Protección contra Servicio de Impuestos Internos

CORTE DE APELACIONES ANTOFAGASTA Antofagasta, once de abril de dos mil catorce.

VISTOS:

A fojas 7, comparece don nombre reservado, chileno, casado, pensionado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra del Servicio de Impuestos Internos, Dirección Regional Antofagasta, Unidad Calama, representada por su jefe de Unidad don nombre reservado, don domicilio en domicilio reservado, por estimar que el servicio recurrido vulneró las garantías establecidas en el artículo 19 N° 23 y 24 de la Constitución Política de la República, al no haber dado lugar a la solicitud de emisión de un certificado de pago de impuestos por transferencia, por no estar dentro del ámbito de sus facultades.

A fojas 18, comparece don nombre reservado, Jefe del Departamento Jurídico, II Dirección Región Antofagasta del Servicio de Impuestos Internos, informando el recurso y solicitando el rechazo del mismo, con costas, por no haber realizado dicho servicio ninguna actuación arbitraria o ilegal que haya vulnerado las garantías que el recurrente señalada como afectadas.

Encontrándose la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente funda su acción señalando, en síntesis, que con fecha 12 de febrero de 1976, celebró una escritura de compraventa respecto de la propiedad ubicada en domicilio reservado, de la ciudad de Calama. Agrega, que en esa oportunidad realizó el pago de los impuestos correspondientes por transferencia, sin acompañar al momento de la inscripción en el Registro del Conservador de Bienes Raíces de Calama el documento que diera cuenta de su pago, razón por la cual, dicha propiedad no fue inscrita en su oportunidad.

Atendido lo anterior, el año pasado quiso regularizar dicha situación a objeto de inscribir la propiedad a su nombre, para lo cual, se acercó a la notaria en la cual se firmó la escritura de compraventa, en la que su titular le indicó que debía hacer una escritura de complementación, acompañando un certificado del pago del impuesto por transferencia y que debía solicitarlo a la entidad recaudadora en ese momento que era según timbre de los impuestos pagados el Servicio de Impuestos Internos, lo que consta del documento que acompaña.

Señala, que conforme lo indicado, concurrió a dicho servicio, solicitando que se le otorgara un certificado que diera cuenta del pago de los mismos, según documentación que en esa misma oportunidad acompañó. Agrega, que luego de esperar más de seis meses, se le indicó que no era posible acceder a lo solicitado, por no corresponder al ámbito de las facultades del servicio la recaudación de los impuestos.

A su entender, lo señalado sería incorrecto, por cuanto en el año 1976, era esa entidad la que recaudaba los impuestos y no otra, siendo ellos los responsables de otorgarle un certificado de pago, pues en esa fecha si poseían todas las facultades de recaudación, y ello consta en los timbres de pago.

Con relación a las garantías vulneradas, sostiene que con el acto denunciado se ha infringido las establecidas en el artículo 19 N° 23 y 24 de la Constitución Política de la República, agregado que nuestro ordenamiento jurídico es adherente a la libre circulación de los bienes, y en este sentido lo que hace el servicio de impuestos internos, es impedir que este inmueble ingrese al comercio humano, pues, habiéndose celebrado por escritura publica la compraventa de bien inmueble y por decisión arbitraria e ilegal del Servicio de Impuestos Internos no ha podido adquirir el dominio de ese bien, privándosele del legítimo derecho de inscribir la propiedad señalada.

Solicita, se acoja el recurso, declarándose su derecho como recurrente de adquirir toda clase de bienes y que la resolución del Servicio de Impuestos Internos de fecha 19 de Febrero del presente ario ORD. N° 066, ha infringido gravemente normas consagradas constitucionalmente, por lo que procede en definitiva que sea dejada sin efecto, y se restablezca el imperio del derecho otorgándole los certificados de pago de impuestos por transferencia correspondiente.

