DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES S.A. CONTRA INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO EL LOA-CALAMA

Antofagasta, a quince de mayo de dos mil quince.

VISTOS:

Que comparece a fojas 3 don Álvaro Gallegos Díaz, abogado, quien en representación de DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES S.A., representada legalmente por don nombre reservado, factor de comercio, ambos con domicilio en domicilio reservado, recurre de protección en contra de la INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE EL LOA-CALAMA, representada por su Inspectora Provincial, doña nombre reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario que indica.

A fojas 51 consta el informe evacuado por el abogado Manuel Pozo Loo en representación de la recurrida, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que se señala en el recurso que la sociedad recurrente fue multada por la Inspección del Trabajo mediante Resolución Nº 3214/14/58-1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 a raíz de una auto denuncia de accidente del trabajo acaecida el 16 de diciembre de 2014, de la cual fue notificada el día 30 de diciembre del mismo año. Indica que contra la referida resolución administrativa presentó recurso de reconsideración previsto en el artículo 511 del Código del Trabajo, fundada en ilegalidad de la actuación, error de hecho y subsanación, la que fue ingresada y recepcionada por la recurrida con fecha 30 de enero de 2015. Para su sorpresa, agrega, mediante Ordinario Nº 414/2015, notificada a su parte con fecha 14 de marzo de 2015, se les informa no haberse dado curso a la solicitud de reconsideración por no haberse presentado la misma dentro del plazo de 30 días corridos, contados desde su notificación.

Al efecto señala que el recurso de reconsideración se presenta en una etapa administrativa de reclamación de la multa por lo que al no existir norma expresa que establezca lo contrario en el Código del Trabajo, debe aplicarse el artículo 25 de la Ley Nº 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos en el procedimiento administrativo, la que señala que estos son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos, plazo especial que prima sobre las normas de carácter general del Código Civil.

Por lo anterior, estima que la actuación de la recurrida es ilegal al negar el trámite de un recurso contemplado en la ley presentado dentro de plazo legal, afectándose con ello la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que al desconocerse el plazo legal se le ha dado un trato arbitrario, además de tratarse de una actuación ilegal al desconocer los alcances del artículo 25 de la Ley 19.880. Cita diversa jurisprudencia para apoyar su posición.

SEGUNDO: A fojas 51 consta el informe evacuado por recurrida solicitándose su rechazo quien solicita su rechazo señalando que la notificación personal de la resolución de la multa aplicada a la empresa se efectuó con fecha 30 de diciembre de 2014, en tanto que el recurso administrativo de reconsideración de conformidad a lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo se presentó con fecha 30 de enero del presente año, es decir, al día 31 contados desde la referida notificación, razón por la cual la Inspección no la admitió a tramitación dictando el Ordinario Nº 414/2015 el 12 de marzo, que declaró la extemporaneidad de la presentación efectuada por la empresa.

Indica no existir ilegalidad ni arbitrariedad en el acto recurrido toda vez que ha actuado conforme las atribuciones legales de dicho servicio y, en cuanto al cómputo de los plazos para interponer la reconsideración, indica que se debe determinar si el plazo de 30 días señalado para este trámite este días hábiles o de días corridos, para lo cual es necesario analizar el Código del Trabajo. Sobre el particular, cita el artículo 312, relativo a los plazos en la negociación colectiva, y el artículo 435, ninguno de los cuales aplica al citado artículo 512. De este modo, recurriendo a las normas de interpretación establecidas en el artículo 19 y siguientes del Código Civil, sostiene que hay diversos plazos en el Código del Trabajo de los que se puede colegir que la intención del legislador fue establecer, para este caso en especial, que el plazo sea computado por días corridos, lo que se puede deducir de la interpretación sistemática de los artículos 12, 162, 168, 171, 201 inciso final, 223, 282, 360 y 412 del Código del Trabajo.

Finalmente, alega que este criterio ha sido sostenido por esta Iltma. Corte en fallo que cita y ha sido criterio de la Contraloría General de la República que los plazos deben contarse por días corridos. En definitiva, insiste en que la resolución recurrida no adolece de arbitrariedades, por ajustarse a la normativa laboral, responde a motivos razonables y son consecuencia de la constatación de hechos determinados, todo lo cual conlleva a estimar que no se han vulnerado garantías de la recurrente, por lo que estima que el recurso debe ser rechazado en todas sus partes, por carecer de fundamento, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que debe recordarse que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para que opere cuando, por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarios, alguna persona sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías expresamente señalados, dentro de los cuales se incluye el derecho de igualdad ante la ley que el recurrente estima afectado.

De la descripción que hace el Constituyente, se desprende que debemos estar en presencia de actos ejecutados al margen de la ley, en contra de la justicia y la razón, y que se realicen en forma voluntariosa, o sea, sólo por la voluntad o el capricho de quien está en posición de afectar, amenazar o privar del derecho que se invoca por el recurrente.

CUARTO: Que, del mismo modo, este instituto procesal ha sido creado para asegurar el respeto al orden jurídico establecido y reparar de inmediato la juridicidad quebrantada, manteniendo el “statu quo” vigente. En virtud de ello, enfrentadas a un derecho indubitado, se autoriza a las Cortes de Apelaciones para adoptar las providencias que permitan restablecer el imperio del derecho, asegurando la oportuna protección del afectado.

