Protección contra SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Dpp/ Antofagasta, a dieciocho de julio de dos mil veinticinco.

VISTOS: La comparecencia de FRANCO ALDO BRUNETTI ARREDONDO, abogado, en favor de nombre reservado, pasaporte n° NUM000 (Venezuela), de nacionalidad venezolana, con domicilio en domicilio reservado, Región de Antofagasta, quien deduce acción de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, representado por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por la negativa a la debida tramitación de la solicitud de refugio del recurrente, con sus respectivos antecedentes y el envío de los mismos a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, regulado lo anterior en el art. 26 y ss. de la Ley n° 20.430: establece disposiciones sobre protección de refugiados, por los argumentos de hecho y de Derecho que expone, con el objeto de que se dé curso al procedimiento solicitado por el recurrente, y se ordene la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio al solicitante, mientras se espera la evaluación, por parte de una comisión calificada.

Informó la recurrida solicitando el rechazo de la acción.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente funda la acción en los siguientes hechos:

Refiere que, nombre reservado es un ciudadano venezolano, que se vio forzado a escapar de su país de origen e ingresar por paso no habilitados a Chile ya que su libertad y seguridad han sido amenazadas por la violencia generalizada, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que, como es de público conocimiento, han perturbado gravemente el orden público en su país de origen. En este sentido, indica que lo que motiva a su representado a abandonar su país y venir a Chile es la muy grave situación de extrema descomposición social, económica e institucional que se vive desde hace ya años en el país caribeño y que incluye, entre otros desórdenes e irregularidades, la falla casi absoluta en la cadena de distribución de alimentos y de los servicios básicos como electricidad, agua y gas. Y, sumado a ello, una crítica situación de los servicios de Salud y de la seguridad pública, que ha tenido como consecuencia inevitable el aumento de la delincuencia en el país, que incluye la infausta presencia y actuación de las que ya son las dos más peligrosas bandas criminales de la nación, conocidas como los “Colectivos” y los “Tupamaros”.

Además de lo anterior, hace presente la represión ejercida por las fuerzas de orden y seguridad venezolanas, que en vez de proteger a los ciudadanos, se transformaban en una amenaza a la integridad física y psicológica de los mismos a causa de su adhesión al Gobierno chavista de turno, que no tolera disidencia alguna al interior del país, lo que terminó por sepultar definitivamente las posibilidades de su representado, en orden a conseguir en su país un digno estilo de vida.

Agrega que, en tal contexto y habiendo perdido el recurrente las esperanzas de vivir en paz y con dignidad en Venezuela, no tuvo más opción que salir de su país, con rumbo a Chile, haciendo ingreso al país con fecha 16 de octubre de 2021, una vez en territorio nacional, recaba información respecto de su situación, recibiendo con fecha 28 de febrero de 2025 un Oficio ordinario de parte de la Dirección Regional Antofagasta del Servicio Nacional de Migraciones, con dirección en domicilio reservado, Región de Antofagasta, que da inicio al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado.

Añade que, sin perjuicio de lo anterior, y hasta la fecha, el recurrente no ha vuelto a ser contactado por la autoridad migratoria recurrida, que no ha dado respuesta satisfactoria aún a la solicitud del recurrente y tampoco le ha sido aún otorgada la visación de residente temporario, prescrita bajo el art. 32, inc. 1°, de la Ley n° 20.430. Lo referido en el párrafo anterior constituye uno de los elementos de mayor importancia para el caso, y que justifica el presente recurso.

Sostiene que, el derecho a buscar y recibir asilo es un derecho humano fundamental, por lo que no se puede limitar su ejercicio de forma arbitraria, lo cual se encuentra reconocido internacionalmente, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, debiendo el estado proteger los derechos fundamentales de las personas, como el reconocido en el instrumento internacional señalado.