SEGUNDO: Que informando el servicio recurrido, indica que el recurrente alega una supuesta vulneración de las garantías constitucionales establecidas en el N° 23 (Libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes) y N° 24 (Derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes, corporales o incorporales), ambos del artículo 19 de la Constitución Política de la República. El supuesto acto arbitrario e ilegal consistiría en el ORD. N°066 que el Servicio recurrido le habría notificado el día 19 de febrero de 2014, en el cual se indicó que no era posible entregar un certificado de pago de impuestos por transferencia, dado que no corresponde dentro del ámbito de las facultades de este Servicio.

En referencia a los antecedentes que dieron origen a estos autos, señala que con fecha 27 de mayo de 2013, conforme a los antecedentes acompañados por el propio recurrente, este último solicitó al Tesorero Provincial El Loa Calama, un certificado por el pago del impuesto por transferencia de inmueble de su propiedad, ubicado en domicilio reservado, de la ciudad de Calama, por una compraventa realizada en el año 1976. Luego, y en la misma fecha, el Tesorero Provincial El Loa Calama, mediante el ORD. N° 421, le indicó que: "no es posible acceder a lo solicitado, por cuanto en nuestro sistema de cuenta única tributaria no se registran pagos de ninguna índole a su nombre. Cabe hacer presente que el documento que Ud. acompaña en su presentación no tiene estampado timbre de caja de Bancos ni Tesorería, que son las entidades autorizadas para recaudar los impuestos fiscales, solo tiene un timbre que dice Servicio de Impuestos Internos de fecha 1° de marzo de 1976, por lo que sugiero concurra a ese organismo a verificar tal situación".

Luego, con fecha 13 de agosto de 2013, el recurrente solicitó al Servicio de Impuestos Internos Provincia El Loa: "...generar un certificado en el cual acredite que se encuentran pagados los impuestos por transferencia de/inmueble de mi propiedad ubicado en domicilio reservado, de la ciudad de Calama, del año 1976...". Acompañó a dicha presentación un supuesto Impuesto de Transferencia de Bienes Raíces de fecha 1 de marzo de 1976, el cual indicada que: "deberán enterar en Tesorería Comunal de Calama la cantidad de 4.525.- por impuesto a la escritura de transferencia rol 2134-4".

Posteriormente, con fecha 19 de febrero de 2014, don nombre reservado, Jefe de la Unidad de Calama del este Servicio emitió el ORD. N° 066, en cual se informó que: "...no es posible acceder a lo solicitado, toda vez que el Servicio de Impuestos Internos es una entidad pública que por mandato legal le corresponde la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos de carácter fiscal o de otro carácter en que tenga interés el Fisco, no correspondiendo al ámbito de sus facultades la recaudación de los mismos".

Por último, con fecha 17 de marzo de 2014, el recurrente interpuso la presente acción constitucional en contra del Jefe de la Unidad de Calama del Servicio de Impuestos Internos.

Con relación a la procedencia de la acción interpuesta, sostiene que se requiere que efectivamente se hayan realizado actos o incurrido en omisiones que tengan el carácter de arbitrarios o contrarios a la ley y, producto de esa ilegalidad o arbitrariedad, se prive, perturbe o amenace el debido ejercicio de un derecho evidente, que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional; es decir, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto contrario a la ley producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque alguna situación que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas por el artículo 20 de la Carta Fundamental.

En este último sentido, indica que la acción intentada por el recurrente no puede prosperar por no existir actuación u omisión arbitraria o ilegal emanada de dicha repartición, desde se ha interpuesto la presente acción constitucional, en atención a la negación de entregar un certificado que acredite el pago de impuestos del inmueble del recurrente, que adquirió por una compraventa celebrada en el año 1976.

