nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL- COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ

Antofagasta, a trece de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia de Rolando Frez Tapia, abogado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, en representación convencional de doña nombre reservado, chilena, soltera, cédula nacional de identidad NºRUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) RUT RUT reservado, representada para estos efectos por doña nombre reservado, o de quien esté a su cargo, subrogue o reemplace, con domicilio en domicilio reservado, por la dictación de la resolución de fecha 29 de mayo de 2025, la que rechazó las licencias médicas extendidas a la actora, por facultativos del área de la medicina, solicitando se dejen sin efecto las Resoluciones de las licencias médicas folio 3-112587389; 3-113004248; 3-113687303; 3-114105623 y 3-115018412, las que fueron notificadas a su parte el 29 de mayo de 2025, decretando que se aprueban las licencias médicas rechazadas a la actora, extendidas por un total de 92 días a contar del 30 de diciembre de 2024, teniendo por justificado el reposo médico decretado, ordenar su pago y todos los derechos que emanan de dicha aprobación, por cuanto su rechazo corresponde a una acto ilegal y arbitrario respecto de las garantías constitucionales que le amparan y de las leyes que corresponden, con costas.

Informó la recurrida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, al tenor del recurso.

Atendido lo señalado por la recurrida se solicitó informe a la Ilustre Municipalidad de Calama, el que fue evacuado en autos.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en el recurso se indica que la actora es una persona de 69 años, quien, hasta abril del año en curso, prestó servicios remunerados para la Ilustre Municipalidad de Calama, en el programa atención inicial de las violencias de género de la comuna de Calama. Añade que mientras se mantuvo vigente su relación laboral con la Municipalidad, nombrada desde febrero de 2010, solo presentó una licencia médica, tras haber sido operada para extraerle la vesícula, luego, en diciembre de 2024, decayó su salud, pues empezó a presentar dolor en una su pierna izquierda, siendo diagnosticada de celulitis infecciosa, infección cutánea bacteriana común, potencialmente seria y que afecta la parte inferior de las piernas, pero puede presentarse en el rostro, los brazos y otras zona, presentando una celulitis de carácter compleja, siendo hospitalizada en el Hospital Carlos Cisternas de Calama, diagnóstico que significó que el médico tratante de dicho recinto, le otorgase licencia médica por 15 días, desde el 30 de diciembre de 2024 al 13 de enero de 2025, con folio 3-112587389. Agrega que el padecimiento existente en su pierna, le trajo aparejado el desarrollo de un quiste sinovial del hueco poplíteo o también denominado quiste de Baker, el cual es un bulto lleno de líquido detrás de la rodilla que causa una protuberancia y una sensación de tirantez, que en ocasiones causa dolor y que empeora al estar en actividad o si se endurece o flexiona la rodilla por completo, por el cual se le extendió licencia médica por 16 días, desde el 14 de enero al 19 de enero de 2025, con folio 3-113004248.

Refiere que, además, fue diagnosticada de insuficiencia venosa crónica periférica, por lo cual se extendió licencia médica por 10 días, desde el 30 de enero de 2025 al 8 de febrero de 2025, con folio 3-113687303 y por el estrés al que se vio expuesta en esa época, le encontraron tumores de carácter maligno en la piel, los que obedecen a la reactivación de un antiguo cáncer de piel que padeció, otorgándole licencia médica por 7 días para efectuar sus exámenes y evaluaciones de rigor, iniciando el reposo el día 10 de febrero al 16 de febrero de 2025. Licencia de folio 3-114105623 tumor que, a la fecha, se encuentra en proceso de estudio.

Señala que, en estricta relación a los padecimientos en su extremidad, se le diagnosticó, posteriormente, erisipela, que es una infección de la piel que afecta a la capa superior de la piel y a los ganglios linfáticos locales, por cual se le extendió licencia médica por otros 14 días desde el 17 de febrero de 2025 al 2 de marzo de 2025, con folio 3-114314303.

