Protección contra Alcaldesa de la Municipalidad de San Pedro de Atacama

Antofagasta, trece de mayo de dos mil quince.

VISTOS:

La comparecencia, a fojas 5, de nombre reservado, profesor, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección de Garantías Constitucionales en contra de la Alcaldesa de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por estimar que la recurrida vulnera su garantía constitucional establecida en el artículo 19 Nº 16 de la Constitución Política de la República, al haber sido removido arbitrariamente de su cargo de Jefe de Unidad Técnica Pedagógica de la Escuela Básica E-26 de San Pedro de Atacama, solicitando que se repongan sus derechos, con costas del recurso.

A fojas 19, se acumuló a este recurso aquél de protección Rol Corte 1237-2015, rolante a fojas 13, seguido entre las mismas partes y por los mismos hechos, mas deducido por el abogado Sebastián Pérez Vicencio a nombre del anterior recurrente, aclarando que el acto que estima ilegal y arbitrario consiste en haber sido removido del cargo de Jefe de Unidad Técnica Pedagógica para cumplir la función de Encargado de Convivencia, careciendo la recurrida de facultades para ello, lo que constituye una infracción a las garantías fundamentales establecidas en el artículo 19 Nº 2 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando que se deje sin efecto el cambio de funciones del recurrente, manteniéndolo en su cargo, con costas.

A fojas 60, evacúa el informe la parte recurrida, quien solicita el rechazo del recurso, por estimar que existen vicios formales y de fondo que explica, con costas.

Encontrándose la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en el recurso que rola a fojas 5, el recurrente sostiene que la recurrida ha realizado diversas actuaciones que le perjudican. Al efecto, sostiene que se reintegró a sus funciones el 16 de marzo de 2015, después de la licencia médica Nº47224359, siendo removido de su cargo y de la oficina donde se desempeñaba, la que fue ocupada por otra Jefe de Unidad Técnica Pedagógica, resultando la dependencia intervenida y documentación extraída.

Refiere que la Contraloría Regional de Antofagasta, mediante Decreto Nº 058, de 16 de marzo de 2011, lo nombró Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica de la Escuela Básica E-26 de San Pedro de Atacama, en razón de haber participado en un concurso público, cargo que servía desde el 1 de marzo de 2011. Dicho nombramiento es en carácter de titular y con duración indefinida.

Enseguida, señala que se le ha privado o turbado arbitrariamente de su derecho a la libertad de trabajo, atentando contra la garantía establecida en el artículo 19 Nº 16 de la Constitución Política de la República, pues habiendo tenido plena certeza de la estabilidad, permanencia y durabilidad del trabajo en que se desempeñaba, de improviso tomó conocimiento que esa fuente laboral se había visto afectada por razones que escapan a su voluntad y que se encuentran en procedimientos internos de la recurrida que en ningún caso le podrían perjudicar.

Por lo anterior, encontrándose dentro de plazo, solicita tener por presentado el recurso de protección y, en definitiva, ordenar que se declaren y se repongan sus derechos, con costas del recurso.

SEGUNDO: Que en el recurso acumulado y que rola a fojas 13, afirma que la acción ilegal y arbitraria se ha materializado por la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley y derecho de propiedad del recurrente, consagrados en el artículo 19 Nº 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Aclara que el hecho denunciado corresponde en realidad al cambio de funciones del recurrente desde el cargo titular de Jefe de Unidad Técnico Pedagógica al de Encargado de Convivencia, lo que aconteció el 16 de marzo de 2015, al regresar de una licencia médica, y fue ejecutado por la sostenedora de dicho establecimiento, la Alcaldesa nombre reservado, mediante una acción arbitraria, ilegal y sin fundamento.