Al efecto, cita la normativa vigente en dicha época, a efectos de ilustrar la forma de pago en aquel entonces, a saber:

La antigua Ley sobre Impuestos de Timbres y Estampillas, el Decreto Ley N° 619, del Ministerio de Hacienda, publicada en el Diario Oficial el 22 de agosto de 1974, que en su artículo 2 indica: "Los documentos en que consten los siguientes actos jurídicos, contratos u otras convenciones, no estarán afectos al impuesto establecido en el artículo anterior, sino al que a continuación se indica: 1) Compraventa, permuta, dación en pago o cualquier otra convención que sirva para transferir el dominio de bienes corporales inmuebles o de cuotas sobre los mismos, excepto aportes a sociedades, donaciones y expropiaciones, tasa de 8%"; artículo 23 N° 2 que prescribe: "Salvo norma expresa en contrario, los tributos de Timbres, Estampillas y Papel Sellado deberán pagarse dentro de los siguientes plazos: N° 2.- Actos, contratos u otras convenciones que consten en registros públicos, dentro del plazo de sesenta días corridos, a contar de la fecha de otorgamiento de la escritura, aun cuando no haya sido autorizada por el respectivo funcionario y siempre que el notario no la haya dejado sin efecto"; y, artículo 26 N°1, que dispone que "Los impuestos establecidos en el ente decreto ley se pagarán: 1.- Mediante el uso de papel sellado o estampillas, o por ingresos de dinero en Tesorería, acreditándose el pago en este último caso con el recibo respectivo, por medio de un timbre fijo o mediante el empleo de máquinas impresoras que acredite el pago del tributo..." Sostiene, que conforme a las disposiciones citadas, ya en la época de la celebración del contrato de compraventa del que alude el recurrente (1976), el impuesto a la transferencia de los bienes raíces debía enterarse en el Servicio de Tesorerías y el medio de acreditar el pago era mediante el recibo que emitía dicho organismo.

Lo anterior, también se corrobora con el Decreto Ley N° 1263, de 1975, Orgánico de la Administración Financiera del Estado, publicado en el Diario Oficial el28 de noviembre de 1975, que estableció en el Título III del régimen de recaudación, pago y reintegro, que en su artículo 30 dispone: "La función recaudadora de todos los ingresos del Sector Público será efectuada por el Servicio de Tesorería, salvo aquellos que constituyen entradas propias de los servicios. Corresponderá, asimismo, a dicho servicio proveer los fondos para efectuar los pagos de las obligaciones del sector público, de acuerdo a las autorizaciones contenidas en la Ley de Presupuestos y el artículo 31, que señala: "El Servicio de Tesorería, mediante el sistema de cuenta única tributaria, registrará todos los movimientos que por cargos o descargos afecten a los contribuyentes y demás deudores del Sector Público por concepto de pagos, abonos, devoluciones, cobranzas compulsivas, eliminación y prescripción de sus deudas".

Consigna, que en virtud de dichas disposiciones, el Servicio de Impuestos Internos señaló en el documento de transferencia de bienes raíces, de fecha 1 de marzo de 1976 acompañado por el recurrente que "deberán enterar en Tesorería Comunal de Calama la cantidad de 4.525.- por impuesto a la escritura de transferencia rol 2134-4". Dicha expresión, viene a ratificar que el organismo autorizado para recaudar y/o recibir pagos por concepto de impuestos en el año 1976 era el Servicio de Tesorería.

Alega, que aclarado que la Tesorería General de la República era el órgano que poseía en el año 1976 y que posee en la actualidad la facultad de recaudar impuestos, solo dicha institución puede certificar el pago de ellos. El Servicio de Impuestos Internos no posee tal facultad, porque no existe ninguna norma que lo disponga, además que, de conformidad al artículo 1 de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, contenida en el artículo primero del D.F.L. N° 7, del Ministerio de Hacienda, de 30 de septiembre de 1980 y el artículo 6 del Código Tributario, a dicho Servicio le corresponde la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carácter en que tenga interés el Fisco y cuyo control no esté especialmente encomendado por la ley a una autoridad diferente. En virtud de lo anterior, resulta improcedente que se solicite a dicha repartición, que acredite la efectividad del pago, o bien, que genere un certificado para demostrar que se ha pagado el impuesto correspondiente.

