Protección contra Sociedad Educacional nombre reservado S

Antofagasta, a doce de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS: Comparece Katherine Natalia Femenías Salas, abogada, en representación de nombre reservado, quien, a su vez, actúa como representante legal de su hijo menor de edad nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Sociedad Educacional nombre reservado S.A., por haber implementado protocolos de protección que restringen arbitraria e ilegalmente el libre desplazamiento del menor al interior del establecimiento educacional, sometiéndolo a confinamientos, prohibiéndole participar en actividades académicas y extraacadémicas, y condicionando todos sus movimientos a los de otra estudiante. Considera que dicha actuación es ilegal y arbitraria, atendido a que excede las facultades del establecimiento educacional y constituye una interpretación errónea de las resoluciones judiciales dictadas por el Juzgado de Familia de Antofagasta, vulnerando, con ello, los derechos fundamentales a la vida e integridad física y psíquica, a la igualdad ante la ley y al debido proceso, garantizados por la Constitución Política de la República, por lo que solicita se declare la ilegalidad de dichos protocolos y se ordene su inmediata cesación. Informa la recurrida y el Juzgado de Familia de Antofagasta, al tenor de la acción cautelar interpuesta en su contra. Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que la recurrente funda su recurso señalando que su hijo, nombre reservado, es un adolescente de diecisiete años, de nacionalidad peruana, quien se encuentra cursando cuarto año medio en el Colegio nombre reservado. El menor ha sido alumno regular de dicho establecimiento desde primer año básico, manteniendo durante toda su trayectoria académica una conducta intachable tanto desde el punto de vista educativo como conductual. Su madre, nombre reservado, ha ejercido permanentemente el rol de apoderada, cumpliendo cabalmente con todas las obligaciones y normativas del establecimiento hasta el primer semestre del año lectivo 2024. Los hechos que motivan la presente acción se originan el 2 de agosto de 2024, cuando la recurrente tomó conocimiento de una citación emitida por el establecimiento educacional, mediante la cual se le informó que el colegio había sido notificado de una resolución judicial proveniente de una causa proteccional seguida ante el Juzgado de Familia de Antofagasta. Dicha resolución establecía como medida cautelar la prohibición de acercamiento en términos absolutos entre el alumno nombre reservado y la alumna nombre reservado, derivada de una denuncia por supuesto abuso sexual interpuesta por esta última. Como consecuencia de lo anterior, el establecimiento decidió que el alumno no podía asistir presencial y regularmente a clases, ofreciéndole únicamente la posibilidad de participar en modalidad remota. Posteriormente, el 06 de agosto de 2024 la recurrente recibió una comunicación oficial del establecimiento en la cual se le manifestaba que, atendiendo a la resolución judicial que establecía que el alumno no podía acercarse a menos de 300 metros de distancia del domicilio o cualquier lugar donde se encontrara la otra estudiante, el colegio se vería obligado a notificar a la autoridad correspondiente en caso de que el menor intentara ingresar a las instalaciones del establecimiento. Ante esta situación, y considerando que las medidas adoptadas por el establecimiento resultaban vulneratorias y arbitrarias, el 9 de agosto de 2024 se solicitó medida de protección en favor de nombre reservado ante el Juzgado de Familia de Antofagasta, causa que se tramitó bajo el número P-2910-2024.

En audiencia preparatoria celebrada el 3 de septiembre de 2024, la magistratura dictó sentencia acogiendo la medida de protección solicitada, manteniendo el cuidado del menor bajo la responsabilidad de su madre y ordenando específicamente al establecimiento educacional revisar las medidas adoptadas a través del protocolo escolar, teniendo presente el derecho al debido desplazamiento de los menores y evitando restricciones que pudieran generar perjuicios al resto de la comunidad educativa. No obstante lo anterior, el establecimiento educacional procedió a confeccionar un primer protocolo de protección el 26 de marzo de 2025, cuyo objetivo declarado era planificar los movimientos de los estudiantes para evitar que compartieran espacios comunes. Este protocolo culminaba señalando que ninguno de los dos estudiantes podría participar de eventos extraacadémicos correspondientes a su nivel, tales como graduación, despedidas y apadrinamientos.