Al respecto, insiste en que es titular del cargo ya descrito y que el cambio de funciones fue realizado sin mediar acto administrativo o decreto alguno que lo dispusiera, atentando contra la calidad jurídica de su cargo y el estatuto docente, que en su artículo 34 C establece que los Jefes de Unidad Técnico Pedagógica son funcionarios de exclusiva confianza del Director del establecimiento educacional. Asimismo, alega que le restan tres años para finalizar el referido nombramiento y que debió ser el director quien hiciera uso de esta facultad, lo que no hizo. Además, sostiene que el acto es arbitrario e ilegal, por cuanto no se cumple con lo dispuesto en el artículo 5º transitorio de la ley 20.501, el cual establece que los directores de establecimientos educacionales que hayan obtenido dentro de los últimos dos años la subvención por desempeño de excelencia tendrán la facultad ya indicada, empero la Escuela Básica E-26 no ha recibido dicha subvención, por lo tanto tal facultad no puede ser ejercida y, por tanto, no podría ponerse término a sus funciones.

Finalmente, previa cita de un dictamen de la Contraloría General de la República, y referencias a la admisibilidad de esta acción constitucional y a las garantías que estima conculcadas, solicita se adopten todas las medidas pertinentes para revertir el cambio de funciones que le afecta, disponiendo que éste sea dejado sin efecto, ordenando al Director de la escuela a mantenerlo en el cargo de Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica, con costas.

El recurrente acompañó al proceso el decreto de nombramiento en su calidad de Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica y certificados que dan cuenta de éste.

TERCERO: Que informando la recurrida sostiene, en primer lugar, que el recurso fue interpuesto fuera del plazo establecido en el Auto Acordado sobre la Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, por cuanto el cambio momentáneo de funciones y de oficina se produjo a inicios de enero de 2015, con la anuencia del recurrente, quien incluso en dicha fecha entregó las llaves de su oficina, lo que estuvo motivado por un proceso largo de mediación con el profesorado producto de sus malos tratos con el personal a su cargo, lo que provocó un quiebre el interior de la unidad educativa y que implicó la apertura de un proceso sumario al respecto, constando en él múltiples declaraciones de los docentes que ratifican lo descrito.

Agrega que del resultado de dicha mediación se acordó el cambio de funciones temporal hasta la regularización a través del correspondiente decreto. Agrega que la medida fue adoptada desde octubre de 2014, concretándose los cambios los primeros días de enero de 2015, época en que se informó a toda la unidad educativa el cambio de funciones respectivo y siendo testigos de la comunicación que se efectuó en forma personal y directa al recurrente, Vicente Raygadas, orientador de la escuela, y nombre reservado, evaluadora de la misma.

Afirma que es falso que el recurrente se enteró de este hecho luego de su salida por una licencia médica en una especie de confabulación aprovechando su ausencia, pues la licencia de marzo parte de una consecución de previas licencias que comenzaron en mediados de enero de 2015, justo después de notificado, es decir, el funcionario se ausentó durante al menos dos meses, concluyendo la última de sus licencias en enero de 2015, por lo que las medidas adoptadas que hoy se impugnan eran latamente conocidas antes de su implementación con una antelación también de meses y si bien no existe notificación escrita del cambio de labores y del lugar físico de trabajo, el recurrente fue notificado al menos el 5 de enero de 2015, sosteniendo luego que no puede alegarse propiedad sobre la oficina donde laboraba, que corresponde a un bien fiscal.

Alega que lo que pretende el recurrente es elegir un día determinado que calce con la fecha respectiva y que permita al recurrente declararse a tiempo para interponer su recurso, lo que no es correcto pues ello vulneraría la certeza y seguridad jurídica que se exige a través de la fijación de este plazo.

Por otra parte, la recurrida señala que existen otros remedios legales para custodiar el derecho supuestamente vulnerado, en tanto la jurisprudencia ha establecido que debe preferirse los recursos legales específicos antes de la interposición de un recurso de protección que supone una solución urgente a una infracción grave de derecho, citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema al efecto. En tal sentido, alega que bien puede resolverse este asunto mediante un recurso de tutela laboral u otro remedio laboral similar y no a través de esta clase de procesos, haciendo referencia a otro caso de similares características.

En cuanto al fondo, asegura que no existe afectación de la libertad de trabajo del recurrente, en tanto sólo se trató de una reasignación momentánea producto de una situación particular que presentaba ante el sumario y escrito, sin alteración en forma alguna de sus remuneraciones o sus condiciones laborales.

