nombre reservado con SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA LICANCABUR

/xsa Antofagasta, a veintitrés de julio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

nombre reservado, chilena, casada, trabajadora independiente, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, en representación de su hija nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, de 15 años de edad, quien deduce acción de protección, en contra de LICEO JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ, de la ciudad de Calama, dependiente del SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA LICANCABUR CALAMA, representado legalmente por nombre reservado, chileno, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, Licenciado en Pedagogía en Educación Física, Director Ejecutivo SLEP, domiciliado en domicilio reservado, por considerar que el recurrido ha actuado de manera arbitraria e ilegal, vulnerando los derechos de su hija, conforme a los argumentos de hecho y de derecho que expone, solicitando acoger el presente recurso, disponiendo las medidas que indica.

Evacuó informe la recurrida, asimismo, se solicitó informe a la Superintendencia de Educación, el cual fue remitido al tenor de lo solicitado.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente funda la acción, indicando que, su hija nombre reservado, de 15 años, cursa actualmente segundo año medio en el Liceo Jorge Alessandri Rodríguez de la ciudad de Calama. Refiere que, desde hace semanas, Johana ha sido víctima constante de acoso escolar por parte de un grupo de compañeras de curso, luego de que denunciara situaciones irregulares dentro del establecimiento, específicamente el consumo de drogas por parte de algunas alumnas. Asimismo, se originó un conflicto cuando Johana solicitó el pago por un trabajo escolar que habían encargado, frente a lo cual dichas estudiantes reaccionaron de manera violenta. Añade que, desde entonces, su hija ha sufrido distintas situaciones:

1. Amenazas verbales directas, indicando que será golpeada.

2. Burlas y denostaciones constantes, incluyendo imitaciones ofensivas como sonidos de cerdo al momento del llamado de la lista.

3. Aislamiento social, risas y acoso psicológico sistemático en la sala de clases.

Sostiene que, esta situación ha provocado consecuencias emocionales y psicológicas en Johana, un grave deterioro emocional, con pensamientos suicidas ocasionales, ha perdido el apetito y muestra resistencia constante a asistir al liceo, además se encuentra emocionalmente abatida y con síntomas de ansiedad, angustia y baja autoestima, actualmente en terapia con psicóloga particular, por temor a que atentara contra su vida, ya que no ha recibido apoyo por parte del establecimiento educacional.

Hace presente que, el día 22 de mayo del presente año, se realizó una mediación con participación del liceo, las alumnas agresoras y sus apoderados, en la cual se acordaron compromisos para cesar el acoso y no agredirse dentro ni fuera del liceo. Sin embargo, tales acuerdos no han sido cumplidos y la violencia ha continuado e incluso intensificado. Sostiene que, el liceo Jorge Alessandri Rodríguez, frente a los hechos reiterados de acoso escolar sufridos por su hija nombre reservado, ha incumplido de forma manifiesta y grave su propio Protocolo de Actuación frente al Bullying, contenido en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, afectando con ello el derecho a la integridad psíquica, seguridad personal y el derecho a la educación de la adolescente.

Indica que el protocolo, tal como establece en su punto 5.1, contempla una serie de fases y pasos estructurados los cuales no han sido debidamente ejecutados, detallando los principales incumplimientos:

1. Fase 1: Recolección de Información.

El artículo 1 y 2: No consta que se haya designado formalmente a un encargado responsable del caso, lo que implica falta de trazabilidad y seguimiento técnico del conflicto. Articulo 3 al 7: Se realizó una única mediación entre las partes, pero no se ha registrado entrevistas individuales sistemáticas con Johana, las agresoras ni con testigos. Tampoco hay constancias de observación pedagógica en sala o espacios comunes, ni de entrevistas a profesores.

2. Fase 2: Documentación y Evaluación.

Artículo 8 y 9: El establecimiento no ha elaborado ni presentado informe formal alguno al Director que sistematice los antecedentes ni determine, con criterios objetivos, si se configura una situación de acoso escolar. Artículo 10: no se ha convocado al Consejo de Profesores órgano que según el reglamento es responsable de calificar los hechos, proponer sanciones y establecer medidas reparatorias. Esto implica una omisión estructural grave en la investigación y resolución del caso.

3. Fase 3: Comunicación de resultados.

Artículo 11: Indica que no ha sido citada a ninguna instancia posterior a la mediación para informar una resolución oficial del caso, ni mucho menos sobre eventuales medidas disciplinarias adoptadas respecto de las agresoras.