Sin embargo, en la práctica, únicamente el menor nombre reservado resultó afectado por estas restricciones, mientras que la alumna nombre reservado continuó participando con normalidad en todas las actividades planificadas por el establecimiento. La incorrecta implementación de este protocolo generó diversos inconvenientes, destacándose el incidente ocurrido el 11 de abril de 2025, cuando el menor fue instruido a permanecer en el aula al término de la clase de artes visuales debido a que se desconocía el paradero de la alumna nombre reservado. El estudiante permaneció confinado durante cuarenta minutos sin poder abandonar el aula, retornar a su salón de clases o incluso satisfacer necesidades básicas como acudir al baño, situación que se prolongó hasta que otra docente se percató de su presencia y lo autorizó a salir. Posteriormente, el establecimiento implementó un segundo protocolo el 5 de mayo de 2025, el cual establecía horarios diferidos de entrada y salida para ambos estudiantes, restricciones específicas durante los recreos, limitaciones en el tránsito por espacios comunes y la prohibición de participar en eventos académicos relevantes sin confirmación previa. Este nuevo protocolo surgió como consecuencia de una resolución dictada por el Juzgado de Familia en autos sobre cumplimiento de medida de protección seguidos bajo el número X-1019-2024, derivado de la medida de protección interpuesta en favor de la alumna nombre reservado. Sostiene que el establecimiento educacional ha excedido sus facultades al imponer medidas cautelares, equiparándose indebidamente a un tribunal competente. Se argumenta que existe una interpretación errónea de las resoluciones judiciales, toda vez que el juzgado de familia nunca prohibió el acercamiento entre los alumnos involucrados en términos absolutos, sino que instó al establecimiento a tener presente el derecho al debido desplazamiento y evitar restricciones innecesarias. Asimismo, se sostiene que la medida cautelar existente es de prohibición de acercamiento en términos violentos, no absolutos, lo que constituye una diferencia sustancial que el establecimiento ha interpretado erróneamente. La recurrente argumenta que las medidas adoptadas estigmatizan al menor, asignándole implícitamente la calidad de culpable de un hecho que está siendo investigado por el Ministerio Público, vulnerando el principio de presunción de inocencia. Se sostiene, además, que, pese a que tanto la madre como el hijo han dado cumplimiento estricto a estas medidas por más de un año, ello ha repercutido negativamente en la esfera psíquica del menor. Indica que se ha vulnerado el derecho a la vida e integridad física y psíquica, del artículo 19, N°1 de la Constitución Política de la República, al generarse una vulneración que se extiende no solo al menor sino a todo el núcleo familiar, afectando la estabilidad emocional y psicológica de sus integrantes; y el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, del artículo 19, N°3 de la Constitución, al no haberse respetado el debido proceso en la imposición de medidas restrictivas, privando a la recurrente del derecho a un procedimiento en el que pudiera hacer valer sus alegaciones y defensas, constituyendo el establecimiento educacional una suerte de comisión especial que juzga sin las garantías procesales correspondientes. Finalmente, solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se declare que se dejen sin efecto las medidas adoptadas por el Colegio nombre reservado señaladas en los protocolos de protección de 26 de marzo de 2024 y 5 de mayo de 2025, de modo que el menor pueda retomar sus actividades normales, asistir a todas las instancias relacionadas con el término de su proceso académico y su enseñanza media. SEGUNDO: Que evacúa informe Sociedad Educacional nombre reservado S.A., quien refiere que el asunto sometido al conocimiento de la Corte se encuentra actualmente ventilado ante el Juzgado de Familia de Antofagasta en tres causas judiciales identificadas bajo los RIT P-2703-2024, X-1019-2024 y P-2910-2024. En este sentido, invoca jurisprudencia que establece que la protección no es la vía idónea cuando la legislación franquea mecanismos ordinarios de discusión judicial. Indica que el 22 de julio de 2024 los padres de la menor ERR denunciaron ante la Subcomisaría de Carabineros de Playa Blanca que su hija había sido violada por el menor nombre reservado en su domicilio. Explica que el supuesto delito se habría cometido durante la noche del 20 al 21 de julio de 2024, cuando ambos menores se encontraban en el domicilio de la recurrente sin supervisión directa de adultos. Posteriormente, relata que el Colegio nombre reservado evacuó el 29 de julio de 2024 un "Informe de Medidas de Protección y Apoyo Psicoeducativo", estableciendo medidas de protección y apoyo psicológico para ambos menores. Continúa narrando que el 1 de agosto de 2024, la magistrada Marjorie Galleguillos Ayala dictó resolución en la causa RIT P-2703-2024, haciendo lugar a una medida de protección en favor de la menor ERR y decretando la prohibición de acercamiento absoluto del menor nombre reservado a menos de 300 metros de distancia, ordenando al establecimiento tomar todas las medidas de resguardo necesarias para proteger la integridad física y psicológica de la niña. Detalla cómo el colegio comunicó a la recurrente el 6 de agosto de 2024 que no podía sino acatar la solicitud judicial, informándole que se vería obligado a notificar a la autoridad correspondiente en caso de que el menor intentara ingresar a las instalaciones.