Expresa que el permanente estrés físico y psicológico al que se vio expuesta tras múltiples exámenes, atenciones médicas, sin diagnósticos claros, le significó a la actora ser diagnosticada de trastorno de ansiedad otorgándosele 30 días de licencia desde el 3 de marzo al 1 de abril de 2025, con folio 3-115018412.

Dice que, tras permanentes consultas sobre el estado de sus licencias médicas ante el COMPIN, sin recibir respuesta, sólo con fecha 29 de mayo del año en curso, en dependencias del COMPIN de Calama, de forma presencial, se le informó que sus licencias habían sido rechazadas sin derecho a subsidio, sin mediar justificación ni fundamento alguno, haciéndosele entrega de una serie de resoluciones que se acompañan, en las que no se indica razón alguna que justifique el rechazo de las licencias.

Arguye que el rechazo de las licencias médicas por el organismo administrativo es claramente arbitrario, abusivo e ilegal, porque no existe fundamento médico alguno que justifique el rechazo de las licencias, ya que éste no se consignó en los documentos que se entregaron a la actora, por lo que las licencias médicas que presentó a tramitación deben ser aprobadas y pagadas. Añade que incluso más, los diagnósticos se encuentran relacionados entre sí, justificando las licencias médicas emitidas y su correspondiente pago, citando doctrina y jurisprudencia.

Enfatiza que el acto recurrido es ilegal, al ser contrario al ordenamiento jurídico porque vulnera e infringe los artículos 11 inciso 2 y artículo 41 de la Ley N°19.880 y el artículo 16 del DS N°3/1984 del Ministerio de Salud, reglamento de licencias médicas, al ser un acto administrativo infundado tanto desde el punto de vista técnico, esto es, en orden a expresar las razones médicas en que sustenta el rechazo, tanto desde el punto de vista fáctico, en orden a señalar los hechos en que se basa la decisión denegatoria, ya que ellos en definitiva se omiten de plano y el acto recurrido es además arbitrario, porque no ha sido adoptado con criterios que puedan estimarse racionales de acuerdo a los hechos, sobre todo en la respuesta infundada que se le confirió a la actora.

Señala que la recurrida, al rechazar la reclamación y, consecuentemente, rechazar las licencias, por reposo no justificado afecta no sólo la integridad psíquica de la actora, toda vez que claramente se convierte en un elemento que agrava su complejo estado de salud, ya que la deja en una situación de indefensión, vulnerabilidad y aflicción psíquica, puesto que ello le genera menoscabo a su patrimonio, por cuanto se le priva de percibir el subsidio al que tiene derecho.

Seguidamente se refirió a las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1, 9, 24 y 26, todos del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que estima conculcadas, precisando que el pago del subsidio que va aparejado con cada licencia médica, suple la remuneración del trabajador que se encuentra afectado por una determinada incapacidad laboral y su rechazo implica que el dependiente que ha hecho uso de licencia médica, no contará con los medios económicos para hacer frente a sus diarias necesidades, las que van desde alimentarse hasta la compra de los medicamentos prescritos de acuerdo a la patología que padece, comprometiendo y conculcando claramente su derecho a la vida e integridad física y psíquica. Añade que se ha afectado la obligación a la protección a la salud que recae sobre la Administración Pública, en cuanto a que "El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de la rehabilitación del individuo", garantía, resguardada en el artículo 19 N°9 de la Constitución Política de la República, citando, asimismo, la Convención Internacional de Derechos Humanos.

Indica que el numeral 24 del artículo 19 de la Carta fundamental, protege el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, vulneración que se produce desde que los rechazos de las licencias médicas, importan la privación a un derecho a retribución monetaria, contemplada expresamente por la ley en los casos de imposibilidad de trabajar por enfermedad y en cuanto al numeral 26 del artículo 19 establece la garantía de garantías, en el sentido de que los preceptos legales que mandato de la Constitución regulan o complementan las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no pueden afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.

Aduce que además de la señalada contravención a las garantías constitucionales antes señaladas, estos hechos transgreden de manera abierta otras normas de orden constitucional que se relacionan con el régimen estatutario que rige a los organismos y empleados públicos, además de la normativa especial que rige la tramitación de las licencias médicas y todo lo relativo a ellas, citando el artículo 5° inciso 2 de la Constitución, además, del artículo 6° del Decreto N°3 del Ministerio de Saludo de 1984.