4. Fase 4: Medidas de protección y reparación.

Artículo 12 y siguientes: El liceo no ha adoptado medidas de resguardo ni apoyo psicológico a Johana, a pesar de las claras consecuencias emocionales que ha manifestado (pensamientos suicidas, pérdida de apetito, rechazo a asistir al colegio). Tampoco ha derivado a las alumnas agresoras a intervenciones pedagógicas ni terapéuticas. Medidas hacia el curso: No se ha realizado ningún trabajo formativo con el grupo curso para prevenir nuevos hechos, reforzar la convivencia o erradicar el silencio cómplice a pesar de lo estipulado en el protocolo. El liceo ha incurrido en omisiones reiteradas y sistemáticas en la aplicación de su propio protocolo, lo cual ha agravado la situación de acoso, prolongando el sufrimiento de la víctima, y creando un entorno escolar inseguro y negligente. Esta inacción institucional configura una vulneración directa al deber de protección de la adolescente, exigido tanto por la legislación nacional como por la normativa internacional ratificada por nuestro país.

Refiere que el actuar de la recurrida ha trasgredido las garantías establecidas en el artículo 19 N° 1 y N° 10 de la Constitución Política de la República, esto es el Derecho a la vida y a la integridad física y el derecho a la educación, así como la normativa internacional de protección de los Derechos del Niño, además cita la Ley N°20.536, sobre violencia escolar.

Finalmente, solicita acoger la presente acción constitucional, declarando que los actos y omisiones del Liceo Jorge Alessandri Rodríguez, dependiente del Servicio Local de Educación Pública Licancabur, son arbitrarios e ilegales y han vulnerado los derechos fundamentales de la adolescente nombre reservado, ordenando la inmediata adopción de medidas efectivas de protección en favor de la adolescente nombre reservado, incluyendo intervención psicosocial, seguimiento emocional y apoyo pedagógico; que se de inicio a un procedimiento formal y documentado conforme al protocolo de actuación frente al bullying, incluyendo entrevistas, informes técnicos y las sanciones correspondientes a las responsables de las vulneraciones de Johana, como es la cancelación de matrícula; se adopten acciones formativas con el curso completo para prevenir nuevas agresiones y fomentar la sana convivencia, y cualquier otra medida que se estime necesaria para el restablecimiento del imperio del derecho y asegurar la protección integral de la adolescente de autos.

SEGUNDO: Que, informó nombre reservado, Director Ejecutivo Servicio Local de Educación Pública Licancabur, mediante informe elaborado por nombre reservado, Director del establecimiento educacional Jorge Alessandri Rodríguez.

En primer término, da cuenta de los antecedentes escolares de la adolescente de autos.

En cuanto al origen del conflicto entre las estudiantes, al efecto señala que con fecha 12 de mayo del presente año las alumnas nombre reservado y nombre reservado dan cuenta al profesor jefe nombre reservado respecto de un posible caso de consumo de sustancias ilícitas al interior de la sala de clases, a raíz de esta acción algunas compañeras de curso comenzaron a identificar a las estudiantes indicadas como las informantes del profesor, lo que generó un ambiente de desconfianza y diversas consecuencias sociales en la dinámica del grupo curso.

Posteriormente, el día 19 de mayo, durante la clase de lenguaje se produce un conflicto entre nombre reservado y nombre reservado, lo cual escaló cuando otras estudiantes intervienen en la situación, terminando en agresiones, lo cual habría sido asistido rápidamente por personal paradocente, siendo derivadas las estudiantes a inspectoría, posteriormente son citados los apoderados, se toman relatos a las estudiantes, profesora y funcionarios, quienes fueron testigos de los hechos, y luego de analizar los relatos de todas las involucradas, el equipo de Convivencia Educativa e Inspectoría General determina que la situación constituye una falta grave según el reglamento interno, procediendo a la aplicación de sanciones proporcionales incluyendo la suspensión de clases.

Añade que, frente a esta medida, las apoderadas de Johana y Antonella, expresaron su desacuerdo, señalando que sus hijas actuaron en defensa propia, posterior a ello se acuerda realizar una instancia de mediación, programada para el día 22 de mayo, con la participación de estudiantes, apoderados, equipo de convivencia y equipo de dirección.

Refiere que durante el proceso de mediación existieron factores que obstaculizan el desarrollo adecuado del mismo, debido a que en reiteradas ocasiones las ha poder la apoderada de nombre reservado interrumpe el diálogo, teniendo actitudes violentas hacia el equipo directivo y los apoderados de las otras partes. Sin embargo, el equipo mantiene la disposición al diálogo promoviendo el respeto, empatía y construcción de acuerdos. Al finalizar, se firma acta de mediación por todos los asistentes, reafirmando el compromiso institucional con una convivencia escolar sana y se invita a las familias a colaborar activamente.