Posteriormente, el 13 de agosto de 2024, la magistrada rectificó la medida cautelar, manteniéndola en términos absolutos para lugares públicos y limitándola a "acercamientos violentos" para el establecimiento educacional. Expone que el 3 de septiembre de 2024, el Juzgado de Familia dictó sentencia en la causa RIT P-2910-2024 de protección del menor nombre reservado, ordenando al colegio revisar las medidas adoptadas a través del protocolo escolar, teniendo presente el derecho al debido desplazamiento de los menores. Como consecuencia de ello, el 17 de septiembre de 2024 el rector informó al tribunal que se dejarían sin efecto las medidas previas, reemplazándolas por supervisión indirecta y asignación de espacios seguros. No obstante, relata que el 24 de septiembre de 2024, en la causa RIT X-1019-2024, la magistrada Daniela Julia Montrone resolvió mantener la prohibición de acercamiento absoluto y ordenó que el establecimiento velara porque los espacios comunes no fueran compartidos por los menores. En cumplimiento de esta resolución, el colegio dictó un nuevo protocolo el 3 de octubre de 2024. La recurrida expone las sucesivas modificaciones y resoluciones judiciales contradictorias que se produjeron entre las diferentes causas, destacando que el 26 de febrero de 2025, la magistrada Paulina Digmann ordenó al establecimiento "reactivar el cumplimiento total del protocolo comprometido", mientras que en la causa del menor nombre reservado se había dado por finalizada la medida de alejamiento. Posteriormente, detalla que el 25 de abril de 2025, el Juzgado de Familia resolvió en la causa RIT X- 1019-2024 oficiar al establecimiento para que modificara el protocolo con la finalidad de prevenir la estigmatización de la adolescente, evitar restringir sus movimientos y participación en actividades escolares, bajo apercibimiento de arresto o multa. Como consecuencia, el 5 de mayo de 2025, el colegio creó un nuevo protocolo cumpliendo lo instruido por el tribunal. En cuanto a los fundamentos de derecho, la recurrida alega que no existe hecho ilegal ni arbitrario, pues se ha limitado a dar cumplimiento a las órdenes impartidas por los tribunales. Argumenta que los protocolos no son ilegales ni arbitrarios, ya que el marco normativo vigente obliga al establecimiento a tomar medidas de protección en favor de eventuales víctimas de delitos sexuales, y que en un Estado de Derecho no es ilegal acatar las resoluciones judiciales. Además, invoca que la protección no es vía idónea encontrándose el asunto ventilado ante la justicia ordinaria, pues cuando un asunto está sometido al conocimiento de los tribunales por la vía ordinaria, la protección no es vía idónea para impugnar lo decidido.

Argumenta que lo que se pretende es cuestionar por esta vía lo que ha decidido un tribunal, señalando que formalmente se ataca el protocolo creado por el colegio, pero materialmente se cuestiona la decisión jurisdiccional que impuso esa obligación al establecimiento. Manifiesta que está llana a modificar el protocolo si existe una orden de contrario imperio emanada de un tribunal, destacando que ha solicitado al juzgado de familia la revisión del protocolo vigente para proteger los derechos del menor nombre reservado, resguardando de mejor manera los derechos de ambos menores involucrados. Finalmente, solicita que se tenga por cumplido lo ordenado y por informado el recurso, pidiendo que se dé curso progresivo al procedimiento y que en definitiva se rechace el recurso en todas sus partes. Subsidiariamente, solicita que se acoja dejando sin efecto el protocolo existente, o que se ordene al Juzgado de Familia dirimir la manera en que ha de verificarse el protocolo de protección de los menores. TERCERO: Que evacúa informe Mae Valdebenito Fuentes, jueza presidenta del Juzgado de Familia de Antofagasta, quien indica que la acción constitucional se enmarca en dos procesos proteccionales interpuestos en favor de ambos menores, en el contexto de una denuncia por agresión sexual formulada por la adolescente nombre reservado en contra de su compañero de establecimiento educativo nombre reservado.