En cuanto a la igualdad ante la ley, sostiene que el recurrente confunde la pretendida ilegalidad del acto con el bien jurídico que se pretende resguardar, a saber, el hecho que no se produzcan diferencias arbitrarias entre sujetos que se encuentren en un mismo estado por un mero capricho de la gente; sin embargo, alega que aquí existe un proceso sumario previo latamente fundamentado que derivó en la reasignación momentánea de funciones del recurrente, proceso administrativo que pone al funcionario en una situación jurídica diversa a la de sus pares y que no configura una desigualdad arbitraria entre un funcionario y otro.

En lo relativo al derecho de propiedad, la recurrida insiste en que se hace alusión a su oficina, a documentos que guardaba en ella y a sus efectos personales, sin dar mayor explicación o fundamento sobre los pormenores del hecho concreto, por lo que solicita que sea desechada la acción en esta parte por falta de sustento legal. Agrega que los bienes personales y los documentos, así como la creación intelectual que de la labor profesional provengan, son propiedad del empleador, sin que fuera firmada exclusión de ningún tipo al respecto.

Finalmente, estima que no vislumbra perjuicio ni como éste se ha producido; tampoco existe detrimento económico, personal o del cargo por el traslado del cumplimiento de funciones desde un espacio físico a otro; solicitando, en definitiva, tener por evacuado el informe y que se deseche el recurso de protección, con costas.

Acompaña a su informe, entre otros documentos, copia de las denuncias que dieron origen al proceso sumario en contra del recurrente.

CUARTO: Que en primer término habiendo la recurrida alegado que el presente recurso es extemporáneo toda vez que el acto contra el que se reclama fue notificado al recurrente el 15 de enero de 2015, corresponde determinar si el referido recurso fue interpuesto dentro de plazo, puesto que el recurrente interpuso su recurso con fecha 10 de abril pasado y lo funda en que tomó conocimiento del acto por el que recurre luego de haber hecho uso de licencia médica en marzo de 2015, por lo cual su recurso se encontraría interpuesto dentro de plazo.

Al efecto, es menester recordar que el acto reclamado es la privación del cargo de Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica de la Escuela Básica E-26 de San Pedro de Atacama, el que, según lo expuesto por ambas partes, aún se mantiene, por lo que se trata de un acto permanente, motivo por el que, se renueva cada día, de lo cual cabe concluir que el recurso fue deducido dentro de plazo, siendo irrelevante la época de notificación de éste al recurrido dado su carácter continuo del acto que se pretende arbitrario e ilegal.

QUINTO: Que en cuanto a la argumentación de la recurrida sobre la existencia de otros medios para recurrir contra el acto que se estima arbitrario e ilegal, es menester tener presente que el inciso final del artículo 485 del Código del Trabajo dispone que interpuesta la acción de protección a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política, en los casos que proceda, no se podrá efectuar una denuncia de conformidad a las normas de este Párrafo, que se refiera a los mismos hechos, de lo cual se desprende que el trabajador tiene la opción de elegir la vía para ejercer su acción de reclamo por vulneración de garantías constitucionales, limitándosele sólo en cuanto a que al interponer un recurso de protección constitucional le queda vedado recurrir `por los mismos hechos ante el Juzgado de Letras del Trabajo mediante el procedimiento de tutela laboral, ergo, el recurrente no está obligado a recurrir primero conforme al Código del Trabajo y luego a través del recurso de protección, sino que estaba facultado para elegir la vía para ejercer su acción.

SEXTO: Que sentado lo anterior debe recordarse que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para que opere cuando, por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarios, alguna persona sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías expresamente señalados y supone la concurrencia de ciertos presupuestos, a saber: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de esa acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y, c) que ese derecho esté señalado como objeto de tutela en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Tales lineamientos deben ser tenidos en cuenta a la hora de resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte.

Así las cosas, de la descripción que hace el Constituyente, se desprende que debemos estar en presencia de actos ejecutados al margen de la ley, en contra de la justicia y la razón, y que se realicen en forma voluntariosa, o sea, sólo por la voluntad o el capricho de quien está en posición de afectar, amenazar o privar del derecho que se invoca por el recurrente.