Termina solicitando se dejen sin efecto las Resoluciones de las licencias médicas folio 3-112587389; 3-113004248; 3-113687303; 3-114105623 y 3-115018412, las que fueron notificadas a su parte con fecha 29 de mayo de 2025, decretando que se aprueban las licencias médicas rechazadas a la actora, extendidas por un total de 92 días a contar del 30 de diciembre de 2024, teniendo por justificado el reposo médico decretado, ordenar su pago y todos los derechos que emanan de dicha aprobación, por cuanto su rechazo corresponde a una acto ilegal y arbitrario respecto de las garantías constitucionales que le amparan y de las leyes que corresponden, con costas.

SEGUNDO: Que nombre reservado, Presidente de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de Antofagasta, evacuando el informe, señaló que la recurrente se encuentra afiliada al sistema previsional de Salud de FONDO NACIONAL DE SALUD –FONASA- añadiendo que el detalle de las licencias médicas que fueron tramitadas por esta COMPIN y que se encuentran autorizadas pero sin derecho a subsidio de incapacidad laboral son las siguientes:

1.- Licencia N°3-112587389 desde el 31.12.2024 hasta el 13.01.2025, por 15 días, diagnóstico L 03.

2.- Licencia N°3-113004248 desde el 14.01.2025 hasta el 29.01.2025, por 16 días, diagnóstico M.71.2 3.- Licencia N°3-113687303 desde 30.01.2025 hasta 08.02.2025, por 10 días, diagnóstico I 87.2 4.- Licencia N°3-114105623 desde 10.02.2025 hasta 16.02.2025, por 7 días, diagnóstico C 44 5.- Licencia N°3-114314303 desde 17.02.2025 hasta 02.03.2025, por 14 días, diagnóstico A 46 6.- Licencia N°3-115018412 desde 03.03.2025 hasta 01.04.2025, por 30 días, diagnóstico F 41.9 Refiere que las licencias médicas se emitieron por diagnóstico de diversa índole: “Celulitis” (L 03), “Quiste sinovial del hueco poplíteo de Baker” (M.71.2), “insuficiencia venosa crónica periférica” (I 87.2), “Otros tumores malignos de la piel” (C 44), “Erisipela” (A 46), “Trastorno de ansiedad no especificado” (F 41.9).

Enfatiza que las mencionadas licencias médicas fueron autorizadas en cuanto al reposo médico, no obstante, en proceso de verificación del cumplimiento de los requisitos para acceder al subsidio por incapacidad laboral, no se logra acreditar la existencia del vínculo laboral entre el recurrente y su empleador.

Explica que se recabaron los antecedentes del caso, previa revisión de los documentos médicos y técnicos-administrativos, añadiendo que, en su tramitación, trazabilidad y resolución de las licencias aludidas, es posible indicar:

Que COMPIN, por ser un órgano técnico y fiscalizador cuya función consiste en velar, de acuerdo a ley, por el cumplimiento de normas medico legales, actuando como garante de la fe pública en la certificación de estados de salud, desarrollar prestaciones médicoadministrativas para constatar, evaluar, la capacidad de trabajo o recuperabilidad de los estados patológicos permanentes o transitorios, avalado por Decreto Supremo N°3 de 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba el “Reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional”, y Decreto N°7, de fecha 26-02-2013, del Ministerio de Salud, “Reglamento sobre Guías Clínicas referenciales, relativa a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas.”

Asevera que esa Comisión Médica consideró los documentos aportados por la recurrente en su proceso de tramitación de las licencias médicas para determinar el derecho al subsidio de incapacidad laboral:

- Certificado de cotizaciones Fonasa - Boletas de honorarios N°377, 378, 380, 381, 382 y 385 emitidas a la Ilustre Municipalidad de Calama, RUT RUT reservado, a quien la recurrente prestó servicios como independiente.

