nombre reservado con SERVICIO DE SALUD REGION DE ANTOFAGASTA

Antofagasta, a veintiséis de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia de Manuel Torres Salinas, abogado, quien recurre de protección en favor de nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, en contra de la Contraloría General de la República de la región de Antofagasta, representada por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado y en contra del Servicio de Salud de Antofagasta, representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por los actos ilegales y arbitrarios que perturban las garantías constitucionales del artículo 19 numerales 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando se deje sin efecto resolución impugnada que declaró vacante el cargo de la recurrente por “salud incompatible con el cargo”, según artículo 151 del Estatuto Administrativo, solicitando se ordene el reintegro en sus funciones habituales en el Hospital Regional Dr. Leonardo Guzmán de Antofagasta, junto con el pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustables, desde la fecha de separación y hasta el efectivo reingreso, con costas.

Informaron las recurridas instando por el rechazo de la acción cautelar.

Asimismo, informó el Hospital Regional Dr. Leonardo Guzmán de Antofagasta, al tenor del recurso, solicitando el rechazo de la acción cautelar.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente funda su acción constitucional señalando que era funcionaria técnica en enfermería con más de siete años de servicio; que impugna la Resolución TRA N°110966/19/2024 del Servicio de Salud Antofagasta que declaró la vacancia de su cargo por salud incompatible, pese a que el informe del COMPIN de 2 de septiembre de 2024 concluyó que su estado de salud era recuperable. Alega que la medida carece de sustento legal y fáctico, toda vez que el artículo 151 inciso tercero del Estatuto Administrativo exige que dicho informe declare la irrecuperabilidad como requisito habilitante.

Expone que, al momento de la notificación, se encontraba en funciones y sin licencia médica vigente, lo que refuerza la improcedencia de la decisión. Añade que la Contraloría Regional de Antofagasta rechazó su reclamo mediante Resolución FOLIO E101964/2025, de fecha 18 de junio de 2025, sosteniendo que la autoridad estaba facultada para aplicar la medida, criterio que contradice la jurisprudencia de la Corte Suprema (Roles 29-2025 y 58.191-2021), la cual ha señalado que el informe del COMPIN resulta vinculante.

Denuncia que la actuación recurrida es ilegal y arbitraria, vulnera sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, protección de la salud, derecho al trabajo y derecho de propiedad, y configura además una discriminación, ya que otros funcionarios con mayor ausentismo no han sido objeto de la misma medida.

SEGUNDO: Que, informó Paulo Simón Flores, abogado, en representación del Servicio de Salud de Antofagasta.

En lo pertinente, alega falta de legitimación pasiva, señalando que la actora no forma parte de la dotación del Servicio de Salud Antofagasta, sino del Hospital Regional de Antofagasta, establecimiento que posee la calidad de Hospital Autogestionado en Red, con desconcentración territorial y funcional conforme al DFL N°1 de 2006 y a la Resolución Exenta IP N°3818 de 7 de junio de 2024 de la Superintendencia de Salud.

Indica que, por mandato legal, corresponde al Director del Hospital ejercer las facultades de administración del personal, incluidas las relativas a licencias médicas, calificaciones, responsabilidades administrativas y declaración de vacancia, actuando como jefe superior de servicio respecto de su dotación.

Precisa que, la Resolución TRA N°110966/19/2024 fue dictada por el Hospital Regional y no por el Servicio de Salud, por lo que solicita que la acción se dirija contra aquel, exonerando al servicio de toda responsabilidad en la causa.

TERCERO: Que, informó nombre reservado, Contralor Regional de Antofagasta.

En lo pertinente, informó que la recurrente dedujo reclamo administrativo respecto de la Resolución TRA N°110966/19/2024, dictada por el Hospital Regional de Antofagasta, que declaró vacante su cargo por salud incompatible. Señaló que, conforme al artículo 151 del Estatuto Administrativo, el jefe de servicio está facultado para disponer dicha medida cuando concurren licencias médicas prolongadas o reiteradas, siendo el informe del COMPIN un antecedente relevante, pero no vinculante.