Añade que, posterior al proceso de mediación llevado a cabo, los apoderados habrían realizado sus descargos en las oficinas del Servicio Local de Educación Pública, lo cual fue comunicado al director don nombre reservado, mediante correo electrónico, indica que en respuesta a lo realizado por los apoderados, se informó lo siguiente: se revisaron detalladamente los antecedentes para verificar el cumplimiento adecuado de los protocolos, se reevalúa la suspensión la cual es reemplazada por mediación, se instruye reforzar la responsabilidad institucional en estos procesos, se solicita al equipo de convivencia educativa establecer medidas de protección internas y seguimiento para las estudiantes afectadas, con el objeto de resguardar su integridad emocional, física y psicológica, tal como lo establece la política nacional de convivencia educativa, dupla psicosocial habría orientado a los apoderados a acudir a un centro de salud para realizar constatación de lesiones, indica que cualquier represalia institucional será inadmisible y se tomarán las medidas si ocurriera agrega, que el protocolo aplicado por inspectoría general fue el de violencia escolar, protocolo 5.22.

Luego, da cuenta de las gestiones realizadas a propósito de la situación de conflicto entre las alumnas, refiriendo el paso a paso aplicado, para indicar finalmente que el encargado de convivencia educativa ha realizado coordinaciones con personal de carabineros de Chile, quiénes asisten al establecimiento de manera semanal, con el objeto de reforzar la sana convivencia, se han realizado al curso completo talleres enfocados a temáticas de violencia escolar.

Sostiene que, con fecha 21 de junio pasado, el encargado de convivencia escolar señor nombre reservado en conjunto con psicólogo nombre reservado, aplica una entrevista al profesor jefe y a distintos estudiantes del mismo curso, con el objeto de indagar respecto a posible acoso escolar, sin embargo, al realizar una sistematización de las entrevistas aplicadas, se determina que no hay presencia de acoso escolar. Refiere que, tras el análisis de los antecedentes recopilados y la intervención inicial realizada respecto al hecho denunciado, se concluye que la situación no presenta características de acoso escolar, dado que no se evidencian elementos de intensidad, reiteración ni sistematicidad de la conducta observada. Respecto al estado emocional de la estudiante Johana, esta se encontraría en terapia con sicólogo particular conforme ha señalado la madre.

Indica que esta situación fue informada al Tribunal de familia con fecha 11 de junio, no obstante, a la fecha no se ha obtenido una respuesta con respecto a la resolución del caso.

TERCERO: Que, informó nombre reservado, Director Regional Subrogante, Superintendencia de Educación.

Expone antecedentes de del recurso y requerimiento a la Institución que representa, indicando que en cuanto a la competencia de Superintendencia de Educación, el artículo 48 de la ley N°20529, establece el Sistema Nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media, disponiendo como objeto de la Superintendencia de educación, fiscalizar de conformidad la ley, tanto el cumplimiento de la normativa educacional por parte de los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el estado, cómo la legalidad del uso de los recursos por los sostenedores de los establecimientos que perciben subvención o aportes del Estado, y de los sostenedores de establecimientos particulares pagados en caso de denuncia. Para cumplir con este objeto, la misma ley otorga a la superintendencia una serie de atribuciones descritas casi en su totalidad en su artículo 49, entre las que destacan aquellas potestades de carácter interpretativo, normativo, inspectivo y sancionador, agregando que, para desplegar estas atribuciones, la Superintendencia en ejercicio de sus facultades de fiscalizaciones, puede actuar de oficio o a petición de interesado.

Agrega antecedentes respecto a la normativa educacional aplicable, citando lo dispuesto en los artículos 10, 16 y 46 del DFL N° 2 de 2009, del Ministerio de Educación (Ley General de Educación), Artículo 8 del Decreto N° 315 de 2011, del Ministerio de Educación, que reglamenta los requisitos de obtención y mantención de reconocimiento oficial, que se refiere al contenido mínimo del reglamento interno de los establecimientos, los cuales deben incorporar estrategias de prevención y protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato o acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa.

En cuanto a las acciones desplegadas en el caso concreto, indica que, una vez recibida la resolución de esta ilustrísima corte, se procedió a revisar en el sistema de registro de requerimientos, verificando que hay 3 requerimientos presentados a esa superintendencia por parte de la recurrente: una solicitud de denuncia asignada con el código CAS 106644, y dos solicitudes de mediación, asignadas con código CAS-107497 y CAS-107501.

Qué conforme a Resolución Exenta N°656 de 2024, que aprueba el procedimiento de atención de requerimientos ciudadanos ante esa Superintendencia, la señora nombre reservado(recurrente), fue contactada telefónicamente por la Unidad de Protección de Derechos Educacionales, para ofrecer distintas opciones de gestión de acuerdo a los hechos informados y a sus expectativas, y se evaluó la posibilidad de gestionar el requerimiento de forma colaborativa buscando la superación de los hechos que motivaron la atención, sin embargo, no fue aceptado por la señora nombre reservado, por lo tanto se procedió a continuar con la tramitación de la denuncia CAS-106644.