Ese Servicio al emitir el ORO. N° 066 de fecha 19 de febrero de 2014, que denegó al contribuyente la emisión de un certificado de pago de impuestos, se enmarcó plenamente dentro de la esfera de las atribuciones de este organismo, por lo que constituye, un acto absolutamente legal y conforme a derecho. Agrega, que la negación del certificado solicitado por el recurrente, no obedece a un acto antojadizo de esta repartición. Por el contrario, el actuar del Servicio de Impuestos Internos se efectuó conforme a la normativa legal.

Lo anterior, sin perjuicio que de estimar que no existe por parte de este organismo un acto ilegal o arbitrario, que perturbe o amenace alguna de las garantías constitucionales consagradas en nuestra Carta Fundamental, es posible sostener que el actuar del Servicio de Impuestos Internos no afecta de modo alguno las garantías que con el presente recurso se intenta proteger.

Con relación a las garantías señaladas por el recurrente como infringidas, refiere que no se advierte de qué modo la negación de entregar un certificado de impuestos que dicho organismo no está facultado por ley a entregar, pudiere estimarse que vulnera o amenaza las garantías constitucionales establecidas en el N° 23 (Libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes) y N° 24 (Derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes, corporales o incorporales), ambos del artículo 19 de la Constitución Política de la República, puesto que en los hechos no existe conculcación de derecho alguno, ni existe amenaza idónea respecto de los mismos, esto es, una acción u omisión que impida el uso y goce pacífico de los supuestos derechos conculcados, ni que signifiquen un perturbación o amenazada del derecho a la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes y/o el derecho de propiedad, que requiera o justifique una medida de protección.

En mérito de lo expuesto, sostiene que la presente acción cautelar debe ser rechazada por cuanto el Servicio de Impuestos Internos no ha realizado ninguna actuación arbitraria o ilegal, por lo que las garantías aludidas por el recurrente, no han sido ni podrían verse quebrantados por este servicio público, el que, tiene por exclusiva competencia, la fiscalización de la tributación fiscal interna y no la facultad recaudatoria de impuestos, por todo lo cual, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se indican, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar, es indispensable que quien lo intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado y que corresponda a uno de aquéllos a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que igualmente, es sabido que para que el recurso de protección sea acogido, es necesario que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad, estén comprobados y que con éstos se haya sufrido perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Constitución asegura y, que son los taxativamente enumerados en el artículo 20 de este cuerpo legal.

SEXTO: Que en este caso se pretende que el Servicio de Impuestos Internos certifique el pago de un impuesto a la transferencia de un bien inmueble acaecido en el año 1976.

Sin embargo, la normativa aplicable, citada al efecto por la recurrida dan cuenta que la función recaudadora es del Servicio de Tesorería, como asimismo, que este servicio debe llevar el registro de los movimientos que por cargo o descargos afecten a los contribuyentes y demás deudores del sector público por concepto de pagos, abonos, devoluciones, cobranzas compulsivas, eliminación y prescripción de sus deudas.

Consecuente con lo anterior, no puede estimarse que el Servicio de Impuestos Internos al dictar la resolución recurrida negándose a certificar el pago del impuesto mencionado haya incurrido en una ilegalidad o arbitrariedad que afecte las garantías del recurrente en la medida que lo que se pretende no se encuentra dentro de sus facultades y obligaciones legales.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia de 24 de junio de 1992 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA la acción constitucional deducida a fojas 7 y siguientes, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 115-2014.

Pronunciada por la Primera Sala integrada por los Ministros Titulares Sr. Dinko Franulic Cetinic, Sra. nombre reservado y el Abogado Integrante Sr. Carlos Ruiz Tagle Vial. Autoriza el Secretario Titular Sr. Mauricio Pontino Cortés.

En Antofagasta, a once de abril de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la sentencia precedente.