nombre reservado con BANCO DE ESTADO DE CHILE

/xsa Antofagasta, a diez de agosto de dos mil veintidós.

VISTOS:

La comparecencia de Jorge Manuel Lena Salgado, abogado, quien en favor de nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, interpuso recurso de protección en contra de Banco del Estado de Chile, representada legalmente por nombre reservado, solicitando que se ordene al recurrido a adoptar todas las medidas necesarias, ordenando la habilitación de cuenta RUT/VISTA, en general todos los productos con los que cuenta el Banco, y por sobre todo la cuenta de ahorro ordenada por el Juzgado de Familia y se emita tarjeta de débito asociada a su cuenta, para restablecer el imperio del derecho y asegurar su debida protección.

Informó el recurrido, solicitando el rechazo de la acción.

Informó el Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, al tenor del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción se funda en el actuar ilegal y arbitrario del recurrido, consistente en no habilitar la cuenta vista RUT y cuenta de ahorro ordenada por el Tribunal de Familia, vulnerando las garantías contenidas en el artículo 19 N°1,2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Indicó que, tras un juicio de alimentos seguidos en el Juzgado de Familia de Antofagasta en el año 2020, se ordenó por el Tribunal la apertura de una cuenta de ahorro del Banco del Estado de chile para que se proceda a depositar los alimentos en favor de sus dos hijos, por un avenimiento celebrado, los que serían pagados por el empleador del alimentante mediante retención judicial. Así el 08 de enero de los corrientes, la actora y el alimentante acordaron por medio de mediación una rebaja de los alimentos, lo que fue autorizado por el Juzgado de Familia de Antofagasta en causa M-1548-2021, en el que se dispuso textualmente que se pagaría mediante retención del empleador del alimentante por la suma de $380.000 por concepto de bono escolar, lo que significa que desde esa fecha el empleador del alimentante debiese estar cumpliendo y haciendo los depósitos, sin que la actora puedas disponer de los pagos.

Lo anterior, se debió a que el 07 de abril de 2021 solicitó la liquidación voluntaria de sus bienes, procedimiento que se tramitó en el Tercer Juzgado Civil de Antofagasta, bajo el Rol C-1585-2021, en la cual señaló el estado de sus deudas, naturaleza de sus créditos, con nombre, domicilio y datos de contacto de sus acreedores, en donde la recurrida no formaba parte de la lista señalada precedentemente. Así, con fecha 12 de agosto de 2021 se dictó resolución de liquidación voluntaria de bienes de persona deudora, y como consecuencia de ello, no figura con cuentas bancarias aperturadas ni habilitadas, por lo que sólo pudiese obtener el pago de su remuneración mensual por medio de transferencia electrónica en la cuenta RUT de Banco del Estado de Chile, cuenta a la vista que no tiene asociada tarjetas de crédito, chequeras, ni créditos comerciales que permitan contraer nuevas obligaciones de carácter mercantiles.

Sostiene que las cuentas a la vista no generan crédito, intereses, chequeras ni otro intercambio mercantil, más que mantener en resguardo los montos que en ella se depositen, por lo que no contraviene los efectos propios de la resolución de liquidación voluntaria de bienes los montos que se deposite en una cuenta vista.

En consecuencia, estimó se le ha generado una afectación grave a la garantías fundamentales consagradas en el N° 1,2, 22 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, en el momento que se le inhabilita su tarjeta de cuenta RUT, por encontrase en un procedimiento concursal de liquidación voluntaria, considerando que no son pocos los casos en que la recurrida ha habilitado cuentas RUT de deudores sometidos a procedimientos concursales de liquidación, resultando su representada perjudicada y discriminada al no ser tratado con igualdad frente a otras personas.

Finalmente, pidió que se ordene al recurrido la habilitación de cuenta RUT/VISTA, en general todos los productos con los que cuenta el Banco, y por sobre todo la cuenta de ahorro ordenada por el Juzgado de Familia y se emita tarjeta de débito asociada a su cuenta, para restablecer el imperio del derecho y asegurar su debida protección.

SEGUNDO: Que informó el abogado Andrés Acevedo Léniz, en representación del Banco del Estado de Chile, solicitando el rechazo del recurso con expresa condena en costas, al no existir acto ilegal ni arbitrario que pudiere imputarse a su representada, no existiendo un derecho indiscutido o indubitado que cautelar. Refiere que los hechos descritos en el recurso de protección exceden las materias que deben ser conocidas por la acción constitucional de protección, atendida su naturaleza cautelar, no siendo la vía idónea para dar solución al conflicto planteado, así como tampoco ha perturbado y/o amenazado algún derecho fundamental garantizado por la Constitución Política de la República de Chile.