QUINTO: Que una vez acotado el ámbito de aplicación del recurso de protección de garantías constitucionales, debe el tribunal que conoce de tal arbitrio establecer la existencia de la acción u omisión que lo motiva; identificar a la persona u órgano responsable de aquélla o ésta, y si existe privación, perturbación o amenaza de algún derecho, en términos tales que justifiquen la adopción de medidas que tiendan a la debida protección de el o los afectados y, por supuesto, que la acción u omisión sea ilegal o arbitraria, en los términos ya expresados.

SEXTO: Que prima facie, si bien la imputación del acto arbitrario o ilegal radica en la decisión administrativa respecto de la cual podía intervenir el Juez del Trabajo según el inciso 2° del artículo 512 del Código del Trabajo, lo cierto es que, por tratarse de derechos indubitados que buscan únicamente restablecer el imperio del derecho y dar debidamente protección al afectado, es el constituyente en el artículo 20 de la Constitución Política de la República que permite la intervención del recurso constitucional incluso en estos casos cuando pueda presentarse una ilegalidad o arbitrariedad que afecte a la igualdad ante la ley y al derecho de propiedad entendido también sobre bienes incorporales.

SÉPTIMO: Que el plazo en cuestión y sobre el cual gira la controversia que motiva el presente recurso, es aquel señalado en el inciso primero del artículo 512 del Código del Trabajo, que dispone que la solicitud a que esta norma se refiere debe ser presentada dentro del término de treinta días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa, sin especificar si se trata de días corridos o hábiles.

OCTAVO: Que la reclamación que la actora efectuó ante el Director del Trabajo no es otra cosa que parte del procedimiento administrativo, el que concluiría con ésta decisión, y el sólo hecho que el plazo para reclamar se encuentre incorporado al artículo 512 inciso primero no lo torna parte del procedimiento judicial regido por el Código del Trabajo, pues lo que se conoce en sede jurisdiccional es la decisión terminal del Director del Trabajo que se pronuncia sobre la solicitud escrita que se debió presentar ante dicha Dirección dentro de treinta días.

NOVENO: Que en consecuencia, no cabe sino concluir que el procedimiento seguido ante la Dirección del Trabajo o su Director corresponde a un procedimiento administrativo en los términos del artículo 18 de la ley 19.980, de modo que tratándose de una norma especial aplicable a este tipo de procedimiento, el plazo a que se refiere el inciso primero del artículo 512 debe computarse como de días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 19.880, entendiéndose por tales aquellos comprendidos entre los días lunes y viernes, ambos inclusive.

Este razonamiento se ve reforzado por las disposiciones generales contenidas en el Código Civil. Si bien es cierto, el artículo 50 del Código Civil prescribe que los plazos son de días corridos, ello es sin perjuicio, como advierte la misma norma, que una ley especial disponga o establezca un plazo de días hábiles. Una interpretación sistemática, además, debe conducirnos inequívocamente a la aplicación del artículo 25 de la citada ley, por cuanto los artículos 4 y 13 del Código Civil establecen que las disposiciones se aplican con preferencia a las generales siempre que entre una y otra no haya oposición.

Hoy, modernamente aparece la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo, que rige a todos los actos de los órganos de la Administración del Estado, cuyas normas recogen el estudio científico-técnico que realizó el legislador justamente para regular todos los conflictos que deban intervenir los órganos del Estado. Ello no es baladí, porque es de conocimiento público y notorio, que en general, los órganos del Estado no funcionan los días sábado y domingo, así como tampoco han desplegado oficinas que trabajen permanentemente para la recepción de presentaciones o escritos en forma diaria. Por ello dispuso en el artículo 25 de la Ley 19.880 que el cómputo de los plazos en los procedimientos administrativos será de días hábiles e incluye como inhábil los días sábado, domingo y festivos, lo que está directamente relacionado con la actividad de esos órganos y parece de justicia así regularlos.

DÉCIMO: Que en razón de lo señalado, al haberse concluido por la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta que el cómputo del plazo previsto en el inciso primero del artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos, ha incurrido en una infracción de ley que significa privar ilegal y arbitrariamente del derecho del recurrente de la defensa correspondiente en el proceso administrativo, sobre la base de la falta de igualdad ante la ley, ya que ello constituye un principio némine discrepante en cuanto al cómputo de los plazos.

UNDECIMO: Que por lo razonado y establecido se acogerá el recurso, sin costas, por haber tenido la Inspección del Trabajo motivos plausibles para sostener su tesis en la medida que existe un dictamen obligatorio para ello de la Contraloría General de la República.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 N° 2 y 20 de la Constitución Política de la República, Autos Acordados de la Corte Suprema, de fechas 24 de junio de 1992 y 4 de mayo 1998 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, y artículos 212 y siguientes, 486 y 505 y siguientes del Código del Trabajo, se dispone que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don Álvaro Gallegos Díaz, en representación de DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES S.A., en contra de la Inspección Provincial del Trabajo El Loa-Calama, disponiéndose que la solicitud de reconsideración deducida por el recurrente sea acogida a tramitación y se resuelva en el fondo lo que corresponda.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

1140-2015 Pronunciada por la Segunda Sala, integrada por los Ministros Titulares Sra. Cristina Araya Pastene, Sr. nombre reservado y Sra. nombre reservado. Autoriza el Secretario (S) don Cristian Pérez Ibacache.

En Antofagasta, a quince de mayo de dos mil quince, notifiqué por el Estado Diario la sentencia que antecede.