- Certificado de declaración de renta 2024 emitido por S.I.I - Declaración jurada de inicio de actividades de fecha 02.05.2008.

Indica que según la normativa vigente (Ley 18.469 Art. 18 y la Circular N°1979 del 25.02.20202 de la superintendencia de Seguridad Social), los trabajadores afiliados, dependientes o independientes que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del decreto con fuerza de ley N°44 de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Señala que tratándose de los trabajadores independientes a que se refiere el art. 5° letra b), los requisitos para el goce de subsidio serán los siguientes:

- Contar con una licencia médica autorizada, - Tener doce meses de afiliación previsional anteriores al mes en que se inicia la licencia, - Haber enterado al menos seis meses de cotizaciones continuas o discontinuas dentro del periodo de doce meses de afiliación previsional anterior al mes en que se inició la licencia, y - Estar al día en el pago de las cotizaciones. Se considerará al día al trabajador que hubiere pagado la cotización correspondiente al mes anterior a aquel en que se produzca la incapacidad.

Destaca que la ley 21.133 establece la obligatoriedad de cotizar para trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios, pero existen algunas excepciones. No están obligados a cotizar quienes, al 1 de enero de 2018, tenían 55 años o más (hombres), o quienes están pensionados (excepto por invalidez parcial), o quienes ya cotizan por el tope de imponible como trabajadores dependientes, o aquellos con ingresos anuales inferiores a 5 ingresos mínimos mensuales por boletas de honorarios.

Sostiene que de la revisión de los antecedentes cabe señalar que en la calidad contractual de la recurrente como independiente a honorarios con declaración de renta del año 2024 efectuada al S.I.I, habría quedado excluida de la obligación de cotizar por la Ley 21.133, tal como se menciona en el párrafo anterior, sin perjuicio que en el caso de las licencias médicas en esta calidad y a pesar de emitir boletas de honorarios que reflejan el desarrollo de una actividad que le generó ingresos, la recurrente debió cotizar para previsión de salud para acreditar su condición de trabajadora independiente voluntaria con cotización imponible remuneracional y al no cotizar, durante un periodo de 6 meses (180 días) anteriores al reposo de licencia médica señalada no cumpliría los requisitos de derecho a pago de subsidios, acordes al art. 149 del DFL N°1 de 2005.

Señala que la recurrente solo registra información de cotización como trabajadora dependiente de una segunda empleadora Doña nombre reservado, RUN RUT reservado, para quien desarrollaría un trabajo part time los fines de semana, cubriendo 8 días trabajados mensuales y para quien no habría justificado ausencia laboral al no presentar otra licencia médica, por lo que, de haberla cursado, habría cumplido con el derecho a pago de subsidios con el mínimo diario.

Expresa que, conforme a lo anterior, se concluye que las licencias médicas mencionadas en la presente acción de protección fueron tramitadas como trabajadora independiente, no cumpliendo con los requisitos de 180 días cotizados en dicha calidad, según lo contemplado en el Art. 149 del DFL N°1 del 2005.

Destaca que COMPIN debe ejercer su rol como ente fiscalizador tanto de los antecedentes médicos, administrativos y laborales en cualquier instancia y tiempo del reposo médico de un trabajador, pues reviste carácter determinante para la resolutividad de una licencia médica, actualizar los antecedentes no sólo del estado de salud y evolución del cuadro clínico, sino que también respecto de la calidad contractual y laboral para acreditar el derecho al subsidio de incapacidad laboral.

Hace presente que la recurrente no ha interpuesto recursos de reclamación ante la Superintendencia de Seguridad Social en contra de lo resuelto por esa Comisión médica.

Seguidamente se refirió a la normativa aplicable al caso citando el Reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN e instituciones de salud previsional, ISAPRES, aprobado por el Decreto Supremo Nº3 de 1984 del Ministerio de Salud, indicando que según el Decreto Supremo N°3 de 1984, del MINSAL, que aprueba el Reglamento de autorización de licencias médicas, dispone en su artículo 1°, que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista, o matrona, en adelante “el o los profesionales”, según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante “Compin”, de la Secretaria Regional Ministerial de Salud, en adelante “Seremi”, que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda.”