Hizo presente que el recurso de protección deberá rechazarse por pérdida de oportunidad, en virtud de haberse satisfecho lo pretendido por el recurso, por cuanto la cuenta RUT N° RUT reservado (número interno) que mantiene la actora en el Banco del Estado de Chile, aperturada con fecha 14 de mayo de 2007, se encuentra “vigente” y con movimientos contables al 22 de julio de los corrientes.

Asimismo, se encuentra habilitada, vigente y operativa la Cuenta Vista Pensión Alimenticia N° [cuenta reservada] que la recurrente apertura el 04 de diciembre de 2020 en el Banco del Estado de Chile, registrando último movimiento el 04 de julio de 2022.

TERCERO: Que informó nombre reservado, Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento. Explicó la situación de los bienes que ingresan al procedimiento concursal y de los bienes futuros, es decir, los adquiridos con posterioridad a la dictación de la resolución de liquidación. En este último caso, refiere que en virtud del artículo 133 de la Ley 20.720 se aplican las siguientes reglas: a)tratándose de bienes adquiridos a título gratuito, dicha administración se ejercerá por el liquidador, manteniéndose la responsabilidad por las cargas con que le hayan sido transferidos o transmitidos y sin perjuicio de los derechos de los acreedores hereditarios; b)tratándose de bienes adquiridos a título oneroso, su administración podrá ser sometida a intervención, y los acreedores sólo tendrán derecho a los beneficios líquidos que se obtengan. Es decir, en el caso de aquellos futuros adquiridos a título oneroso, su administración corresponderá al deudor, pudiendo ser sometida a la intervención del liquidador. Sin perjuicio de la excepción contenida en el artículo 276 de la citada Ley, esto es, la incautación de la remuneración de la persona deudora por hasta tres meses después de dictada la resolución de liquidación, en lo que excede de 56 Unidades de Fomento, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 57 del Código del Trabajo.

Sostiene que, según la normativa analizada, el actor es plenamente capaz o absolutamente habilitado para administrar libremente las sumas de dinero que por concepto de remuneraciones perciba, pues se trata de bienes que el deudor adquiere luego de dictada la resolución a que se refiere el artículo 129 de la Ley 20.720, sin perjuicio de las políticas internas que cada institución financiera fije para el otorgamiento o apertura de cuentas vista o cualquier otro producto financiero.

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que se desprende que el objeto de la acción deducida es determinar la existencia de un acto ilegal o arbitrario de la institución recurrida, consistente en inhabilitar su cuenta RUT y cuenta vista de pensión alimenticia, por encontrarse en un procedimiento concursal de liquidación voluntaria de persona deudora.

SÉPTIMO: Que en relación a lo anterior, la recurrida al informar, expuso que la cuenta RUT y cuenta vista de pensión alimenticia N° [cuenta reservada] que mantiene la actora en el Banco del Estado de Chile se encuentran habilitadas en estado vigente y con movimientos contables al 22 de julio de 2022 y 04 de julio de 2022, respectivamente, lo que consta en documentos acompañados.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, lo pretendido con la acción constitucional deducida es obtener la habilitación de la cuenta RUT y cuenta vista de pensión alimenticia, inhabilitadas por la recurrida, por encontrarse la actora en un procedimiento concursal de liquidación voluntaria de persona deudora, finalidad que fue lograda –según documento acompañado denominado CuentaRUT Consulta Resumen- emitido con fecha 26 de julio de los corrientes en el que se detalla la cuenta RUT de nombre reservado y aparece en estado vigente, así como también se desprende del escrito de la recurrida sobre el estado vigente de la cuenta vista de pensión alimenticia.

NOVENO: Que al eliminarse el sustrato fáctico de la acción cautelar –Inhabilitación de cuenta RUT y cuenta vista de pensión alimenticia-, no existe necesidad de cautela o medida idónea a adoptar, pues el acto impugnado como arbitrario o ilegal ha desaparecido, motivo por el cual se rechazará el recuso de protección por pérdida de oportunidad.

DÉCIMO: Que no se condenara en costas al recurrente, por no estimarlo procedente y por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en los artículos 19 N° 4 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA sin costas el recurso deducido por el abogado Jorge Lena Salgado en favor de nombre reservado en contra de Banco Estado de Chile, por pérdida de oportunidad.

Regístrese y comuníquese.

Rol 11.693 - 2022 (PROT)