Resulta relevante señalar que, al momento de evacuar el informe, la entonces menor nombre reservado ya había cumplido la mayoría de edad, extinguiéndose de pleno derecho las medidas decretadas en su favor, conforme a lo declarado en resolución de 18 de julio. Respecto de la causa P-2703-2024 iniciada en favor de nombre reservado, detalla que se resuelve de plano el 1 de agosto de 2024, decretándose prohibición absoluta de acercamiento y todo contacto del adolescente nombre reservado hacia la víctima, incluyendo redes sociales, estableciendo una distancia mínima de 300 metros en todos los lugares donde ella se encuentre. Asimismo, se dispone que el establecimiento educacional Los nombre reservado debía adoptar todas las medidas de resguardo necesarias para proteger la integridad física y psicológica de la menor respecto de la utilización de espacios comunes. El tribunal señala que esta prohibición, al ser dictada en sentencia definitiva, no constituye una medida cautelar sino una medida de protección propiamente tal. Posteriormente, mediante resolución de 13 de agosto de 2024, se rectifica la sentencia modificando las medidas respecto del establecimiento educacional, decretándose prohibición de acercamiento en términos violentos, debiendo el establecimiento tomar las medidas de resguardo necesarias. Expone que en causa de cumplimiento X-1019-2024, la madre de la joven informa modificaciones en las medidas internas adoptadas por el establecimiento educativo, solicitando tanto ella como la directora de CAVI que se considerara la sintomatología de la adolescente y se ordenara mantener alejado al joven sindicado como agresor sexual. En consecuencia, mediante resolución de 24 de septiembre se modifica nuevamente la prohibición de acercamiento, dejándola en carácter de medida cautelar por un plazo de 90 días. Refiere que tanto el padre de la joven como la profesional tratante solicitaron posteriormente prohibir la presencia del joven a la adolescente, por generar aumento en la sintomatología. Sin embargo, el tribunal no modificó la medida cautelar, disponiendo únicamente informar al establecimiento para el ajuste de las medidas adoptadas por dicha institución. En relación con los informes de avance evacuados por CAVI, el tribunal destaca que el informe de 26 de febrero del presente año da cuenta de la baja significativa de la sintomatología de la adolescente y alta adherencia del grupo familiar. No obstante, se indica que la baja de la sintomatología y avances terapéuticos se atribuyen al alejamiento efectivo del joven sindicado como agresor sexual, sugiriéndose mantener la prohibición de acercamiento una vez iniciado el período lectivo 2025. Respecto de la causa P-2910-2024 iniciada en favor de nombre reservado, establece que el 9 de agosto de 2024 se interpone medida de protección por la madre del adolescente en contra del establecimiento educacional, pidiendo la modificación de la prohibición de acercamiento para permitir la reincorporación del joven al establecimiento educacional.

En audiencia de 3 de septiembre de 2024, mediante sentencia colaborativa, se dispone oficiar al establecimiento educacional para revisar las medidas adoptadas a través del protocolo escolar, debiendo considerar el derecho al debido desplazamiento de los menores y evitar restricciones que puedan generar daño al resto de la comunidad educativa. El informe detalla las múltiples solicitudes formuladas por la defensa del adolescente nombre reservado para dejar sin efecto la medida cautelar, argumentando el cumplimiento de las medidas de protección por parte del joven y su familia, su alta terapéutica, y que la medida le genera sintomatología ansiosa. Asimismo, se imputa que los incumplimientos de la comunicación se dan por responsabilidad de nombre reservado, quien no informa de sus salidas de la sala en múltiples oportunidades, lo que ha llevado a situaciones en que el joven ha permanecido sin poder ir al baño por no serle permitido salir de sala. Refiere la aplicación del principio de intervención mínima estatal en los procesos proteccionales, señalando que estos procesos han sido considerados por las partes como una suerte de proceso controversial, obviando la relevancia de considerar que en el proceso proteccional existe una injerencia del estado al interior del grupo familiar que constituye un menoscabo de derechos fundamentales. Indica que esta intervención debe ceñirse a una necesidad objetiva, a falta de otras opciones menos invasivas, y fundada en criterios de razonabilidad. Fundamenta la adopción de las medidas de protección en el cumplimiento de las obligaciones del estado conforme al artículo 7, letras b) y d), y 9 de la Convención Belém do Pará, de dar inmediata protección a la joven que como mujer y menor de edad cuenta con una protección reforzada. Asimismo, invoca el estándar de diligencia debida que obliga al estado no solo a investigar, sancionar al responsable y reparar a las mujeres víctimas de violencia de género, sino también a adoptar medidas para evitar su revictimización y victimización secundaria. Respecto de la apertura de la medida de protección en favor del joven sindicado como agresor, el informe justifica dicha decisión en relación con su derecho a la educación y evitar estigmatizaciones, dentro de los parámetros que las medidas en favor de la joven permitiesen.