Señala que COMPIN por ser un órgano técnico cuya función consiste en desarrollar prestaciones médico-administrativas para constatar, evaluar, declarar o certificar el estado de salud, la capacidad de trabajo o recuperabilidad de los estados patológicos permanentes o transitorios, avalado por Decreto Supremo N°3 de 1984, del Ministerio, debe velar por el correcto cumplimiento tanto de los aspectos técnicomédicos y administrativos de las licencias médicas para la correspondiente autorización, tal como se desprende del artículo 1°, del D.S. N°3, la licencia médica tiene dos objetivos esenciales:

a) Permitir la ausencia justificada al trabajo o el uso de descanso de protección a la maternidad para su recuperabilidad y b) El otorgamiento de un subsidio que reemplace la remuneración durante el período de incapacidad laboral, finalidades que resultan improcedentes en el caso de licencias médicas presentadas por un trabajador cuya calidad contractual no logre ser acreditada, conforme lo señala la normativa vigente y diversos dictámenes de la Superintendencia de Seguridad Social.

Indica que la Circular N°3751 de la Superintendencia de Seguridad Social de fecha 27.06.2023, y que dejó sin efecto la Circular N°2434 de fecha 04.02.2008, imparte instrucciones sobre la procedencia y requisitos que deben cumplir los recursos de reposición interpuestos por personas naturales y jurídicas ante las COMPIN, SUBCOMISIONES y UNIDADES DE LICENCIAS MÉDICAS y respecto de la Reclamación en general interpuesta ante la Superintendencia de Seguridad Social, en su calidad de Organismo Técnico de control, establece que: “Las personas o instituciones a quienes afecte la resolución dictada por COMPIN, ya sea que se trate de trabajadores afiliados a FONASA o ISAPRE, recaída sobre una licencia médica, podrán recurrir de reposición ante la misma entidad que la dictó, acompañando los nuevos antecedentes en que funde su petición” y dicha circular especifica el plazo para interponer los recursos y los medios digitales disponibles.

Manifiesta que el artículo 149 del D.F.L N° 1, de 2005, estableció que tienen derecho a él, las trabajadoras independientes que se encuentren afectas a un régimen previsional y que cumplan además con determinados requisitos de afiliación y cotizaciones que se señalan en el mismo cuerpo legal, a saber:

a) Contar con una licencia médica autorizada.

b) Tener doce meses de afiliación a salud anteriores al mes en que se inicia la licencia.

c) Haber enterado al menos seis meses de cotizaciones continuas o discontinuas dentro del período de doce meses de afiliación a salud anterior al mes en que se inició la licencia.

d) Estar al día en el pago de las cotizaciones. Se considerará al día al trabajador que hubiere pagado la cotización correspondiente al mes anterior a aquél en que se produzca la incapacidad.

Termina solicitando tener por evacuado su informe.

TERCERO: Que la Ilustre Municipalidad de Calama por Oficio N°528 de 28 de julio de 2025 evacuó el informe a través de la Sra. Alcaldesa (S) indicando que la Sra. nombre reservado, prestó servicios a honorarios en ese municipio, hasta el 4 de abril de 2025, fecha en que presentó carta de autodespido.

Hace presente que la Sra. nombre reservado desempeñó funciones siempre en calidad a honorarios desde febrero del año 2010, suscribiendo sucesivos Convenios de prestación de servicios a honorarios hasta el año 2025.

Señala que las tareas cumplidas a honorarios, son una modalidad de prestación de servicios particulares a la Administración, que no confiere a quien los efectúa, la calidad de funcionario público o funcionario municipal, por lo que el Convenio de prestación de servicios, es exclusivamente a honorarios y no tiene relación laboral, previsional, de salud y de ninguna otra naturaleza con la Ilustre Municipalidad de Calama, sujetándose de esa forma la prestadora de servicios, al estatuto jurídico propio de quienes desempeñan funciones a honorarios, esto es, conforme a lo acordado en el Convenio y a las reglas generales consagradas en los artículos 1545, 1546, 2006 y siguientes y artículo 2116 y siguientes del Código Civil.