SÉPTIMO: Que, del mismo modo, este instituto procesal ha sido creado para asegurar el respeto al orden jurídico establecido y reparar de inmediato la juridicidad quebrantada, manteniendo el “statu quo” vigente. En virtud de ello, enfrentadas a un derecho indubitado, se autoriza a las Cortes de Apelaciones para adoptar las providencias que permitan restablecer el imperio del derecho, asegurando la oportuna protección del afectado.

OCTAVO: Que una vez acotado el ámbito de aplicación del recurso de protección de garantías constitucionales, corresponde establecer la existencia de la acción u omisión que lo motiva; identificar a la persona u órgano responsable de aquélla o ésta, y si existe privación, perturbación o amenaza de algún derecho, en términos tales que justifiquen la adopción de medidas que tiendan a la debida protección de el o los afectados y, por supuesto, que la acción u omisión sea ilegal o arbitraria, en los términos ya expresados.

NOVENO: Que el acto que el recurrente estima arbitrario e ilegal es el cambio de sus funciones como Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica de la Escuela Básica E-23 de San Pedro de Atacama en el que era titular desde marzo de 2011 según Decreto Alcaldicio de nombramiento que acompañó, por el de Jefe de Convivencia, sin que existiera fundamento ni documento administrativo que lo respaldara, lo que la recurrida reconoce justificándolo como la decisión adoptada verbalmente a consecuencia de un sumario seguido contra el recurrente por malos tratos de éste a profesores y funcionarios del establecimiento educacional en que se desempeñaba.

DÉCIMO: Que en una primera aproximación al recurso cabe tener presente que si bien es cierto el recurrente indica que el acto anterior vulnera la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº 16 de la Carta Fundamental, que ampara la libertad de trabajo, esto es, ejercicio libre de cualquier trabajo que no esté prohibido por ser contrario a la moral, a la seguridad, a la salubridad públicas, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así, como también la libre elección del trabajo y la libre contratación, de lo cual se desprende que el acto reclamado no se encuentra dentro del ámbito de resguardo del derecho a la libertad de trabajo, lo que implica que el recurso no puede prosperar por infracción a esta garantía constitucional.

UNDÉCIMO: Que resulta del todo útil recordar que tratándose de un profesional de la educación del sector municipal que ejercía el cargo de jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, le es aplicable el DFL 1/1997 de Educación, Estatuto Docente, que prescribe que dichos profesionales se incorporan a una dotación docente en calidad de titulares o de contratados, los primeros previo concurso público de antecedentes, los segundos son aquellos que desempeñan labores docentes transitorias, experimentales, optativas, especiales o de reemplazo de titulares.

Ahora bien, el profesional de la educación titular, según el artículo 36 del mismo cuerpo legal, tiene derecho a estabilidad en las horas y funciones establecidas en el decreto de designación o contrato de trabajo, según corresponda, a menos que debiera cesar en ellas por alguna de las causales de expiración de funciones establecidas en el artículo 72 del mismo Estatuto, y por otra parte el artículo 34 C de la misma ley, estatuye que los cargos de Subdirector, Inspector General y Jefe Técnico serán de exclusiva confianza del director del establecimiento educacional.

A su turno el artículo 42 de la Ley Nº 19.070 señala que los profesionales de la educación podrán ser objeto de destinaciones a otros establecimientos educacionales dependientes de un mismo Departamento de Administración de Educación Municipal o de una misma Corporación Educacional, según corresponda, a solicitud suya o como consecuencia de la fijación o adecuación anual de la dotación, practicada en conformidad al artículo 22 y al Plan de Desarrollo Educativo Municipal, sin que signifique menoscabo en su situación laboral y profesional. No obstante, si producida la destinación estimaren que se les ha causado menoscabo, podrán reclamar de ello conforme al procedimiento del inciso tercero del artículo 12 del Código del Trabajo, sin perjuicio que puedan ejercer su derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República o la Dirección del Trabajo.

DUODÉCIMO: Que, habiendo acompañado el recurrente copia del Decreto Alcaldicio Nº 058 de 16 de marzo de 2011, de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, resulta justificado que se nombró a nombre reservado como Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica de la Escuela Básica E-26 de San Pedro de Atacama, en carácter titular y a contar del 1 de marzo de 2011, con una jornada semanal de 44 horas cronológicas, y conforme a las copias de los certificados Nº 124, 001, 048 y 061, de la Encargada de Personal del Departamento de Administración de Educación Municipal, el antes nombrado, cumple las funciones antes señaladas como titular e indefinidamente; por consiguiente de lo anterior se desprende que el recurrente efectivamente ejercía en propiedad las funciones de jefe de la unidad técnico pedagógica de la Escuela Básica antes singularizada desde marzo de 2011 y hasta la fecha.

