En efecto, mientras la Municipalidad se encuentra actualmente habilitada, en virtud de la declaración de propiedad abandonada, para intervenir el inmueble con fines de cierro, higiene y mantención general, la Secretaría Regional Ministerial de Salud posee las competencias técnicas necesarias para determinar las medidas sanitarias y de control vectorial que correspondan.

En consecuencia, resulta procedente disponer que ambas recurridas coordinen sus actuaciones, de modo que las medidas que adopten permitan abordar eficazmente las condiciones de insalubridad que subsistan en el inmueble.

VIGÉSIMO: Que, por consiguiente, la medida cautelar que se adopte deberá conciliar, por una parte, la necesidad de otorgar protección efectiva a los recurrentes y, por otra, el respeto de las competencias que el ordenamiento jurídico entrega a cada autoridad administrativa, de manera que corresponde ordenar la ejecución coordinada de las medidas necesarias para hacer cesar o controlar las condiciones de insalubridad constatadas, sin determinar judicialmente cuál de las alternativas técnicas disponibles debe ser implementada, debiendo las autoridades que se indicará plasmar las acciones que decidan efectuar en un plan de trabajo con fecha, para los efectos de poder revisar posteriormente su cumplimiento, entendiendo que las medidas puedan tener alguna razonable demora considerando las complejidades para gestionar los fondos públicos necesarios.

VIGESIMO PRIMERO: Que, la documental acompañada antes de la audiencia, si bien deja patente el actuar trabajo realizado para superar los problemas que genera el lugar en cuestión, cabe tener presente que el avance se produce durante la tramitación del recurso, por lo que no excluye la posibilidad de declarar la ilegalidad y arbitrariedad antes indicada, máxime cuando el problema para los vecinos persiste, siendo absolutamente necesario seguir avanzando en la solución en forma planificada.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por Ignacio Barrientos Pardo, abogado, en representación de la Junta De Vecinos N°9 "ESTADIO REGIONAL", como también de los vecinos del Sector Parque Brasil, en contra de La Ilustre Municipalidad De Antofagasta, representada por su Alcalde don Sacha Razmilic Burgos, y en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Antofagasta, solo en cuanto:

1. La Ilustre Municipalidad de Antofagasta deberá materializar la intervención dispuesta mediante Decreto Exento N° 01456/2026 respecto del inmueble ubicado en domicilio reservado, adoptando, dentro del ámbito de sus atribuciones, las medidas de cierro, higiene, mantención y seguridad que resulten procedentes para hacer cesar las condiciones de insalubridad existentes en el lugar.

2. La Secretaría Regional Ministerial de Salud de Antofagasta deberá, en ejercicio de sus atribuciones y teniendo especialmente presente la declaración de foco de insalubridad del referido inmueble, determinar, disponer y fiscalizar las medidas sanitarias y de control vectorial que técnicamente resulten procedentes, manteniendo las acciones de vigilancia que correspondan hasta que las condiciones de riesgo constatadas hayan sido adecuadamente controladas.

3. Ambas recurridas deberán coordinar sus actuaciones, dentro de sus respectivas competencias, para la ejecución eficaz de las medidas precedentemente señaladas, debiendo dentro del plazo de treinta días corridos, contado desde que esta sentencia quede ejecutoriada, informar documentadamente a esta Corte acerca de las actuaciones realizadas en cumplimiento de lo resuelto, indicando en el informe probables fecha de ejecución de las acciones a realizar, sin perjuicio de la adopción inmediata de aquellas medidas que, por su naturaleza sanitaria o de seguridad, no admitan demora.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1174-2026 (Protección)