Agrega que, el art. 4° de la Ley n° 20.430 establece el principio de No Devolución, que se aplicará -conforme a lo establecido por el art. 26 del mismo cuerpo legal- desde el momento en que se manifieste, de forma oral o escrita, ante la autoridad contralora de frontera o el Departamento de Extranjería y Migración (actual Servicio Nacional de Migraciones) o gobernaciones provinciales, su intención de formalizar una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través del Departamento de Extranjería y Migración, se encargará de velar por el cumplimiento del principio de No Devolución. Indicando que, en el caso sub-lite, si bien es cierto que este derecho ha podido ser ejercido por su representado, cuya manifestación de voluntad ha sido recibida por los organismos indicados, aquel no ha vuelto a ser contactado por la autoridad migratoria recurrida y tampoco le ha sido aún otorgada la visación de residente temporario, lo cual vulnera la garantía constitucional establecida en el n° 2 del art. 19 de la Constitución Política de la República: la igualdad ante la ley, importando una discriminación en relación con el trato dispensado a otros extranjeros.

Señalando que la situación acaecida a su representado, es plenamente protegible por esta vía, cumpliendo con los requisitos para ello, es decir, hay un actuar arbitrario o ilegal de parte del servicio recurrido, que ha implicado privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales del actor, y una relación de causalidad entre la conducta que se imputa al recurrido y la afectación de los derechos del recurrente.

Por lo expuesto, solicita se acoja la presente acción constitucional, ordenando que se concluya el procedimiento cuyo inicio ha sido solicitado por el recurrente, dándole curso, y se ordene la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio, prescrita bajo el art. 32, inc. 1°, de la Ley n° 20.430, mientras se espera la evaluación del recurrente, por parte de una comisión calificada.

SEGUNDO: Que, informó MARÍA JOSÉ ASTUDILLO VÁSQUEZ, abogada del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, solicitando el rechazo de la acción, por no existir acto u omisión de dicha autoridad, que vulnere aquellas garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política de la República.

Indica que, nombre reservado, nacional de Venezuela, ingresó al país por un paso no habilitado, con fecha 28 de febrero de 2025, ingresa solitud de refugio, misma fecha en que se le envía oficio ordinario folio N° NUM001, el cual señala: “El/La Sr(a). nombre reservado, de nacionalidad Venezuela, número de Pasaporte/DNI NUM000, debe concurrir el día 23-06-2025, a las 09:00 hrs, a la oficina del Departamento de Refugio y Protección Internacional, ubicada en Jorge Washington 2534, Antofagasta, para dar inicio a su solicitud de ingreso al procedimiento de Reconocimiento de la condición de refugiado.”

Agrega que, con fecha 23 de junio de 2025, el solicitante concurrió a la citación señalada, sin embargo de los antecedentes presentados se observa que estos son insuficientes para dar curso a su solicitud de ingreso al procedimiento de Reconocimiento de la condición de refugiado, toda vez que no ha cumplido con los requisitos formales mínimos establecidos en la ley 20.430, por lo anterior, con fecha 23 de junio de 2025, se le notifica Resolución Exenta N° NUM002, y se le otorga al interesado un plazo de 15 días hábiles, para acompañar antecedentes que permitan subsanar, bajo apercibimiento legal de tener por desistida su solicitud.

Posteriormente, el día 02 de julio de 2025, el extranjero acompaña documentación, la cual se encuentra actualmente en revisión, como se aprecia en fotocaptura obtenida del Registro Nacional de Extranjeros, que adjunta.

Sostiene que, la acción de protección carece de oportunidad y eficacia, pues como se ha señalado, la solicitud de refugio presentada por nombre reservado, se encuentra en tramitación ante ese Servicio, al contrario de lo señalado por la parte recurrente en su presentación, en consecuencia, no existe actualmente un acto u omisión que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

En virtud de las consideraciones anteriormente indicadas, hace presente que su representado ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, por tanto, no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el Artículo 19 de la Constitución Política de la República, y no existe por tanto perturbación alguna de los derechos del extranjero.