Agrega que, con fecha 11 de julio de 2025, se solicitó un informe al establecimiento educacional respecto a los hechos denunciados, luego, el encargado de la unidad regional de protección de derechos educacionales, a partir de la revisión de la documentación acompañada por el establecimiento, determinará si es necesario iniciar un procedimiento de fiscalización.

Refiere que, si se determina iniciar un procedimiento de fiscalización, los antecedentes se derivarán a la unidad regional de fiscalización para la realización del procedimiento regulado en los artículos 51 y siguientes de la ley N° 20.529. Durante dicho procedimiento un fiscalizador, de la superintendencia que tiene la calidad de ministro de fe respecto de lo que observa, constata en un acta de la existencia de contravenciones a la normativa educacional, si en dicha acta no constan infracciones, la denuncia se cierra en la unidad regional de fiscalización de la dirección regional de la Superintendencia de educación respectiva. Por el contrario, si en el acta se registran infracciones a la normativa, corresponde a esa superintendencia instruir un proceso administrativo sancionador en contra del referido establecimiento, conforme a las normas del párrafo 5 de la ley 20.529, notificándose una resolución que instruye proceso a la entidad o sostenedora.

Así, una vez instruido el proceso, el fiscal a cargo del procedimiento podrá decidir no formular cargos, o luego de formulados estos, proponer al director regional sobreseer o aplicar las sanciones establecidas en el artículo 73 de la ley 20.529. Sin embargo, cualquiera sea el resultado de dicho proceso, la denuncia se cerrará en la unidad jurídica de la Dirección Regional de la Superintendencia de educación respectiva.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, en el caso de marras, se ha recurrido de protección en contra del supuesto actuar arbitrario o ilegal del recurrido Liceo Jorge Alessandri Rodríguez, dependiente del Servicio Local de Educación Pública Licancabur de Calama, por cuanto no habrían adoptado medidas de resguardo a fin de proteger los derechos de la alumna nombre reservado, quien sería víctima de bullying al interior del establecimiento educacional.

SÉPTIMO: Que, de acuerdo a lo informado por el recurrido, no sería efectivo lo señalado por la recurrente, desde que habrían ejecutado el protocolo de bullying frente a la situación de la estudiante, realizando un proceso de mediación entre las involucradas y sus apoderados, así como talleres a todo el grupo curso, asimismo, de los documentos acompañados, se da cuenta de la apertura de causa por Medida de protección ante el Tribunal de Familia de Calama, en el cual se habría informado de los hechos, adjuntando informe de situación actual, fechado el día 12 de junio de 2025.

OCTAVO: Que, se informa por parte de la Superintendencia de Educación, dando cuenta de las funciones que este organismo tiene en la materia, e indica haber tomado conocimiento de los hechos por requerimiento de la recurrente, en el cual se le habrían propuesto alternativas de solución las cuales no fueron aceptadas por la misma, por lo que se continúa adelante con denuncia, a fin de verificar si es que el establecimiento educacional ha actuado en contravención a la normativa educacional, el cual estaría a cargo de un fiscalizador de la Superintendencia, y que en caso de determinar infracciones a la normativa, se iniciará un proceso administrativo en contra del establecimiento. Dicho proceso de fiscalización se encontraría actualmente en curso, siendo solicitado informe al establecimiento con fecha 11 de julio de 2025.

NOVENO: Que, de acuerdo a lo informado tanto por el Establecimiento Educacional, como por la Superintendencia de Educación, no es posible advertir un actuar arbitrario o ilegal por parte del establecimiento, el cual ha adoptado medidas a fin de resguardar la integridad de las escolares involucradas en los hechos que motivan el requerimiento, realizándose intervención e investigación por parte del equipo de convivencia escolar.

DÉCIMO: Que, se tendrá presente además, que se encuentra aperturada causa de Medida de protección en favor de la adolescente de autos, ante el Tribunal de Familia de Calama, en la cual el Colegio ha acompañado informe de situación actual recientemente, y el Tribunal, en caso de estimarlo pertinente, dispondrá las medidas orientadas a resguardar la integridad y salud de la adolescente, así como un eventual proceso reparatorio en caso de ser necesario, conforme a las necesidades del caso concreto, realizando las derivaciones a los programas que corresponda. A su vez, en caso de que la Superintendencia verifique infracciones a la normativa educacional por parte del establecimiento recurrido, se aplicarán las sanciones administrativas pertinentes. En virtud de lo anterior, y encontrándose el conocimiento de los hechos materia del presente recurso en conocimiento de los organismos competentes, no cabe sino rechazar la presente acción, por no vislumbrarse hasta este momento actuar arbitrario o ilegal por parte del recurrido.

Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en representación de su hija nombre reservado, en contra de LICEO JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ, dependiente del SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA LICANCABUR CALAMA.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1138-2025 (PROTECCIÓN)