DÉCIMO TERCERO: Que la recurrida como ya se indicó reconoció en su informe la efectividad del cambio de funciones como consecuencia de un sumario –no acompañado- y de un proceso de mediación entre el recurrente y otros docentes del establecimiento, en que la decisión habría sido adoptada verbalmente y comunicada de la misma forma al recurrente.

DÉCIMO CUARTO: Que la recurrida no acompañó prueba alguna que sirviera para desvirtuar las alegaciones del recurrente, ya que aquella allegada a su informe en algunos casos es ilegible y en otros no altera lo expresado.

DÉCIMO QUINTO: Que de lo expuesto se aprecia que la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el Nº 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República no aparece vulnerada puesto que el recurrente, conforme al mérito de los antecedentes, no ha sido sujeto de diferencias arbitrarias ni de discriminaciones que configuren una violación de esta garantía, por lo que el recurso a este respecto no prosperará.

DÉCIMO SEXTO: Que el hecho de haber cambiado al recurrente del cargo de jefe de la unidad técnico pedagógica de la Escuela Básica E-26 de San Pedro de Atacama al cargo de encargado de convivencia de dicha escuela, constituye una privación y perturbación en el legítimo ejercicio de un derecho que es objeto de tutela en el artículo 20 de la Constitución Política y la privación de dicho derecho proviene de un acto arbitrario o ilegal; puesto que su titularidad en el cargo le otorga derecho de propiedad sobre éste, conforme dispone el artículo 19 Nº 24 de la Carta Magna.

Ahora bien la ilegalidad se desprende del hecho que el recurrente goza de derecho a estabilidad en su cargo titular y sólo puede ser cesado o cambiado por decisión del director de dicho establecimiento educacional por ser un cargo de su exclusiva confianza, o bien, destinado a otra unidad docente según plan anual de la Dirección de Educación Municipal, con consentimiento o a pedido del recurrente, todo conforme a los procedimientos del estatuto Docente, nada de lo cual se cumplió, ya que el referido cambio de funciones se realizó por decisión verbal de la Alcaldesa de la Municipalidad de la cual depende la escuela en cuestión. Además es arbitraria porque carece de todo fundamento o razón para decidir el cambio, al entregar motivos diferentes, un sumario y un proceso de mediación entre el recurrente y otros docentes del establecimiento, lo que en definitiva se traduce en la ausencia de argumentos, lo que transforma al acto en carente de razón o motivación.

DÉCIMO SEXTO: Que en atención a lo expuesto en el motivo anterior, sólo cabe concluir que el recurso de protección por violación a esta garantía debe ser acogido, ordenándose a la recurrida arbitrar las medidas para restablecer el imperio del derecho.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 N° 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, Autos Acordados de la Corte Suprema, de fechas 24 de junio de 1992 y 4 de mayo 1998 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGEN, sin costas, los recursos de protección interpuesto por y a favor de nombre reservado, en contra de la Alcaldesa de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, nombre reservado, disponiéndose que ésta última deberá arbitrar las medidas necesarias para hacer cesar la violación a la garantía constitucional amagada, restituyendo al recurrente al cargo de Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica de la Escuela E-26 de San Pedro de Atacama, del cual es titular, una vez firme y ejecutoriado este fallo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 1.141-2015 (Protección).

Redacción de la Ministra Titular Jasna Pavlich Núñez.

No firma el Ministro Titular Sr. Oscar Clavería Guzmán, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa por encontrarse en comisión de servicio.

Pronunciada por la Primera Sala, constituida por los Ministros Titulares Sr. Óscar Clavería Guzmán y Sra. Jasna Pavlich Núñez, y por el Fiscal Judicial Sr. Rodrigo Padilla Buzada. Autoriza el Secretario Ad-hoc Sr. Gonzalo Neira Campos.

En Antofagasta, a trece de mayo de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede.

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