Por lo expuesto, solicita el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes respecto del extranjero recurrente por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esta autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas a este Servicio.

TERCERO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, para resolver importa determinar la existencia del acto impugnado, esto es, que luego de haber presentado la solicitud de reconocimiento de condición de refugiado, el recurrente no haya sido contactado por el Servicio recurrido, como tampoco se le haya otorgado visa de residente temporario, durante la tramitación de su solicitud, lo cual afectaría o amenazaría las garantías constitucionales invocadas.

SEXTO: Que, de los hechos expuestos y antecedentes acompañados por ambas partes, es posible concluir que con fecha 28 de febrero del presente año, el recurrente fue notificado de del oficio ordinario que lo cita para el día 23 de junio de los corrientes a las 09:00 hrs., a la oficina del Departamento de Refugio y Protección Internacional, ubicada en Jorge Washington N°2534, Antofagasta, para dar inicio a su solicitud de ingreso al procedimiento de Reconocimiento de la condición de refugiado.

En este contexto y de lo aportado en informe de la recurrida y lo señalado en Resolución Exenta N° NUM002, de fecha 23 de junio de 2025, se desprende que el recurrente acudió a la cita programada, no obstante, ello la solicitud del recurrente no cumpliría con los requisitos formales mínimos para dar curso a la solicitud de ingreso al procedimiento de Reconocimiento de la condición de refugiado, otorgándosele plazo de 15 días hábiles para subsanar las deficiencias de su solicitud. Habiendo vencido recientemente dicho plazo, no se cuenta a la fecha con antecedentes respecto del cumplimiento de lo requerido por parte del recurrente.

SÉPTIMO: Que, conforme a lo señalado precedentemente, no es no es posible concluir que la recurrida haya incurrido en un actuar arbitrario o ilegal en desmedro de los derechos del recurrente, por el contrario, en la notificación efectuada el día 28 de febrero pasado se indica claramente la fecha en que la recurrente debía concurrir a fin de dar inicio a la tramitación de su solicitud, lo cual en la práctica realizó, no pudiendo por tanto, estimarse que la recurrida incurrió en alguna falta en su actuar. Asimismo, en cuanto a la alegación del recurrente, respecto a que no se le habría otorgado visa temporaria de refugio, la misma tampoco puede ser acogida, ya que de los antecedentes acompañados, se desprende que la solicitud del actor no ha sido acogida a trámite, requisito contemplado en el artículo 32 inciso primero de la Ley N° 20430 para otorgar dicha visación: “Artículo 32.- Documentación e intervención de otros organismos. Una vez acogida a trámite la solicitud , la autoridad competente extenderá al peticionario y a los miembros de su familia que lo acompañen, una visación de residente temporario, por el plazo de ocho meses, prorrogables por períodos iguales, en la forma que determine el reglamento de la presente ley.”

Por lo anterior, tampoco puede ser estimado arbitrario o ilegal el actuar del Servicio en este sentido.

OCTAVO: Que, se ha logrado establecer que el Servicio Nacional de Migraciones, citó en tiempo y forma al recurrente para dar curso a su solicitud, que este compareció a la cita, pero su requerimiento no cumplía con los requisitos legales, otorgándosele plazo para subsanar los mismos, sin que a la fecha se cuente con antecedentes ciertos respecto al devenir de la gestión, debido a que el plazo concedido venció recientemente.

Conforme a lo anterior, no se vislumbra un actuar arbitrario o ilegal por parte del recurrido, por cuanto su actuar ha sido realizado dentro de la esfera de su competencia y conforme a la legalidad migratoria vigente.

Razón por la cual, necesariamente deberá rechazarse la acción, según se dirá en la parte resolutiva.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por FRANCO ALDO BRUNETTI ARREDONDO, abogado, en favor de nombre reservado, en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1137-2025 (PROT)