Indicó que en el caso concreto la autoridad competente evaluó los antecedentes médicos y laborales de la funcionaria, estimando procedente la declaración de vacancia.

Precisa que el rol de la Contraloría se limitó a verificar la legalidad del acto, sin sustituir la apreciación de mérito de la autoridad administrativa. En consecuencia, mediante Resolución FOLIO E101964/2025, de 18 de junio de 2025, rechazó el reclamo, manteniéndose la validez de la decisión impugnada, por lo que solicita el rechazo del recurso de protección.

CUARTO: Que, informó Carla Ocayo Álvarez, en representación del Hospital Regional de Antofagasta.

Indica que la recurrente fue objeto de la Resolución Afecta N°110966/19/2024, de 13 de noviembre de 2024, que declaró vacante su cargo por causal de salud incompatible prevista en el artículo 151 del Estatuto Administrativo, tras acumular 403 días de licencias médicas en un período de 24 meses, superando ampliamente el límite legal.

Refiere que, si bien el COMPIN calificó su salud como recuperable, se sostuvo que ello no obsta a la aplicación de la causal, por tratarse de hipótesis autónomas, conforme a la doctrina de la Contraloría (Dictamen N°14.871/2017). Se expuso que el procedimiento fue ajustado a derecho, documentándose múltiples instancias de seguimiento y apoyo a la funcionaria, además de contar con informe sanitario y resolución fundada.

Alega además, la inadmisibilidad del presente recurso de protección dada su naturaleza al tenor de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, entendiéndola como una de carácter autónoma y no un sustituto procesal.

Luego, respecto de las garantías invocadas, argumentó que: i) el cargo público no constituye derecho patrimonial protegido por el artículo 19 N°24; ii) la aplicación del artículo 151 obedece a criterios generales, sin discriminación, conforme al Dictamen N°32.189/2023; y iii) la libertad de trabajo no es absoluta, pudiendo ser limitada para resguardar la continuidad del servicio, el cual resultó afectado por el prolongado ausentismo.

En consecuencia, se sostuvo que no existe acto ilegal ni arbitrario, sino el ejercicio de una potestad administrativa reglada, aplicada conforme a derecho y a parámetros objetivos, siendo improcedente la acción de protección.

QUINTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEXTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEPTIMO: Que, en primer lugar, corresponde emitir pronunciamiento sobre la excepción de falta de legitimación pasiva alegada por la recurrida Servicio de Salud de Antofagasta, fundada en el hecho que, la resolución impugnada TRA 110966/19/2024, de fecha 13 de noviembre de 2024, fue dictada por el Hospital Regional de Antofagasta, el que si bien forma parte de la red pública de salud, actualmente detenta la calidad de autogestionado, lo que implica desde un punto de vista administrativo una desconcentración territorial y funcional del Servicio de Salud, donde las facultades que la ley le atribuye al director de dicho servicio, de pleno derecho se encuentran delegadas en el Director del recinto hospitalario antes mencionado, quien goza de independencia en la toma de decisiones, además de ejercer la representación judicial y extrajudicial del mismo.

En dicho contexto, la alegación anterior resulta ser un hecho público y notorio, la que se ve respaldada con los antecedentes acompañados por el Servicio de Salud en estos antecedentes, particularmente aquellos tenidos a la vista e individualizados en el primer otrosí de su presentación, razón suficiente para acoger la excepción en comento, tal como se dispondrá en lo resolutivo de la presente sentencia OCTAVO: Que, considerando el mérito de las alegaciones y antecedentes acompañados en autos por las partes, es posible tener por establecido que:

1) La actora presentó diversas licencias médicas acumulando 403 días de ausencias (13.4 meses) del ejercicio de sus funciones.