Explica que el convenio de prestación de servicios por el cual se contrata sobre la base de honorarios los servicios de una persona no solo constituye el marco de los derechos y obligaciones de quien los presta, sino también de quien los requiere, resultando el convenio igualmente vinculante para ambas partes (aplica dictamen Nº12.473 de 2002).

Indica que, por tratarse de un convenio de prestación de servicios acogido a las normas del Código Civil, no está afecto a descuento de cotizaciones previsionales, sino solamente a la rebaja del porcentaje de retención por concepto de impuesto a la renta, lo anterior en concordancia con la Ley Nº20.255 y demás normas legales pertinentes Señala que, según el Convenio suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Calama, a contar del 1 de enero de 2025 aprobado por Decreto General Alcaldicio Nº768 del 7 de abril de 2025, en el punto Octavo se establece lo siguiente:

"Suspensión de servicios por Licencia Médica: La prestadora de servicios tendrá derecho al pago de Licencia Médica por un máximo de 30 días continuos o discontinuos, durante la vigencia del presente convenio, para lo cual deberá presentar al Municipio la respectiva licencia médica.

Si el plazo fuere mayor a 30 días, el tiempo sobrante se considerará solo para justificar la inasistencia de los días no trabajados ante el Municipio. La presentación de la copia u original de dicha licencia debe realizarse dentro de /os tres días hábiles a contar de la fecha de emisión de dicha licencia en la Dirección de Personal." Indica que ese beneficio en términos similares fue pactado en el convenio de prestación de servicios vigente durante el año 2024, aprobado por Decreto Alcaldicio General N º 372 de 2024.

Precisa que, respecto del pago del mes de diciembre de 2024, se generó descuento por inasistencia de la prestadora de honorarios registrada el día 18 de noviembre de 2024, no registrando descuesto por concepto de licencia médica.

Señala que, en relación con los pagos desde enero a abril de 2025, no registra pago alguno de parte de la municipalidad, situación que se encuentra explicada en correo emitido por doña nombre reservado, coordinadora de Programa en que prestaba servicios la Sra. nombre reservado.

Hace presente que no es suficiente la presentación de la licencia médica para proceder al pago, sino que debe presentar la respectiva boleta de prestación de Servicios a honorarios e informe respectivo de jefatura, añadiendo que en fundamentación a lo esgrimido, adjunta los siguientes documentos:

Decreto Alcaldicio General Nº372/2024, Decreto Alcaldicio General Nº768/2025, Boleta de Prestación de Servicios mes de diciembre 2024, Licencias Médicas presentadas por doña nombre reservado, Carta término de relación laboral presentada por doña nombre reservado y nombre reservado de correo electrónico, emitido por doña nombre reservado.

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, la recurrente persigue, a través de la presente acción constitucional, que se dejen sin efecto las resoluciones de las licencias médicas folios 3-112587389; 3-113004248; 3-113687303; 3-114105623 y 3-115018412, decretando que se aprueban las licencias médicas rechazadas, las que fueron extendidas, según indica, por un total de 92 días, a contar del 30 de diciembre de 2024, sobre la base de la falta de fundamentación del rechazo invocado por la recurrida.

A su turno, la recurrida indicó, en lo axial, que las licencias solo fueron autorizadas en cuanto al reposo médico, pero examinando la verificación del cumplimiento de los requisitos para acceder al subsidio por incapacidad laboral, no se logró acreditar la existencia del vínculo laboral entre la recurrente y su empleador, indicando más adelante, que las licencias médicas fueron tramitadas como trabajadora independiente, no cumpliendo con los requisitos de 180 días cotizados en dicha calidad según el artículo 149 del DFL N°1 de 2005.