Destaca el análisis efectuado por los consejeros técnicos don nombre reservado y nombre reservado, quienes evidenciaron la discriminación arbitraria de que estaba siendo objeto nombre reservado, dado que el trato del establecimiento pretendía una igualdad entre los jóvenes que no existe al encontrarse la adolescente en una situación más desmejorada desde una perspectiva de interseccionalidad y victimológica. Se critica que el protocolo del establecimiento establecía limitaciones y restricciones bilaterales y equivalentes en ambos estudiantes, invisibilizando el carácter de víctima de la adolescente y generando estigmatización. Refiere que las medidas cautelares adoptadas por la judicatura en contra del joven nombre reservado fueron debidamente sustentadas en el deber de debida diligencia respecto de la joven nombre reservado y en favor de ella. Pese a las dificultades de notificación, fueron conocidas por el grupo familiar del adolescente al agregarse a la causa proteccional en su favor, encontrándose extintas de pleno derecho desde el 13 de julio, lo que se declaró expresamente en la causa X- 1019-2024 el 18 del mismo mes. En cuanto a la implementación de la medida cautelar al interior del establecimiento educativo, señala que se encomendó al establecimiento educativo ajustar el protocolo en abril de 2025, lo que no fue cumplido por el Colegio Los nombre reservado, constituyendo este incumplimiento uno de los fundamentos para rechazar las alegaciones contenidas en el recurso de protección interpuesto. CUARTO: Que de conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados. En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente. SEXTO: Que, en la especie, se dirige la acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de la recurrida Sociedad Educacional nombre reservado S.A., consistente en las medidas adoptadas en los protocolos de protección de 26 de marzo de 2024 y 5 de mayo de 2025. SÉPTIMO: Que, del análisis de los antecedentes que obran en autos, es dable señalar que el conflicto se encuentra sometido al imperio del derecho mediante el conocimiento de tres causas seguidas ante el Juzgado de Familia de Antofagasta, circunstancia que debe vincularse necesariamente con la petición concreta efectuada por el recurrente a esta magistratura, cual es, que se deje sin efecto las medidas que fueron adoptadas por la entidad recurrida en los protocolos de atención de 26 de marzo de 2024 y 5 de mayo de 2025, cuestión que debe ventilarse ante el tribunal de familia competente, en sede de cumplimiento y con la debida asistencia técnica. Como consecuencia de lo anterior, debe asentarse que el recurso de protección deducido excede los límites de esta acción cautelar, pues el conflicto en cuestión versa sobre la implementación de protocolos derivados de resoluciones judiciales, lo que implica un análisis que trasciende el ámbito de emergencia de la acción de protección, la cual no está diseñada para resolver controversias que deben someterse a la justicia especializada. Así, del propio tenor del recurso interpuesto, más que la existencia de un acto arbitrario o ilegal por parte del recurrido, parece que el recurrente no está de acuerdo con las medidas adoptadas por el colegio, lo no implica un actuar que deba ser reparado por esta vía. OCTAVO: Que, además, hay que tener presente que no se vislumbra la existencia de un derecho indubitado en favor del recurrente. NOVENO: Que, a mayor abundamiento, cabe tener en especial consideración que, conforme con lo señalado por la recurrida en su informe, el 19 de mayo de 2025 recibió un correo electrónico de la Superintendencia de Educación, solicitando información en relación con una denuncia efectuada en torno a los antecedentes vinculados a este recurso de protección, siendo evacuado el informe de rigor, en sede administrativa, el 23 de mayo de 2025, circunstancia que refuerza el sometimiento de esta materia al imperio del derecho, siendo imprescindible agotar la instancia administrativa antes de una eventual intervención jurisdiccional, de carácter cautelar, ante esta magistratura, por cuanto el organismo de control determinará si es que el establecimiento educacional ajustó su actuar a la normativa educacional vigente. DÉCIMO: Que, finalmente, es menester indicar que si, conforme con lo indicado por el Juzgado de Familia de Antofagasta, las medidas de protección vinculadas a la causa X-1019-2024, quedaron extintas de pleno derecho el 13 de julio del corriente, y así fue declarado el 18 de julio del presente, entonces deberá ser el mismo tribunal quien deberá dilucidar las medidas que continúan vigentes en favor del menor de edad involucrado y a favor de quien se interpuso el recurso de protección, cómo ellas hallan correlato en el protocolo escolar actualmente vigente, y analizar la procedencia de su modificación o cese. Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por la abogada Katherine Nathalia Femenías Salas, en representación de nombre reservado, y esta última en representación del NNA nombre reservado, en contra de Sociedad Educacional nombre reservado S.A. Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad. Rol 1135-2025 (Protección)