2) Con fecha 02 de septiembre de 2024 se emitió por la COMPIN Resolución de evaluación de Salud Irrecuperable, que resuelve que la actora presenta un estado de salud recuperable;

3) Mediante Resolución TRA N°110966/19/2024, se declara vacante el cargo de la actora por salud incompatible.

4) La medida fue notificada a la recurrente con fecha 13 de diciembre de 2024, oportunidad que la funcionaria estaba en funciones y sin licencia médica vigente.

5) Con fecha 18 de junio de 2025 la actora interpone reclamo ante la Contraloría General de la república la cual rechazó el reclamo argumentando que el jefe de servicio estaba facultado para declarar la vacancia.

NOVENO: Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, se debe señalar la normativa aplicable en la especie. Así, el artículo 146 de la Ley N°18.834 del Estatuto Administrativo, refundida por el D.F.L. N°29, establece que: “El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: c) Declaración de vacancia”. Asimismo, el artículo 150 del referido cuerpo legal señala cuándo procede esta causal de término, indicando que “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo”.

A su vez, sobre el fundamento invocado por la resolución impugnada por esta vía, el artículo 151 del mismo cuerpo normativo, establece que: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Titulo II, del Libro II, del Código del Trabajo. El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”. Continúa el artículo 152 del mismo cuerpo legal indicando que: “Si se hubiere declarado irrecuperable la salud de un funcionario, éste deberá retirarse de la Administración dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que se le notifique la resolución por la cual se declare su irrecuperabilidad. Si transcurrido este plazo el empleado no se retirare, procederá la declaración de vacancia del cargo.

A contar de la fecha de la notificación y durante el referido plazo de seis meses el funcionario no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones correspondientes a su empleo, las que serán de cargo del empleador.”.

DÉCIMO: Que, del análisis precedente, se advierte que la vacancia fue declarada de conformidad al inciso 1° del artículo 151 previamente citado, esto es, “vacancia de cargo por salud incompatible”, sin mediar declaración de salud irrecuperable, lo que per se no permite acreditar ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la recurrida, advirtiéndose, por el contrario, que la decisión se encuentra debidamente fundada y que ha sido adoptada en base a la normativa vigente, cumpliendo los requisitos establecidos para proceder a dictar la vacancia del cargo de conformidad a lo dispuesto en los artículos 150 y 151 del Estatuto Administrativo UNDÉCIMO: Que, asimismo, debe considerarse la aplicación del Principio de Servicialidad que impone a los jefes de los servicios, el deber de velar por la continuidad de la prestación de los mismos para la satisfacción de las necesidades colectivas que justifican su existencia, razón por la cual, no mediando abuso o desviación de poder, no es ilegal ni arbitraria la declaración de vacancia de un cargo por salud incompatible de quien lo sirve, considerando que, en el caso de marras, la especialidad y criticidad del cargo que ostentaba la recurrente, permite justificar la decisión de la recurrida, atendido el prolongado ausentismo y la necesidad de contar con personal disponible que permita atender las necesidades de salud de los usuarios del sistema.

DUODÉCIMO: Que, en consecuencia, atendido lo analizado en los considerandos precedentes, el acto administrativo recurrido no es ilegal ni arbitrario, pues emana de la autoridad competente y sus fundamentos se ajustan a la ley, desde que la declaración de vacancia de un cargo por salud incompatible de empleado público solo requiere estar con licencia médica por más de 180 días en el plazo de dos años, lo que sucedió en la especie, no siendo relevante para estos efectos que la salud se pueda recuperar o no, porque en uno u otro caso la conclusión es la misma, con la única salvedad que si la salud es irrecuperable, debe aplicarse el procedimiento del artículo 152 del Estatuto Administrativo, situación diversa de la indicada en el artículo anterior, por lo que deberá rechazarse el arbitrio constitucional.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que, SE ACOGE, sin costas, la excepción de falta de legitimación pasiva deducida por el Servicio de Salud de Antofagasta.

II.- Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Manuel Torres Salinas, en representación de nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1174-2025 (Protección)