SÉPTIMO: Que, debe tenerse presente que el otorgamiento de licencia médica está regulado por el Decreto Fuerza de Ley N°3 de 1981 del Ministerio de Salud, que “fija Normas para el Otorgamiento de Prestaciones y Beneficios de Salud, por Instituciones de Salud Previsional”; por el Decreto Supremo N°3 del mismo Ministerio que “aprueba Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Compin e Instituciones de Salud”. En este último, se define a la licencia médica como: “el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda.”

En este sentido también es necesario traer a colación que la Ley 21.133 estableció la obligatoriedad de cotizar para trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios.

OCTAVO: Que, sobre la base de lo informado por la Ilustre Municipalidad de Calama, y de los documentos por ella allegados, se tendrá como un hecho asentado que la actora prestó servicios a honorarios para dicho Municipio, suscribiendo sucesivos convenios de prestación de servicios en dicha calidad, servicios que concluyeron el 4 de abril de 2025.

NOVENO: Que el artículo 149 del DFL N°1 de 2006 indica:

“Artículo 149.- Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Tratándose de los trabajadores independientes a que se refiere el artículo 135, letra b), los requisitos para el goce de subsidio serán los siguientes:

1.- Contar con una licencia médica autorizada;

2.- Tener doce meses de afiliación a salud anteriores al mes en el que se inicia la licencia;

3.- Haber enterado al menos seis meses de cotizaciones continuas o discontinuas dentro del período de doce meses de afiliación a salud anterior al mes en que se inició la licencia, y 4.- Estar al día en el pago de las cotizaciones. Se considerará al día al trabajador que hubiere pagado la cotización correspondiente al mes anterior a aquél en que se produzca la incapacidad.

En el caso de los trabajadores independientes a que se refiere el artículo 89 del decreto ley N°3.500, de 1980, se entenderán cumplidos los requisitos señalados en los numerales 2, 3 y 4 del inciso precedente, a partir del día 1 de julio del año en que se pagaron las cotizaciones y hasta el día 30 de junio del año siguiente a dicho pago”

DÉCIMO: Que, en este sentido, no se advierte un acto ilegal ni arbitrio por parte de la recurrida, por cuanto encontrándose la actora en la calidad precitada, ha debido cumplir con los requisitos señalados en la norma que antecede, informando al efecto el ente fiscalizador recurrido, que la recurrente no cotizó por el periodo de seis meses con antelación al reposo médico, no cumpliendo, en consecuencia, con los requisitos de derecho de pago de subsidio indicados en el artículo 149 del DFL N°1 de 2006, razones por lo que el rechazo del derecho a pago de subsidio se ajusta a la normativa que regula la materia, obrando la recurrida dentro de la esfera de su competencia.

UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, la acusada falta de fundamentación de los actos materia del recurso no ha dejado a la recurrente en indefensión, no solo porque no se agotaron todas las instancias administrativas de impugnación de las licencias médicas rechazadas, oportunidad en la que se podría haberse subsanado la referida inadvertencia, sino por el tenor de las explicaciones que las recurridas explicitaron en sus respectivos informes, antecedentes que de hecho han permitido que uno de los aspectos que inciden en lo debatido sea dilucidado mediante la respectiva acción ante los tribunales laborales, quienes definirán en el respectivo procedimiento la naturaleza de la vinculación habida entre la recurrente y la municipalidad de Calama.

En ese sentido y como ya fue anticipado, la procedencia de la acción que se conoce supone la vulneración de derechos no controvertidos o indubitados, y el único al que en autos sería posible asignarle tal condición, conforme fluye del proceso con relación al incontrovertido presupuesto fáctico de autos, es el que emana de la existencia de un contrato de prestación de servicios a honorarios entre la actora y el ente municipal, expirado en abril del año en curso.

Luego, en esa condición de trabajadora independiente, la procedencia de la pretensión, en lo que toca al reclamado pago del subsidio por incapacidad laboral, exigía comprobar y no solo mencionar, como ocurrió en estrados, que la recurrente había enterado el pago de cotizaciones, conforme la ya mencionada normativa que regula la situación de hecho aplicable a la especie.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don Rolando Frez Tapia, abogado, en favor de doña nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1149-2025 (Protección)